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Faltan ajustes a decreto que permitiría descongestionar cárceles, anunció Ministra de Justicia

La declaración fue hecha en reunión informal virtual con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La Ministra fue enfática en señalar que no se trata de una excarcelación masiva, sino medidas de detención provisional domiciliaria transitoria mientras se registra la pandemia del Covid-19.

Bogotá D.C., 9 de abril de 2020 (Prensa Senado). El anuncio lo hizo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, al explicar la medida que se viene estudiando desde hace dos meses, atendiendo las inquietudes que han surgido desde hace varios años por el hacinamiento en los centros carcelarios y que hoy por motivo de las medidas especiales por la pandemia del Coronavirus 19, se ha acelerado y es preciso tomar medidas urgentes pero no precipitadas, advirtió.

La titular de esa cartera explicó igualmente que se adoptarán medidas especiales para los casos de excepción como son las madres cabeza de familia y lactantes, como a quienes padecen enfermedades terminales o catastróficas y los mayores de 60 años, pero también dependiendo del tipo de delito que hayan cometido y que no sean un peligro para la sociedad. Igualmente serán beneficiados quienes hayan purgado hasta el 40% de la pena impuesta.

Se excluirán de la medida los que cometieron delitos sexuales, feminicidios, homicidios y crímenes de lesa humanidad, pero a todos se les proveerá de las medidas necesarias para evitar contagios y en caso contrario, toda la atención necesaria al poner en marcha protocolos de desinfección que en la actualidad se están aplicando como la supresión de visitas temporales entre otros.

Por su parte, el presidente de la Comisión, senador Édgar Palacio Mizrahi, (Colombia Justa Libres) solicitó que el documento sea tramitado con más agilidad para dar respuesta a los presos como a sus familias que esperan una decisión por parte del Ministerio Público ante la emergencia sanitaria.

La titular de la cartera de Justicia explicó que en el contenido del decreto se está analizando de manera especial para no cometer errores y por lo tanto se están tomando en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía General de la Nación como de los legisladores que vienen abogando para que se adelanten medidas de protección a la salud e integridad de los internos como de la guardia carcelaria.

A su vez, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, solicitó tener en cuenta las medidas para garantizar la atención en salud, especialmente el papel que están jugando las EPS para atender cualquier síntoma del Covid-19 u otras dolencias que requieren profesionales y medicamentos como las acciones en caso de casos positivos, interrogantes que fueron contestados por la ministra Cabello como por la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Lissette Cervantes, y el director del INPEC, general Norberto Mujica, quienes reiteraron que tienen dispuestas medidas sanitarias de prevención y los contratos vigentes con las entidades de salud para atender a los reclusos.

En su intervención, el senador Alexander López, Polo Democrático, se refirió al bienestar necesario para el personal de guardias y administrativos del INPEC y para ello invitó a los voceros de tres sindicatos, quienes solicitaron más atención para sus requerimientos en dotaciones para seguridad, elementos de protección para su salud y tiempos de descanso dado que por el hacinamiento no han podido disfrutar con sus familias. Peticiones que serán tomadas en cuenta como respuesta por parte de la institución.

La senadora Griselda Lobo, Farc, mostró su preocupación por la situación de los presos enfermos en la ciudad de Cúcuta donde se había tenido conocimiento también de traslados, inquietud que fue resuelta por el INPEC, al indicarle que se están realizando protocolos de aislamiento para evitar posibles contagios cuando se trata de personas con deterioro de salud y son ubicadas en otras regiones.

Personal insuficiente

Preocupación por las medidas sanitarias que se estén implementando en los centros carcelarios como en los sitios de detención en las URIS y estaciones de Policía, expresó el senador Iván Agudelo, Partido Liberal, quien agregó que el recurso humano con el que cuenta el INPEC es insuficiente para atender hoy la exigente labor de custodia y vigilancia.

