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“No a la centralización de los recursos de las regalías”, coincidieron gobernadores en Foro en Comisión Quinta

Analizaron iniciativa que pretende modificar distribución, la cual fue duramente criticada por los problemas que generaría la centralización, eliminación de secretarías técnicas, no permitiría cumplir con los programas de desarrollo y disminuiría dineros para inversión y distribución para las regiones.

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2020 (Prensa Senado). Un llamado al Congreso como al Gobierno Nacional para no aprobar el proyecto de ley 005 de 2019 que pretende modificar la distribución y manejo de los recursos producto de las regalías, hicieron los gobernadores de los 32 municipios del país, al considerar que es lesivo para el desarrollo de las regiones y quedarían sin dineros para inversiones para las comunidades y no permitiría cumplir con los planes de desarrollo dispuestos para activar económicamente a los departamentos.

Los pronunciamientos en contra de la aprobación de la iniciativa se realizó en el desarrollo del Foro convocado por el presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe (Partido Liberal), en sesión virtual no presencial que citó a los miembros de la células legislativas de Senado y Cámara con el objeto de escuchar las inquietudes de los mandatarios regionales como de los funcionarios del Gobierno Nacional, en torno a la iniciativa que hace tránsito para aprobar una modificación al Sistema Nacional e Regalías que ha tenido rechazo por parte de los representantes de las regiones.

Los principales temas que rechazaron los mandatarios regionales fue la no centralización para el manejo de los recursos que estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo de Planeación, DNP, la desaparición de las secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisiones, OCADs, la distribución de recursos por número de habitantes y no por necesidades insatisfechas , así como recorte para inversiones de infraestructura, ciencia y tecnología, aprobación de proyectos por el Gobierno y además no acceder a créditos entre otros.

“Una nueva Pandemia”, posición de los gobernadores

Los mandatarios regionales coincidieron en señalar que en caso de aprobar la iniciativa en mención con la centralización del manejo de las regalías, se catalogaría como una nueva pandemia para los colombianos, puesto que traería más problemas sociales y económicos al no contar con dineros para el desarrollo de los departamentos y no poder contar con herramientas para beneficiar a las comunidades vulnerables.

El mandatario de Santander, Mauricio Aguilar, afirmó que se perjudicarían las poblaciones menos favorecidas económicamente al no poder contar con suficientes dineros para inversión en zonas vulnerables al no poder manejarlos directamente, sino hasta que el Gobierno central lo apruebe, lo cual no es ágil. A su vez el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, solicitó que se considere que la desaparición de las secretarías técnicas regionales no permitiría realizar ágilmente los proyectos y dar vía libre a las ejecuciones, ya que las decisiones las tomarían desde la Capital de la República que no conocen a fondo las necesidades de las regiones y menos cuando se pretende la reducción de los porcentajes en la distribución de los dineros producto de la explotación de los recursos naturales.

“Este proyecto se debe definir antes del 30 de agosto o por lo contrario el Gobierno lo podría aprobar por decreto y no se podría modificar con las consecuencias negativas para las regiones, indicó por su parte el gobernador de Bolívar, Antonio Blel, mientras su colega de Caldas, Luis Carlos Velásquez señaló que la reducción en la distribución de recursos echaría para atrás los programas de desarrollo ya planeados desde el año anterior y no permitiría obras esenciales para las pobladores.

La centralización para el manejo y autorización de los proyectos, así como la eliminación de las secretarías técnicas de los Ocads regionales, no permitirían aprobar, diseñar y ejecutar los proyectos locales y regionales ante la disminución en la distribución de los recursos, dijo por su parte el mandatario de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

El actual sistema que se viene aplicando en el sistema nacional de regalías para las regiones ha sido positivo para apoyar los programas diseñados con esos dineros para el beneficio de la región en materia de educación, vías, ciencia y tecnología entre otros y si pasa el proyecto en mención, se reducirían de manera sustancial perjudicando los programas del departamento, se expresó el mandatario de los boyacenses, Ramiro Barragán.

