GOV CO

Banner Web Senado

Noticias

Previous Next

Foro Reforma a la Justicia en imágenes

Final

"El Congreso de la República es el espacio idóneo para el diálogo institucional": Presidente Cepeda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, destacó que la reforma a la justicia es un proyecto que esperan los colombianos y se comprometió a que el Senado acompañará todo su proceso hasta la sanción de la misma el otro semestre.

Barranquilla, Atlántico, diciembre 7 de 2024 (Prensa Senado).- Al intervenir en el foro “Reforma a la Justicia, ¿cuál es la importancia para los colombianos”, organizado por el periódico El Tiempo y el Senado, el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, destacó el alcance de la reforma, la necesidad de la misma para el país, como también el compromiso del Congreso de la República para lograr que la misma se convierta en ley el otro semestre antes de terminar esta legislatura.

Cepeda, en primer lugar destacó que el proyecto ya terminó su trámite en el Senado esta semana y ahora queda pendiente de su discusión en la Cámara de Representantes, desde febrero, para que se puede convertir en ley de la República.

“La urgencia de contar con una justicia ágil y efectiva no solo permitirá devolver la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, sino que también consolidará la rama judicial como lo que es: un pilar fundamental del poder público en Colombia”, señaló el presidente del Senado, quien además destacó la articulación que se ha dado para tramitar el mismo con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Corte Suprema de Justicia.

Resaltó que “este proceso es una muestra en forma elocuente que el Congreso de la República es el espacio idóneo para el diálogo institucional y que, mediante el consenso entre las ramas del poder público, es posible alcanzar soluciones que beneficien a todos los colombianos”. 

Consideró que “la justicia es más que un servicio, es la piedra angular del Estado Social de Derecho. Es la herramienta que protege los derechos, asegura estabilidad, y garantiza que los conflictos se resuelvan de manera pacífica y conforme a la ley. Sin una justicia eficaz, la democracia pierde fuerza, la confianza ciudadana se erosiona, el sector productivo se desestimula y el tejido social se debilita”.

Manifestó además que “la realidad es que, para muchas personas, el acceso a la justicia sigue siendo limitado, los tiempos procesales son excesivos, y la percepción de impunidad mina la fe en nuestras instituciones. Permítanme compartir algunas cifras que ilustran la urgencia de esta reforma. En 2023, se radicaron más de 1,9 millones de noticias criminales, que son entendidas como informaciones sobre un delito, de estas noticias criminales, cerca de 57 por ciento de ellas fueron archivadas solo en la etapa de indagación y en total casi nueve de cada 10 denuncias que recibió la Fiscalía, el 85,4 por ciento terminan totalmente archivadas, es decir, no lograron tener un avance en la investigación y a la espera de que aparezcan nuevos indicios, en resumidas cuentas, estancadas, lo que refleja un sistema congestionado que no logra avanzar hacia una resolución”.

Resaltó además el presidente del Senado que “si miramos los casos activos sigue siendo preocupante, del total de noticias activas o en trámite en nuestro sistema judicial, el 90.6% permanece en la etapa de indagación, lo que significa que no han avanzado hacia una investigación formal. Solo el 8% ha llegado a juicio, mientras que apenas el 1.4% se encuentra en la etapa de investigación, ese momento crucial en el que se recopilan elementos probatorios y se define la imputación”. 

Para Cepeda, estas cifras “nos muestran claramente la necesidad de actuar con prontitud para superar los cuellos de botella que afectan el acceso a una justicia oportuna y efectiva. Solo 47.687 noticias criminales culminaron con una sentencia, ello equivale al 2.5% del total, esto significa que la gran mayoría de los delitos denunciados no se traducen en condenas efectivas, dejando a las víctimas sin reparación y alimentando una percepción generalizada de desconfianza en la justicia, que para el 2023 se ubicó en Colombia en el 24%”.

Actuar con prontitud

Un aspecto más en el que llamó la atención es que la ineficacia e ineficiencia judicial no solo tiene un costo humano, sino también un impacto económico significativo. “Un país que confía en su justicia es un país que confía en su sociedad, que encuentra garantía del estado de derecho para solucionar las injusticias, los delitos y, en general, que confía en las instituciones. Según un análisis de la OCDE, reducir los tiempos de resolución de casos puede aumentar la inversión extranjera directa en hasta un 15%. Esto se debe a que un sistema judicial predecible y ágil genera confianza entre los inversionistas, fomenta el crecimiento empresarial y promueve el desarrollo económico sostenible, que dicho sea de paso se impulsa también por la estabilidad social que genera un sistema confiable”, dijo.

Cepeda manifestó que los puntos más destacados de esta iniciativa se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de resolución expedita, es decir, incentivar la terminación anticipada de procesos judiciales para descongestionar los despachos y garantizar una justicia oportuna; prioriza los derechos de las víctimas, estableciendo criterios técnicos y claros para la reparación integral, como acuerdos entre las partes o peritajes que valoren de manera precisa los daños sufridos.

Un punto más es el fortalecimiento y mejora del principio de oportunidad, el cual permitirá enfocar los esfuerzos investigativos en los casos más relevantes, optimizando los recursos y aumentando la efectividad del sistema. 

“Por último, esta iniciativa busca restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, motivando la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales a través de los mecanismos de terminación anticipada, y garantizar los derechos que tienen las víctimas a la reparación integral y justicia”.

