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Aprobado en comisiones primeras conjuntas iniciativa que da herramientas para fortalecer seguridad ciudadana

Esta iniciativa endurece sanciones en materia penal para el hurto, lesiones personales, daño en bien ajeno, homicidio; y fortalece la medida de aseguramiento y la restricción para el porte de armas traumáticas. 

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, D.C., Noviembre 07 de 2021 (Prensa senado).- Previo a la deliberación, se presentaron dos ponencias de archivo del proyecto que pretende fortalecer la seguridad ciudadana a cargo de los representantes Luis Alberto Albán y Juanita Goebertus.

Por su parte, el representante Luis Alberto Albán (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) reconoce que en efecto existe un problema de inseguridad en el país, que no se trata de un tema de “percepción” pues las cifras van en aumento y no solo en el área urbana, sino que, como se ha advertido hace algunos años, los asesinatos a líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos de paz han traído consigo consecuencias que agravan situaciones socioeconómicas ya instauradas en las zonas apartadas del país. Por lo anterior, concluye la presentación de su ponencia negativa expresando que “este proyecto debe archivarse y construir uno que de verdad vaya dirigido a la solución de las verdaderas causas de la inseguridad en el país”.

Por la misma vía, la representante Juanita Gobertus (Alianza Partido Verde) expresó que la iniciativa no ha contado con el tiempo suficiente para dar un debate profundo, señala, además, que tiene como eje transversal un enfoque de populismo punitivo y aunque  en apariencia envía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre la agilidad del cuerpo legislador para tomar acciones, en realidad, bajo su criterio, se trata de un proyecto de ley que acrecienta la crisis penitenciaria, amplía a través de diferentes mecanismos que los miembros de la fuerza pública abusen del uso de la fuerza y de poder, congestiona más el sistema judicial y propone una medidas de legítima defensa que no miden la proporcionalidad y privilegia la propiedad privada por encima de los derechos humanos, por mencionar algunas de las razones por las que pidió a sus homogéneos, archivar el proyecto. A su petición se sumaron los senadores Roosevelt Rodríguez (Partido de la U) y Temístocles Ortega (Cambio Radical) quienes dejaron constancia de su oposición al proyecto.

Ahora bien, para abrir el debate, el representante ponente, Juan Manuel Daza (Centro Democrático) destacó que es un proyecto que busca el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como respuesta al clamor de la sociedad. Durante su intervención señaló, además, que se trata de un proyecto que contempla modificaciones al código penal, de procedimiento penal; código de seguridad y convivencia ciudadana y al código de extinción de dominio por lo que defiende que lo que se pretende es brindar herramientas que permitan un cambio estructural para garantizar el cumplimiento de condenas y a su vez, la reducción en los casos de inseguridad.

En respaldo, el representante Edward David Rodríguez (Centro Democrático) expresa que cifras como el incremento de hurtos en la localidad de chapinero en Bogotá de hasta un 153% y una reincidencia del 21% según el INPEC, envía una señal de alerta al Gobierno Nacional que ha estado comprometido con la seguridad y este proyecto representa la obligación que tiene con la ciudadanía por garantizar la protección y la seguridad en el espacio público y privado de todos los colombianos. “Aquí la realidad es que la justicia no está operando, por eso bienvenido este proyecto de ley que tiene como eje central que se acabe de una vez por todas ese injusto procedimiento que permite la impunidad”, puntualizó el representante del Centro Democrático.

La sesión finalizó con la aprobación del informe de ponencia y los artículos que no recibieron proposiciones. Adicional a esto, la Presidencia de la sesión conjunta de comisiones primeras de Senado y Cámara, nombró una subcomisión con el propósito de estudiar las proposiciones y solicitudes de eliminación de artículos del proyecto.

