Mujeres de todas las regiones y municipios del país hablaron sobre sus realidades en el campo y la ciudad, en conversatorio virtual convocado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.
Bogotá D.C., 5 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Más de 200 participantes entre organizaciones de la sociedad civil, lideresas de todas las regiones del país y representantes del Gobierno Nacional, asistieron al conversatorio ‘realidades que afectan a la mujer de la ciudad y del campo’, convocado por la Comisión legal para la Equidad de la Mujer.
Por un espacio de más de cinco horas, se debatió sobre autonomía económica de las mujeres, economía del cuidado, implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz, autonomía política de las mujeres, violencias contra las mujeres, defensoras de derechos humanos y mujeres rurales.
Las organizaciones le solicitaron al Gobierno Nacional mayores subsidios y recursos, para las microempresarias, independientes y mujeres campesinas, ante la situación crítica que atraviesa el país por el Covid-19.
Isabel Londoño, directora de la fundación Mujeres por Colombia, indicó que “el desempleo de los hombres es de 8% y el de las mujeres 15%, es decir, que el del género femenino dobla al masculino, pues después de la pandemia se puede triplicar por las limitaciones digitales que existen en las mujeres.”
A lo anterior las lideresas agregaron que “la ley de mujer rural no cumple con las expectativas transversales en educación, trabajo, garantías para el acceso a la vivienda y demás derechos de la mujer, a la vez que pidieron una revisión y su efectiva reglamentación, al igual que otras leyes expedidas por el Congreso que no se han implementado y que requieren este paso para materializar sus objetivos”.
Con respecto al avance del Estado en la construcción de sociedades igualitarias, Beatriz Quintero, del Movimiento Feminista, manifestó: “Tenemos que superar la brecha histórica de desigualdad con las mujeres. En 2015 se aprobó un acto legislativo de paridad, universalidad y alternancia y eso no se ha reglamentado. Hacemos un llamado de atención para que sea saldada esta deuda histórica”.
Sobre la ruralidad en el país, la senadora, Nora García, enfatizó: “Colombia es un país muy rural, los que viven en el campo son unos 12 millones, de los cuales el 50% son mujeres, dentro de estas las afrodescendientes, palenqueras y raizales, son un 100% y las indígenas un 3%, lo que muestra la diversidad cultural y ha ayudado al Gobierno a defender sus derechos”.
En cuanto al reconocimiento, la defensa y la protección de los derechos de las mujeres Diana Salcedo, de la Liga Internacional de Mujeres por La Paz y la Libertad, Limpal, dijo que en “reciente informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en Colombia existe alarma ante el incremento en 2019 de los asesinatos a defensoras de Derechos Humanos, que creció en un 50% en evidencia de amenazas, ataques, intimidación y persecución”.
Asimismo, Stella Gordillo, de la Red de Mujeres de Ibagué, dijo: “Nos cogió esta pandemia sin refugios para mujeres, tenemos una ruta de atención, pero el Estado no responde. ¿Cómo denuncia una mujer con su agresor en casa? No tenemos refugio para albergar a las mujeres”.
Muchas leyes no operan
su intervención, la congresista Aída Avella manifestó que “hay una cantidad de leyes que no operan, que no se reglamentan, en el caso de las mujeres tenemos una legislación grande que no opera. Creo que tenemos que actuar como parlamentarias”. También sugirió: “Debemos llamar a las campesinas, mirar al campo, apoyar a las mujeres campesinas y darles créditos sin intereses, ya que los estudios dicen que habrá una hambruna en diciembre. Vamos a tener que hacer una amnistía que quede en las conclusiones”.
En este mismo sentido, la senadora Ana María Castañeda declaró: “Tenemos muchas leyes que por la falta de reglamentación se ha convertido en letra muerta. Nosotros como congresistas escuchamos las necesidades y hacemos un trabajo serio para que las leyes salgan adelante, pero falta trabajo para que se apliquen".
Igualmente, expresó la legisladora Ruby Chagüi: “Queremos sumar esfuerzos para cerrar la brecha, trabajar conjuntamente políticas con el Gobierno, para que la mujer sea mejor remunerada, para que no haya discriminación y puedan ser tratadas como debe ser”. Así mismo, habló de “empoderar este colectivo, que no solo es fundamental para el bienestar de personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial, más en este momento de crisis”.
Acerca del desarrollo y promoción de estrategias para el fortalecimiento de la equidad de género en el deporte, Olga Lucía Salas, de la Asociación Colombiana Mujer y Deporte, aseguró: “Hemos venido trabajando en cuatro líneas importantes, donde hemos visto que se generan violencias con las mujeres del sector del deporte. La política pública de mujer, en muchos territorios no existe, es más, el Atlántico tiene 15 casos denunciados de acoso y abuso sexual”.
Sobre la implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz, la senadora Victoria Sandino dijo: “Durante dos años en el Congreso hemos estado haciendo estos debates e intercambios, si hacemos una valoración realmente los resultados son pocos, tanto en materia legislativa como en materia de implementación del acuerdo de paz”.
Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, habló sobre el Sello de Equidad Laboral -Equipares-, un programa de certificación encaminado a generar trasformaciones culturales y cierre de brechas de la incorporación de mujeres en el mercado laboral e informó que 50 empresas ya se han comprometido con esta iniciativa.
La ministra del Interior, Alicia Arango, sustentó: “Actualmente las mujeres ganan 17% menos que los hombres, partiendo de que juntos tienen el mismo cargo y estudio. Debemos fortalecer mucho más la presencia en sectores políticos y socioeconómicos, por esto invitó a las mujeres a estudiar, a tener independencia económica, para poder tomar decisiones por sí misma, pues desde esta entidad se ofrecerán cursos prácticos para todas aquellas mujeres que quieran participar en política.”
Rutas de atención
A modo de conclusión es importante señalar que las participantes solicitaron el refuerzo de rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la cual no es clara y facilita la revictimización. Además, se pidió dar cumplimiento a lo pactado para las mujeres en el acuerdo de la Habana, al tiempo que se pidió avanzar en la inclusión de los movimientos sociales de mujeres en las dinámicas de diálogo, así pues, se llamó la atención para que los derechos de la población LGTBI no sean invisibilizados.
En materia económica requirieron mejorar la distribución de ayudas que están siendo enviadas a los territorios, además de mejorar su distribución, tener en cuenta que las mujeres en su gran mayoría son micro, mini empresarias y no tienen capacidad para acceder a créditos. Lo cual limita su capacidad de acceso a las líneas de apoyo que ha presentado el Gobierno Nacional y el desarrollo prioritario de una política que impida despedir a las mujeres cabeza de familia. Finalmente, se pidió al Ejecutivo establecer un ingreso vital y de renta básica para mantenerse en la crisis de la pandemia.
Del mismo modo, se le solicitó al Gobierno nacional amnistía para las mujeres del sector rural que tienen deudas contraídas con el Banco Agrario.
La senadora Sandra Ortiz, vicepresidente de la Comisión para la Equidad de la Mujer, exaltó y valoró la participación de 203 mujeres que se unieron al conversatorio ‘Realidades que afectan a la mujer de la ciudad y el campo’ durante el #Covid_19", quienes compartieron sus propuestas.
