Senadores de esta célula legislativa solicitaron al ejecutivo, claridad en la hoja de ruta para solucionar la problemática de invasión de predios, buscar estrategias que eviten aumento de las mismas, y fórmulas donde a los campesinos se les reconozcan sus derechos para lograr la productividad, y se descentralicen las instituciones.
Por Joshua Escobar Rengifo
Bogotá D.C., octubre 25 de 2022 (Prensa senado).- El aumento de las ocupaciones ilegales en diferentes departamentos del país, concentró la atención de la Comisión Quinta del Senado que citó a diferentes ministerios a debate de control político, al que asistieron la Ministra de Agricultura, Cecilia Matilde López Montaño; el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño; y el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina. También estuvieron presentes varios viceministros de estas carteras.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, dados en el marco de la sesión de la comisión quinta, en el país se registran más de 108 invasiones, en 16 departamentos, entre los cuales se encuentran: Antioquia, Atlántico, Cesar, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada. En el Cauca se presenta el 36% de predios afectados por las ocupaciones; se estima que son más de 6 mil familias en condiciones de ilegalidad, por estos hechos.
El senador Andrés Guerra Hoyos, Centro Democrático, uno de los citantes al debate de control político, señaló que las invasiones de predios se presentan principalmente por los siguientes actores: primero, los campesinos reclamantes que tiene todo el derecho de exigir; segundo, la ilegalidad, como un negocio en el cual se fomenta la ocupación, y posteriormente se cobra una “especie de renta”; y tercero, funcionarios públicos que según la procuraduría, tienen investigaciones por promover el asalto a predios que no pagan predial.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, hizo hincapié en dirimir cuáles son las competencias de su cartera para poder atender la problemática de las ocupaciones ilegales, y dejó en claro que no es de su resorte llevar a cabo las acciones policivas, civiles y/o penales, que constitucionalmente corresponden a otras entidades. “La reforma agraria es una realidad, enfocada a procesos de distribución de tierras, con políticas sociales que atiendan el fenómeno de invasión de predios, que no es una situación exclusiva del gobierno actual. Este es un problema que el país ha acumulado, entre otras cosas, por la ausencia de una verdadera reforma”, precisó la titular de esta cartera.
Así mismo, la ministra López Montaño explicó a los senadores de esta célula legislativa, el avance en la titulación de tierras y la proyección por parte del Gobierno Nacional para el cierre del 2022: “Para el 15 de noviembre del año en curso, apuntamos a tener 681.000 hectáreas tituladas, y al finalizar el año estar por encima de las 900 mil; con ese ritmo podemos llegar a las 7 millones de hectáreas que están planteadas en el acuerdo de la Habana”.
De potro lado, el senador conservador Marcos Daniel Pineda García, también citante, señaló que en varias regiones se presenta una planeación sistemática criminal de personas que están detrás de las invasiones, lo que a su vez amenaza el orden público de la población.
El Ministro de Justicia Néstor Osuna, mencionó que las disposiciones jurídicas para combatir cualquier acción ilegal que tenga que ver con las invasiones de tierra, están en manos de la Policía y del poder judicial, y se le da prioridad al diálogo y la reconciliación, al plantear alternativas del accionar tradicional, que desembocan de manera represiva con la población, “el surgimiento de esta dinámica ha permitido que propietarios de tierras ofrezcan de manera espontánea sus tierras, y dar la posibilidad a que el gobierno compre tierras. para organizar su redistribución en las regiones”, concluyó.
Por último, la Agencia Nacional de Tierras anunció que el número de invasiones ha disminuido en un 31%, gracias a que se ha actuado con agilidad y rapidez por parte de las instituciones, y a la entrega de 681.000 hectáreas durante los primeros 100 días de gobierno.
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