Para revivir la sesión visite el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=17YWmFtN2LM

A segundo debate Protocolo adicional del acuerdo comercial entre Unión Europea y sus Estados Miembros

Con ocho votos a favor y dos en contra fue aprobado en Comisión Segunda el Proyecto que adiciona la República de Croacia al acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, fueron aprobadas las iniciativas sobre la exaltación de la memoria del maestro de maestros, Abel Rodríguez Céspedes y la celebración de los 80 años de la Institución Educativa Nacional Loperena de Valledupar. 

Por: Samia Abisambra Vesga

Bogotá D.C., diciembre 7 de 2021 (Prensa Senado). En su exposición, la senadora ponente Paola Holguín Moreno, del Centro Democrático, explicó que el proyecto que tiene que ver con el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una Parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, “se hace necesario, debido a que Colombia firmó un compromiso para ratificar o incorporar a los países que ingresen a la Unión Europea”.

La senadora Holguín dio a conocer, “la adhesión de Croacia al Acuerdo con la Unión Europea genera espacios para ampliar nuestras exportaciones con bienes diferentes al minero energético, tales como azúcar, banano, flores, café, maquinaria y equipo, entre otros”.

Cabe resaltar que cuando inició el Acuerdo Comercial con la Unión Europea en 2013, 430 ciudadanos croatas viajaban a Colombia, elevándose en 2018 a 1.030 personas. De igual forma, para 2013, 54 colombianos escogieron a Croacia como destino turístico y en 2018 la cifra subió a 148 colombianos. Cifras que pueden aumentar con la formalización de las relaciones bilaterales.

Por último, la senadora ponente destacó, “los bienes No Minero Energéticos, exportados a la Unión Europea representaban el 22% de las exportaciones totales antes del Acuerdo, 2012, y en 2018 constituían el 47% del total de las exportaciones al bloque de la UE. El ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ busca generar alternativas de acceso a beneficios que contribuyan a la consolidación de MIPYMES y por las características de Croacia, puede ser atractivo para sus exportaciones”.

Exaltación de la memoria del maestro de maestros Abel Rodríguez Céspedes

Esta WhatsApp_Image_2021-12-07_at_10.08.16_AM.jpegcélula legislativa aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley que exalta la memoria, vida y obra del docente, constituyente, sindicalista y político colombiano Abel Rodríguez Céspedes por su aporte al sistema educativo en Colombia, pasando a segundo debate.

El senador ponente Antonio Sanguino Páez, de Alianza Verde, expresó que con esta iniciativa se pretende “exaltar la memoria, vida y obra del conocido maestro de maestros, Abel Rodríguez Céspedes, quien dedicó su vida a luchar por los derechos de los maestros y mejorar el sistema educativo del país”.

El senador Sanguino continuó su intervención al expresar que el maestro Abel demostró su compromiso con el derecho a la educación de los colombianos, al emprender una lucha por los derechos y garantías de los docentes, estudiantes y trabajadores de Colombia. “Su deseo por transformar la educación del país, lo llevó a liderar luchas como el logro del Estatuto Docente, la conformación del Movimiento Pedagógico Nacional, la lucha por la gratuidad en la educación, alimentación y transporte como medidas para evitar la deserción escolar y la existencia de una infraestructura adecuada para el desarrollo de los estudiantes”.

Celebración de los 80 años de la Institución Educativa Nacional Loperena de Valledupar

Los miembros de esta célula legislativa aprobaron por unanimidad la iniciativa “que vincula a la Nación a celebrar los ochenta (80) años de la Institución Educativa Nacional Loperena -antiguo Colegio Nacional Loperena- de carácter oficial y se dictan otras disposiciones”

El senador ponente Antonio Sanguino Páez, este es un proyecto que tiene que ver con la historia de la educación pública. María Concepción Loperena de Fernández de Castro, a quien le debe su nombre este colegio público de Valledupar, fue una heroína de la independencia, una colaboradora del libertador Simón Bolívar y del ejército libertador; aportó armas, logística para el transporte de las tropas y fue una militante activa en la lucha por la independencia de España.