“En la Penitenciaría de La Picota hay aproximadamente 9.200 personas privadas de la libertad intramural y 5.000 en prisión domiciliaria, custodiada por 270 efectivos”, dijo el congresista Agudelo, mientras su colega Aulo Polo, del partido Alianza Verde, pidió al INPEC más esfuerzos para evitar un posible contagio y tener listos planes de contingencia para afrontar una probable emergencia.

El senador Roosevelt Rodríguez, Partido de la U, al referirse a una posible solución con traslados a otros sitios no carcelarios señaló a la Ministra de Justicia que se debe cumplir con lugares especiales para proteger a la comunidad, tales como vienes activos incautados como lo propuso la Contraloría General y garantizar la seguridad alimentaria antes de emitir el decreto de excarcelación.

En materia de equipos y capacitación para la población carcelaria, la senadora Aydeé Lizarazo, Partido MIRA, propuso que dentro del decreto que se está construyendo se debe crear un programa para que se capacite al personal para que elabore material como son vestidos y tapabocas que son los que requieren los médicos, haciendo uso del potencial humano y las capacitaciones del SENA y otras instituciones y así hacer descuento en su penas.

“El Estado no nos debe obligar a vivir en la impunidad y tomar medidas reales y pronta para evitar contagios de los internos y a los funcionarios y además no estoy de acuerdo con la excarcelación masiva, porque se pierde la sanción social al delito cometido, antes se debe pensar en trabajo obligatorio que cumplan con el pago de pena”, aseveró la congresista Claudia Castellanos, del partido Cambio Radical.

Al finalizar la reunión virtual no formal de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se anunció que para la próxima semana se tiene dispuesto ajustar el decreto y darlo a conocer para su inmediata aplicación para responder así a la protección de los derechos humanos de los presos en materia de salud como de comunicaciones , ante lo cual se dispondrán de telefonía celular para que puedan conocer sus familiares el estado en que se encuentran, mientras se adoptan medidas contempladas en el documento que está próximo a revelarse.

 

 

“Lo que quiere una víctima es no volver a repetir lo que le sucedió como víctima”

Así lo señalaron las víctimas al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto.  Ante incumplimientos de reparación y restitución de tierras, víctimas de violencia piden ampliar Ley por 10 años más, durante reunión virtual con Comisión de Paz del Senado, donde el Congreso escuchó a los damnificados del conflicto.

Bogotá D.C., 9 de abril de 2020 (Prensa Senado). “No se cumplen los compromisos pactados con las víctimas”. “La impunidad ha sido un premio para los victimarios y hemos vivido persecuciones y amenazas”. “Lo que quiere una víctima es no volver a repetir lo que le sucedió como víctima”.  “Se naturalizó que día a día sigan cayendo militares en campos minados”. “Los acuerdos de paz eran una esperanza; pero cada vez se alejan más”. “Nos negamos a la imposición de una verdad oficial”. “Es momento en que el Congreso rectifique y corrija para que las 16 curules no queden en manos de jefes del narcotráfico y los victimarios”.

Frases como estas se escucharon a las víctimas de la violencia, que participaron en una reunión virtual con la Comisión de Paz del Senado, al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, tal como lo estipula la Ley 1448 de 2011.

Durante ese encuentro, que duró más de ocho horas, los congresistas de todas las tendencias políticas, las víctimas y los funcionarios públicos que participaron en el encuentro virtual se comprometieron a que trabajarían al unísono para que se amplié por diez años más la Ley de Víctimas, con algunas modificaciones que permitan las reparaciones prometidas.

En la citada reunión informal, las víctimas del conflicto coincidieron en señalar que no se ha cumplido, como se esperaba, con la rehabilitación, indemnización, restitución y garantía de no repetición. Además, los participantes en el encuentro solicitaron a todos los grupos armados un cese de violencia y hostilidades y hablaron de la necesidad de garantizar las 16 curules de Paz, tema que está por resolverse en la Corte Constitucional.

A febrero de este año, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, había un total de 8’970.712 víctimas, de las cuales 7’245.562 son sujetos de atención o reparación, un equivalente aproximado al 18,6 por ciento de la población del país que hoy cuenta con más de 49 millones de habitantes.

