Una de las apuestas de la entidad es la implementación de la carrera administrativa en Colombia en el orden territorial local. 

Bogotá, D.C. septiembre 2 de 2020.-(Prensa Senado).-Atendiendo la citación de control político por parte de la Comisión Séptima del Senado, el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Frídole Ballén Duque, presentó los cuatro últimos informes trimestrales de gestión dando cumplimiento al Art. 12 de la ley 1033 de 2006.

Ballén precisó que, desde su creación, la entidad ha ofertado 245.106 vacantes del total de los empleos de carrera que conforman las plantas de las entidades públicas, aclaró que el sector público está integrado por cerca de 1.300.000 servidores. Informó que de las vacantes ofertadas durante todos los procesos de selección se han provisto 157.239 vacantes, lo cual representa la entrada de nuevos servidores a la carrera administrativa.

Precisó, que en este momento la CNSC ha publicado 22.484 listas de elegibles, aclarando que dentro de las 5.300 entidades que están sujetas a la administración y vigilancia de la comisión, 3.744 entidades han ofertado vacantes en procesos de selección. Teniendo en cuenta lo anterior, evidenció que 1.500 entidades no han estado en estos procesos, ubicándose principalmente en municipios de 4, 5 y 6 categoría de Colombia. Ante esta situación, su propuesta la enfoca en realizar la implementación de la carrera administrativa en Colombia en el orden territorial-local. ¨Se podría estar hablando entre un 65 y 70% de empleos provistos a través de la figura de la provisionalidad administrativa¨, dijo el funcionario.

Resaltó que con corte a junio 30 de 2020 se tienen 17.330 listas elegibles vigentes, -149.455 ciudadanos las conforman y están en espera de una oportunidad para cubrir alguna vacante que pueda generarse por retiro del servicio o por ampliación de la planta-. Así mismo, aclaró que estas listas vigentes corresponden a 604 entidades que han participado en estos procesos de selección, dentro de las cuales encontramos entidades del orden nacional y territorial. Frente a los procesos de selección explicó que la entidad trabaja en tres fases: una de planeación, otra de ejecución del proceso y la de vinculación de los servidores a las entidades.

Retomo una inquietud expuesta por parte de la Comisión Séptima del Senado en sesiones anteriores, frente a los costos de los procesos de selección. Inquietud que resolvió presentando las acciones que desde la CNSC se adelantaron a través del modelo de convocatorias agrupadas, del diseño de pruebas con cuadros funcionales, de la incorporación de tecnología de la información y la agrupación de empleos. De esta manera, explicó que lograron bajar sustancialmente los costos de los procesos de selección de las entidades que pasó de 6 millones por vacante, a tres millones quinientos mil o menos, dependiendo del número de vacantes que se oferten en un proceso.

El presidente de la CNSC, exaltó que en Colombia el mérito si existe, dijo que este proceso es un instrumento de eliminación de barreras de acceso y cualquier tipo de discriminación para mujeres, para hombres, para personas que superan los 40 años y para las personas en situación de discapacidad.

Con respecto al estado de las convocatorias con corte a junio 30 de 2020, la entidad informó que hay 18 en proceso de ejecución en la CNSC, con 48.153 vacantes ofertadas. Aclaró, que a pesar de que dentro de estos había unos procesos demandados y por ende suspendidos en su momento, a la fecha se superaron y no se tienen problemas judiciales.

Frente a la emergencia del Covid-19, el funcionario explicó que debieron aplazar las fases de reclutamiento de las convocatorias aprobadas, como las pruebas masivas escritas para evitar contagios de Covid 19, dando cumplimiento a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Precisó que se encuentran a la espera de poder dar continuidad a las convocatorias aplazadas que tienen 6.817 vacantes y poder dar vía a las convocatorias que no han podido iniciar y que dan lugar a 4.539 vacantes. Dentro de las convocatorias con afectación parcial por la emergencia sanitaria se encuentran pendientes 15.696 vacantes.

Los retos que se propone la entidad están enmarcados en avanzar en las pruebas escritas informatizadas, un modelo automatizado de acreditación de las IES, la automatización de las listas de elegibles, ofertar 14.412 nuevas vacantes de empleo, apenas se levanten los decretos producto de la emergencia por Covid-19, entre otros.

Tras la presentación del presidente de la CNSC, la Senadora Milla Romero, precisó que las estrategias de la CNSC en este cuarto trimestre de 2020 son fundamentales para poder disminuir la tasa de desempleo y poder contribuir con la reactivación económica post-pandemia. De otra parte, hizo un llamado al cuidado frente a la filtración de pruebas escritas en procesos de selección como lo sucedido en el año 2019 afectando la transparencia del proceso.

