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Comisión Cuarta molesta por incremento de tarifa de energía y falta de gestión en proyectos de interconexión

Senador Mario Alberto Castaño, presidente de esa célula legislativa, pide renuncia al director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, Rafael Andrés Madrigal.

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Con la insistente inquietud por parte de los legisladores respecto al incremento que ha tenido la tarifa de energía eléctrica y la falta de gestión en los proyectos de interconexión se adelantó la sesión virtual de la Comisión Cuarta, con la presencia del director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, Rafael Andrés Madrigal, y la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño.

Al respecto, Rafael Madrigal afirmó que la dirección de Energía Eléctrica tiene cuatro encargos para su desarrollo y ejecución, estos cuatro consisten en la administración de cinco fondos, de los cuales tres tienen que ver con electrificación rural y normalización de redes y dos de ellos con subsidios eléctricos en Colombia. El primer fondo de la dirección de recursos, es el grupo de subsidios, que administra al año entre 2 y 2.5 billones de pesos, que representan el 95% del fondo de solidaridad y redistribución del ingreso. El segundo fondo administra dos fondos de electrificación y otro de normalización de redes.

1. Fondo FAZNI, dedicado a la electrificación en zonas no interconectadas.
2. Fondo FAER está dedicado a financiar proyectos de alto costo en zonas rurales.
3. Fondo PRONE financia proyectos de normalización de redes eléctricas.

También explicó que los presupuestos anuales para cada fondo se manejan así:

1. El presupuesto del fondo FAZNI ronda entre los 110.000 millones de pesos anuales. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $197.336
2. El presupuesto del fondo FAER ronda entre los 140.000 millones de pesos anuales. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $204.724
3. El presupuesto del fondo PRONE entre los 50.000 millones. Del 2019 hasta hoy se han ejecutado $70.430

Además, el Director de Energía del Ministerio de Minas informó las metas que estos fondos tienen para este período legislativo. En Colombia hay aproximadamente unos 540.000 usuarios sin servicio de electricidad y la meta es lograr 100.000 usuarios nuevos que cuenten con el servicio, esto con recursos públicos y otros 80.000 con recursos privados.

Por otro lado, Madrigal explicó la necesidad de implementar energías renovables para alcanzar una mayor cobertura, al señalar que se ha logrado estructurar 35.000 nuevos usuarios en Colombia en zonas rurales con fondos del IPSE.

También explicó que el Fondo de Solidaridad cubre el 60% en estrato 1, 50% en el estrato 2 y el estrato 3 hasta el 15% de subsistencia. Este Fondo de Solidaridad tenía un déficit de casi 900.000 millones de pesos, pero el Gobierno logró convertirlo en deuda pública y se pagó en el primer semestre del 2019.

 Cuestionamientos de senadores

Los senadores, por su parte, cuestionaron incrementos tarifarios y quejas del servicio de energía del país. El primero en intervenir fue el congresista del Partido de la U Juan Felipe Lemus, quien sostuvo que esta Comisión siempre ha respaldado todas las inversiones para la ejecución de proyectos eléctricos. “Nos preocupa que estos proyectos no se estén materializando. Esa transparencia en vez de generar eficiencia lo que está es debilitando la institucionalidad para que estos recursos lleguen a las regiones”. Hizo un llamado a la revisión de los contratos interadministrativos.

 También tuvo su exposición Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, quien explicó que la Superintendencia el 16 de marzo formuló unas recomendaciones con el fin de seguir garantizando el cubrimiento del servicio a todos los colombianos. También expidió una circular a los prestadores de servicios públicos, solicitando guardar las medidas de bioseguridad necesarias en la prestación del servicio.

 Con respecto a las quejas que se han recibido con respecto a las mediciones por promedio, afirmó que se identificaron algunas empresas que habían tomado la decisión de acudir a este tipo de medición que si bien está autorizada en la Ley 142, artículo 146, se establece que solamente se puede acudir a este tipo de medición si el prestador demuestra problemas para acceder al sistema tradicional de medición. Afirmó que se le envió notificación a estas empresas prestadoras de servicio que solamente en casos extremos pueden acceder al tipo de medición por promedio. “Le enviamos solicitudes de información sobre cómo ejecutaron la medición y en caso de usar la de promedio respaldarlo con las necesarias pruebas que les autorizan hacerlo”.