En Colombia, el mayor hecho asociado a infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, es el desplazamiento forzado con 7’992.968 víctimas, le siguen el homicidio y la amenaza.

La activista medioambiental y por los derechos humanos, Francia Elena Márquez, criticó que no se hubiesen concretado los decretos que permiten el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado.

Considera Francia Márquez que hay mucha burocracia institucional que no les permite a las víctimas recuperar sus tierras para vivir tranquilos y en paz.

“La impunidad ha sido un premio para los victimarios. Hemos vivido persecuciones y amenazas. Y hasta ahora no hay una sola investigación que de cuentas de estos delitos. Cuando las victimas ganamos una sentencia. Todo se queda en el papel”, destacó Márquez.

Víctimas, sin reparación

El delegado de las primeras víctimas que asistieron a La Habana y sobreviviente de la masacre de Bojayá, Chocó, Leiner Palacios, agradeció por la ampliación de la Ley de Victimas y propuso que sea una oportunidad para reforzar los programas en los territorios. Criticó que el 80% de las víctimas que fueron a La Habana no han sido reparadas por el Estado. Pidió revisar las medidas del Covid- 19 que impactan a las víctimas de la violencia.

La vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Aleida Murillo, denunció que el Centro de Memoria Histórica lo que está haciendo es revictimizándolos, “negando que hemos sido históricamente acalladas y en donde se da un respaldo a las Fuerzas Militares y que en contubernio con el paramilitarismo han exterminado las ideas diferentes en este país”.

Murillo agregó: “Nos negamos a la imposición de una verdad oficial y en donde para la violencia estatal no existimos”.

 La representante del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Ingrid García, quien debió exiliarse en Canadá desde hace 15 años, manifestó que ve con estupor que haya sido desfinanciada la Justicia Espacial Para la Paz en el exterior y “no se cumplen los compromisos pactados con las víctimas”

La representante del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Ingrid García, quien debió exiliarse en Canadá desde hace 15 años, manifestó que ve con estupor que haya sido desfinanciada la Justicia Especial Para la Paz.

El director de la Corporación Rosa Blanca, Herbin Hoyos Medina, hizo un llamado al Congreso para que modifique la Ley que crea las 16 curules de paz, porque tal y como está redactada, permitirá que esos escaños, que son para las víctimas, queden en manos de estrategas políticos, narcotraficantes y grupos armados.

Insistió el periodista Hoyos que es momento en que el Congreso rectifique y corrija para que las curules no queden en manos de jefes del narcotráfico y los victimarios.

Para Tiana Parra, directora de la Fundación Fuimos Héroes Colombia, la Ley 1448 dejó una grave falencia para los miembros de la Fuerza Pública, quienes no son reivindicados de la manera apropiada por haber perdido sus familiares.

Parra le solicitó al Congreso de la República que se presente un proyecto de ley que pueda ampliar el término de la Ley de Víctimas y en donde las familias de los integrantes de la Fuerza Pública sean reconocidas dentro del grupo de víctimas, porque en estos momentos han perdido toda opción de reparación.

Ángela Escobar fue víctima de violencia sexual y pidió a todos luchar por la implementación de los acuerdos y seguir creyendo en la Justicia Especial para la Paz.

De igual forma, indicó que no se deben desconocer los asesinatos de los líderes sociales.

Acuerdos, eran una esperanza

También intervino el mayor Carlos Mora, víctima del conflicto y representante de las Fuerza Militares, quien dijo que asesinar un militar o su familia se naturalizó en Colombia y por eso hoy las victimas militares siguen siendo invisibles.

“Se naturalizó que día a día sigan cayendo militares en campos minados. Detrás de todo militar existe una familia que entrega su ser querido para que sirva a la Patria. Los acuerdos de paz eran una esperanza; pero cada vez se alejan más”, destacó Mora.

Menderson Mosquera, representante legal de la Mesa de Victimas, HazPaz, solicitó que la Ley de Víctimas sea prorrogada por el Congreso y restituidos sus derechos.