La senadora Victoria Sandino, hizo un llamado a la institución para fortalecer la transparencia en los concursos y así evitar la inconformidad de los ciudadanos frente a los procesos. De otra parte, pidió verificar la convocatoria en Córdoba, ya que, según información dada a la senadora, los docentes seleccionados no eran del territorio.

Por su parte el senador Honorio Henriquez, expresó su inquietud frente al incremento marcado en las quejas de los empleos de carrera administrativa, alcanzando 343 quejas en el segundo trimestre del 2020 frente a 213 del primer trimestre del año anterior. Con respecto a la convocatoria 435 de 2016 CAR/ANLA y la convocatoria 337/2016 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el senador pregunta si hay decisión del consejo de estado frente a la medida cautelar de suspensión de la convocatoria.

La senadora Aydeé Lizarazo Cubillos, resaltó la presentación realizada por el presidente de la CNSC, de otra parte, hizo un llamado frente a los 4.600.000 desempleados en el sector privado, cifra que para la senadora muestra el tamaño de la afectación de la Covid19. Fue enfática en determinar el gran reto que tiene para la pos-pandemia la función pública, y en el caso de la CNSC, la de generar confianza en lo público. Pidió también dadas las circunstancias reinventarse para la continuidad de los procesos de selección y convocatorias de manera virtual, para así poder aportar a la reactivación económica desde la generación de empleo sobre todo en las regiones. Resaltó también la vinculación laboral al sector público de personas en situación de discapacidad.

Frente a las convocatorias, el senador Manuel Bitervo Palchucan preguntó si hay convocatoria para maestros indígenas teniendo en cuenta el enfoque diferencial.

Dando respuesta a las inquietudes de los senadores, Ballén precisó que los procesos de selección toman de un año a año y medio. Frente a las listas de elegibles por mandato legal están referidas a la misma entidad. Con respecto a los nuevos procesos de selección debido a la crisis ocasionada por la pandemia, la Comisión se ve obligada a aplazar por un semestre.

A la inquietud del incidente de filtración de pruebas dijo que en 15 años sólo se ha presentado un caso y se tomaron las medidas pertinentes solventando la situación. En cuanto a las acciones judiciales, reiteró que el 95% de las acciones de tutela son falladas a favor de la entidad. Con respecto a los docentes de Córdoba, el funcionario dijo que cerca del 80% que aprobaron las pruebas son nacidos en el departamento y el restante son vecinos del departamento de sucre. El presidente cerró su intervención con la explicación de que la CNSC carece de competencia para proveer empleos en las comunidades indígenas y preciso, que estos docentes deben acceder por sistema de mérito, de acuerdo a sentencia proferida por la Corte Constitucional.

La Comisión Séptima del Senado también aprobó la proposición presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, para adelantar control político a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Lina María Arbeláez, ante posibles irregularidades administrativas en las direcciones los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Sucre y Atlántico.

Se propone mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Asofondos para revisar las cifras y el posible impacto fiscal de esta iniciativa.

Bogotá,D.C. 2 de septiembre de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Séptima adelantó el foro “cambio de régimen pensional”, con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, delegada del Ministerio de Hacienda, representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, centrales obreras, Colpensiones y miembros de la academia.

El objetivo de este foro además de socializar la iniciativa, garantizar el traslado de afiliados entre fondos de pensiones, se desarrolló entre el análisis y debate con las partes interesadas frente a los alcances legales, financieros y sociales del mismo. La propuesta legislativa plantea que los colombianos que estén a menos de 10 años para pensionarse puedan cambiarse de régimen si cumplen con los requisitos de ser mayores de 52 años, para los hombres, o mayores de 47 años, para las mujeres, y haber cotizado un mínimo de 750 semanas, un beneficio que actualmente está prohibido y que podría favorecer a más de 400 mil colombianos.

“Con esta iniciativa el Congreso de la República tiene la oportunidad de brindarle a todos los colombianos que están a punto de pensionarse y que no contaron con la doble asesoría en el término establecido, el poder remediar una mala decisión tomada por falta de información”, afirmó la senadora Nadia Blel, ponente de la iniciativa. Quien a su vez hizo un llamado frente al costo que está asumiendo tanto el país con los procesos que generan detrimento al estado, como el costo para los afiliados por hacer efectivo su derecho a pensionarse.