Otros gobernadores como de la Guajira, Nemesio Roys, se pronunció preocupado por el contenido del proyecto al señalar que la distribución de los dineros se establece por el número de habitantes y no por las necesidades vitales insatisfechas y eso no permitiría beneficiar a los habitantes de escasos recursos económicos y por lo tanto se opone a la aprobación de la iniciativa. En igual sentido se pronunciaron la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan como sus colegas del Huila, Luis Dussán, y de Nariño, John Rojas.

Esta reforma se puede calificar como la llegada de una nueva pandemia que perjudicará aún más la crítica situación económica que viven las regiones como consecuencia del Covid-19 y es necesario que el Gobierno como los senadores y representantes a la Cámara, ajusten el proyecto para que no se cometan injusticias con los departamentos, indicaron a su vez los mandatarios de Guaviare, Heydeer Palacio, de Guainía, Juan Carlos Iral, y de Vaupés, Eliécer Pérez.

Los recursos deben ser equitativos: Senadores

Los integrantes de la Comisión Quinta, citantes del Foro, se pronunciaron en contra de la pretensión de centralizar todas las funciones de los recursos del Sistema Nacional de Regalías y quitarle el manejo de las regiones y solicitaron que no se apruebe a las carreras para no permitir ajustar el proyecto.

Los dineros que generen las explotaciones de los recursos naturales, deben ser para que cada región los administre y maneje en sus proyectos de desarrollo y es como una compensación por su aporte por la explotación de los recursos naturales, dijo por su parte el legislador del Partido Verde, Jorge Londoño.

A su vez, Miguel Barreto, del partido Conservador, expresó estar de acuerdo con que los recursos sean administrados por las regiones, dado que gobernadores como los alcaldes son los que conocen las necesidades de sus pobladores para dirigir las inversiones en las áreas ambientales e infraestructura y el Gobierno se equivoca como lo ha hecho con el trasporte donde no conoce la geografía para aplicar políticas iguales para todo el país y no para las regiones.

El senador Didier Lobo (Cambio Radical) señaló que es necesario que se mantenga el espíritu de la iniciativa pero ajustarla de manera que se entreguen mayores recursos con equidad pero tener en cuenta especialmente a las zonas productoras y no la autonomía y menos que el 50% de las funciones de los Ocats pasen al manejo de sus dineros para no perder la autonomía de todos sus recursos.

Para el congresista Alejandro Corrales (Centro Democrático), los dineros de los territorios deben ser dirigidos para para todos los sectores y el Gobierno Nacional tiene la obligación de vigilar todos los proyectos para que se adelanten sin visos de corrupción y así se genere desarrollo para los departamentos y sus ciudades.

“Las fechas no permiten que se modifique el proyecto ya que establece que se debe aprobar para el 30 de agosto y no hay tiempo para nutrir y analizar la iniciativa para ajustar el contenido de la iniciativa de manera conjunta entre senadores, gobernadores, representantes a la Cámara y alcaldes”, reiteró el senador José David Name.

Jorge Robledo, del partido Polo Democrático Alternativo, rechazó la pretensión de la iniciativa que le quita competencias a los gobernadores como la centralización y se debe tener en cuenta a la población Afro que han sido abandonadas en los proyectos de desarrollo. Indicó que es una iniciativa en contravía de las regiones y cercenan la autonomía.

Opina el Gobierno

Juan Manuel Durán, presidente Agencia Nacional de Minería, explicó que el proyecto tiene como objeto reorganizar mediante una reglamentación la distribución de los recursos como de la vigilancia ambiental. Agregó que otro objetivo es fortalecer a las autoridades ambientales para la protección de los recursos naturales y adelantar la fiscalización de las explotaciones naturales, donde es necesaria la reglamentación como la protección en el desarrollo de la explosión para cuidar apropiadamente el ecosistema con tecnologías limpias.

