“En el marco de esta pandemia ha quedado por enésima vez demostrado que el agua potable es esencial en el desarrollo”, señaló el senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión.

Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 (Prensa Senado). En sesión virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, junto con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, se expuso hoy la problemática actual de los arriendos comerciales y la falta de acceso al agua potable en diferentes municipios del país.

 El Ministro de Vivienda presentó primeramente un informe en cifras ante los senadores en cuanto a las medidas de alivio a los hogares tomadas por el Ministerio, donde habló del mejoramiento al acceso de agua potable en el país, “299 mil familias han sido reconectadas al servicio de agua, lo que equivale a un millón y medio de colombianos beneficiados”

 “La problemática de financiación del servicio público en agua ya está resuelta y esos 2.5 billones de pesos se van para las regiones en los próximos 15 días”, expresó Malagón.

 A lo anterior agregó el congelamiento de tarifas de servicios públicos y anunció que “17 millones de colombianos se han podido beneficiar del pago de facturas, más de 2.3 billones de pesos invertidos en el alivio para el pago servicios públicos”, dijo el mandatario.

 Frente a los alivios en tema de vivienda, Malagón puntualizó que el “60% de las familias siguen pagando su arriendo y el 80% de los que no pueden pagar están llegando a una negociación”.

 Problemática de arrendamientos del sector comercial

En esta instancia Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, expuso que “el 75% de los comercios en Colombia están en condición de arrendamiento”. Igualmente, teniendo en cuenta que el sector comercial funciona diferente al de vivienda, anunció que “a nivel nacional el promedio de todos los que han intentado hacer la negociación apenas el 17% ha logrado un acuerdo o arreglo con los propietarios”.

Por su parte, Jorge Segebre, presidente de Camacol Atlántico, indicó que “hay 37 mil locales cerrados en Colombia en este momento” y pidió que se aliviane la carga a los comerciantes, bajando los cánones de arriendo provisionalmente y por parte del Gobierno exonerando los impuestos o bajando el pago del IVA y los servicios públicos”.

 El presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, Guillermo Henrique Gómez, señaló que “hay 10 mil negocios quebrados, es más del 10% de la industria. Sin ayuda nos estamos viendo abocados a la quiebra”.

 Respecto al tema, el senador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, comentó que “no se trata de diferir los cánones de arrendamiento” y planteó una propuesta de que “los cánones deberían colocarse respecto a las ventas que tengan los comerciantes, colocando techo de un mínimo y un máximo”.

Donde además rescató la importancia de un decreto diferencial para el sector comercial y de vivienda, y planteó la inquietud de ¿Ante quién pueden acudir las personas a las que quieren desalojar?

No obstante, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, habló de la necesidad de mirar “la posibilidad de algún alivio tributario, al menos durante una transición” junto a la “reducción del IVA que se está pagando por los arriendos, como una de las varias medidas para alivios para el sector comercial”

 “Me preocupa lo que viene pasando con los centros comerciales en el país, he propuesto al director de la DIAN modificar el calendario tributario… Creo que hay que sacar un capitulo especial, una línea de créditos para este sector que se va a demorar en volver y creo que el Fondo de Garantías juega un papel fundamental”, se pronunció el legislador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín.

 En el mismo sentido, la senadora Laura Fortich, Partido Liberal, resaltó que “debe analizarse la solicitud de alivios tributarios y hacer llamado un alivio a nivel local en los territorios, cómo alcaldes y gobernadores siguen contribuyendo con medidas para los diferentes sectores”. A lo cual agregó que “las medidas frente a la reactivación económica deben ser diferenciales, deben ser acordes a los diferentes sectores”,

 El congresista Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres, manifestó “fragilidad de los contratos de arrendamiento, el arrendador queda sujeto a perdidas”.

En respuesta a los diferentes senadores, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, aseguró que “si algo queda claro es que la lógica del arriendo comercial, no es la misma lógica que el arriendo residencial. Son dos cosas que debemos ver de manera diferencial, no son las mismas problemáticas y no tenemos además la vulnerabilidad en los mismos puntos”.

 Adicional a esto, precisó que “no podemos homogeneizar mercado vivienda residencial con el comercial”.

Mas aún, responsabilizó al Ministro de Comercio como al de Hacienda respecto a los arriendos comerciales y se comprometió a hablar con estos funcionarios para revisar el trato diferencial referente al sector de comercio.