 “Hemos hecho nuestras respectivas labores de vigilancia a las empresas prestadoras de servicios públicos, verificando que se cumpla con los protocolos para proteger al consumidor. El consumo ha aumentado significativamente y estamos velando para que los canales de atención de la Superintendencia estén abiertos para todos los usuarios con el fin de escucharlos y proteger sus derechos”, aseguró la Superintendente.

 Por su parte, los senadores del Partido Conservador Myriam Paredes y Carlos Meisel coincidieron en manifestar que el incremento de las tarifas de energía no es sinónimo de mejora en el servicio. La senadora nariñense abogó por una pronta solución, con la responsabilidad de la electrificadora de Nariño, en el proyecto de interconexión del Cauca y Nariño. Y el congresista Meisel sostuvo que espera que este nuevo proceso de servicio en el Caribe va a mejorar, con sus dos nuevos operadores.

Realidad en regiones, es diferente

 Para el legislador Israel Zúñiga, del partido Farc, dijo que más allá de las explicaciones técnicas expuestas por el director de Energía, “la cruda realidad de las regiones es totalmente diferente, para la muestra el andén Pacífico y en especial el departamento del Choco, en donde en este momento en Quibdó, el 35 por ciento de la ciudad está sin energía eléctrica”.

 En el mismo sentido se pronunciaron los senadores John Milton Rodríguez, Colombia Justa y Libres, y Carlos Abraham Jiménez, Cambio Radical, quienes manifestaron su preocupación por la falta de interconexión eléctrica frente a las expectativas y las metas. Así como la falta de gestión a la hora de concretar los proyectos o dejar vencer las licitaciones.

 Así mismo, el congresista conservador Samy Merheg mostró su preocupación por los incrementos en la tarifa de servicios de energía, como el de generación de energía. “No podemos seguir mandando un mensaje que en medio de esta emergencia, toda esa gente que está confinada en su casa le vamos a subir el precio por kilovatio, que nos den respuestas a esas quejas que se están recibiendo de todas la regiones del país, cómo lo vamos a resolver. No puede ser que estemos dejando recursos sin ejecutar, pensando que la prioridad es un nuevo esquema para dar mayor transparencia, la transparencia absoluta es que se ejecuten”.

 El legislador Juan Luis Castro, de Alianza Verde, pidió especial atención para departamentos como el Cauca o el Chocó que están muy rezagados en materia de prestación de servicios, lo cual es muy grave especialmente en momentos de crisis. Se preguntó qué está haciendo la Superintendencia para controlar el cobro de las tarifas en las zonas menos favorecidas. Propuso subsidiar las tarifas para algunos hospitales.

 El senador Wilson Arias, Polo Democrático, rechazó que la solución que le dio el Gobierno al tema de Electricaribe haya sido la mejor. Lamentó que se estigmatice a la zona de la costa caribe asegurando que allí prevalece la corrupción mientras que en Bogotá no pasa nada. “Habría que recordar que los mayores hechos de corrupción pasan en Bogotá”, aseguró. Cuestionó los argumentos del Ejecutivo para explicar los incrementos tarifarios en los servicios públicos. Expresó sus dudas sobre el actuar de varias generadoras de electricidad y puso como ejemplo a la estadounidense Enron para alertar sobre cómo una empresa puede ‘estafar’ a un país a través de la especulación.

 El senador conservador Laureano Acuña cuestionó a la Superintendente de servicios públicos sobre las explicaciones técnicas que da esa dependencia para justificar los incrementos tarifarios. Alertó sobre la supuesta intención del Gobierno de reducir los subsidios a los ciudadanos menos favorecidos en respuesta a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. “Si esto es cierto sería muy grave para el país”.

El senador Miguel Amín, partido de la U, reconoció la gestión del Gobierno para solucionar el problema de Electricaribe. Sin embargo, lamentó que no se haya sido igual de eficiente para responder al incremento tarifario en momentos de crisis. Pidió ejecutar los recursos que sean necesarios para modernizar la generación eléctrica especialmente en las zonas con infraestructura más rezagada.

