Con votaciones mayoritarias y debates intensos, el Senado de la República aprobó este miércoles informe de conciliación de proyectos clave en salud mental y fortalecimiento de micronegocios, adicionalmente aprobó el proyecto de “Energía Justa” que permite mayor equidad en el acceso a la energía eléctrica. Las iniciativas, que beneficiarán a millones de colombianos, contaron con amplio respaldo de distintas bancadas y se consolidan como avances legislativos de alto impacto social.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá, 23 de abril de 2025 (Prensa – Senado).- En una intensa jornada legislativa, el Senado de la República aprobó importantes iniciativas sociales que fortalecen derechos fundamentales en salud mental, apoyan el tejido económico barrial y avanzan hacia una mayor equidad en el acceso al servicio de energía eléctrica.

En medio de un amplio debate técnico y político, se avanzó en segundo debate del Proyecto de Ley 218 de 2024 Senado, conocido como la “Ley de Energía Justa”, que propone establecer un tercer piso térmico como categoría adicional para definir el consumo básico de subsistencia de energía eléctrica, con base en condiciones climáticas como la temperatura, la humedad y la altitud.

La iniciativa, si es aprobada en Cámara, permitiría que hogares ubicados en zonas más calurosas puedan acceder a mayores subsidios para su consumo básico de energía.

Durante la sesión, se votó una proposición de aplazamiento presentada por el senador León Fredy Muñoz, quien argumentó la falta de aval técnico del Ministerio de Minas y el impacto fiscal no calculado por Hacienda. Esta proposición fue negada con 47 votos por el no y 10 por el sí, permitiendo así continuar con el trámite legislativo. Finalmente, el articulado completo fue aprobado con 67 votos a favor y ninguno en contra.

El senador Gustavo Moreno, autor y ponente del proyecto, destacó al cierre del debate: “Esta ley es una respuesta al clamor de las regiones más afectadas por el calor extremo y la desigualdad energética. Hoy, con este voto mayoritario, el Senado le dice al país que sí es posible construir justicia térmica y social desde la legislación”.

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Durante la sesión se aprobó el informe de conciliación del Proyecto de Ley 029 de 2024 Senado - 142 de 2023 Cámara, acumulado con otras iniciativas, que modifica la Ley 1616 de 2013, el cual actualiza y moderniza el marco normativo sobre salud mental en Colombia.

La senadora Ana Paola Agudelo, ponente de la iniciativa, destacó que esta nueva ley, surgida de la acumulación de seis proyectos legislativos, “fortalece el modelo comunitario, incorpora la educación emocional desde la niñez y articula acciones con políticas sobre habitante de calle y consumo de sustancias psicoactivas”. Durante el debate, se confirmó que el texto aprobado acoge propuestas clave, como las de los senadores Jonathan Pulido y Alfredo Deluque, quienes propusieron la autorregulación de plataformas digitales en la prevención del riesgo psicosocial. La conciliación fue respaldada de manera unánime por la plenaria, con 64 votos a favor.

Otra iniciativa respaldada de forma contundente fue el Proyecto de Ley 227 de 2024 Senado - 132 de 2023 Cámara, que establece lineamientos de política pública para los micronegocios barriales y vecinales del país. Esta propuesta, también liderada por la senadora Agudelo, busca formalizar y fortalecer a más de cinco millones de pequeños establecimientos como tiendas, panaderías, peluquerías y otros negocios familiares.

“Este es un gran mensaje desde el Senado para quienes generan empleo y desarrollo desde lo local. Promovemos su formalización, acceso a tecnologías, educación financiera y ahorro para la vejez”, expresó la senadora. La propuesta contó con el apoyo de diversas bancadas y gremios como Fenaltiendas y Confecámaras.

Con estas decisiones, el Senado de la República reafirma su compromiso con la defensa de derechos sociales, el impulso de iniciativas que impactan directamente a la ciudadanía, y el fortalecimiento del debate legislativo en temas sensibles y estructurales para el país.

La Comisión Séptima debatió tres proyectos de ley que buscan garantizar el derecho a la alimentación, crear una carrera especial para los guardaparques del país y establecer un marco legal para las labores de los gestores sociales. Las iniciativas contaron con respaldo multipartidista.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., 23 de abril de 2025. La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó en primer debate dos iniciativas legislativas que marcan un hito en la dignificación del trabajo en zonas protegidas y el fortalecimiento de las labores sociales a nivel nacional.

