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¿De qué se trata el bono escolar que se está creando en el Senado?

Proyecto de ley avanzó en la Comisión Sexta del Senado, donde hubo una intensa controversia entre algunos senadores.

Por María Camila Fernández

Bogotá, 14 de abril de 2025 (Prensa Senado). Con seis votos a favor, la Comisión Sexta del Senado aprobó, en primero de cuatro debates, el proyecto de ley que propone la creación del bono escolar en el país, iniciativa que propone mayores alternativas de acceso al sistema educativo, pero que ha generado un amplio debate en el Legislativo.

El Senador Esteban Quintero (Centro Democrático), ponente del proyecto, explicó que la iniciativa legislativa “tiene el objeto de crear el programa de bono escolar en el sistema educativo colombiano, para que los niños que están en condición de pobreza, vulnerabilidad o pobreza moderada, puedan escoger si quieren estudiar en una institución pública o una institución privada”.

“El bono escolar es un voucher o cheque que entrega y financia el Estado a los padres de familia o a quien tenga la patria potestad de cada uno de sus hijos”, explicó el Senador Quintero.

El congresista del partido opositor explicó que este bono se dividiría en dos modalidades: la primera sería el escolar universal, que cubriría la totalidad de los derechos académicos y servicios complementarios como matrícula, pensión, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comida, administración, útiles escolares, entre otros aspectos definidos por el Ministerio de Educación.

Y la segunda sería el bono escolar aditivo, un complemento adicional para quienes ya cuentan con el bono universal, pero presentan condiciones especiales, como discapacidad.

Según el articulado, las instituciones privadas podrán participar en el programa si cumplen con requisitos como tener un Proyecto Educativo Institucional (PEI) aprobado, contar con licencia de funcionamiento vigente, obtener resultados por encima del promedio en las pruebas de Estado y asignar al menos el 30% de sus cupos por grado académico al programa bono escolar, bajo criterios de mérito.

El proyecto de ley también contempla incentivos económicos para instituciones públicas y privadas que integren al menos un 30% de beneficiarios del bono, permitiéndoles recibir un valor adicional por estudiante, porcentaje que será definido anualmente por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, la propuesta ha generado voces de rechazo en el Senado. La Senadora Sandra Jaimes (Pacto Histórico) expresó que no entiende “cuál es el deseo de llevarse los recursos del sector público al privado.

“¿Por qué se quiere desmantelar la educación pública, si los maestros de Colombia y la Federación Colombiana de Educadores han luchado para que se incremente el presupuesto?”, se preguntó la congresista oficialista.

La senadora Jaimes manifestó que “ahora que se logra un aumento en el Sistema General de Participaciones, ¿vamos a buscar proyectos que nuevamente desvíen recursos al sector privado? No, de esto no se trata”.

“Queremos los recursos del sector público para la educación pública, donde se educan los niños pobres. La creación de bonos escolares en nuestro país constituye un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la educación”, aseguró la Senadora.

Por su parte, el senador Robert Daza (Pacto Histórico) advirtió sobre la visión idealizada de la educación privada y dijo que “la discusión sobre la calidad educativa entre lo privado y lo público hay que relativizarla. No todo lo público es ineficiente, ni todo lo privado supera los estándares. Existen colegios públicos con comprobados estándares de calidad”.

En contraste, senadores como Soledad Tamayo (Partido Conservador) y Guido Echeverri (Coalición Centro Esperanza) respaldaron el proyecto como una alternativa ante la limitada capacidad del sistema educativo público.

“Yo creo que, ante la falta de capacidad que tiene hoy la educación pública para ofrecer todos los cupos o atender la demanda en el país, el sector público no puede estar divorciado del sector privado”, aseguró la Senadora Tamayo.

Y el Senador Echeverri manifestó: “Me parece que el subsidio a la demanda sí contribuye a generar igualdad en el acceso a la educación”.

Finalmente, el Senador Carlos Guevara (Partido Mira) destacó que “si estamos hablando de recursos públicos, se debe entregar el recurso a quien mejor lo administre y mejores resultados dé en términos de calidad, pertinencia y, sobre todo, garantice que nuestros niños puedan terminar sus ciclos educativos”.

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto de ley continuará su trámite en la plenaria del Senado, donde posiblemente siga la controversia entre quienes lo consideran una oportunidad para la equidad y quienes lo ven como una posible amenaza para la educación pública.

Fortalecimiento del papel de la mujer en la conservación del medio ambiente avanzó en el Senado

Se aprobó un proyecto que busca reducir desigualdades y brindar apoyo a las cuidadoras de ecosistemas.

Por María Camila Fernández

Bogotá D.C. 3 de abril de 2025 (Prensa Senado). La Comisión Quinta del Senado aprobó en primer debate el proyecto conocido como ‘Ley Inírida’, una iniciativa que reconoce y fortalece el papel de las mujeres en la conservación de la biodiversidad en Colombia.

Esta iniciativa legislativa busca reducir las desigualdades de género en la gestión ambiental y brindar apoyo a las cuidadoras de los ecosistemas.

La Senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), ponente del proyecto, explicó la importancia y necesidad de esta iniciativa para las mujeres y dijo que ellas “afrontan, en este ejercicio de cuidado de la biodiversidad, enormes desigualdades en materia de participación política, barreras económicas, desigualdades sociales y culturales. Y suelen estar subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones de carácter ambiental”.

Según cifras de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el Instituto Humboldt y el Dane, el 80% de los hogares sin acceso directo a agua potable depende de las mujeres para la recolección de este líquido.

