En busca de la recuperación de la navegabilidad de uno de los rios más importante del país. 

Bogotá D.C. febrero 8 de 2022(Prensa Senado). - En el desarrollo de las Mesas de Trabajo, convocadas por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, perteneciente al Partido Conservador colombiano, se analizó sobre los diferentes problemas que afectan la navegabilidad del Río Magdalena, especialmente, sobre los riesgos en la ejecución del proyecto. Para tal fin se invitó al Departamento Nacional de Planeación-DNP, a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, CORMAGDALENA, entre otras entidades, para que participaran en el análisis del mapa de riesgos del proyecto sobre el Río Magdalena.

En representación del DNP, intervino Katherine Sandoval, directora del programa participación privada de Infraestructura, del DNP, la funcionaria sostuvo que esa entidad en coordinación con el Mintransporte, con la ANI y el Ministerio de Hacienda, construyó un documento Conpes, que orienta la identificación de riesgos para los proyectos fluviales, como marco de política y manera de recomendación.

De esa misma entidad, Luisa Rodríguez, dijo que dentro de la expedición Conpes 4028 de 2021, para infraestructuras en vías fluviales, y canales navegables con participación privada, será el Ministerio de Hacienda, quien definirá con su estrategia, la forma de valorar cada uno de los riesgos.

Sostuvo que el proyecto con los riesgos identificados, si se hace con Asociación Pública Privada-APP costará 1,088 billones de pesos y con la obra tradicional, tendría un costo de 1, 117 billones de pesos. Anotando que, si el proyecto se ejecuta con la APP, la Nación ahorrará 29 mil millones de pesos.

Entre tanto Jorge Espinosa, presidente de la fundación Olof Palm, experto ambiental, afirmó que la vida de los barranquilleros depende en gran manera de la APP, porque buena parte de su economía depende del rio, el puerto y su zona franca. Sostuvo que a lo largo del rio, en el marco del conflicto armado del país, ha manifestado serias dificultades, como la deforestación, la explotación minera, convirtiéndose en una problemática social.

“El impacto ambiental en el rio, la contaminación de desechos que arrojan sobre él, se han disminuido la piscicultura. El desarrollo minero debe ser amigable con el ambiente, garantizando a los mineros sus derechos. Hay que hacer volver al rio magdalena a su plenitud, como en tiempos pasados.” Afirmó Espinosa.

Entre tanto Lina García, directora de navegación de CORMAGDALENA, manifestó, que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, están ejecutando un Plan Maestro en busca de un modelo hidrológico ideal para la cuenca.

“Estamos realizando todas las estrategias, para la construcción conjunta de un observatorio del río, donde todos los actores, podamos ver lo que está sucediendo y tomar decisiones, según las competencias de las entidades que participan. Finalmente, para llegar a unos acuerdos interinstitucionales y tener la concertación para el plan maestro del río”. Indicó la funcionaria.

De la misma manera, Diana Cardona, vicepresidente de Infraestructura de la ANI, informó, que un río requiere de una infraestructura diferente en materia constructiva, “hemos tenido muchos retos, desde el punto de vista político, porque esta ha sido una APP muy esperada. Contratamos a operadores expertos en temas fluviales, quien nos dirá cómo se pueden asignar los riesgos en un proyecto de esta categoría”.

Al finalizar la jornada, Luisa Fernanda Fernández, asesora del despacho y delegada para la coordinación de las mesas de trabajo, manifestó que la problemática del río se puede resumir aspectos, referentes al uso de los márgenes que se les está dando del río con los riesgos de deforestación. Así mismo el tema de los conflictos sociales en el curso del río. Al igual que el vertimiento de otros ríos y el tratamiento de aguas y los temas referentes a la piscicultura y minería.

Fernández señaló que, en la próxima mesa, se trabajará sobre los temas ambientales, relacionados con el río Magdalena. Para ello invitaran al Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades relacionadas con el tema.

• Líderes de organizaciones sociales y el defensor de DD.HH. Alirio Uribe acompañaron la presentación de la iniciativa.

Bogotá, D.C., 7 de febrero de 2022. (Prensa Senado) Un nuevo proyecto de ley que busca que se castiguen los crímenes contra la paz fue radicado en el Congreso de la República. La iniciativa propone reformar el Código  Penal para crear un nuevo tipo delictivo que sancione la obstrucción a la paz y establecer las circunstancias de agravación punitiva.

Según explicó el autor de la iniciativa, el senador  Iván Cepeda, este proyecto pretende que “los enemigos de la paz no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos logrado construir”.

De este modo plantea el proyecto, qué quien obstruya, de manera temporal o permanente, los acercamientos, conversaciones o diálogos que sostengan los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con grupos armados organizados al margen de la ley, así como, la implementación de acuerdos de paz y los procesos de reincorporación a la vida civil de desmovilizados, con el propósito de impedir su realización, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años.

Cepeda advirtió que no se trata de censurar y perseguir a los enemigos de la paz, que es legítimo tener críticas al proceso de paz y discutir el Acuerdo, pero que “es muy distinto adelantar acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las comunicaciones de los negociadores y acabar con la vida de las y los constructores de la paz”.  

La iniciativa legislativa -radicada este lunes- incorpora tres nuevos artículos al  Código Penal: el primero se denomina ‘obstrucción a la paz’; el segundo, establece las circunstancias de agravación punitiva de la conducta; y el tercero, sobre la vigencia de la ley.

Con relación al segundo artículo, la pena prevista se aumentaría si ocurre en alguna de las siguientes circunstancias: se consuma el fin perseguido; se cometa por servidor público que ejerce autoridad o jurisdicción; se emplean bienes del Estado; si como consecuencia del ilícito se cause la muerte o lesiones personales a mujeres excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales.

El documento del proyecto concluye que, a pesar de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final, no hay dudas de que la búsqueda de la paz es urgente. Y que, en este sentido, se requiere desarrollar una política criminal para hacerle frente a conductas que obstruyan de manera ilegal e ilegítima la concreción de la paz.