 El presidente de la Comisión Cuarta, Mario Alberto Castaño, partido Liberal, manifestó su incomodidad con el Director de Energía por la respuesta tardía a los cuestionamientos e inquietudes manifestadas por el Congreso. Lamentó que el Director de Energía ni siquiera sepa quiénes hacen parte de la Comisión Cuarta. “Apenas ayer respondió con un informe de 800 páginas con la intención de confundir. A quién pretende engañar en temas como querer disfrazar asignaciones con ejecuciones”. Le recordó al funcionario que los miembros de la Comisión Cuarta están capacitados para entender las diferencia y saber que hay un gran déficit en materia de ejecución. Dijo que la gestión de Madrigal no se puede calificar de otra manera sino como “mediocre”.

Inconformes con respuestas

 Finalmente, los senadores Lemus y Jiménez se declararon inconformes con las respuestas dadas por el funcionario del Ministerio de minas y solicitaron que se cite a la jefe de la cartera de Minas, frente a la opción de privatizar estos fondos para entregárselos a uno o dos proveedores. Según el senador Laureando Acuña existe un estudio en el Ministerio de Minas de una misión del Banco Mundial, donde se recomienda la eliminación de los subsidios para los menos favorecidos en el país.

 El Presidente de la Comisión pidió la renuncia del director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, por la irresponsabilidad de sus respuestas.

 En respuesta a las quejas de los senadores, Madrigal aseguró que la Dirección de Energía del Ministerio de Minas ha sido responsable en la protección de los recursos públicos y que de los 100.000 usuarios que fue la meta en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, hoy se tiene el 98% de la meta, pues hay 98.200 usuarios nuevos recibiendo el servicio. En 18 meses de esta administración se ha avanzado satisfactoriamente.

 “Con respecto a los recursos de privados nos hemos puesto la meta de otros 80.000 usuarios nuevos, meta que ningún otro Gobierno ha logrado. Hemos identificado bastantes posibilidades de mejora en la prestación del servicio a través de los privados que tienen la experiencia también en otros países de Latinoamérica”, afirmó Madrigal. También explicó que el control en la construcción de infraestructura no puede estar en manos del controlado y por eso se han identificado que se debe tener una interventoría adecuada y transparente, contratada por el dueño de los recursos, no por el que ejecuta.

 Afirmó que esta administración está diseñando medidas para la distribución de los subsidios, con la opción de verificar si el servicio fue prestado. La Dirección está enfocada en supervisar que los usuarios en sectores vulnerables estén recibiendo el servicio de electricidad y que el Ministerio de Minas y Energía está en el diseño de lo que debe ser la máquina de electrificación del futuro.

 Por último, Madrigal explicó que FENOGE es un fondo que empezó a funcionar desde el 2017 enfocado en generar fuentes no convencionales de energía. Estos le dejan toda la iniciativa a los sectores para la generación de proyectos. Este Fondo no está bajo la administración del Ministerio de Minas y tiene su administración independiente.

La superintendente Natasha Avendaño también respondió a las afirmaciones de los senadores de la Comisión, explicando que sí se han recibido todas las quejas de los usuarios durante el tiempo del aislamiento obligatorio y que la totalidad de trámites que se recibieron en marzo fueron 16.448; en febrero, 17.826 tramites; “en todo el tiempo del aislamiento obligatorio llevamos 22.435 trámites y solicitudes atendidas”.

 Según dijo, se han impuesto sanciones a empresas prestadoras del servicio de energía y hasta el momento se ha sancionado dos veces a IPAC, por calidad de servicio. La primera fue en 2019 por 1.563 millones de pesos y la segunda en febrero de 2020, por 1.100 millones de pesos.

A partir del 14 de abril, como está consignado en la circular expedida por parte del Gobierno Nacional, donde se establecieron unas medidas para evitar que la tarifa aumente de manera desmedida. Todo incumplimiento que se de a esta transición tarifaria tendrá sanciones. La razón del aumento del costo de las facturas se debe a los retrasos en los costos de infraestructura y la situación de falta de ejecución de obras en los sectores donde se tenía presupuestado. Estamos adelantando las investigaciones respectivas con respecto a los incumplimientos de las empresas prestadoras del servicio.