En este sentido, la Senadora Padilla manifestó también que el 76% del trabajo no remunerado en áreas rurales es realizado por mujeres y solo el 10% de las que están ubicadas en estos territorios tienen acceso a financiamiento formal para proyectos de conservación.

La Senadora Catalina Pérez (Pacto Histórico) defendió el proyecto y aseguró que “la economía no se mueve sin la participación de la mujer, que es la primera que se levanta a preparar el fogón, hace el café y la comida para que los hombres salgan a trabajar. Por eso esta ley tiene mucha importancia”.

Tras la aprobación de esta iniciativa, el proyecto continuará su trámite en la Plenaria del Senado en los próximos días.

Así fue la sesión en la que el Congreso escuchó a las víctimas

“Nuestra obligación con las más de 9 millones de víctimas del conflicto, sin duda, es lograr que las viejas y las nuevas heridas no sigan derramando sangre todavía. Tenemos la obligación ética, moral y política de cicatrizar las heridas”, afirmó el coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Ley de Víctimas, Temístocles Ortega.

Por Luis Fernando García Forero.

Bogotá, D. C, 9 de abril 2025(Prensa-Senado).- El Congreso de Colombia sesionó en Pleno más de ocho horas y media, donde se escucharon las voces con reclamos de representantes de las víctimas del conflicto armado, preocupación de los congresistas por el aumento de la violencia, así como las propuestas y peticiones de funcionarios gubernamentales que sostienen que para cumplirle a las víctimas, todo el Estado debe sumarse a la tarea para repararlas.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda y vicepresidente encargado, Jorge Rodrigo Tovar, con una ofrenda floral y acompañados de congresistas que han sido víctimas del conflicto, le dieron apertura a la sesión decretada por ley y que se lleva a cabo en el Capitolio Nacional cada 9 de abril, fecha en la que también se recuerda el asesinato del líder y caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán.

“A ustedes, mujeres y hombres valientes, sobrevivientes del conflicto, les decimos: no están solas. No están solos. Este país tiene una deuda con ustedes, y tenemos el deber de saldarla”, afirmó el presidente del Senado Efraín Cepeda.

El coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Ley de Víctimas, Temístocles Ortega, destacó que “Nuestra obligación con las más de 9 millones de víctimas del conflicto, sin duda, es lograr que las viejas y las nuevas heridas no sigan derramando sangre todavía. Tenemos la obligación ética, moral y política de cicatrizar las heridas”.

La presidenta de la Comisión de Paz, Aida Marina Quilcué Vivas, fue vehemente y dijo que el Congreso tiene una responsabilidad grande con las víctimas. “No solamente soy congresista, asesinaron a mi esposo, he sido perseguida hasta los tiempos de hoy, sin embargo, seguimos en la lucha por la paz”, aseveró.

Las voces de las víctimas, que llegaron desde las diferentes regiones del país, no se hicieron esperar. Exmilitares de la Fuerza Pública, comunidades indígenas, líderes de organizaciones de víctimas, exiliados y demás actores víctimas del conflicto, estuvieron presentes dando sus testimonios y haciéndole un llamado tanto al Gobierno como a los congresistas.

Ausencia de verdad

Los reclamos se generalizaban en cada uno de los testimonios. No saber nada de sus seres queridos que salieron de su casa y no regresaron nunca más. La verdad no la han encontrado por parte de los victimarios, tampoco la han escuchado en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Otros reclamaron que no les han cumplido con los compromisos legales que debe dar el Estado a través de la ley cual es la de resarcir a las víctimas, destacando que no hay recursos.

Mujeres víctimas que de frente expresaban cómo fueron violadas durante el conflicto, como se llevaron a sus hijos menores de edad a la fuerza al conflicto, entre otros aspectos de violación de derechos, hicieron eco en el recinto del capitolio nacional.

“Estar sentado frente a todo un país es muy complejo, desde acá siento toda la frustración de no poder encontrar a mi papá que está desaparecido”, dijo José Antonio Movilla, al destacar que desde la Unidad de Búsqueda de Personas están tras el hallazgo de 120 colombianos que aún no se sabe la razón por la que desaparecieron.

La mayoría de senadores y representantes expresaron su preocupación frente a la reparación a las víctimas del conflicto no solo por el aumento del mismo, sino por la falta de recursos para aplicar la ley de víctimas.

Voces del Gobierno

La directora de la Unidad de Víctima le propuso al presidente del congreso, Efraín Cepeda, crear una comisión accidental con la representación de todos los partidos políticos para tener un diálogo técnico y mostrar un conteo de lo que significa la reparación individual, colectiva y las víctimas del exterior.

“Hagamos el dialogo para demostrar juntos, con ustedes buscar una salida económica, pero ante todo una salida política. De las 83 sentencias de justicia y paz, solo 21 han cumplido la totalidad de los recursos”, señaló Gloria Cuartas al destacar: “Tenemos 10 millones de víctimas y en medio de las diferencias, ser capaces de dar una respuesta ética y política a las víctimas”.       

Entre tanto la subdirectora de la Unidad de restitución de tierras, Aura Patricia Bolívar, fue contundente en afirmar que “Dos de cada 10 colombianos han sufrido los estragos del conflicto armado. De esas 9 millones 900 mil víctimas, ocho millones 800 mil víctimas les cae el desplazamiento forzado, destacando que la tierra está en el centro del conflicto armado en el país”.

Concluyó diciendo que “Si queremos cumplirle a esas 10 millones de personas, todo el Estado colombiano tiene que sumarse a esta tarea. No se trata de devolver una tierra, sino, de devolverle a más de 8 millones de personas su dignidad”.