Era la continuación de la que se tuvo la semana anterior y que se discute en la Comisión Primera del Senado.
Por María Camila Fernández
Bogotá, octubre 9 de 2024 (Prensa Senado). Por disposición del presidente de la Comisión Primera del Senado, Ariel Ávila (Alianza Verde), le dio continuidad a la socialización de las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, con el fin de darle un espacio extra de participación a los diferentes actores de la sociedad civil.
La audiencia contó con la presencia de diversos actores, entre los que se destacan representantes de la Universidad Uniagraria, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el sistema judicial ordinario y la jurisdicción especial indígena Coín.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Uniagraria, Johnny Alexander Uribe, manifestó que la iniciativa de instaurar una jurisdicción agraria y rural posibilita la materialización e implementación de los derechos de la comunidad rural. Destacó que: “Colombia cuenta con una amplia normativa jurídica relacionada con el sector agrario, pero por la ausencia de una jurisdicción agraria que brinde herramientas procedimentales para jueces, magistrados y todos los operadores y funcionarios dedicados exclusivamente a resolver los conflictos agrarios en todo el territorio nacional, no se ha logrado consolidar un verdadero derecho agrario”.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas, destacó la importancia y necesidad de la Jurisdicción Agraria y Rural para facilitar la consecución de la anhelada paz de Colombia y transformar el campo colombiano.
“La creación de la jurisdicción agraria, la inminente necesidad que tenemos de contar con jueces especializados, responde no solo a la necesidad de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz, sino también a la urgencia de lograr la paz en los territorios. Un juez, un servidor de la rama judicial autónomo e independiente, que ofrezca garantías a las partes y que se presente como conocedor del territorio y del ordenamiento jurídico, tendrá la facilidad de buscar respuestas y alternativas, y de tomar decisiones que garanticen no solo los derechos de las partes sino también la producción de alimentos y la justicia agraria. Esta jurisdicción será, sin duda, la antesala de esa paz anhelada por Colombia durante muchos años, y una apuesta para transformar el campo colombiano como elemento necesario para la transformación del país”,afirmó la ministra.
No obstante, puso en discusión los procesos agrarios que se tratan en la Ley 160, “¿Puede la administración decidir recuperar un bien baldío indebidamente ocupado? Pues eso es, de hecho, lo que se ha venido exigiendo desde la discusión agraria: que dejemos de comprar tierras y que nos dediquemos a regularizar la ocupación de los baldíos. Pero, si le quitamos a la administración la posibilidad de recuperar un bien baldío indebidamente ocupado, estamos dejando una contradicción profunda, tanto para decir que queremos que se haga, pero no nos dejan hacerlo”.
A su vez, la senadora Aida Quilcué (Circunscripción Indígena - MAIS) manifestó: “Nos parece importante que nos acompañen en ese ejercicio del derecho fundamental de la consulta previa, porque las autoridades, para el caso indígena, son jueces naturales; y que exista esa verdadera coordinación en el marco de la jurisdicción agraria. En ese sentido, también digo que todo este proceso, que hace parte del cumplimiento de los acuerdos de paz, se logra concretar en una norma que materialice los derechos del campo, logrando así la paz”.
Finalmente, luego de la participación de más de 30 personas a lo largo de las dos sesiones, el presidente de esta célula legislativa, el senador Ariel Ávila dio por concluida la audiencia pública.
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