Senador Roy Barreras, en nombre de la Comisión de Paz del Senado, se comprometió a la prórroga de Ley de Víctimas de la Violencia, por lo menos durante 10 años más. “Es una buena noticia y además una afirmación necesaria para celebrar el Día de las Víctimas”

Barreras dijo que seguirán solicitando a todos los grupos armados un cese de violencia y hostilidades y continuará trabajando para garantizar las 16 curules de Paz, que está por resolverse en la Corte.

El senador Iván Cepeda envió un mensaje al Gobierno para darles a las víctimas de la violencia las 16 curules de paz en el Congreso, que fueron acordadas en el proceso de paz.

“No hay justificación para que la Colombia profunda no esté representada en el Congreso. Iván Cepeda anunció un proyecto de Ley que sancione el negacionismo histórico y que evite desconocer el conflicto armado de Colombia”, destacó.

Se requieren acciones, no discursos

“Esta ley debe ser prorrogada cuanto antes para que muchas otras personas puedan ser reparadas. No basta con los discursos hoy, más que discursos hoy se requieren acciones concretas. La Colombia profunda además del flagelo de violencia habitual, está viviendo toda esta crisis”, señaló el senador Cepeda.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, se comprometió a aprobar la normatividad que permita ampliar por diez años más la Ley de Victimas por la Violencia y pide al Gobierno que haya reparación y no repetición. Así mismo, propuso una nueva fecha para celebrar el “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas”.

El representante John Jairo Hoyos, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, dijo que se deben hacer ajustes a la Ley de Víctimas de la Violencia para establecer la entrega por parte del Estado de Vivienda, Educación y Reparación Directa para las víctimas.

Agregó el congresista que se debe hacer una nueva sesión del “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas” antes de finalizar el año.

La senadora Paloma Valencia aseguró que el narcotráfico ha venido destruyendo los tejidos sociales y es por ello, que hace un llamado al terrorismo a tomar conciencia, ya que prima el respeto y derecho a la vida sin importar la ideología política de nadie.

Además, les hizo un llamado a las víctimas de la violencia para derrotar el narcotráfico que es un enemigo común, que se debe luchar contra esos dineros que son los que sirven para comprar las armas con las que se asesinan a los compatriotas.

La congresista también dijo que se debe dejar de apoyar los colombianos que ejercen la minería ilegal que es otro foco de violencia en el país.

“Quiero aprovechar este día, este momento para expresar toda mi solidaridad, brindar una voz de aliento y decirles a las víctimas del conflicto que no están solos. Seguiremos unidos por las víctimas”, recalcó la senadora.

La senadora Aída Avella dijo que las víctimas de este país siempre serán recordadas.

“Ningún genocidio es espontáneo y siempre interviene el Estado, más allá de los particulares. Después de todas las víctimas que nos ha tocado enterrar y hacerles un seguimiento muy de cerca, vienen después las amenazas enormes que se tienen en este país”, destacó Avella.

Seguidamente hizo un llamado a “quienes en este momento tienen las armas para matar a la gente, porque el virus que tiene el mundo en este momento no lo pueden combatir con ellas. En la medida en que defendamos la vida, la paz y una sociedad más justa, estamos todos construyendo la paz del país”, finalizó.

Por su parte, el senador Carlos Lozada dijo: “No nos cansaremos de reconocer y agradecer la inmensa generosidad de las víctimas desde que estábamos en La Habana y tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios de quienes representaban allí las víctimas”.

Puentes para la reconciliación

A renglón seguido destacó: “Queremos lograr que se tiendan puentes para la reconciliación de la sociedad colombiana y aprovechamos este día de la memoria y homenaje a las víctimas para reafirmar nuestro compromiso para que se cumpla con los acuerdos de paz”.

El senador Armando Benedetti dijo: “Considero que a través de la JEP y su buen funcionamiento se va acceder a la verdad, también en la reparación y esa frase que dijo al principio Francia: “Lo que quiere una víctima es no volver a repetir lo que le sucedió como víctima”.