Desde el 23 de marzo se han realizado 26 vuelos humanitarios de repatriación de colombianos

La cifra la entregó el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, ante la Comisión Sexta, donde se analizó la situación del sector aéreo en medio de la pandemia.

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Sexta se reunió virtualmente con el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, y con los representantes de diferentes aerolíneas, con el fin de analizar y debatir la situación de este gremio durante la crisis por la pandemia del Covid-19.

El Director de la Aerocivil presentó en su intervención un informe de las medidas que se han manejado durante el aislamiento preventivo. Respecto a los servidores públicos de esa entidad informó que se ha venido adoptando documentos técnicos, “dirigidos a nuestro personal misional de información aeronáutica, extinción de incendios, control de tránsito aéreo, técnico de soporte, técnico para atender esta contingencia”, dijo.

Desde el 23 de marzo se han llevado a cabo 26 vuelos humanitarios de repatriación de colombianos. “El procedimiento para el transporte con fines humanitarios, de repatriación, ambulancias aéreas y mensajería humana que transportan progenitores hematopoyéticos se encuentra publicado en la página web de la Aerocivil”.

Salazar afirmó que se espera una disminución del 34% en ingresos corrientes del año 2020. “Proyectamos una caída cercana de los 468 mil millones de pesos, una disminución del 34% de los ingresos que teníamos previstos para este año”.

La Aereocivil ha venido adoptando al interior medidas para revisar la programación presupuestal y diferir alguno de los gastos y proyectos que previstos para este año y precisamente lograr atender esa situación de déficit, “Los gastos de funcionamiento de la Aeronáutica Civil se encuentran garantizados, esto es esencial para garantizar el funcionamiento del mismo sector y en este orden de ideas esperamos que la Aeronáutica Civil este año pueda responder a las necesidades en esta fase tan crítica que vive la aviación colombiana”, puntualizó.

Dentro de las medidas de alivio para la industria aérea, expresó que se adoptó una especie de excepción en el tema de cumplimiento en los slots aeroportuarios, en las tasas de parqueo de aeronaves para todas las empresas que dejaban sus flotas en tierra y el aplazamiento de impuestos de timbre.

 

“El Gobierno nacional viene implementando medidas que además de ser transversales también algunas de ellas son enfocadas en nuestro sector, en el Decreto 461, por ejemplo, cambia el calendario de pago de IVA”, dijo.

 

En relación con el plan de conectividad esencial para la aviación civil, aseguró: “Lo que nosotros prevemos es que la reactivación del transporte aéreo se dará de manera progresiva y que se desarrollará con base en unos principios, en los cuales las personas son lo más importante. Desarrollaremos una reactivación de cualquier operación aérea con principios como la responsabilidad, viaje responsable y la comunicación”

Según Salazar, el plan de conectividad esencial se ha diseñado sobre la base de unas etapas, la inicial de activación selectiva que básicamente plantea la reactivación de operaciones principales en el país. Hemos creado un concepto que denominamos slots sanitarios en el plan de conectividad, que básicamente lo que busca es que se balancee la capacidad que tiene un aeropuerto de procesar cierto número de vuelos por hora, garantizando que las medidas de bioseguridad y distanciamiento social se están cumpliendo”.

Con los protocolos de bioseguridad dijo: “Venimos trabajando con el Ministerio de Salud y tenemos por fases como nosotros vamos a cuidar al pasajero, antes y durante el vuelo, en el desembarque”.

A su vez, Andrés Uribe, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, señaló durante el debate que las pérdidas del sector en el país estarían en el orden de los USD $3.500 millones y agregó que “este sector genera 2,7 del PIB, siendo dinamizador de la economía y contribuyendo al flujo de comercio, inversión y formación de capital”.

De acuerdo con Uribe, 285.000 empleos pueden estar en peligro si no se hace nada, “ya se han hecho algunas cosas importantes, pero definitivamente es un sector que de no pasar las siguientes fases, pues es un sector que va a poner en riesgo todos estos empleos y el PIB. Estamos hablando de dos fases importantes y una es de sobrevivencia y después una fase de recuperación para esta fase de supervivencia la liquidez es el factor esencial”.