Así mismo, el senador Sanguino Páez explicó que a través de esta iniciativa se busca que la Nación se vincule a la conmemoración de los 80 años de la Institución Educativa Nacional Loperena en la Ciudad de Valledupar -antiguo Colegio Nacional Loperena-, creado mediante la Ley 95 de 1940, declarado Monumento Nacional y parte del Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Ley 93 de 1993.

Control sobre las armas y municiones

Los miembros de la comisión escucharon la ponencia sobre la iniciativa que modifica el Decreto 2535 de 1993, que establece medidas para reducir la violencia ciudadana, para generar un mayor control sobre las armas por parte del Estado.

El senador ponente José Luis Pérez Oyuela, de Cambio Radical, explicó que esta iniciativa busca, “reducir la violencia ciudadana y, sobre todo, generar un mayor control y trazabilidad por parte del Estado sobre las armas y municiones, la definición de nuevas categorías de armas controladas, el aumento de penas por porte ilegal de armas y el establecimiento de nuevas circunstancias de agravación punitiva”. En este sentido, la iniciativa da al Estado colombiano mejores herramientas para el control de armas en poder de civiles, así reducir la violencia armada en el país.

Por su parte el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, solicitó llevar a cabo una audiencia pública que vincule el área de prevención y crimen de la justicia criminal de las Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el delito y comentó, “todos los días asistimos a hechos dolorosos en los que ciudadanos utilizan este tipo de armas para defenderse supuestamente o atacar, por lo que quisiera antes de entrar a cualquier votación que haya la posibilidad de dilucidar, cuál es el propósito que se persigue con este proyecto y para eso propongo que antes de entrar a la votación sobre la proposición, hiciéramos la audiencia”.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino Páez comentó que esta iniciativa merece una discusión muy amplia, “sobre este asunto tenemos perspectivas distintas, que no niega que probablemente podamos llegar a un consenso como sociedad y a un acuerdo de todas las fuerzas políticas sobre la manera como debe procederse en materia de uso de armas de fuego, que para nuestro concepto debería evitarse el acceso de los ciudadanos a las mismas y que hubiese un monopolio exclusivo por parte del Estado”.

Apatridia

La senadora Paola Holguín Moreno propuso crear mesa técnica con el fin de subsanar los inconvenientes señalados por la Cancillería, con respecto a la iniciativa, “que extiende la vigencia del régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia y se dictan otras disposiciones”, la cual fue aprobada.

La iniciativa de la senadora Holguín Moreno se debió a un concepto enviado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que habla de la inconveniencia de este proyecto, “aduce a varias razones, entre ellas la posible sustracción de facultades discrecionales de la rama ejecutiva”.

El senador ponente Antonio Sanguino Páez dio a conocer que, “esta ley tiene como objeto beneficiar a los hijos de los venezolanos en situación migratoria regular o irregular, o solicitantes de refugio, cuyos hijos e hijas hayan nacido en territorio colombiano, extendiendo durante el plazo de vigencia equivalente al del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal la vigencia de la Ley 1997 de 2019, extendiéndolo hasta 2031”.

En atención a lo dispuesto en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal, excepcionalmente se presumirá la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas en situación migratoria regular o irregular o solicitantes de refugio, cuyos hijos o hijas hayan nacido en territorio colombiano desde el 1° de enero de 2015 hasta el 01 de Junio de 2031.

El congresista Sanguino Páez, continuó su ponencia al argumentar que “este proyecto tiene plena justificación en elementos que tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que incorpora el Principio de no discriminación y que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir, excluir o tratar como inferior a ninguna persona”, entre otros temas.

Reviva la sesión de la Comisión Segunda en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=LGfpOKktyWc

Denuncian impunidad en violaciones de derechos humanos, en Boyacá

En el auditorio Bicentenario, de Tunja, sesionó una audiencia pública, con la participación de organizaciones sociales, autoridades regionales y representantes del Ministerio Público.

