"Hemos entrado en vigilancia minuciosa con los hospitales, porque no se les están respetando los derechos laborales a los trabajadores de la salud, siendo que los recursos les llegan. Hasta el momento, 3.8 billones se han entregado a hospitales y centros de salud", aseguró el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal.

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2020 (Prensa Senado).- La Comisión Cuarta del Senado de la República exigió hoy que el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Salud, garantice la seguridad del personal de la salud,  que está enfrentando en primera línea la pandemia del Covid-19, así como más recursos para los hospitales regionales.

El senador Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, aseguró que en la práctica muchas medidas encaminadas a la protección del personal médico no están funcionando de manera adecuada en gran medida por la regular actuación de las ARL que no están entregando los elementos de bioseguridad que se necesitan.

 En el mismo sentido se pronunciaron senadores como Wilson Arias, Juan Luis Castro y Aída Avella, quienes citaron diversos informes periodísticos según los cuales la mayoría del personal médico no está recibiendo la protección adecuada para enfrentar la pandemia del Covid-19.

“Un informe del periódico El Tiempo señala que a la fecha hay 560 personas del sector médico contagiados de Covid-19 y al menos tres fallecidos”, señaló el senador Lemus. Según el congresista Juan Luis Castro esa cifra llega al 88% por lo que exigieron que la Superintendencia de Salud garantice que las ARL cumplan con su obligación.

“Le creo a la Asociación Médica Colombiana que advierte que el 85% no ha recibido protección de bioseguridad adecuada y en muchos casos esta protección es muy deficiente. No fue suficiente el ultimátum a las ARL”, dijo el legislador Arias.    

Por su parte, senadores como Samy Merheg y Carlos Abraham Jiménez advirtieron que los hospitales de las regiones no están recibiendo los recursos para afrontar adecuadamente la pandemia. “Conozco casos del departamento de Risaralda, donde hospitales no están recibiendo los recursos necesarios”, dijo Merheg

Por su parte, el legislador Jiménez lamentó que a varias clínicas del Valle del Cauca no les hayan llegado los recursos, lo que afecta negativamente a una región que es una de las más afectadas por el Covid-19.

El congresista John Milton Rodríguez advirtió sobre la cobertura de las ARL a las que le corresponde pagar sólo 25 mil millones de pesos de los 400 mil que se requieren en materia de bioseguridad para el personal de la salud. “Entiendo que los otros 375 mil le toca a los empleadores, pero entonces necesitamos que nos digan si estos empleadores están cumpliendo”, dijo.

La senadora Myriam Paredes alertó sobre la situación de las IPS que no han sido beneficiarias de las medidas del Gobierno, encaminadas a la red pública de salud. El congresista Carlos Manuel Meisel pidió articulación en materia de unidades de cuidados intensivos entre el Ejecutivo y las entidades regionales de salud.

Sobre el tema laboral el legislador Nicolás Pérez propuso que el Ministerio de Trabajo liberalice la economía, no por sectores como se está haciendo actualmente, sino por edades. Argumentó que estudios internacionales demuestran que las personas menores de 50 años son menos vulnerables al Covid-19. Por su parte, el congresista Israel Zúñiga denunció el abandono al sector informal, especialmente de la región Pacífico, que no ha sido beneficiada por las medidas del Gobierno.

Invitados dan sus explicaciones

El ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, resolvió las preguntas de los senadores de la Comisión Cuarta explicando que su despacho se reunió con las ARL y con el Ministerio de Salud, con el fin de conciliar la calidad y cantidad de la dotación que se le debería brindar a los trabajadores de la Salud, en medio de la crisis del COVID 19.  Sostuvo que que antes de marzo 27 no había obligatoriedad para las ARL de entregar dotaciones; sin embargo debido a la situación se estableció que la tenían.  Quien realmente tenía el compromiso de supervisar a las ARL era la Superintendencia Financiera; sin embargo lo ha asumido el Ministerio de Trabajo, manifestó.

En cuanto a los subsidios para trabajadores cesantes, el jefe de la cartera de Trabajo explicó que más de 47.000 personas han retirado sus cesantías, conforme al Decreto 488 que ahora permite que a quienes se les haya disminuido su ingreso, hagan el respectivo retiro.

Por otro lado, expresó que "con el apoyo de las cajas de compensación vamos a lograr la meta de los 150.000 subsidios. Hasta ahora ya vamos llegando a los 90.000.  El Fondo de Riesgos Laborales se utilizó para el FOME y será asignado para cubrir al cesante, a través de las cajas de compensación.   Se espera que aquellas personas que no alcancen a ser cubiertas por los subsidios de atención al cesante, se trasladarán al Ministerio de Hacienda para que sean beneficiarios del beneficio de atención solidaria.  Hasta el momento el Ministerio de Trabajo ha recibido 4.802 requerimientos en los cuales se ha evaluado el actuar de las empresas con los trabajadores, pues hasta el momento no se han autorizado suspensiones de contrato por 120 días, ni por ningún período de tiempo".