Entre tanto, el senador Roosevelt Rodríguez manifestó: “Nuestra obligación como congresistas es escuchar y comprometernos a seguir de la mano de ellos tratando de consolidar una política pública que ayude a satisfacer plenamente el interés de todas las víctimas en Colombia”.

“Hago parte de quienes venimos exigiendo reparación por parte del Estado de las víctimas, seguiremos también luchando para el desarrollo de los acuerdos de paz”, destacó el senador Rodríguez.

Al intervenir, el senador John Milton Rodríguez dijo: “Hay denuncias hechas por las victimas que en este momento no tienen investigaciones y por eso debemos pedir un informe detallado a la Fiscalía; “Que nos den el informe del seguimiento de cada una de las denuncias que los líderes y víctimas han expresado en esta Comisión de Paz”, destacó el congresista vallecaucano.

El senador Antonio Sanguino precisó: “El Acuerdo de Paz traía la promesa no solo de la no repetición de los hechos victimizantes contra quienes habían sido víctimas hasta ese momento, sino también de la no repetición de la violencia, la guerra y el conflicto y desafortunadamente seguimos presentando víctimas”.

Sanguino insistió en “que haya un cese al fuego entre los actores armados que aún se mantienen en la violencia en la actividad generadora de víctimas y eso por supuesto es una petición al Gobierno Nacional”.

Luego participó el senador Richard Aguilar, quien precisó: “Si somos más exigentes no vamos a tener que esperar cinco décadas para reparar a las víctimas y apalancando recursos de regalías y con gestión express”.

Continuo el dirigente santanderino indicando que “decir que no se pueda aprobar las 16 curules, porque no hay espacio físico en el Capitolio es una vergüenza”

La senadora María Fernanda Cabal aseguró en la sesión que le “duele tanta hipocresía” y le “indigna que hay en este país tanta retórica”.

“Al final observamos unas largas filas de seres humanos que parecen mendigos y eso no puede seguir pasando. Ellos merecen una vida digna, con oportunidades de desarrollo, oportunidades de mayor conectividad, ya que así las víctima podrán sentirse tenidas en cuenta”, destacó la senadora Cabal.

Ser víctima, es lo común

Por su parte, el senador Juan Luis Castro señaló: “En Colombia ser víctima es lo común, eso trae unas connotaciones y narrativa histórica plagada de violencia que precisamente hoy se conmemora con el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y que partió la historia de este país en dos”

Destacó Castro: “Es muy importante que de alguna u otra manera Roy, le hagamos seguimiento desde la Comisión de Paz a la ley de salud mental que se emitió desde el Ministerio de Salud el año pasado con respecto a las víctimas del conflicto armado, que eso para mí es fundamental en este país”

En esta sesión de la Comisión de Paz del Senado para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, también tuvieron la oportunidad de hablar los representantes del Gobierno Nacional y de las entidades de vigilancia y control.

La Procuradora delegada para para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado, Elena Ambrosi, pidió una mayor articulación del Estado, porque se han invertido $96 billones en la reparación de las víctimas, pero hacen falta cerca de $120 billones más.

Ambrosi dijo que es necesario hacer una reflexión clara, profunda, de fondo de dónde saldrán y van a financiar esa nueva prórroga de la Ley para poder cumplir con los derechos de la victimas en un tiempo razonable.

Daniel Palacio, actual viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior y director encargado de la UNP, expresó que las víctimas de la violencia tendrán esquemas de protección cuando se desplacen y en su lugar de residencia no tendrán puestos fijos.

Agregó que los esquemas hoy no pernoctan con sus protegidos, no permanecen 24 horas con ellos, lo que se hace es que se coordinan con la Policía para que hagan monitoreo de las víctimas.

Jorge Calero, vicedefensor del Pueblo anunció que la Defensoría apoya la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas de violencia, porque persisten problemas en el reconocimiento de todo su universo y persisten los hechos victimizantes en el conflicto armado interno.

Precisó el funcionario que esta nueva ley debe garantizar mayor participación e inclusión. El vicedefensor llamo la atención del Gobierno sobre la necesidad de atender la agudización del conflicto y llamado a grupos armados al cese de actividades.