 

Para el representante de Avianca, Anko Van Der Werff, este es un momento único para la industria, el mercado va a cambiar, “cuando está crisis termine tenemos que reinventarnos para salir adelante, tenemos el reto de volar dando seguridad y confianza a nuestros clientes mientras luchamos por ser rentables. Si bien el Gobierno nacional ha actuado de manera rápida y con certeza ahora es importante este espacio en el Congreso, compartir algunas alternativas de acción”.

Seguidamente, Félix Antelo, de Viva Air, dijo que esta es una compañía que llegó a revolucionar el transporte aéreo en Colombia ya que “fuimos la primera línea de bajo costo y permitió que los precios en promedio bajaran un 50% y 60% permitiendo lo que nosotros llamamos la inclusión aérea, la democratización y lograr ser una ayuda para que Colombia cada vez más gente pudiera volar”, también manifestó que el Covid llegó en una etapa de expansión doméstica en unas rutas nacionales en la apertura de Cali, Barranquilla, nuevas rutas internacionales, también íbamos a empezar a volar varios destino de Medellín y Bogotá.

 

Santiago Álvarez, de Latam, dijo durante su presentación que “mucho de lo dicho va alrededor de la importancia estratégica del sector y sin duda Colombia es un mercado estratégico e importante y no en vano, las tres aerolíneas más importante de la región se encuentran operando activamente aquí”.

Llegado el turno para los senadores de esta comisión, quienes coincidieron en la necesidad de apoyar el servicio público aéreo y garantizar la conectividad del país.
El congresista Jorge Guevara pidió al director de la Aeronáutica Civil tomar medidas concretas que permitan resolver medidas concretas que resuelvan los problemas del aeropuerto Caucaya.

Por su parte, el legislador Julián Bedoya consideró que a la Aeronáutica Civil le faltó tomar las medidas necesarias, con rigurosidad para evitar que en Colombia de importar el virus del Covid-19, “ya que en el país se tomaron las medidas posteriormente a que se iniciaran los contagios”.

A lo anterior se unió su colega Carlos Andrés Trujillo, quien dijo: “Quisiéramos que nos responda claramente esos protocolos de bioseguridad en el inicio de la pandemia, por qué tardaron tanto y permitieron que la importación del virus llegara a nuestro país y creciera de manera desmesurada en los primeros momentos antes del cierre total de los vuelos, porque sin duda alguna esa primera semana como era responsabilidad de la Aeronáutica fallaron en los protocolos de lo cual podemos dar fe”.

 

Se refirió también a los tiquetes que ya algunos usuarios tenían pagos y se digirió al director Salazar, a que le preguntó: “¿Qué protocolos hay definidos por parte de la Aeronáutica para esas devoluciones que están pidiendo los usuarios?”.

Por su parte, la senadora Ruby Chagüi reconoció
la manera activa como el Gobierno ha expedido algunos decretos y unas medidas para ayudar las aerolíneas que están teniendo dificultades por la emergencia, al tiempo que pidió “salvaguardar la operación del sector no a ninguna aerolínea en particular, proveer flujo de caja y garantizar algunos ingresos para miles de personas que viven en este sector”. También resaltó la disponibilidad que han tenido los 68 aeropuertos con 2.399 operaciones de transportes de carga como alimentos productos no perecederos y todo lo que tiene que ver con el tema de salud.

A su turno, la legisladora Criselda Lobo dijo:
“Por supuesto que esta crisis ha afectado a muchos sectores al turismo, al comercio, a la recreación, la educación, el transporte y dentro de este se encuentran las aerolíneas, pero desafortunadamente en otros tiempos no hubo esa solidaridad de las aerolíneas con los usuarios, y ejemplo de ello lo tenemos cuando se interrumpió la circulación vial de la vía llano, Ahí no hubo ningún tipo de consideración con la gente, unos tiquetes sin peso, sin techo y sin piso por las nubes, Eso no tiene presentación”.

