Dentro de las actividades aprobadas por las congresistas, se llevarán a cabo en lo que resta del periodo legislativo, un foro, dos Audiencia Públicas y cuatro debates de control político.

Bogotá D.C. abril 12 de 2021(Prensa Senado).- Durante la sesión ordinaria, realizada el día de hoy, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, aprobó varias proposiciones presentadas por las congresistas, con el fin de continuar con su labor en beneficio de las colombianas.

Inicialmente la senadora Esperanza Andrade Serrano (Partido Conservador), propuso la realización de un foro sobre la creación de alertas tempranas para atender los casos en niñas y adolescente,

Así mismo la senadora Aída Avella (Decentes- UP) propuso llevar a cabo una audiencia pública que aborde el tema de la tenencia de la tierra, para tratar las condiciones de pobreza de las mujeres rurales. Otra de las proposiciones presentadas fue por la representante Catalina Ortiz, para realizar una audiencia sobre el fomento del desarrollo empresarial y emprendimiento femenino y la participación de las mujeres en las convocatorias del Estado.

Las proposiciones sobre debate de control político, fueron presentadas por las congresistas Sandra Ortiz (Alianza Verde), para hacer seguimiento al programa de Empleo formal. Otro presentado por la representante Jesmy Barraza, para abordar la lactancia materna y las medidas que promuevan este tipo de alimentación. Por último, también se propuso hacer control político a la situación laboral y sanitaria de las mujeres en la pandemia

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Nora García Burgos (Partido Conservador), y la senadora Ruby Chagüí (Centro democrático), presentaron una constancia sobre la situación que se está presentando en el departamento de Córdoba, con respecto a los feminicidios, la legisladora manifestó, “En lo que va corrido del año, en Córdoba, mi departamento, se han registrado 7 feminicidios en circunstancias repudiables. Hechos desgarradores que no pueden seguir ocurriendo y mucho menos quedar en la impunidad. La violencia contra la mujer es el abuso más generalizado de los derechos humanos y el feminicidio es su expresión extrema. Una forma virulenta de abuso y discriminación que no conoce de razas, edad, ni clases sociales. Hoy, me uno al clamor y a la gran preocupación de las mujeres de mi región, ante el miedo y el peligro al que están expuestas, lo que requiere de una intervención concreta, con un enfoque integral que incluya un amplio abanico de actores”.

García Burgos invitó las autoridades del departamento, "a que unidos articulemos acciones de prevención, protección y defensa hacia la mujer; creemos que los esfuerzos realizados desde la sociedad civil pueden generar un cambio en nuestra cultura".

En la parte final de la constancia, expresó, “Mientras el mundo lucha contra el impacto de la pandemia de Covid-19, una ola de violencia e inseguridad acaba con la vida de las mujeres, no solo en Córdoba, sino también en distintas partes del país. Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y un rechazo rotundo a estos actos tan atroces, exigimos justicia para ellas. No queremos más mujeres violentadas en Colombia, no queremos más agresiones, ¡Ya basta!”.

Por su parte la senadora Ruby Chagüi, hizo un llamado de atención, para que se lleve a cabo un consejo de seguridad, en el cual se atiendan los casos de violación y feminicidios presentados en el departamento de Córdoba, También hizo un reconocimiento por los logros en el día M.

La vicepresidenta dela Comisión, la representante Irma Luz Herrera (MIRA), afirmó que el Congreso está avanzando en la aprobación de proyectos que buscan beneficiar a las colombianas. Por otra parte, anunció que están atentas a todos los temas relacionados con el maltrato y violación de los derechos de las mujeres.

Entre tanto la senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical), solicitó que se haga un seguimiento para lograr que las casas de refugios, donde se atienden los casos de violencia contra la mujer, funcionen en todo el territorio nacional.

Reviva la sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer a través del siguiente enlace:

https://youtu.be/aDmAMS9dWJ4

Ubicado en el departamento del Cesar, municipio de Valledupar y con poco más de 7 mil habitantes, el corregimiento de Atánquez es conocido como la capital del pueblo Kankuamo, actualmente sujetos de reparación colectiva y como dicen sus habitantes, pueblo invadido, pero jamás conquistado, un pueblo donde la palabra es más poderosa que el dinero.

Por: Elfy Galeano Villera

Bogotá 10 de abril (Prensa- Senado 2021)- En el marco del conflicto armado y como consta en informe presentado ante la Justicia Especial para la Paz, fueron más de 400 muertos de la comunidad kankuama, víctimas de los grupos al margen de la Ley y del mismo Estado.

La familia Torres Maestre, como muchas otras, no fue ajena a este flagelo de la violencia y como cuenta el Cabildo Menor de la Comunidad de Atanquez, Jhon Torres Maestre, vivieron en carne propia un capítulo en sus vidas que jamás quisieran repetir.

