Corte Suprema, Fiscalía y Ministerio de Justicia,autores de la iniciativa, manifestaron que buscanrestaurar el equilibrio, la oportunidad y la eficacia de la justicia penal.

Por: Karen LisetheMadera Castro 

Bogotá D.C,noviembre 13 de 2024 (Prensa Senado) La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debateproyecto de ley de reforma que busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y asegurar en todo momento los derechos de las víctimas.

El senador Ariel Ávila, partido Alianza Verde, uno de los ponentes, manifestó que esta reforma busca abreviar el paso por el sistema judicial, restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, Según el congresista, también busca estimular la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales de los mecanismos de terminación anticipada.

“Busca garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral y justicia. En el sistema jurídico colombiano más del 70% es cifra negra, está colapsado por el 25% de los delitos que llegan al sistema”, dijo.

Agregó, “nuestro sistema penal acusatorio que empezó a regir desde el 2004 muy parecido al modelo gringo, es adversarial y se basa en una justicia negociada y en la lógica de hacer todo rápido para que le resuelvan rápidamente a los ciudadanos. Hemos tenido 67 reformas hasta hoy”.

Por su parte, el senador German Blanco, Partido Conservador, manifestó que el país está exigiendo una gran reforma integral a la justicia, “lo que se está presentando es una reforma a un articulado a la justicia premial, a la justicia de beneficios, a la negociable, no la vendan como una reforma a la justicia porque estamos equivocados, la reforma es más amplia”, indicó en su intervención.

“Estamos confundiendo capacidad institucional con necesidad social. A mí me sigue dando pena que nosotros beneficiemos a los terroristas en Colombia, un país con la problemática que tiene, la disculpa no puede ser que entonces beneficiemos a quien se acerque a la justicia y nos cuenta una actividad delictiva conexa al terrorismo,”, agregó el Senador conservador.

La iniciativa es producto de un proceso de discusión y concertación con distintos sectores para lograr un articulado que propone cambios estructurales, mediante los cuales se restituye el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio, se disminuyen los tiempos de los procesos y se optimiza el funcionamiento del aparato judicial.

El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004 para potenciar las actuaciones a través de la justicia premial, pero que ha ido sufriendo modificaciones aumentando las restricciones a figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.

Contrario al ideal de las soluciones ágiles y consensuadas de los procesos como regla general, actualmente solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal son resueltos por mecanismos de terminación anticipada.

Con la reforma se busca revertir esta situación para que un mayor porcentaje de casos pueda resolverse de manera rápida y eficiente, sin llegar a juicio, como es la tendencia en los modelos penales internacionales, y así, también, evitar prescripciones, vencimientos de términos y la revictimización a las personas afectadas por los delitos.

Más reacciones

“Considero que una reforma que solucione agilidad que es lo que pide la gente, es una verdadera reforma la justicia. Hubiera preferido que se hiciera una norma general para devolver en principio lo que debiera ser el código penal, que la gente tuviera los descuentos normales por aceptación de penas, para todos”: Senador Alejandro Chacón, Partido Liberal.

“Esta reforma a la justicia contiene varios puntos polémicos, pero celebro que por fin empecemos a resaltar en el contenido de la misma, las realidades. En esta reforma a la justicia encontramos que un bandido puede cometer un delito lograr una extinción penal y 5 años después volver a cometerlo y volver a lograr beneficios, esto se debe modificar”: Senador Jonathan Pulido, Alianza Verde.

“Este proyecto puede ayudar de manera significativa a solucionar los problemas de congestión y de impunidad que enfrenta el sistema procesal penal colombiano. Permitir y estimular los mecanismos de justicia premial para estos casos, representa que un grupo importante de delitos puedan terminar por la vía abreviada o anticipada. Este proyecto también le va a permitir a los jueces de la república y a los fiscales, generar su esfuerzo mayor de investigación y juzgamiento en otro tipo de delitos”: Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

“En Colombia la indemnización integral no es solamente económica, sino que requiere 3 elementos fundamentales desde el derecho internacional: verdad, justicia y reparación. El sistema acusatorio le apuntó a estos mecanismos de principio de oportunidad y preacuerdo, que no son impunidad. Estamos avalando una pretensión de que el sistema penal funcione en un plazo razonable, que es un derecho humano traído por la Convención Americana y con derecho de las víctimas”, ministra de Justicia, Angela Buitrago.

En un debate de control político, en la Comisión Tercera del Senado, el presidente Efraín Cepeda, denunció que la demora en la expedición de licencias ambientales, afectan la construcción de obras para generar más energía a bajos costos.

Por José Arévalo

Bogotá, noviembre 13 de 2024. (Prensa Senado) A instancias de la Comisión Tercera del Senado de la República se cumplió un debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al titular de la cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre la crítica situación que afronta la región caribe colombiana por la prestación de los servicios de energía eléctrica.

La citante fue la senadora del Partido Liberal colombino Karina Espinosa, quien hizo amplia disertación sobre el tema, llamado la atención del gobierno nacional en el sentido de que las comunidades de esa región de Colombia, en un futuro inmediato, deberán “decidir entre pagar las facturas de electricidad o comprar mercado para subsistir”.  

La senadora informó que la situación que se vive en departamentos como Córdoba, Magdalena, Sucre, Bolívar y Atlántico es de alto riesgo por el constante deterioro en la prestación del servicio que afecta, principalmente poblaciones de muy bajos recursos económicos lo mismo que a instituciones educativas, clínicas y hospitales.

Denunció que generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y toda la cadena está “plena de problemas provocando el cobro de tarifas altísimas para usuarios, que en muchos casos son impagables”.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, criticó la actitud del gobierno nacional, frente a tan delicado tema, porque, según sus palabras, influye negativamente entre la población obstaculizando su competitividad, “el bolsillo y deteriorando la calidad de vida”. Denunció que el Ejecutivo nombró un interventor, “pero ese personaje se convirtió en interventor político desatendiendo sus funciones originales frente a las comunidades”.

Imelda Daza, senadora del partido Comunes pidió juego limpio en el debate, denunciado que AFINIA, una de las empresas que presta el servicio de energía eléctrica en el Caribe, abusa con los habitantes de la región. Dijo que, con justificaciones “gaseosas, todos los domingos o días festivos suspenden el servicio por supuestas reparaciones del sistema”, pero insistió que la interrupción se debe a ahorro de energía por parte de la empresa, mientras que las facturas “son altas y nunca reflejan bajas en sus costos”.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, e integrante de la Comisión Tercera y quien pertenece al Partido Conservador colombiano, también hizo una amplia exposición sobre la crisis del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe Nacional, revelando que los retrasos en la expedición de las licencias ambientales impiden la construcción de proyectos que demoran hasta tres o cuatro años “y mientras tanto la gente sufre esas implicaciones negativas por el mal servicio de energía”.

Señaló que en la costa solo hay una hidroeléctrica, que es la de URRA y que las demás termoeléctricas generan energías costosas, “precios difíciles de cubrir por las comunidades de la región, cuyos ingresos, generalmente, provienen de economías informales”.

Javier Campillo, viceministro de Minas y Energía, respondió que desde FINDETER se ha generado un portafolio de crédito para empresas comercializadoras de energía con el objeto que puedan responder y funcionar frente “a la opción tarifaria y garantizar de esta manera los servicios de energía eléctrica en la Costa Norte de Colombia”.