“El decreto lo que quiere es dar incentivos para que las familias lleguen e incurran en una negociación entre arrendatario y arrendador. Aquí estamos ayudando al arriendo residencial, a no tener trasteos, ni desalojos en momentos de un aislamiento preventivo. Si es cierto que hay que ver más adelante con los comerciantes”, complementó el titular de la cartera de Vivienda.

 Respecto a la inquietud del senador Jorge Londoño, el Ministro de Vivienda dijo que “la Policía tiene la orden en todo el país de ser el encargado para prohibir el desalojo”.

Falta del servicio de agua potable en municipios

Referente al acceso del agua, la senadora María del Rosario Guerra anunció que “en mucho de los municipios del país se carece de ese servicio”, y destacó el avance en los municipios de la Mojana respecto a los proyectos para mejorar las condiciones de acceso al agua, sin embargo “no solo les falta el acceso de agua potable, sino que tampoco tienen una fuente cercana para obtenerla”.

En esta instancia, el legislador Berner Zambrano, compartió la preocupación de la senadora por las personas que no tienen agua y resaltó que esto sucede en sectores en la Costa Pacífica, y que no hay razón para que la gente no cuente con este bien tan preciado.

Así mismo le expresó al funcionario que “su Ministerio debe aprovechar y es uno de los que tiene que salir fortalecido ante estas dificultades”.

El senador Feliciano Valencia, del Partido Mais, denunció “la grave problemática del suministro del agua para la población wayú en la Guajira. ¿Qué se está haciendo para atender este tema tan grave, más ahora con el coronavirus?”

El presidente de la Comisión, el senador Efraín Cepeda, también se pronunció al respecto: “Vale la pena examinar para que se solucione el problema de algunos municipios como el de Calamar en Bolívar, que en pleno siglo XXI no tiene todavía agua potable, ni saneamiento básico”.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dio respuesta a los senadores diciendo que “la principal lección que nos deja esta pandemia, es que Colombia no puede seguir aplazando la universalidad del agua… Tal como estamos viendo las cosas, el 2030 es muy lejos desde el punto de vista social, ético y estratégico”.

 Además, puntualizó que “universalizar el agua en Colombia cuesta 60 billones de pesos, 6 puntos del PIB. El presupuesto que tenemos es menos de 200 mil millones de pesos, queda una lección de fondo y es que nosotros como país tenemos que priorizar el agua dentro de la inversión de la política social”.

 Respecto a el planteamiento de la senadora María del Rosario, Malagón dijo que en “la Mojana toda la ayuda que se está dando durante esta temporada, son todas ayudas transitorias. Los proyectos que venían en curso se siguen trabajando en la medida de la disponibilidad de insumos y transporte”.

El Ministro dio respuesta al senador Feliciano Valencia, argumentando que “desde el 25 de marzo lanzamos un plan de provisión de agua para La Guajira, donde se han entregado 34 millones en 277 litros de agua”.

 “El Gobierno nacional adquirió un crédito de 50 millones de dólares para invertirlo en proyectos de agua en La Guajira llamado Guajira azul, especialmente en infraestructura, que son soluciones definitivas”, agregó Malagón.

Finalmente, el senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión, propuso trabajar por la conectividad aérea del país en la próxima sesión y citar a las entidades del gremio, y anunció sesión para mañana viernes, a las 9:00 a.m., con el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.

Comisión de Derechos Humanos creó un grupo de trabajo de seguimiento para mediar cumplimiento de compromisos y habilitó un sistema electrónico para elevar las quejas que serán gestionadas ante las entidades responsables.

Bogotá D.C., 30 de abril de 2020 (Prensa Senado). Un total de 22 líderes sociales de diversas zonas del país tuvo la oportunidad ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de elevar denuncias por la desatención que ha sido objeto, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Bases de datos de población vulnerable desactualizadas, falta de medidas de bioprotección, poca cobertura a la entrega de mercados y de giros para los programas sociales, fueron algunas de las quejas que se escucharon durante las cuatro horas en que se desarrolló la audiencia pública virtual que tuvo conectada a líderes desde varios puntos de la geografía nacional.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el senador Édgar Palacio Mizrahi, del partido Colombia Justa Libre, explicó que el propósito del evento era el de escuchar a la población más afectada por el confinamiento y ser portadores de las inquietudes para canalizarlas hacia una solución ágil, a través de la rama Legislativa.