El presidente del Senado también destacó que entre los cambios conciliados y acordados está la eliminación del artículo que otorgaba beneficios procesales a delitos graves, como los de naturaleza sexual o el secuestro de menores, decisión que “refleja un consenso unánime sobre la necesidad de enviar un mensaje contundente de rechazo a este tipo de conductas, un claro ejemplo que el Congreso de la República es el camino propicio para debatir, controvertir y encontrar soluciones consensuadas”.

Piden soluciones

Por último dijo el presidente del Senado que “los colombianos nos demandan soluciones” y aclaró que “estoy convencido que debemos buscar crear seguridad y confianza, para lograr que las futuras generaciones puedan avanzar. Esta semana hemos dado un significativo paso para superar los desafíos de congestión de la justicia, de impunidad y, de resolución de sentencias. Sin embargo, el camino aún no ha concluido. Espero que este proyecto sea aprobado el próximo año en la Cámara de Representantes, y desde el Senado reiteramos nuestro compromiso de acompañar esta reforma hasta su promulgación como ley. Pero este será el principio de un camino para lograr su implementación y observar los beneficios”. 

Y cerró su discurso en el foro afirmando que “la justicia no es solo un mecanismo para resolver conflictos; es el fundamento de la paz, la equidad y el progreso. Nuestro deber, como legisladores y sobre todo como colombianos, es garantizar que la justicia en Colombia sea un derecho real, accesible para todos, y no un privilegio reservado para unos pocos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con una justicia más cercana, eficaz y que imparta conclusiones. La justicia es la columna vertebral de la democracia. Cuando una sociedad confía en sus instituciones judiciales, se fortalece el tejido social, se promueve la inversión y se protege la dignidad de las personas”.

“No todo lo que es legal es conveniente para nuestros departamentos”

El cobro de valorización de la Circunvalar  Barranquilla-Cartagena generó  inquietud  en unos sectores de la comunidad.

Por Keir Villero

Bogotá 6 de diciembre de 2024 (Prensa Senado).- 

En una sesión descentralizada en la capital del Atlántico, la Comisión Cuarta realizó cuestionamientos parciales al impuesto de valorización que pretende legalizar el gobierno sobre la vía Circunvalar entre Barranquilla y Cartagena, tal como lo expuso el senador citante Carlos Meisel, del Centro Democrático.

El dirigente político del Atlántico expresó: “La primera gran conclusión de este debate es que se debe empezar una socialización desde cero, porque no se ha socializado con nadie. Según las cuentas del proyecto, se dice que llevan cuatro socializaciones donde no ha asistido nadie”.

“Una sesión como esta es la oportunidad para aterrizar las cosas en la realidad, porque la gente que trabaja está en quiebra. Son personas que se arriesgan en proyectos empresariales y merecen conocer su situación frente a este proyecto de cobro de valorización. Aquí estamos varios que hemos acudido a los tribunales de Cundinamarca para pedir medidas cautelares”, enfatizó.

El dirigente comunitario Alberto Cianci descalificó la iniciativa gubernamental: “Debemos mirar que la contribución del gobierno se basó en un estudio que carece de elementos importantes para la valorización de los inmuebles, necesarios para la construcción de la vía al mar”.

Por otro lado, el dirigente de la comunidad de Manga, Francisco de la Rosa, afirmó: “No estamos de acuerdo con ese cobro de valorización porque la actualización catastral que se presentó en Cartagena desde el año pasado ha sobrepasado cualquier límite. Hay predios cuyo valor se incrementó en más del 1000 por ciento en su avalúo”.

Desde CAMACOL, Jorge Segebre manifestó: “No estamos buscando un triunfo jurídico contra el gobierno. Nosotros estamos buscando una reactivación desde hace tres años, ya que llevamos sufriendo las malas medidas y actuaciones económicas del gobierno. Nuestro departamento del Atlántico ha sido duramente golpeado”.

El presidente de Cotelco, Mario Muvdi, afirmó: “Estas carreteras son de uso nacional y no las deben pagar obstinadamente los vecinos. El cierre de las aerolíneas de bajo costo ha obligado necesariamente a que el turismo nacional se desarrolle por carreteras, y esta carretera es muy importante”.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) aseveró: “El deporte de este gobierno se ha convertido en tocarle el bolsillo a los colombianos. ¿Para qué quieren los 12 billones de la reforma tributaria si tienen 97 billones en fiducia y no los ejecutan? Nunca nos habíamos unido tanto los gremios, los políticos y la academia para pedirle a la ministra que detenga dicho cobro de valorización”.

En el mismo sentido, el senador Antonio Zabarain (Cambio Radical) indicó que  “el gobierno está tratando de hacer caja. Antes de iniciar estos proyectos, se debe socializar con la gente para que les indiquen cuál es el beneficio que van a recibir con este impuesto de valorización”.

La ministra de Transporte, María Constanza García, sostuvo que “es un cobro legal que le estamos proponiendo a la sociedad colombiana. Quiero contarles que el Puerto de Barranquilla ha crecido un 10 por ciento en su demanda y va a cerrar este año con 13.5 millones de toneladas. El proyecto Barranquilla-Cartagena solo se ha pagado con peajes en un 24 por ciento; esto es inversión del gobierno”.

“Aquí no estamos cobrando por la infraestructura ni por su uso. Lo que nos permite la ley es que estas inversiones no provienen solo de los peajes. Aquí están los recursos de todos los colombianos en un 75 por ciento, lo que hace posibles estas inversiones. El mismo presidente Petro nos ha indicado que no se le puede cobrar a nadie que no tenga capacidad de pago”.

Al cierre, el senador Carlos Meisel manifestó: “No todo lo que es legal es conveniente para nuestros departamentos”.