“El 5 de agosto de 1997, hace su primera incursión el paramilitarismo, de eso quedaron 4 personas asesinadas en frente de la plaza, todas las familias las obligaron a ir a la plaza para que presenciaran el acto criminal y como no teníamos fuerza pública, en ese entonces, a algunos se los llevaron y los fueron matando en la carretera y nosotros atrás en los carros de la comunidad, los mismos que ofrecían el transporte público, en esos mismos vehículos recogimos a nuestros muertos para darle cristiana sepultura. Pero no sólo era eso, la guerrilla también presionaba por el otro lado”.

Jhon, no puede ocultar el dolor que aún siente por el recuerdo de ese episodio trágico que vivió en su comunidad, entre lágrimas cuenta que en el año 99 tuvo que trasladarse a Valledupar, huyendo de la violencia y buscando nuevos horizontes, pero solo fueron promesas, asegura, porque el conflicto siguió creciendo.

“El conflicto era muy fuerte, eran asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, pero también por parte de la guerrilla. Comenzó una guerra fría entre los grupos armados. El alcalde de Valledupar de la época nos prometió todo para regresar al pueblo, pero fueron mentiras, el conflicto siguió creciendo”.

El Congreso de la República no ha sido ajeno al tema de Ley de Víctimas, el senador Didier Lobo Chinichilla, del partido Cambio Radical, explicó el proceso de justicia transicional.

“La Ley 1448 de 2011 y Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, específicos para las comunidades y pueblos étnicos establecen, en el marco de un proceso de justicia transicional, un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Desde el Congreso, seguiremos en pie de lucha para que nuestras víctimas del conflicto sean dignificadas a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Fueron 500 familias de Atánquez, las que salieron desplazados por la violencia de la época, compuestas por aproximadamente 3 mil personas. Pero el conflicto era una bola de nieve que crecía y destilaba sangre a su paso, cobró la vida de otro integrante de la familia Torres Maestre y la cabeza de la familia, el padre, fue declarado objetivo militar.

"En el año 2003 el ELN asesinó a mi hermano a la salida de Atanquez, eso hizo que nos desplazáramos hacia Valledupar, mi papá se enfureció, lo extorsionaban, le robaron sus animales, no lo dejaban ir a la finca, sin embargo, nunca nos abandonó”, recuerda Jhon.

Con Impotencia, dolor y llanto, pero la esperanza de salir adelante, asegura que no estaba dispuesto a pasar hambre en Valledupar y regresó a su territorio. Allí, comenzó otra odisea: su hermano Randy Julio Torres ingresa a las filas de los paramilitares.

“A raíz de todo lo que nos había pasado, uno de mis hermanos decidió ingresar a los paramilitares, guió al grupo por varios caminos para llegar al pueblo, participó de muchos señalamientos de asesinatos, sin embargo, nosotros seguíamos en Atánquez”.

Pero en julio del 2019 a Jhon Torres Maestre, como Cabildo Menor de Atánquez, le tocó vivir un episodio triste y fuerte pero importante: la sentencia del Tribunal de Barranquilla le ordenaba a su hermano Randy pedir perdón a la comunidad por los daños y las afectaciones que sufrieron por parte de los paramilitares.

“Me tocó organizar, en conjunto con la Unidad de Víctimas este acto simbólico de perdón con el único fin de que las familias que habían sido afectadas por mi hermano, asistieran al evento y que se convirtiera en un acto de reconciliación. Fue amargo y duro a la vez, porque era mi hermano y yo el Cabildo; jamás había pasado por esta situación, pero lo asumí con la satisfacción de poder superar tales hechos”.

En el año 2015 confirmaron que la guerrilla de la FARC, fue la que se llevó a su hermana y en este momento están a la espera que la Unidad para las Victimas, le entreguen los restos para darle sepultura.

Víctor Hugo Mosquera, Director de la Unidad para las Víctimas, regional Cesar- Guajira, explicó la inversión que recibirá la comunidad Kankuama, supera los 3 mil millones de pesos.

“El Plan Integral de Reparación Colectiva tendrá una inversión de más de 3 mil millones de pesos, solo focalizando las acciones de la Unidad frente al pueblo Kankuamo, pero en estos momentos estamos adelantando un trabajo para garantizar que todas las entidades territoriales, puedan comprometer su accionar y sus planes de desarrollo en torno a garantizar que el proceso de reparación de esta comunidad sea materializado”.

La comunidad de Atánquez, a pesar de los episodios amargos, ha respaldado por varios años a Jhon, como Cabildo Menor. Su liderazgo y trabajo en equipo, ha hecho que todos legitimen sus decisiones porque es un hombre que ha actuado en justicia y lo único que quiere ahora es salir delante de la mano de su gente para que las cicatrices no lleguen nunca al alma y el corazón.

(Fotografías de Juan Andrés Gutiérrez)