El director de la Unidad de Restitución de Tierra Andrés, Augusto Castro Forero, indicó que tiene identificadas tres millones 400.000 hectáreas para entregar a las víctimas de la violencia, con una inversión cercana $1.4 billones para restituciones y compensaciones que permiten el retorno de las víctimas. En este Gobierno se han restituido más de 50 mil hectáreas.

Castro Forero pidió que en la nueva Ley que se va a tramitar se amplié la vigencia de la Unidad de Restitución de Tierras.

 Algunas cifras

Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas, dijo que ya están llegando a las 997.000 víctimas indemnizadas, con una inversión de 6.7 billones de pesos, en indemnizaciones administrativas y judiciales. Hemos apoyado 202 procesos de retornos y reubicaciones, para consolidar en el territorio a cada una víctima.

Señaló que en febrero de este año, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hay 8’970.712 víctimas, de las cuales 7.245.562 son sujetos de atención o reparación, un equivalente aproximado al 18,6 por ciento de la población del país que hoy cuenta con más de 48 millones de habitantes.

El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, explicó que, en Colombia el mayor hecho asociado a infracciones al Derecho Internacional Humanitario es el desplazamiento forzado con 7.992.968 víctimas, le siguen el homicidio y la amenaza.

“Para atender a los hogares víctimas de desplazamiento, la Unidad ha invertido cerca de 5,3 billones de pesos desde el año 2012 hasta febrero de 2020, atendiendo, en promedio al año, a 893.000 hogares”, aseguró Rodríguez.

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, anunció un acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para desarrollar de 15 proyectos de investigación sobre el conflicto armado, sus protagonistas, dinámicas, reacciones. economía, narcotráfico, conflicto armado y Gobierno. Anunció que el Archivo de Memoria Histórica ha procesado 390 mil imágenes y recogieron tres mil 200 registros en materia de derechos humanos.

Las entidades que tienen que ver con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aseguraron este Jueves Santo que dan cuenta de sus avances y rinden un homenaje a los más de siete millones de sobrevivientes que hoy son sujetos de reparación en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

 

Congresistas solicitan créditos para garantizar pago de nóminas

Los legisladores piden al Gobierno Nacional actuar de manera inmediata con créditos a las empresas, para que no se frene la productividad en el país.

Bogotá D.C abril 9 de 2020 (Prensa Senado).- Mediante una reunión virtual, los congresistas de la Comisión Tercera y gremios de diferentes sectores del país plantearon medidas para concertar con el Gobierno Nacional decisiones en materia económica, por efecto del Covid-19.

En su intervención, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), manifestó su preocupación por la ausencia del personal médico, para la prevención y atención del Covid-19, para los productores del campo. “El virus ha generado, contracción en el consumo de algunos alimentos, por el refugio en sus los hogares”.

Afirmó que puede existir riesgo en el mercado de exportación, tales como el café, banano, flores y otros productos para el segundo mes del año. Además indicó, “en la medida en que el consumo siga reprimido por los meses que dure la pandemia en el país, puede haber desabastecimiento para el segundo semestre”, aseguró Bedoya.

Por su parte, Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística (Cotelco), indicó que el sector ha suspendido los contratos laborales y esperan no terminarlos, si continúa la pandemia. Expresó que el pago de nómina es una angustia para los empresarios. Toro le propuso al Gobierno que los créditos estén garantizados con recursos del Fondo Nacional de Turismo y de Fontur, por medio de una tasa compensada

Así mismo solicitó al Ministerio de Hacienda el desmonte de la sobre tasa de la energía en la industria turística y la exoneración del IVA en arriendos comerciales. Expresó que se debe motivar al sector turístico por los temores de contagio que existen, “debemos garantizar a los turistas la seguridad en los hoteles. Esto durará mucho tiempo para recobrar la confianza en ellos”.