A su turno, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, expuso lo que ha venido sucediendo a nivel de supervisión de recursos en medio de la pandemia.  "Se le ha exigido a las EPS que publiquen todos sus gastos indicando a quién le giran y basado en qué servicios. Hasta el momento se ha verificado que el 92% de los recursos se han girado a IPS.  Se ha vendo haciendo un seguimiento minucioso del manejo de los recursos por parte de las Entidades Prestadoras de Salud".

Seguidamente el funcionario se refirió a las acciones que se han llevado a cabo para la protección del talento humano en el sector salud, entre los que ha priorizado Chocó, Tumaco y Leticia. "Hemos entrado en vigilancia minuciosa con los hospitales, porque no se les están respetando los derechos laborales a los trabajadores de la salud, siendo que los recursos les llegan. Hasta el momento, 3.8 billones se han entregado a hospitales y centros de salud".

Finalmente, con respecto a la prestación del servicio a los usuarios, sostuvo que se expidió la circular cinco, en donde se establecieron unas medidas específicas para prestar el servicio de manera domiciliaria, virtual y presencial si se requiere. "Hemos tenido 129.000 PQR y estamos investigando y abriendo procesos a las entidades que estén incumpliendo con la circular y con la prestación oportuna del servicio".

Cifras del DANE sobre desempleo generó alarma entre economistas que participaron en sesión virtual  de la Comisión Primera.

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Economista recomendaron en la sesión virtual de la Comisión Primera de Senado que el Gobierno debe poner toda su atención en contener el crecimiento del desempleo o de lo contrario crecerá los niveles de pobreza y pobreza extrema en Colombia, que el país había abandonado.

Para el excodirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, es “dramática la encuesta del DANE del mes de marzo, por la pérdida de 1.6 millones de empleos y que una encuesta que comenzó a circular dice que se ha perdido el 71% de los puestos de los trabajos en la Mipymes”.

“Y no es tanto por el aumento de la tasa de desempleo al 12.6%, sino porque la mayor parte de esa gente dejó de buscar empleo. Eso está asociado a las Mipymes, que han despedido el 71% de los trabajadores, o sea que no estamos hablando de una hipótesis sino de una realidad”, alertó el exmiembro de la CEPAL.

De otro lado, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que le preocupa que la tasa de desempleo se suba mucho, porque el país se tarda mucho en volver a estar por debajo de un digito.

“Por qué es tan importante que aumente la tasa de desempleo, porque un aumento de la tasa desempleo se toma mucho tiempo después en volver a disminuir. La tasa de desempleo en Colombia en 1999 llegó al 18% y se tomó hasta 2014, es decir 15 años después para volver a tenerla por debajo del 10%. Es un proceso muy lento la reducción de la tasa de desempleo. No es porque no haya habido crecimiento, hubo buen crecimiento económico, simplemente que las decisiones en el mercado laboral son complejas. Los empleadores se toman mucho tiempo para volver a contratar la mano de obra. Hay que evitar a toda costa que la tasa de desempleo suba mucho y entre otras cosas hay que subsidiarla como hizo el Gobierno”, destacó.

Cárdenas indicó que el Gobierno debe flexibilizar la cuarentena para que los trabajadores retomen las actividades por cuenta propia, que según informó, son 300 mil peluquerías y 400 mil restaurantes, los cuales no reciben apoyo del Gobierno, pero que tampoco se pueden considerar unos oprimidos, pero el problema es que pronto ese sector de la economía podría pasar a ser pobre.

“Es indispensable apoyar sectores que están en el limbo. Son los propietarios de 400 peluquerías, 300 restaurantes, vendedores, comerciantes, loteros, vendedores de periódicos, guías de turismo, entre otros”, agregó.

También dijo Cárdenas: "Asalariados informales de los sectores más afectados son 1,3 millones de personas y como independientes hay 2,6 millones de personas. Este grupo de personas no va a recibir el subsidio de nómina del 40%, ni tampoco está dentro de los programas sociales del Gobierno".

El economista Luis Jorge Garay señaló que retomando la presentación de Mauricio Cárdenas, concluye lo mismo, que más del 50% de trabajadores son informales, con la gravedad que tienen ingreso de subsistencia y hasta indigencia.

Ingreso mínimo vital

“Ni siquiera un salario mínimo de $800 mil le garantiza a un colombiano superar la línea de pobreza. Qué se dirá de unos ingresos solidarios de 160 mil. No son dignos y consecuentes con el objetivo. Llama la atención la propuesta de senadores de un ingreso mínimo vital para corregir ese tema”, destacó Garay.

A lo anterior agregó: “Hay que hacer presión de que debe haber coordinación institucional entre Gobierno central y los mandatarios locales para definir cómo se racionaliza para evitar costos innecesarios y corrupción”.

El economista Jairo Estrada dijo que hay una destrucción de empleo y aumento espectacular de la tasa de desocupación (estimativos señalan que puede bordear el 20%).

“Deterioro sustancial de los ingresos familiares por efecto del aumento del desempleo y empobrecimiento acelerado de los pobres, vulnerables y de la clase media”, destacó el invitado.