Durante la jornada de hoy se dio luz verde al Proyecto de Ley No. 262 de 2024 Senado, que establece un sistema específico de carrera administrativa para el cuerpo de guardaparques de Parques Nacionales Naturales.

La senadora ponente Nadia Blel Scaff señaló que el proyecto “reconoce el servicio que estas personas prestan al país y con gran esfuerzo dedican horas de su vida para trasladarse a zonas maravillosas pero extremadamente difíciles, muchas veces bajo amenazas, condiciones climáticas adversas o incluso ataques de animales”. Por su parte, la representante Julia Miranda, una de las principales impulsoras, afirmó: “Este proyecto le cambiaría la vida a los guardaparques de Colombia”.

Es el resultado de un trabajo riguroso con expertos, sindicatos, y Parques Nacionales, y reconoce el sacrificio diario que implica proteger nuestros ecosistemas. El senador Fabián Díaz también intervino. “Los guardaparques son fundamentales para la conservación. Más que un trabajo, es un estilo de vida que implica sacrificios inmensos en territorios remotos”.

El proyecto contempla, entre otras medidas, el reconocimiento de dos primas especiales, la creación de una Escuela de Guardaparques, condiciones específicas de pensión y permanencia en zonas protegidas, y fue aprobado por unanimidad.

Adicionalmente los legisladores de esta célula discutieron y aprobaron por unanimidad el Proyecto de Ley No. 197 de 2024 Senado, orientado a elevar a rango legal las labores de los gestores sociales. Esta figura, frecuentemente asociada a primeras damas y otros actores sociales, cumple funciones comunitarias y de representación sin reconocimiento formal.

El senador Miguel Ángel Pinto, coordinador ponente de la iniciativa, explicó que “este proyecto no busca convertirlos en funcionarios ni otorgarles remuneración, sino darles un marco legal que permita su actuación social y protocolaria con respaldo normativo” y la senadora Marta Peralta, también ponente, subrayó que este proyecto busca además regular lo que pueden y no pueden hacer quienes ejercen la gestión social.

Frente a preocupaciones por el uso del término “función” dentro del articulado, se acordó revisar si deberá ser modificarlo por “labor”, atendiendo a las observaciones de la senadora Norma Hurtado, quien advirtió que “sin un cargo formal no puede hablarse de función, y es clave evitar malentendidos jurídicos”.  No obstante, el senador Wilson Arias propuso consultar con Función Pública el uso correcto de los términos. El proyecto fue enriquecido con proposiciones que introducen principios éticos, reconocimiento simbólico, el concepto de viáticos con topes definidos, y programas de capacitación para quienes ejerzan estas labores.

En el transcurso de la jornada, también se dio debate al Proyecto de Ley No. 263 de 2024 Senado – 128 de 2023 Cámara, que busca crear el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. Este proyecto responde al mandato del artículo 216 del Plan Nacional de Desarrollo y al punto 1.3.4 del Acuerdo Final de Paz, y plantea una articulación efectiva entre los actores estatales y las comunidades.

La senadora Marta Peralta Epieyú, coordinadora ponente del proyecto expresó: “Sabemos que a través de estas iniciativas se pueden fortalecer las políticas públicas dirigidas a eliminar el hambre en todo el territorio nacional, pero sobre todo que se garantice el derecho a la alimentación como un derecho humano”.

A su turno, la senadora Lorena Ríos Cuéllar destacó: “Estamos dando cumplimiento a una necesidad urgente: el fomento del derecho humano a la alimentación. Las instancias que acompañen este derecho deben ser coherentes y funcionales, no elefantes paquidérmicos que impidan su avance”. Tras debatirlo y revisar las proposiciones, los honorables Senadores acuerdan votar el articulado, salvo el artículo 7, que será discutido y votado en la siguiente sesión, los artículos votados fueron aprobados por unanimidad..

La Comisión Séptima continúa su labor legislativa con enfoque social, construyendo herramientas jurídicas que permiten avanzar en la garantía de derechos, el reconocimiento del trabajo en territorios y la promoción de una sociedad más justa.