La senadora Ana María Castañeda expresó que el transporte aéreo es uno de los más damnificados en esta crisis, y que son prácticamente incalculables los costos, las pérdidas que el sector percibirá, así como también es incierto todavía el tiempo que necesitará para reponerse, “tenemos claridad de que son alrededor de 600 mil empleos y 169 mil empleos directos que genera este sector, por eso es que quiero detenerme en que la contemplación de medidas encaminadas a la mitigación de la crisis económica en la que se verá inmersa las aerolíneas debe ser prioridad de la agenda del Gobierno”. Enfatizó en que este es un sector que merece una regulación teniendo en cuenta los factores específicos de afectación y que es necesario tomar medidas adicionales a las ya tomadas, que contribuyan a ofrecer liquidez.

Para finalizar, retomó la palabra el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, quien agradeció el interés de todas las preocupaciones, recomendaciones y llamados de atención, “Está definitivamente es la mejor forma para construir un sector de aviación civil diferente”.

El presidente de la Comisión, Horacio José Serpa, solicitó crear una comisión accidental, en donde a partir de la próxima semana se inicie con la Aerocivil, y los ministerios de Transporte y de Hacienda una reunión para estudiar ayudas que requiere el sector aeronáutico en Colombia y afirmó que el Estado debe intervenir solo en caso de que el mercado no ofrezca una solución a los problemas de liquidez de las aerolíneas.

“Si los protocolos no se cumplen en los municipios que se reabrirán deberán cerrarse nuevamente”

De esa manera lo anunció la ministra del Interior, Alicia Arango, ante la Comisión Séptima, donde dijo que “hay más de 900 municipios en todo el país que son no Covid-19 y solo pueden entrar y salir lo relacionado a abastecimiento (comida) y lo que está exceptuado en el Decreto 593, el resto de las fronteras deben permanecer cerradas, porque de lo contrario se puede contagiar el municipio”.

 Bogotá D.C., 05 de mayo de 2020 (Prensa Senado). La Comisión Séptima de Senado citó a debate de control político a la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, con el fin de abordar no solo las medidas que se han adelantado, sino también las acciones que preparan a futuro en el marco de la pandemia por Covid-19.

 El cuestionamiento sobre los municipios sin Coronavirus lo hizo el presidente de la Comisión, senador Fabián Castillo, quien le preguntó a la funcionaria sobre la apertura de algunos departamentos como: Guaviare, Guainía, Vichada, Vaupés, Arauca y Putumayo, donde no presentan casos de Covid-19. “¿Cómo serán estos mecanismos y si se reabren estos departamentos? ¿Cómo se va a hacer para que no aparezcan casos de Covid-19, cuando los vecinos es muy probable que los tengan”?

 Al respecto la ministra respondió: “Hemos logrado tener un manejo del Covid-19 adecuado, no podemos decir que es perfecto y no podemos decir que no tengamos que echar para atrás.

 “Hay más de 900 municipios en todo el país que son no Covid”, cuando se habla de reactivar esos municipios se refieren a reactivar la economía pero que de algún modo van a seguir las excepciones, es decir que solo puede entrar y salir lo relacionado a abastecimiento (comida) y lo que está exceptuado en el decreto 593, “el resto de las fronteras deben permanecer cerradas, porque o sino efectivamente pasa de que se puede contagiar el municipio. La idea es comenzar a mover a economía de estos municipios para disminuir el desempleo y el hambre,” afirmó la ministra.

 La apertura se dará de manera gradual y cumpliendo todos los protocolos y todas las excepciones. Estos municipios deben tener previa autorización de los ministerios del Interior y de Salud, al manifestar que a la fecha ya han recibido 60 solicitudes de todas las regiones del país pidiendo autorización para la reapertura de los municipios.

 A propósito del tema, la senadora Laura Fortich, del partido Liberal, reconoció la labor que viene haciendo el Gobierno para reactivar los municipios no Covid e hizo un llamado para que se multipliquen los esfuerzos para que las medidas de prevención y mitigación se cumplan.

Al respecto de las fronteras también hizo referencia el senador vicepresidente de la Comisión, José Aulo Polo, quien dijo: “No es cierto que se hayan cerrado todas las trochas. Siguen entrando ecuatorianos y venezolanos ilegalmente. Se necesitan más soldados para tener el control apropiado”.