Armando Zamora, en su calidad como presidente del Agencia Nacional de Hidrocarburos, señaló que se busca con la iniciativa promover la producción sostenible y en favor de las comunidades y además de vigilar las buenas prácticas en las explotaciones de los recursos naturales no renovables mediante la fiscalización y medir la producción, comercialización y que el gobierno distribuya los recursos. Este proyecto busca mejorar la distribución equitativa y eficiente, concluyó.

La subdirectora Territorial de Planeación Nacional, Amparo García, dijo que el fin es no volver al sistema anterior y establecer autonomía a las regiones pero con mayores responsabilidades. Este proyecto busca que los recursos se trasforme en activos fijos que resuelvan problemas de alcaldías y gobernaciones y sean inversiones pertinentes y robustos como sostenibles y especialmente que no queden inconclusos como también eliminar los cuellos de botellas y los procesos sean más ágiles, reducir etapas que eran 8 y ahora son 4 nosotros daremos herramientas de apoyo para agilizar los proyectos para su aprobación y controles de seguimiento”.

Las comunidades

“Importante realizar un solo bloque de defensa a las regalías, con un solo proyecto que recoja y sea acorde a las necesidades de las regiones, de nuestros territorios”, se expresó Diego García como representantes de comunidades, mientras Sandra Mina, por las comunidades Afro, dijo: “Cómo es posible que los territorios donde habitan las comunidades negras sea reducido el porcentaje de su participación en las regalías. Las comunidades negras tenemos el derecho a nuestra autonomía del desarrollo de nuestro territorio, es obligación moral e histórica con nuestros pueblos se nos permita decidir sobre nuestro desarrollo”.

Conclusión

El presidente de la Comisión Quinta, senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal), anunció que se tendrán en cuenta todas las inquietudes que fueron expuestas por los mandatarios regionales y locales, a fin de buscar ajustar el contenido del proyecto de ley 005 de 2019, donde se pretende ajustar la política de distribución de regalías, siempre y cuando se pueda por la premura del tiempo, ya que la iniciativa tendría que ser aprobada como plazo máximo el 30 de agosto y se tendría que acudir si es posible aplazar su viabilidad para ajustarla, además tener en cuenta la sugerencias que ha hecho el senador Temísclotes Ortega (Cambio Radical), quien como constitucionalista y miembro de la Comisión Primera, señaló que se podría presentar inconstitucional en caso de aprobarse, ya que ese proyecto está dentro de los decretos de emergencia que emitió el Gobierno Nacional por la pandemia y el mismo ya caducó, ante lo cual es necesario consultar con la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y en caso afirmativo, se tendría suficiente tiempo para ajustar la proyecto con tiempo necesario y así atender los reclamos de los gobernadores.

Crisis financiera de la Universidad Nacional fue analizada en la Comisión Primera

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, mostró su interés en la reforma de la Ley 30 de 1992 en los artículos 86 y 87 y en la activación financiera de la Ley 1914 de 2008, denominada ley de honores.

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2018 (Prensa Senado). Un foro en el que participaron directivos, docentes, estudiantes, administrativos de la Universidad Nacional y de otras instituciones públicas de educación superior realizó, de manera virtual, la Comisión Primera.

El análisis arrojó una delicada situación financiera que atraviesan las universidades públicas del país, al tiempo que se generaron propuestas para poder menguar la crisis que atraviesa la educación pública universitaria y que se agudizó debido a la pandemia del Covid-19.

Se planteó la posibilidad de lograr la cobertura total en la matrícula cero para beneficiar a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que por cuenta de la crisis económica no tienen como sufragar este gasto educativo.

También se contempló la posibilidad de aumentar las transferencias que el Gobierno nacional gira a las universidades públicas para poder superar el déficit financiero.

