Colombia es uno de los 18 países del mundo que reclutan menores para el conflicto armado y el único en el continente americano, de acuerdo al informe de Naciones Unidas. De los 18 países, Colombia es uno de los 7 países que también utilizan niñas, de acuerdo al informe de Naciones Unidas.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2025. (Prensa Senado)La situación de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales ha alcanzado niveles alarmantes en el territorio nacional. Por eso, la Comisión Primera del Senado aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que permitirá endurecer las penas de prisión para los responsables del reclutamiento de menores en Colombia.

El Senador Germán Blanco, partido Conservador, coordinador ponente, indicó que es un importante proyecto de iniciativa de dicha iniciativa que tiene más de 100 congresistas como atores. “Propendemos por niños, niñas y adolescentes que están en medio del conflicto y que no solo tiene que ver con el reclutamiento para la subversión de los grupos armados al margen de la ley sino también con la comisión de distintos delitos a través de grupo o personas que utilizan menores de edad”.

Agregó el senador conservador Blanco que es necesario que se aumenten las penas, “hoy es de 13 a 23 años para ese tipo de delitos, nosotros queremos que sea de 40 a ese máximo en Colombia que es de 50 años”, agregó el Senador conservador.

Entre tanto, el Senador Juan Carlos García, partido Conservador, indicó que,frente a este delito en el 2024, de los 409 menores reclutados, el 50% son indígenas, 200 niños han sido reclutados.

Por su parte, la Senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, aseguró en su intervención que “el delito de reclutamiento es una de las cosas máshorribles que le está pasando al país, más del 60% del reclutamiento se da en el departamento del Cauca y la gente no puede denunciar, esto es reclutamiento con fines de incorporación de acciones violentas a menores de edad”.

La propuesta legislativa pretende modificar los artículos 83, 162 y 188 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), que actualmente se refiere a la prescripción de las condenas para los criminales.

“Quien reclute menores de 18 años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades, o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 156 a 276 meses y en multa 800 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, se lee en la normativa actual.

Fortalecimiento a municipios PDET

Otro de las iniciativas aprobadas en primer debate por esta célula legislativa, fue el proyecto de ley por medio del cual se prorroga el decreto ley 893 de 2017, se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios pertenecientes a los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). 

Al respecto, el Senador ponente Alberto Benavides, Pacto Histórico, manifestó que esta propuesta viene de Cámara de las Curules de Paz, ha tenido una amplia discusión por varias vías. “Los PDET son instrumento de planificación y gestión a largo plazo, se enfocan sobre 170 municipios priorizados en las distintas regiones del país. Lo que buscan estos proyectos es lograr tener capacidades de intervención estatal concreta, fortalecer esa capacidad institucional”.

Por su parte, la Senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático, consideró que tiene serios reparos a estas figuras que nacieron del Acuerdo de Paz, “este acuerdo no trajo paz, 30 mil hectáreas de coca, arrodillado el estado al narcotráfico, no se puede fumigar porque se inventaron que el glifosato daba cáncer, hasta eso llegamos. Me preocupan los PDET, son figuras que dejan solo corrupción en el territorio. Manifiesto mis enormes dudas en regiones como el Chocó, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Cauca, Nariño incendiadas, el acuerdo de paz no llegó a estos territorios, llegó la criminalidad”.

La iniciativa legislativa que continúa su curso en la plenaria del Senado, tiene como propósito, ampliar su vigencia por diez años más, garantizando así un mayor respaldo institucional, técnico y financiero para los municipios vinculados a estos programas. 

Así mismo, esta prórroga busca fortalecer la implementación y supervisión de las regiones PDET, permitiendo una intervención más efectiva en los territorios más afectados por la violencia, la pobreza extrema, la debilidad institucional y la presencia de economías ilegales. De este modo, se pretende reducir las brechas socioeconómicas y consolidar un desarrollo sostenible en estas regiones.

La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate un importante proyecto de ley: que impulsa una política de salud pública enfocada en la reducción de daños en personas que consumen sustancias psicoactivas y se inició la discusión de otro que regula la divulgación de letras musicales que atenten contra la dignidad humana. 

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, 21 de mayo de 2025.(Prensa – Senado).- En su sesión de este miércoles, la primera iniciativa legislativa aprobada fue el Proyecto de Ley No. 356/2024 Senado – 225/2023 Cámara, que busca modificar la Ley 1566 de 2012 para establecer una política pública de reducción de riesgos y daños dirigida a personas que consumen sustancias psicoactivas. 

Su objetivo es complementar las actuales políticas de prevención y tratamiento, con medidas que permitan al Estado intervenir oportunamente en los contextos donde se presentan riesgos para la salud de los consumidores y su entorno.

Incluye estrategias como el acceso a agua potable en lugares de alto consumo (como discotecas y conciertos), campañas de educación sobre consumo responsable, mecanismos de atención comunitaria, articulación institucional, y un enfoque centrado en los derechos humanos y la salud pública.

Durante la presentación de la ponencia, la senadora Martha Peralta Epieyú, coordinadora ponente del proyecto, afirmó: “Actualmente, el Estado atiende el consumo desde dos extremos: la prevención, para quienes no consumen, y el tratamiento médico para quienes ya lo hacen. Pero hay una franja intermedia, donde el Estado debe actuar para reducir los daños. Este proyecto busca precisamente eso: que el consumo no se convierta en una sentencia para las personas y sus familias. No podemos seguir negando una realidad que afecta vidas”.

El proyecto fue aprobado con una modificación al artículo 2, presentada por el senador Honorio Henríquez, que incorpora dentro del numeral dos del articulado: disminuir los cultivos ilícitos, intensificar los cultivos ilícitos, intensificar la interdicción del área terrestre y marítima, reducir la afectación de seguridad de la población derivada del crimen organizado, relacionado con el narcotráfico. 

Por otro lado, durante la jornada se debatió el Proyecto de Ley No. 316/2024 Senado, que busca regular la divulgación en medios de comunicación de letras musicales que atenten contra la dignidad de las personas, especialmente protegiendo a niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

La senadora ponente Esperanza Andrade destacó que la propuesta no busca censurar, sino garantizar que exista un marco normativo para prevenir la difusión indiscriminada de contenidos que inciten a la violencia, el machismo o el consumo de drogas. La senadora Karina Espinosa acompañó la sesión y presentó un video que mostraba el espíritu de la iniciativa y aclaró cómo estos contenidos llegan fácilmente a menores sin supervisión.

La iniciativa generó un amplio debate. El senador Fabián Díaz advirtió que se debía tener cuidado con no caer en censura: “La cultura cambia. El jazz, el rock y hasta la ópera fueron considerados inmorales en su momento. No podemos limitar la expresión artística por diferencias generacionales”, por la misma línea senadores como Wilson Arias y Berenice Bedoya, manifestaron preocupación por violar la libertad de expresión artística, por lo que afirmaron no acompañarían la iniciativa.

A pesar de las diferencias, se acordó convocar una mesa técnica antes de votar en primer debate la iniciativa, mesa en la que participarán expertos en libertad de expresión, artistas, padres de familia, entidades educativas, plataformas digitales y organismos de protección de derechos.