Por: Giovanny Mora López

Bogotá D.C., diciembre 6 de 2021 (Prensa Senado). La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, senadora Sandra Ramírez Lobo (Partido Comunes) fue enfática al pedirles a las autoridades que se esclarezca y se castigue a los responsables de las violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos que se han dado en las últimas décadas, en esta región del país.

En el certamen – que se realizó en el marco de la conmemoración de los 93 años de la Masacre de las Bananeras (6 de diciembre de 1928) – asistieron funcionarios de la Alcaldía de Tunja, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría Provincial, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones sociales.

La senadora Ramírez Lobo dijo, “lo que pasa en Boyacá es la aceleración de un proceso estructural; el de un departamento sin autonomía y con una subyugación de su población al clientelismo político”.

Las cifras

Una radiografía de lo que ha pasado en esta región, la presentó el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): 81 ejecuciones extrajudiciales (homicidios por parte de miembros de la fuerza pública, y grupos paramilitares), entre 2001 y 2008; y 18 personas asesinadas, dentro de la que se denomina “exterminio social” (asesinatos de habitantes de la calle, consumidores de drogas alucinógenas, etc.).

Uno de los casos sobre los que se llamó la atención fue el de la masacre del Páramo de La Sarna, ocurrida el primero de diciembre del 2001, cuando fueron asesinados 15 de los 18 ocupantes de un bus de la empresa Cootracero, que cumplía la ruta Sogamoso - Labranzagrande. La masacre fue perpetrada por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, con la complicidad de agentes del Estado.

Para la investigadora del Cinep, Ángela Ballesteros Gómez, “esta es una de las masacres más atroces cometidas en el centro del país. Este hecho todavía se encuentra en la impunidad”, pese a las sentencias que se han proferido en 2015 y 2019.

Ballesteros Gómez agregó que, en Boyacá, se han registrado 116 víctimas de desapariciones forzadas, que corresponden a 55 casos; y 227 víctimas de lesiones físicas, por parte de miembros de la fuerza pública, durante los paros agrario, de 2013; camionero, de 2016; y nacional, de 2021. “Estos datos son un subregistro porque sabemos que las cifras son mucho más grandes”, manifestó la investigadora.

Por su parte, el defensor del Pueblo, en Boyacá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, dijo que, en el marco de las protestas sociales, su despacho ha desplegado un trabajo sobre promoción y divulgación de los derechos humanos, y que los resultados han sido positivos.

A su turno, el defensor de derechos humanos, Pedro José Vargas, solicitó a las autoridades el amparo real al derecho a la protesta a través del diálogo con los manifestantes, en vez de la represión.

Peticiones

Al final, las organizaciones sociales y ONG, encabezadas por el Cinep, le formularon las siguientes peticiones a la comisión de Derechos Humanos del Senado, al Gobierno Nacional, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad:

Que cesen todas las agresiones contra los derechos humanos en Boyacá; verdad y justicia; que se condene a los máximos responsables de estos crímenes; que la Comisión de la Verdad analice y evidencie la violencia política y los efectos del conflicto armado en Boyacá; y que la JEP reconozca la calidad de víctimas de las personas que les fueron relacionadas en el informe que le presentaron en 2020.

TambWhatsApp_Image_2021-12-07_at_12.17.33_PM.jpegién solicitaron que los casos de Boyacá sean priorizados dentro del caso 003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes estatales); que se abra un macro caso entre la relación la fuerza pública y el paramilitarismo; que el Estado cumpla con la sentencia que le ordena reconocer su responsabilidad la masacre del páramo de La Sarna; y que se otorgue un reconocimiento público a todas las víctimas de crímenes de estado.

Para revivir esta audiencia púbica:

https://www.youtube.com/watch?v=Ur6T7lpHXMQ