Otras propuestas giraron en torno al mejoramiento urgente de la planta física de las universidades, como también aumentar las inversiones en laboratorios, aulas y equipos tecnológicos para brindar educación con mejor calidad.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, mostró su interés en la reforma de la Ley 30 de 1992 en los artículos 86 y 87 y en la activación financiera de la Ley 1914 de 2008, denominada ley de honores, que entrega recursos por $100.000 millones de pesos, que aún no son entregados, y que serían de gran utilidad para reducir el déficit financiero de la universidad.

Asimismo, los senadores pertenecientes a la Comisión Primera mostraron su preocupación por la difícil situación financiera de la Universidad Nacional y de lo demás centros de educación superior del país, al expresar toda la voluntad para que desde el Legislativo se trabaje para superar la crisis y fortalecer las universidades financieramente, en cobertura y calidad.

Finalmente se citó a sesión de la Comisión Primera, para el próximo miércoles 12 de agosto, para llevar a cabo el debate de control político convocado por el senador Gustavo Petro, en relación con el Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Bogotá, a partir de las 9:00 de la mañana.

 

Respaldo total al Instituto Nacional de Salud, frente a su solicitud de mayores recursos

La directora del Instituto aclaró que hoy en día los tomadores de muestras superan la capacidad de los laboratorios, por esta razón se han acumulado las pruebas.

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2020 (Prensa Senado).- Aunar esfuerzos en favor de la investigación y el fortalecimiento regional para Instituto Nacional de Salud, INSpara enfrentar la pos pandemia, con el aumento de recursos, fue la solicitud unánime de los congresistas, durante la presentación de los informes presupuestales de la entidad.

En desarrollo de la sesión no presencial de la Comisión Séptima, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, expresó que en el marco de la pandemia recibieron $ 15 mil millones adicionales que permitieron ampliar su función de vigilancia, para un total de $79.309 millones, y precisó que a la ejecución a 30 de julio es del 57.9 por ciento.

Así mismo anunció que para el 2021 la aspiración presupuestal es de $96.719 millones, de los cuales $44 mil milones serán para funcionamiento y $52 mil  millones a inversión. “En funcionamiento se incluye la posibilidad de que a los profesionales de vigilancia y laboratorio se le paguen horas extras, pues tener bacteriólogos y epidemiólogos trabajando 24/7 es muy desgastante sin ningún tipo de incentivo.

Adicionalmente manifestó la funcionaria que el presupuesto anunciado es de $77 mil millones, lo que revela un faltante de $19.904 millones, “más o menos $20 mil millones ha sido siempre el faltante, pero es para hacer lo que ya hacemos, no es para tener una expansión, que si así fuera el faltante sería de $ 50 mil millones, este rubro es necesario para compra de equipos y expansión de anti venenos, mantenimiento y actualización de equipos de laboratorio, entre otros”.
 
Finalmente reconoció que las donaciones y ayudas le han permitido al INS hacer ese tipo de actualizaciones, “la Embajada de Japón nos ayudó con la implementación de unos cuartos fríos”.

Por su parte, la senadora Nadia Blel, del partido Conservador, resaltó la labor del INS por el aporte en investigación que le hace al país. “Es necesario más presupuesto basado en la prevención y no habrá prevención sin investigación. Quedo muy preocupada por el déficit expuesto”.

En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Carlos Fernando Motoa, Victoria Sandino, Laura Fortich, Aydeé Lizarazo y Gabriel Velasco, sobre la imperiosa necesidad de aumentar el presupuesto destinado al INS, y más en estos momentos de emergencia.

“Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que estos institutos técnicos hay que fortalecerlos, con mayor presupuesto”, precisó el congresista Carlos Fernando Motoa.

La legisladora Laura Fortich indagó sobre las pruebas. ”Sabemos que los resultados se demoran mucho en llegar, y sobre el tema de la inmunidad, cuánto dura o si se puede volver a contagiar”.