Recalcó que el acumulado de la crisis es lo que está llevando al empobreciendo del país, con poco acceso a bienes básicos, a la salud, educación y recreación.

Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, dijo que hay proteger el empleo y las empresas porque su destrucción sería un tema muy complejo. “La destrucción del tejido empresarial no solo significa que se acaba, sino que es complejo reconstruir todo el tejido. Con gasto público se debe subsanar el bache del gasto privado”, destacó la académica.

También subrayó que el empleo informal es volver a salir a la calle, pero la reapertura de una empresa con todas las condiciones que exige un contrato formal está sujeta a la demora y precisó que ese mayor costo de recuperación se puede extender una década.

El senador Gustavo Petro, Colombia Humana, dijo que eso debe terminar en una discusión política sobre la distribución del capital.

Justicia social

“Se hizo distribución del capital en función de las EPS y no ha entrado un solo respirador en Colombia. Esta distribución de la riqueza hay que pensarla hacia el futuro. No se puede pensar la reactivación como si nada hubiera pasado. Tenemos que pensar en la distribución de la riqueza en función de los humildes. Eso es justicia social”, destacó el legislador.

El legislador Armando Benedetti, Partido de la U, pidió soluciones ágiles y urgentes, ya que se pueden registrar movilizaciones de colombianos desconforme por las medidas.

“El ministerio de Trabajado está planteando una reforma laboral que no es lógico con la crisis y nosotros nos vamos a oponer, porque los trabajadores siempre son los que pierden”, destacó.

La senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático, expresó que en Colombia no se puede dejar morir a la gente de hambre.

“Hay que optar por una política fiscal de manera contra cíclica. No podemos decirle a la gente que no trabajen y se mueran de hambre”, manifestó.

Crítico la propuesta de Luis Jorge Garay que con gasto social quiere que se entregue un millón de pesos mensuales a los a seis millones de familias por tres meses, lo que quiere decir un gasto de $18 billones. “No creo que el Gobierno tenga la capacidad. Parece que los congresistas no tienen ni idea de cómo se maneja un negocio”, dijo.

El congresista Julián Gallo, Farc, manifestó en la sesión no presencial, que la perspectiva es muy compleja y que se ha privilegiado al sector financiero.
“Creo que se hace fundamental un replanteamiento. Vamos a recoger propuestas para que se garantice una renta básica para mantener la cuarentena que va a tener un costo alto, pero se garantiza la vida de los colombianos. Es un llamado a la reflexión de la necesaria modificación del sistema económico, así como el de la salud y no seguir con esos modelos que no han servido. Un acuerdo político necesario para mejorar la vida de los colombianos. Debemos llegar a un cambio total para reactivar el sector económico y no seguir beneficiando a los bancos, sino que sean inversiones directas a los sectores productivos”, dijo Gallo.

El senador del Polo Democrático Alexander López, critico que cuando está creciendo el desempleo, están quitando los salario a los trabajadores, cancelando contratos de trabajo y están sacando a vacaciones a trabajadores se hable de una reforma pensional.

“Como así, que una reforma en tiempo de crisis, eso es inaceptable y es impensable. Nos vamos a aponer con toda la fuerza. Los trabajadores son los que siempre pierden en tiempo de crisis”, finalizó.

La senadora conservadora Esperanza Andrade dijo que hay que llegarle a toda la informalidad y el problema es que no lo tenemos censado.
“Es tan fácil criticar, pero estos es inédito e incierto. Nos han quitado nuestro derecho para legislar”, recalcó.

El legislador Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, dijo que es el momento de hacer un esfuerzo grande para ayudar a todos los empresarios por cuenta propia.
“Hay que romper, hay que pensar en todos, me gusto lo que hizo Mauricio Cadenas, quien evidenció a esos independientes. Mi propuesta es buscar unos recursos para ayudar a los independientes. Rompamos el esquema”, dijo Velasco.

Subsidios insostenibles

El congresista Roy Barrera aportó a la discusión que abrir el comercio significa abrir la cuarentena y que la salida debería ser con la distribución domiciliaria.

“Si se trata de que el Estado haga más presencia, lo subsidios finalmente son insostenibles. La renta básica seria temporal, porque ninguna economía puede mantener esos gastos. El Estado debe montar empresas de distribución y garantizar empleo y pagar a la gente, porque el trabajo”, indicó.

Este encuentro virtual de la Comisión Primera con expertos economistas contribuirá a comprender la visión que se tiene sobre la crisis económica derivada de la pandemia, las medidas que se han tomado y las que se deben tomar y qué significará la reconstrucción del país en la post pandemia.

Rodrigo Lara, Cambio Radical, dijo que no entiende que se diga por los economistas, que no se debe dejar de pagar la deuda externa, cuando el país necesita liquidez urgente.
Luego se preguntó: “¿Qué sentido tiene preservar confianza extranjera, cuando necesitamos liquidez para que se quiebren el comercio y las empresas?”.

Seguidamente, el presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, da por finalizada la primera sesión de trabajo con expertos económicos sobre los efectos de la crisis producida por el Covid-19 y convocó para mañana viernes para continuar con el debate económico.