En el mismo sentido, el representante a la Cámara Juan Carlos Wills, autor del proyecto de ley, indicó que con este se busca poder resarcir el error del sistema pensional que impidió que durante más de 20 años se tuviera acceso a una decisión informada, "No protegimos a nuestros pensionados", y también concluyó que por vía judicial el impacto fiscal sería mayor, ¨No hay megapensiones, no es para los más ricos. Se está legislando en justicia social¨, precisó.

Por su parte, el senador citante, Gabriel Velasco Ocampo, invitó a realizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Asofondos para revisar las cifras y el posible impacto fiscal de esta iniciativa.

Para el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, este proyecto de ley llama su atención porque básicamente modifica laLley 797 del año 2003. ¨El proyecto propone el traslado de un fondo a otro, es claro que connota un impacto fiscal porque es pasar del régimen de ahorro individual a un régimen de prima media en donde el estado subsidia, hay un impacto fiscal y eso no se puede negar y así debe ser¨, precisó el Ministro.

Otro punto que informa el jefe de la cartera es con respecto al trabajo que vienen adelantando con Colpensiones frente a los cerca de 34.230 procesos con corte a abril 30, de estos Colfondos tiene 6.343; Porvenir, 17.692; Protección, 8.795 y Skandia, 1.400. Dijo que de estos procesos un 95% se pierden generando altos costos a la nación.

Sin embargo, el Ministro, al igual que la delegada del Ministerio de Hacienda, llamó la atención frente al cuidado que se debe tener con las personas que hoy están en el régimen de ahorro individual por el retorno financiero que ellos pueden recibir cuando tengan el equivalente a 1.150 semanas. Si pertenecen al régimen de prima media el equivalente es de 1300 semanas, y cuando ya están cerca de una pensión, sería delicado cambiarse, precisó.

De otra parte, el Ministro destacó la importancia de la doble asesoría para que el ciudadano tenga claro si puede o no trasladarse. Ratificó que su cartera está preparada para asimilar conjuntamente con Colpensiones, estos traslados siempre y cuando se realicen con un régimen de transición como se viene proponiendo. Reiteró que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda. Fue claro en mencionar que trasladarse de un régimen individual a uno de prima media tiene un impacto fiscal. Esta decisión la debe tomar el Congreso.

Maria Virginia Jordán delegada del Ministerio de Hacienda, esta medida traería costos asociados a los subsidios que otorga el régimen de prima media con prestación definida a las personas de más altos ingresos. Según información de la Superfinanciera con corte al año 2018, identifica a los potenciales individuos que estarían cobijados por esta norma, los cuales podrían ascender a 478 mil personas. La funcionaria precisó que hay ciudadanos a los que les conviene el traslado y hay otros a los que no. Así mismo informó que esto generaría un nuevo escenario fiscal, de acuerdo al valor neto de las obligaciones causadas por este proyecto de ley, el cual se estima en 34,2 billones de pesos.

Fondos de pensiones y la academía expresaron su opinión

Voces en contra y a favor se dieron durante el desarrollo del foro en donde los representantes de los fondos de pensiones privados y la academia, centraron su discusión alrededor de la conveniencia o no para los ciudadanos de someterse a los 10 años antes de la pensión, catalogada como una restricción, la cual , según ellos es incierta ante la imposibilidad de saber 10 años antes qué régimen le puede beneficiar.

Así mismo, visibilizaron el gran costo fiscal que ocasionarían estos traslados, definen que al aumentar el déficit de aquí en adelante y aumentar la deuda pública generarían un efecto fiscal. Otra de las críticas se centró en que se dirige el gasto público a quienes menos lo necesitan.

De otra parte, académicos señalaron que este proyecto lo que busca es corregir el problema que suscitó la falta de asesoría que evidenciara los pro y contra de pertenecer a un régimen pensional. Enfatizaron que con este proyecto se está dando libertad para entender y tomar el régimen que mejor le convenga al ciudadano, es un proyecto que habilita el traslado. Dejan en claro que esta no es una reforma estructural de la reforma pensional. Algunos consideran que de no aprobarse este proyecto se tendría que asumir un costo moral, económico y psicológico para quienes en un futuro quieran hacer un traslado.

Al cierre del foro, el citante del mismo, el senador Gabriel Velaso concluyó que las recomendaciones y observaciones que se presentaron serán estudiadas con detenimiento y tenidas en cuenta para que la Comisión realice el debate de este proyecto de ley en beneficio de los pensionados en Colombia.