Por su parte, el senador Gabriel Velasco recordó que cuando arrancó la pandemia se tenía un sólo laboratorio y hoy existen más de 100, en todo el país.

La funcionaria Ospina, en respuesta a las preguntas hechas, sostuvo que los laboratorios, su mantenimiento y personal están a cargo de los departamentos. “El INS es el coordinador técnico, no tiene nexos administrativos ni obligaciones financieras ni operativas. Frente a esta situación vinculamos universidades, con el fin de construir una red de 110 laboratorios”, confirmó la Directora.

Adicionalmente aclaró que hoy en día los tomadores de muestras superan la capacidad de los laboratorios, por esta razón se han acumulado las pruebas. “Tenemos una red envidiable, pero deben privilegiarse los pacientes hospitalizados y los servidores de salud, para tener un claro panorama de la epidemia. Hay entes territoriales que toman tres mil muestras y no saben dónde se las van a leer”.

Al respecto, el senador Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, advirtió que “con lo planteado queda claro que si hay un problema que genera un poco de desconfianza, hay resultados que algunos casos son positivos cuando no lo son y el 40% se ha sabido que estaban contagiados cuando murieron”.

Presentación del ICBF

A su turno, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, expresó que en la entidad desde hace varios años casi siempre se ha ejecutado el 100 %, a 31 de julio el porcentaje de ejecución es del 81,67 por ciento, y el rubro asignado fue de $ 6.303 mil millones.

“Por Covid se ha adicionado en primera infancia $71. 269 millones, para seguir garantizando la salud y bienestar de los menores de 5 años; para Nutrición, $2.451 millones y en bienestar $ 600 mil millones”, confirmó la funcionaria.

En el comparativo 2020 2021, manifestó la directora Arbeláez que no hay incremento para los programas de Primera Infancia, que existe un déficit de 43 por ciento en la Dirección de Protección que es la encargada de restablecer derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia “Hay más de 62 mil niños y niñas en proceso de restitución de derechos”.

La senadora Aydeé Lizarazo expresó su preocupación por la disminución de cobertura de varios programas, a raíz de los bajos presupuestos, precisó que existe un gran número de niños que quedaron sin incluir en los programas del ICBF, “Precisamente, 2.800 en el departamento de Quindío quedaron en lista de espera, y son niños que en medio de la emergencia no han podido recibir un paquete alimentario”.

En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Laura Fortich y Gabriel Velasco, quienes reiteraron su apoyo a la directora Lina Arbeláez al frente de ICBF, “con el fin de sacar adelante el presupuesto y atender a la niñez colombiana de forma efectiva y tener los programas adecuados para enfrentar el Covid y post Covid”.

Turno para el Invima

El director del INVIMA, Julio César Aldana, precisó: "Tenemos dos temas importantes referentes a los proyectos estratégicos del Instituto, sobre la apertura de nuevos mercados para la carne y otro sobre Inspección, Vigilancia y Control en las fronteras del país".

Sobre el presupuesto asignado reveló que a 2021 solicitó un presupuesto de $230.813 millones, de los cuales $150.820 millones se rían para funcionamiento y $74.850 millones para inversión. Pero nos fueron asignados en el anteproyecto $206.424 millones, lo que afectaría estos dos proyectos estratégicos.

Así mismo sostuvo que "somos una entidad con autosuficiencia financiera, donde el 93% de los recursos provienen de las tasas que pagan los usuarios por servicios: 1. Registros Sanitarios, 2. certificaciones de BPM y 3. multas o sanciones".

Finalmente resaltó que la entidad posee una “plataforma estratégica apalancada en una gran transformación digital, que tiene como eje rector la salud pública del país y tiene tres líneas estratégicas: estatus sanitario, eficiencia y transparencia”.

El presidente de la Comisión ,José Ritter López, agradeció a los funcionarios citados por su acompañamiento y se comprometió a respaldar la solicitud de mayores recursos para estas importantes entidades, y convocó para el próximo martes 11 de agosto.