De igual manera, Rosmery Quintero, directora de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (ACOPI), dijo que vale la pena revisar que no se les suspenda el servicio de salud a los empleados, cuando no puedan pagar su seguridad social. Aseguró que el 75% de las Mipymes no se encuentran realizando actividad productiva. Dijo que el sector considera que mientras dure el Covid-19, decrecerán en un 30%, dejando de aportar en ese tiempo unos 25.8 billones de pesos.

"Debemos ser creativos"

En su momento, el senador Germán Hoyos (Parido de la U) solicitó que el Gobierno acuda a créditos de la banca internacional para afrontar la crisis económica. “Debemos ser creativos y buscar fuentes de recursos, la prioridad es que las personas no salgan de las casa. Para esto se les debe garantizar su empleo”.

Manifestó que los expertos economistas dicen que se requiere unos 50 o 60 billones de pesos para afrontar la crisis. “La situación es compleja, pero debemos actuar con agilidad, las decisiones hay que tomarlas ya. Los efectos económicos de la pandemia en el país hay que repartirlos de manera intergeneracional en las próximas décadas”, aseguró el congresista Hoyos.

Entre tanto, el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático), solicitó a Cotelco entregar la proyección de recuperación del sector para este año y a la SAC, que indique cómo va la devolución del IVA por parte de la DIAN. Dijo que la situación de los gremios es de cuidado.

De otra parte, el senador conservador Efraín Cepeda Sarabia expuso que se debe acudir a los bancos internacionales, ya que el sector bancario del país está negando los créditos. “Parte de los recursos debe ser para el gasto social y pago de nómina. También propuso un seguro de incapacidad para los desempleados. ”El problema económico de las empresas se mitiga con caja”, sostuvo Cepeda Sarabia.

Entre tanto, el senador Richard Aguilar, por Cambio Radical, pidió al Gobierno Nacional incluir al sector agropecuario en los créditos. Dijo que se explique la manera como los entes territoriales pueden ayudar a los diferentes gremios con recursos de las regalías.
El senador Gustavo Bolívar (Partido Decentes) afirmó:”Los créditos buscan engordar más a la banca, la única manera de detener la masacre laboral es entrar a subsidiar a las pequeñas y medianas empresas”. También dijo que no se debe abolir las fechas festivas en el segundo semestre, con el fin que el sector turístico se pueda recuperar.

De igual manera, el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) preguntó a Cotelco, cuánto representa la sobretasa de energía que solicitan desmontar. Y a la SAC sobre la posibilidad de aperturar regionalmente en los municipios que no tienen la epidemia, para facilitar la producción y comercialización de productos agropecuarios.

Otras intervenciones

En su participación, el senador Iván Marulanda (Partido Verde) manifestó: “En esta crisis tenemos que apoyar a las empresas con recursos del Estado para sostener a la estructura productiva del país. La banca internacional está sobre saturada, porque la pandemia ha afectado la economía mundial. Tenemos que acudir al crédito del Banco de la República”.

El congresista agregó: “Reclamamos la mayor atención al sector agropecuario para que no falten los alimentos en los hogares colombianos. Al igual que al sector turístico, que es muy importante para la economía del país”.

En su momento, el senador Édgar Palacio (Colombia Justa y Libres) recomendó actuar con contundencia en la entrega de recursos, al igual que al acceso a créditos para los sectores productivos. ”Si nos aislamos todos, en tres meses no habrá país”.

El senador Fernando Araújo (Centro Democrático) dijo que es clave que el Gobierno por todos los canales les pueda entregar financiación a los pequeños productores y a los que se dedican a la economía informal. Solicitó segmentar, a través del Fondo de Garantías, la entrega de créditos para los sectores que requieran liquidez, ya sea para pagar nóminas o para el abastecimiento y solventar la crisis económica del, país.

El congresista pidió a la Comisión firmar una carta para plantear alternativas y que todos los sectores sociales que generen empleos puedan acceder a recursos, a través de subsidios o créditos.

Después de un análisis que los congresistas de la Comisión Tercera y gremios de diferentes sectores le hicieron a la afectación que ha tenido la economía del país, por efecto de la pandemia del Covid-19, recomendaron buscar créditos para que las empresas continúen su producción.