"Existen ocho millones de niños en pobreza y según cifras de la OIT, en Colombia se necesitan 11 generaciones para que un niño salga de la pobreza", manifestó el senador Edgar Palacio. Por su parte, el congresista Ciro Alejandro Ramírez afirmó que se necesita hacer un balance sobre las políticas públicas que se están aplicando para saber si han sido efectivas.
Bogotá D.C., agosto 22 de 2019 (Prensa Senado).- Unificar cifras para focalizar políticas públicas entorno a los niños, niñas y adolescentes pidió el senador Ciro Alejandro Ramírez, durante la primera audiencia convocada por la Comisión Accidental de Infancia, que se desarrolló en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.
Al inicio de la audiencia, el presidente de la Comisión, senador Edgar Palacio, sostuvo que existen ocho millones de niños en pobreza y según cifras de la OIT en Colombia se necesitan 11 generaciones para que un niño salga de la pobreza. "Somos el tercer país más desigual del mundo y el primero en violencia contra los niños. Estas cifras deben prender las alarmas, para empezar a actuar. Frente al envejecimiento de la población y la situación que viven en los niños, no se ve un buen futuro para el país, estamos perdiendo científicos, deportistas, artistas, senadores, alcaldes", puntualizó Palacio.
El senador Ciro Alejandro Ramírez afirmó que se necesita hacer un balance sobre las políticas públicas que se están aplicando para saber si han sido efectivas y propone hacer un nuevo balance dentro de un año para evaluar si los indicadores han mejorado.
Precisó que los recursos deben estar enfocados a la prevención, porque los maltratos, violencia, homicidios van en aumento y de esta forma para saber cuál es la causa principal.
En representación del Ministerio de Justicia intervino Johana Badillo, quien precisó que se han evaluado las condiciones de los menores privados de la libertad, en compañía del ICBF, para proteger los derechos del niño como entidades del gobierno. "Con base en los resultados se fijó como objetivo primordial la resolución de conflictos en el entorno escolar, oportunidades de socialización y sanciones aplicables".
Como resultado, la funcionaria destacó la capacitación de 837 profesionales en responsabilidad penal, para atender estos casos y la creación de protocolos de atención a los adolescentes.
A su turno intervino Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, quien sostuvo que "tenemos una responsabilidad con dos millones 200 mil niños que son víctimas, mayormente por desplazamiento, algunos con discapacidad y en un 12% perteneciente a algún grupo étnico".
Precisó el funcionario que "se ha recrudecido la violencia contra los niños en las regiones, que monitoreamos diariamente y hemos aplicado estrategias de prevención y fortalecimiento de los derechos de los niños, así como las entregas humanitarias y la indemnización administrativa".
Además, advirtió que en el componente de la reparación no sólo son necesarios los recursos sino la articulación de los programas para la dignificación de víctimas del conflicto, con medidas de satisfacción y la recuperación emocional tanto individual como grupal.
En representación del Ministerio de Educación intervino Jaime Lizcano, director de programa Primera Infancia, quien advirtió que las cifras expuestas son lo suficientemente alarmantes en temas de pobreza, por lo que son necesarias de atacar. "Cuando se invierte en la primera infancia las capacidades de los niños y niñas se potencian invaluablemente", puntualizó Lizcano.
"Es muy importante que como sociedad miremos a la primera infancia. Toda la inversión que ahora se haga en beneficio de ellos se verá reflejada en un desarrollo futuro y tienen menos posibilidad de participar en hechos delictivos. La política busca garantizar trayectorias educativas completas, disminuir tasas de deserción, el reto como gobierno es adecuar un sistema educativo para que en los momentos de transición los educandos no se vayan", advirtió el director Lozano.
En representación del Ministerio de Cultura intervino Amalia Pombo, directora del programa de artes, quien reafirmó el compromiso del Ministerio con el programa de Primera infancia e Infancia y Adolescencia. "La estrategia de lectura, a través de la creación de 50 bibliotecas itinerantes, ligada a las mil 500 bibliotecas públicas del país, es un pilar importante en el empoderamiento de los niños y niñas del país". Aseguró la funcionaria que los recursos del Ministerio no son muy altos, desearían más, pero los impactos si son para resaltar.
