Por: Karen Lisethe Madera Castro
Bogotá D.C, noviembre 29 de 2024 (Prensa Senado) El Gobierno Nacional busca, a través de una reforma política, implementar soluciones efectivas contra la corrupción en el sistema electoral, fortalecer y consolidar los partidos políticos como instrumentos de participación y representación ciudadana y tener un sistema electoral confiable, imparcial, transparente y garantista. Estos son pasos fundamentales e impostergables para restaurar y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones y el proceso democrático del país.
El proyecto de reforma, que ya ha superado dos debates, está a punto de ser sometido a votación en la Comisión Primera del Senado. Para continuar con su trámite, debe ser aprobado en al menos cuatro de los ocho debates necesarios antes del 16 de diciembre, una fecha límite clave en el proceso legislativo.
¿Por qué es tan importante la reforma política?
La reforma pone de presente la necesidad de actualización de las instituciones de la democracia colombiana y busca avanzar en el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz de 2016, y particularmente con las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017, fruto de ese acuerdo, frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.
Problemas como la personalización política, la fragmentación de los partidos y la falta de transparencia en la financiación perpetúan el clientelismo y facilitan la cooptación de los procesos democráticos. Reformas pasadas como la de 2003 han buscado corregir esto, sin embargo, su logro ha sido parcial pues los fenómenos previamente mencionados persisten.
Elementos claves de la reforma
• Listas Cerradas: objetivo
Fortalecer los partidos políticos a partir de la profesionalización del ejercicio político y corrigiendo la división interna producida por el voto preferente en esas colectividades.
¿Cómo?
A partir de 2030, se implementarán listas cerradas y bloqueadas para Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Así, los partidos presentan listas completas donde los candidatos/as no compiten entre sí. Las listas tendrán que incluir el enfoque de género para su presentación.
¿Qué cambia?
Las listas cerradas garantizan una representación colectiva de los partidos previniendo conflictos internos. A su vez, los costos se ven reducidos por la eliminación de la competencia interna y la promoción de campañas conjuntas. Esto fomenta coherencia ideológica y una representación programática clara. Las listas cumplirán con criterios de paridad, alternancia y universalidad, promoviendo mayor y mejor representación de las mujeres en política.
• Independencia y estabilidad de la Autoridad Electoral
Asegurar una autoridad electoral independiente que no dependa en su conformación de procesos políticos en los que intermedien los partidos y movimientos que mejore la confianza ciudadana en los procesos electorales.
¿Cómo?
La Autoridad Electoral se convertirá en una entidad con plena autonomía presupuestal, administrativa y organizativa. La selección de sus nueve magistrados se hará mediante concursos públicos. Se eliminará la intervención política en su nombramiento haciendo que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elijan los magistrados.
¿Qué cambiaría?
La Autoridad Electoral verá su independencia fortalecida y materializada. Tendrá entre sus nuevas facultades: vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas, revocar las candidaturas de personas inhabilitadas. Su personal será elegido de la carrera administrativa, lo que garantiza una entidad técnica y neutral.
• Uno de los ajustes principales tiene que ver con la financiación de campañas. Aunque inicialmente se planteó que esta sería completamente estatal, el nuevo texto permite contribuciones privadas para campañas presidenciales y legislativas.
El artículo 3 establece que la financiación será “parcialmente con recursos estatales” y define que los topes de gastos y las contribuciones privadas serán regulados por ley. Además, se eliminó un apartado que prohibía a las campañas entregar dádivas o contratar transporte de votantes, un punto que generó críticas por su impacto en zonas de difícil acceso.
Otro aspecto relevante es la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). En la propuesta original, se planteó que las altas cortes eligieran a los magistrados mediante una convocatoria pública.
Sin embargo, en los primeros debates, se incluyó nuevamente al Congreso en el proceso. Ahora, la fórmula combinada establece que el Legislativo elegirá a los magistrados, pero las altas cortes presentarán tres ternas para los nueve cargos disponibles.
En cuanto a las sanciones a partidos, se mantiene que serán penalizados si sus avalados son condenados durante el periodo al que aspiraron, independientemente de si fueron elegidos. No obstante, el texto aclara que esto aplicará solo si los delitos fueron cometidos antes de la expedición del aval.
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