La Comisión Primera del Senado realizó una audiencia mixta sobre el proyecto de ley 084 de 2021 que modifica la Ley 1622 de 2013 “por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”. 

Por Paola Saldaña 

Bogotá D.C., Noviembre 18 de 2021 (Prensa senado).- Como resultado de las movilizaciones y movimientos sociales que se han presentado a lo largo del territorio nacional, son cada vez más los jóvenes que reclaman un lugar para hacer parte de las decisiones políticas.

Para dar inicio a esta conversación, el senador ponente del proyecto, Julián Gallo (partido Comunes), dio la bienvenida a los asistentes y manifestó, “esta es una iniciativa radical, construida dentro del proceso que se siguió por parte del Comité Nacional del Paro y la bancada alternativa que buscó recoger las distintas iniciativas, inquietudes y peticiones contenidas en el pliego nacional de paro, para transformarlas en iniciativas de proyectos de ley, para esa forma recoger el clamor de miles y miles de colombianos que están pidiendo diferentes reivindicaciones”. Adicional a esto, destacó que este proyecto de ley también da cumplimiento al punto 2 del acuerdo de paz que garantiza la participación política de poblaciones históricamente excluidas de dicho escenario.

En la audiencia participaron jóvenes candidatos a los consejos de juventud, líderes de movimientos sociales y representantes de organizaciones con años de trayectoria que, por supuesto respaldan esta propuesta que ofrece recursos materiales e inmateriales para su participación y así mismo, garantías que permitan que se mantenga en el tiempo.

William Ricardo Aguilera López, licenciado en ciencias sociales y representante de la plataforma distrital de juventud y el observatorio ciudadano juvenil resaltó varios aspectos que deben ser fortalecidos dentro de la norma existente. De acuerdo a su intervención, el artículo 8 de la ley 1622 hace referencia a la promoción, protección y prevención de la incidencia de los jóvenes en la política; no obstante, argumenta que es necesario el accionar por parte de las instituciones gubernamentales para cumplir y avalar lo consignado allí con garantías como tarifas diferenciales en el transporte, incentivos para acceder a formación académica, ampliación de los delegados con voz y voto en las comisiones de concertación y decisión, así como una remuneración por un salario mínimo legal vigente para quienes desempeñen cargos como consejeros de las juventudes. Concluyó su intervención, “es una necesidad no solamente para ampliar la participación que ha clamado la juventud durante las movilizaciones, sino también para profundizar la garantía de los derechos”.

Esta audiencia contó con una participación paritaria en aras de promover y defender la igualdad de género. Al respecto, Leidy Johana Posada Parra se identificó como, “mujer luchadora por la vida, el territorio, la paz y la justicia social”, quien reconoció las buenas intenciones por abrir espacios para incidir en las realidades de los jóvenes desde escenarios de poder. Por la misma vía, Laura Fernanda Molano agradeció el espacio como respuesta a lo captado como demandas de los jóvenes en las calles y agregó que, si bien la iniciativa representa un avance en el camino para cerrar las brechas de participación, hace falta incluir aspectos como el que sus decisiones sean vinculantes en la construcción de políticas públicas y se garanticen medidas efectivas para que la población joven también pueda participar en otros cargos de elección popular.

En suma, todos los participantes se mostraron optimistas frente a la voluntad de los congresistas de ampliar los escenarios de participación, sin embargo, las intervenciones repetían puntos en común como la necesidad de recibir una remuneración económica en tanto que representa un trabajo de tiempo completo que demanda tiempo, esfuerzo y demás recursos materiales para el ejercicio pleno del mismo. Además, piden dar mayor valor a lo propuesto y discutido por los jóvenes, dotando de carácter vinculantes sus decisiones al reconocer la capacidad de agencia de esta población que también puede aportar y materializar proyectos que tengan impacto en la vida de sus homólogos.

Por otro lado, en defensa de la inclusión, Sergio Chacón, conocido como “Checho juventud”, activista de la ciudad de Medellín, con una trayectoria de hace más de 10 años y quien ha recorrido el territorio nacional por lo que conoce de primera mano las necesidades de lo jóvenes, enfatizó en lo consignado en el artículo 41 de la ley 1622 en la que se garantizan 6 curules para la población campesina, afro y víctimas del conflicto armado, advirtiendo que en la práctica existen impedimentos que limitan la participación de estas comunidades, por mencionar un ejemplo: la exigencia de certificados de trabajo en el sector agropecuario, para el caso de la población rural. Sumado a ello, recalcó que se han desconocido grupos minoritarios como la comunidad LGTB y población en condición de discapacidad.

Para el cierre de la audiencia, el senador Alexander López intervino para agradecer las intervenciones y las propuestas encaminadas a fortalecer el proceso de participación democrático. Así mismo, el senador ponente, Julián Gallo, congratula las exposiciones de los jóvenes y expresa que todo lo manifestado en ese espacio de conversación será recogido pues, en sus palabras, “estamos hablando de un proyecto de ley que puede convertirse en un verdadero semillero para la formación de líderes de la ciudadanía: líderes sociales, líderes políticos”, para construir una actividad política mucho más incluyente, participativa y en ese sentido, democrática.

Reviva la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=cP5K1ZPG0Ik