Las ayudas

 La iniciativa ‘Colombia está contigo, un millón de familias’ es una de las varias acciones que adelanta el Ministerio de Interior en el país, junto a programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del IVA, Ingreso Solidario, entre otros que también avanzan para mitigar los efectos de la emergencia en las poblaciones más necesitadas, entregando 483.303 ayudas en todo el territorio nacional, además de la entrega de 60 mil kits de bioseguridad por un valor de $ 4.797.540.000.

 A través de la estrategia "Colombia está contigo, un millón de familias" se están entregando ayudas humanitarias de emergencia a 1.115.9583 personas pertenecientes a poblaciones vulnerables objeto del Ministerio del Interior de los que hacen parte: bomberos voluntarios, los comunales, las comunidades religiosas, los ediles, las comunidades indígenas, minorías, ROM, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, los líderes sociales y defensores de derechos humanos; con la siguiente distribución:


● 483.303 indígenas referidos por comunidades u organizaciones indígenas.
● 273.672 para que los entes territoriales atiendan poblaciones, con el enfoque de contribuir a la convivencia.
● 206.867 personas pertenecientes a comunidades negras, afro, raizales y palanqueros, referidas por consejos comunitarios u organizaciones de población afrodescendiente.
● 80.442 líderes comunales, postulados por sus dignatarios mediante la página web del Ministerio y verificados con el registro que tiene a su cargo la Dirección de Participación.
● 54.701 personas vulnerables referidas por comunidades o entidades religiosas.
● 9.157 a bomberos voluntarios, referenciados por la Dirección Nacional de Bomberos.
● 6.068 líderes sociales o defensores de derechos humanos.
● 1.272 ediles, identificados por el Viceministerio de Relaciones Políticas.
● 476 personas pertenecientes a comunidades Rom.

 Se pronuncian los congresistas

Sobre las cifras de las ayudas humanitarias, el senador Álvaro Uribe precisó que es necesario que se repitan las veces que sean posibles las entregas de mercados. “Solo se han llegado con el ingreso solidario a un millón de familias, esperamos que en este tiempo se llegue a la meta de tres millones”. Señalando que el Gobierno tendría que ayudar a las cajas de compensación para solventar el Fondo de Desempleo.

Por su parte, el congresista Manuel Bitervo se refirió a las ayudas humanitarias para las comunidades indígenas que son muy importantes, pero que es necesario saber cómo se van a hacer esas entregas. Al llamado se sumó la legisladora Aydeé Lizarazo, quien aparte de felicitar a la Ministra por las ayudas humanitarias entregadas, espera que los kits de las guardias indígenas lleguen lo más pronto posible.

Entre tanto, el senador Honorio Henríquez indicó que en este momento complejo es importante una motivación para los trabajadores que se han visto afectados por reducción laboral y su presupuesto y propuso a la Comisión hacer un foro para avanzar en el proyecto 212 en medio de la crisis, proyecto que por cierto es autoría del legislador Álvaro Uribe.

El congresista Carlos Fernando Motoa intervino al señalar: “Me preocupa enormemente la situación del departamento del Cauca, continúan los desplazamientos y masacres a líderes sociales". Al tema también hizo referencia Isabel Martínez, directora de la Asociación de Agricultura y Ganaderos del Cauca, quien estuvo como invitada, dio a conocer las estadísticas de orden público que afecta la agricultura de este sector del país y solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que les den herramientas para que los delitos en bien ajeno no sean excarcelables. “Hay que emprender acciones y voluntad política que nos permita saber cuál es el alcance territorial en cada zona del departamento, que nos garanticen derechos constitucionales a la vida, al trabajo y a la propiedad privada”.

El tema al que hizo referencia el senador Eduardo Pulgar fue acerca del no pago de instituciones educativas privadas, para ver qué líneas de créditos le hacen a los colegios para solucionar estas crisis·

Y no menos importante, la preocupación de la senadora Nadia Blel, evidenció cifras que la alarman, pues en Cartagena y el Bolívar el 81% de las empresas no van a subsistir con las nóminas y más de 261 mil personas van a quedar sin empleo, debido al cierre de tantas empresas. La crisis humanitaria será inmensa. Casi el 30%de la población quedará sin ingresos.