En igual sentido, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y citante del evento, indicó que el propósito es escuchar los requerimientos de las comunidades con el fin de tramitar ante el Gobierno nacional las ayudas que sean necesarias para colmar las inquietudes de la población que se encuentra inmersa ante la crisis sanitaria y obligada a su confinamiento para evitar el contagio.

Una subcomisión compuesta por varios legisladores será la encargada, a partir de la próxima semana de gestionar las solicitudes y dar respuestas rápidas de solución, para lo cual se habilitó un correo electrónico para recepcionar las denuncias por hechos que consideren que se están vulnerando sus derechos. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La comunidad denuncia

Jessica Avella, concejal de la ciudad de Yopal, señaló en su intervención que “el gran desafío que “tenemos las regiones es evitar el empobrecimiento de nuestros habitantes. Garantizar el giro directo a nuestra red hospitalaria en Casanare es priorizar la vida, reglamentar la Ley de desperdicio de alimentos es apostar a la seguridad alimentaria, el país debe vernos como potencia agrícola y agropecuaria, eso somos en Casanare”.

“La situación del Amazonas es dramática desde todo punto de vista por la falta de atención para atender a las comunidades nativas como indígenas. No tenemos infraestructura para atender casos de Covid-19, ni personal y menos una atención alimentaria”, dijo el líder social Ismael Castillo, quien reclamó al Gobierno la urgente necesidad de llevar la ayuda humanitaria.

La alcaldesa del municipio de Timbilí de la costa pacífica del Cauca, Yadira Amú, recalcó que “fuera de la expectativa por el contagio del Coronavirus, existe otra preocupación latente desde hace varios meses por el aumento de casos de dengue y malaria con 125 casos y no se tienen los recursos para atender adecuadamente a los pacientes en los 11 puestos de salud sin dotación y sin elementos para cubrir las necesidades sanitarias en los cuatro resguardos indígenas que también carecen de agua potable. Se necesitan de manera urgente ocho mil mercados para suplir las necesidades alimentarias de esa zona del país”.

El mandatario local del municipio de Honda, Héctor Devia, indicó que el 20% de la población la componen grupos vulnerables de pobreza y requieren de un apoyo más decidido del ente departamental y nacional e insistió en la depuración de las bases de datos para que las ayudas económicas y de mercados lleguen a quienes la necesitan y no a los que tienen recursos económicos o han fallecido.

Los gestores culturales del departamento de Cauca solicitaron que sean incluidos en los listados de beneficiarios de las ayudas que está proporcionando el Estado, ya que al respetar el aislamiento no tienen medios de subsistencia al vivir de sus actividades que se desarrollan en las calles, explicó Milton César Córdoba.

La abogada Eliana Muñoz, representando a los abogados de la ciudad de Pasto, manifestó que también su gremio se ha visto altamente afectado al no poder concurrir a realizar sus gestiones judiciales y más cuando en esa zona sur del país los profesionales del Derecho son independientes y ahora por las medidas de prevención y por el cierre de empresas no les es posible trabajar y por lo tanto sin ingresos, requieren de las ayudas para subsistir con sus familias.

Los líderes sociales de la Capital de la República de los sectores artísticos, comercio informal de servicios y de las trabajadoras sexuales, solicitaron atención organizada, amplia y que sean incluidos con las ayudas humanitarias de la Alcaldía de Bogotá, que pese a su capacidad económica para atenderlos, ha sido poca y no suficiente.

Los indígenas son otras poblaciones que no han sido tomadas en cuenta en esta pandemia y los recursos que deberían llegarles a través del Ministerio del Interior, no han llegado al municipio de Coyaima, Tolima, donde el 90% son de la etnia y no poseen dotaciones y personal médico suficiente para brindar atención, sumándose además que no pueden sacar sus productos agrícolas y elaborados por el cierre de las vías, motivo por el cual tampoco tienen recursos para adquirir alimentos y elementos de primera necesidad, señaló el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Lozano.

Ante las múltiples quejas de los participantes y escuchadas en la sesión virtual por la plataforma Zoom y otros medios electrónicos, la Mesa Directiva de la Comisión reiteró su compromiso para gestionar las soluciones requeridas para apoyar y ayudar a las comunidades vulnerables.