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Este proyecto recientemente emitido por el Gobierno Nacional busca tomar medidas para lograr el desmantelamiento de grupos generalmente ligados a economías ilegales, al narcotráfico y al paramilitarismo.
Por: Karen Madera Castro
Bogotá D.C., 21 de febrero 2023 (Prensa Senado). El Congreso de la República y principalmente la Comisión Primera de Senado, se prepara para tramitar la Ley de Sometimiento, que pretende que las organizaciones criminales de gran impacto se sometan a la justicia y, de esa manera, pueda avanzar la política de ‘paz total’ que propone el presidente de los colombianos Gustavo Petro. La iniciativa está en revisión del Consejo de Política Criminal para su radicación en el Legislativo.
La ley incluye un riguroso sistema de condiciones para el desmantelamiento de las estructuras criminales teniendo como centro a las víctimas, la participación de sus redes de apoyo y de sus economías ilegales.
El Senador Ariel Ávila (Alianza Verde), miembro de la Comisión Primera de Senado y ponente del proyecto, indicó que esta ley contempla penas un poco más altas a las que se establecieron con la ley de Justicia y Paz, mediante la cual se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese sentido, señaló que serán de entre 6 a 8 años de cárcel, pena que será determinada por un juez, más 4 años de justicia restaurativa para un total de entre 10 y 12 años.
Explicó, además, que el miembro de estas estructuras que haya cumplido los 10 o 12 años de prisión y el grupo armado al que pertenecía firma el acta colectiva de sometimiento a la justicia, podrá ser dejado en libertad.
“La ley tiene ocho puntos centrales: Uno es que tenemos doble candado para evitar colados; un primer candado es que una vez la estructura armada criminal de alto impacto firme un acta de sometimiento colectivo y se comiencen a firmar las actas de sometimiento individual -en esta ley de sujeción a la justicia- se pasa la lista, aseguró el congresista del Partido Alianza Verde.
Así mismo, indicó que esa lista la recibe el Alto Comisionado para la Paz y básicamente el ejecutivo, es decir, inteligencia de la policía, inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia, para su revisión, un primer filtro en el que pueden excluir personas, luego viene un segundo candado que es la Fiscalía y en ese escenario la Fiscalía también puede excluir personas.
“La palabra extradición no se incluyó, no se realizó ningún cambio al tratado de extradición, no se menciona la garantía de no extradición. Lo que se estableció es que llegado el momento y avanzado el proceso, es posible que los dos ejecutivos, el Gobierno Colombiano y el de Estados Unidos, conversen sobre el tema”, aclaró el Senador de la bancada de Gobierno, Ariel Ávila.
Por su parte, la Senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) manifestó a través de sus redes sociales, que con esta ley habrá una excarcelación masiva de las bandas criminales, a los responsables de delitos menores se les aplicará principio de oportunidad y libertad condicional. “Los narcos están de fiesta, terminarán pagando menos cárcel que los paramilitares y el Gobierno los autoriza a quedarse con parte de su patrimonio y, más grave aún, no se establecen sanciones severas en caso de incumplimiento, solo se les retiran los beneficios.
También aseguró la Senadora de la oposición, que paralelo a esto se les da un beneficio que demuestra que delinquir paga: los criminales se podrán quedar con el 6% de las rentas obtenidas en la ilegalidad. “Además, el gobierno quiere negociar con las bandas criminales durante todo su mandato; 3 años de plazo para someterse a la justicia, ¿vamos camino a la Donbernalidad?, ¿Licencia para delinquir sin respuesta del Estado?”, puntualizó.
El Senador Alfredo Deluque (Partido de la U) también se refirió a este proyecto de Ley de Sometimiento, indicando que el articulado en el marco de la Paz Total tendrá un tránsito complejo en el Congreso, “Esperamos que el debate sea positivo y abierto y, sobre todo, que no tenga cabida la impunidad”, dijo.
El presidente el Congreso, Senador Roy Barreras, defendió el proyecto y dijo que la aprobación del mismo es fundamental para combatir el narcotráfico y avanzar en el cumplimiento de la Paz Total.
“El proyecto de desmantelamiento de estructuras criminales es un gran paso en el sentido correcto, en el propósito de la 'Paz Total' que quiere el presidente Gustavo Petro para Colombia. Gracias por preservar Justicia Ordinaria. La radicación del proyecto acaba con negociaciones oscuras”, recalcó.
En las últimas horas desde el Legislativo le pidieron al Gobierno Petro, que una vez se radique la iniciativa, haya mensaje de urgencia para tramitar de manera expedita esa iniciativa.
Directora de la Unidad de Víctima aseguró que rigidez de procedimientos dificulta las reparaciones
Por: Isabel Colomna
Bogotá D.C. febrero 15 de 2023 (Prensa Senado).- Los requisitos y procedimientos rígidos dificultan la oportuna y eficiente reparación a las víctimas del conflicto armado, así lo aseguró Patricia Tobón, Directora de la Unidad Nacional de Víctimas.
Por iniciativa del senador David Luna, este miércoles sesionó la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la participación de delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.
De acuerdo con el senador de Cambio Radical, desde el congreso se está haciendo seguimiento a la aplicación de la ley, teniendo en cuenta la magnitud de la población afectada por la guerra y la necesidad de que la reparación de haga de manera efectiva y real, para superar las secuelas de la guerra.
Al presentar el informe de los seis meses de gestión, la directora de la Unidad de Víctimas señaló que el control de las políticas públicas debe contribuir al mejoramiento de la atención y a garantizar los derechos de las víctimas, “esto requiere seguimiento, debates públicos, porque del avance de estos derechos depende también la reparación de las víctimas del conflicto”.
Patricia Tobón dijo, además, que al llegar a la entidad encontró deudas y rezagos en el cumplimiento de la reparación a las víctimas por los obstáculos en que se han convertido muchos de los requisitos para acceder a las indemnizaciones.
“Hallé muchos procedimiento y requisitos que, en su rigidez, se convierten en obstáculos para el acceso de los derechos de las víctimas, dificulta que nuestra atención sea oportuna y eficiente”, puntualizó la funcionaria.
Asimismo, señaló que en la reparación administrativa durante todo el tiempo de implementación de la ley se han pagado 1´200.000 indemnizaciones, es decir, el 13 por ciento del universo de víctimas en todo el país, y que en el cuatrienio anterior, 2018 a 2022, las víctimas que recibieron algún pago por parte del estado ascendió a 325.442.
La funcionaria anunció que se está trabajando con los entes de control en mesas técnicas y organizaciones sociales, en la consolidación de propuestas y rutas de acción que se le entregarán al Presidente de la República, para que se puedan reorientar las estrategias pata el cumplimiento de las políticas en favor de las víctimas.
“Las víctimas han estado relegada de los procesos institucionales, para mí es un imperativo escucharlas, atender sus procesos de atención y reparación”, puntualizó.
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