Al cierre de la audiencia, el senador Ciro Alejandro Ramírez afirmó que es necesario consolidar los indicadores y las cifras, "que concuerden para poder formular una política pública clara".
"Queremos empezar a revisar varias asociaciones que atienden niños abusados y maltratados, para saber qué se está haciendo y si los programas están funcionando para hacer más eficiente el presupuesto asignado al bienestar de los niños, niñas y adolescentes", manifestó el senador Ramírez.
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Noticias
La iniciativa legislativa, de autoría del senador, Richard Aguilar Villa, pretende tipificar esta conducta que afecta, especialmente, a las mujeres.
Bogotá, D.C. 26 de agosto de 2019. (Prensa s. Richard Aguilar)- Sancionar la divulgación por internet o de cualquier otro medio, contenido documental, fotográfico y audiovisual que comprometa la intimidad e integridad de las personas, sin su autorización, es el objeto del proyecto de ley que este lunes radicó el senador, Richard Aguilar Villa, en el Senado.
“Estamos viviendo un fenómeno preocupante debido a la pérdida de la privacidad y una desinhibición total de las personas que usan las redes sociales, principalmente los jóvenes que revelan aspectos íntimos de sus vidas sin ningún tipo de reservas, lo que aumenta exponencialmente los riesgos para que diversos delitos sexuales tengan cabida a través de Internet”, expresó el Senador Aguilar.
El Proyecto de Ley busca modificar el Código Penal para tipificar la conducta de divulgación no consentida de material íntimo o sensible de contenido sexual o erótico que afecte de manera exponencial la integridad e intimidad de las víctimas. El delito se castigaría con prisión entre cinco (5) y ocho (8) años. Adicionalmente, habría una multa de entre diez (10) y quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes; con el agravante de que la pena se incrementaría en la mitad - a las tres cuartas partes cuando la conducta sea cometida en contra de una mujer.
En lo que va corrido de este año, en Colombia se han denunciado 157 casos de publicación de imágenes no consentidas, pero se estima que la cifra es mucho mayor y que la falta de una norma clara que castigue a quien ejecuta la acción, conlleva a que las víctimas no denuncien por temor al escarmiento público y a que el hecho quede impune, explicó el parlamentario.
Fruto de las denuncias de este año, 33 personas, en su mayoría hombres, han sido capturadas por extorsionar a las víctimas (generalmente son mujeres). Los casos han sido identificados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta.
Los más sonados
Ibagué: Un hombre, de 32 años, grabó sus relaciones sexuales con 17 mujeres. Una de las víctimas es una joven de 16 años. Estos videos se difundieron en la página estadounidenses ‘Porn Hub’. Se trata del hijo de un reconocido empresario de esa ciudad.
Bogotá: Un hombre grabó sus relaciones íntimas con una mujer y la extorsionó exigiéndole un millón de pesos para no divulgar las imágenes. La sorpresa para la víctima fue grande cuando descubrió que quien estaba tras la extorsión era el hombre con quien meses atrás había sostenido una relación sentimental.
Barranquilla: Un hombre extorsionó exigiéndole diferentes sumas de dinero, que totalizaron veinte millones de pesos, a un menor de edad para no divulgar material íntimo que tenía de él. La extorsión la ejecutó durante dos años.
Alrededor de 2.2 billones de pesos están resguardado para la construcción de aulas y escuelas en las regiones.
Bogotá D.C. agosto 21 de 2019(Prensa Senado). –
La actual Mesa Directiva de la Comisión Cuarta de Senado tiene programado una serie de debates de control político, para analizar temas de interés social para que se tomen correctivos en las irregularidades cometidas en el manejo de las políticas públicas que beneficien a los colombianos.
En el día de hoy se llevó a cabo un debate de control político sobre la contratación en las aulas y escuelas en el departamento de Boyacá y todo el sector educativo del país.
Para tal fin, los senadores Nicolás Pérez (Centro Democrático) y Aída Abella(Decente), citaron a la ministra de Educación, María Victoria Ángulo, y a la Gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura FFIE, Adriana González, para que respondieran todas las inquietudes de los congresistas respecto a la situación que tienen la construcción de aulas y escuelas en todo el territorio nacional.
En su presentación, el senador Pérez solicitó que se esclarezca la situación de las más de 30 mil 680 aulas de educación que el gobierno Santos prometió entregar a 2018 y expresó a la Ministra de Educación la importancia de “hacer un corte de cuentas para que haya claridad sobre la responsabilidad en la mala ejecución de los proyectos”.
El congresista agregó que existen 528 proyectos en ejecución para construir 12.383 aulas, de los cuales el 66% (351 proyectos) se encuentran en riesgo medio-alto (esto es entre 10% y 20% de demora en la ejecución), y alto, (más del 20% de demora en la ejecución). Para el caso de Antioquia dijo que hay 54 proyectos en ejecución y de éstos, 10 se encuentran en riesgo medio, siete en riesgo medio- alto y 37 en riesgo alto. El senador hizo un llamado a trabajar de manera conjunta para que se garantice total transparencia en los procesos de contratación en el país y dar solución a ésta situación.
En su intervención, la senadora Aída Avella denunció que el 93% de los contratos para la construcción de colegios en el departamento de Boyacá está en manos de un sólo contratista. Afirmó que el 99% de los proyectos están sin construir. La legisladora sostuvo que el 36% de los contratos están en proceso de incumplimiento. "Bonita manera de robar, ¿quién responde? Ésto es una vergüenza pública. ¿Dónde está la responsabilidad civil de los contratistas y funcionarios?" Agregó que en el país se están violando el derecho a la educación de los niños y jóvenes.
Avella exigió que se regrese el dinero invertido en éstos proyectos incumplidos. “Se debe tomar correcciones en el carrusel de las escuelas, en los 26 municipios del departamento de Boyacá y el resto del país. Los contratos están en manos de unos contratistas”. Aseguró que en ese departamento se han otorgado 43 contratos y no se ha hecho entrega de las obras
De la misma manera, el senador Wilson Arias dijo que la Comisión debe hacer control político, pero éste debe ser efectivo y dar resultados, de lo contrario se caerá en sólo quejas. "Luis Carlos Sarmiento Ángulo también se está embolsillando los recursos de la educación. El está desangrado al país. Ojalá podamos darle financiación a la educación de los niños, para tener una mejor sociedad", afirmó el senador Arías
"Recibimos un gran problema en la infraestructura"
La ministra María Victoria Ángulo manifiestó que toda esta situación se debe a que a la educación no se le había dado la importancia que requiere. Afirmó que existe un gran problema en la infraestructura educativa. También informó que para la Educación Superior se tiene destinado 4.5 billones de pesos, en el Presupuesto General de la Nación.
Asimismo, indicó que en esa cartera encontró un diagnóstico desolador. "Recibimos un gran problema en la infraestructura, por concentración de contratistas". La alta funcionaria aseveró que la plata no se ha perdido y que está en la fiducia. "Sólo hay que reactivar las obras y los recursos irán para la terminación de las escuelas". Informó que se activaron las convocatorias y se hará control y seguimiento a las obras.
Por su parte, la gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE, Adriana González, dijo que esa entidad tiene resguardado 2.2 billones de pesos, los cuales serán entregados, cuando se terminen las obras a satisfacción, en las nuevas convocatorias.
Entre tanto, la senadora Myriam Paredes (Partido Conservador) recomendó que se haga un cronograma de ejecución de obras, teniendo en cuenta las zonas más apartadas del país. De la misma manera el Presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño (Partido Liberal) dijo que los gobernadores deben ser responsables por cerrar la brecha educativa en el país.
"Estamos ante un hecho de politiquería en Colombia, quienes usan los recursos de la educación para lucrarse. Pongamos fin a estos favorecimientos; tanto a la banca como a los contratistas", manifestó el senador John Milton Rodríguez (Partido Colombia Justa y Libres), quien pidió a la Ministra que socialice el problema que ella encontró en el sector de la educación. "Que se sancione a las personas, tanto contratistas como funcionarios que se han aprovechado de manera irresponsable de los recursos de la educación. Esto ha ocasionado detrimento del patrimonio de los colombianos", afirmó el senador.
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