Según la Contraloría General, existen 1.193 obras inconclusas en el país, que han dejado un detrimento patrimonial de $8.7 billones. Visto bueno a área metropolitana de Bogotá y a protección de región amazónica.

Bogotá D.C., diciembre 12 de 2019 (Prensa Senado). La plenaria del Senado aprobó hoy la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas o 'elefantes blancos', lo que permitirá que se incorporen e identifiquen de manera precisa las construcciones financiadas total o parcialmente con recursos públicos y los contratistas incumplidos sean sancionados.

El senador ponente de la iniciativa Horacio José Serpa Moncada explicó que la misma hace parte del paquete de los llamados proyectos anticorrupción.

Por su parte, la senadora Emma Claudia Castellanos, autora de la propuesta, indicó que en el país existen 1.193 obras inconclusas, que han dejado un detrimento patrimonial de $8.7 billones, que podría ser comparado con lo que recauda una Ley de crecimiento económico.

“El Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas será un instrumento técnico y de control fiscal, el cual estará administrado por la Contraloría General de la República, con la información que suministren las entidades estatales por el término de tres (3) meses y se establece los lineamientos jurídicos para la emisión del acto administrativo que ordene la respectiva terminación o demolición de dichas obras civiles inconclusas, según disponibilidad de recursos”, dice el texto del proyecto que pasó a conciliación.

También se afirma en la iniciativa que las entidades contratantes de la administración pública consultarán las anotaciones hechas en el Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas, en los procesos de contratación.

Cabe destacar que así mismo se establecen igualmente las sanciones administrativas a los contratistas e interventores con anotaciones en el registro, durante los procesos de contratación.

El Registro Nacional de las Obras Civiles Inconclusas hará parte del banco de proyectos y del Plan de Desarrollo, para de esa forma facilitar la apropiación de recursos, a fin de garantizar su terminación o demolición.

Para evitar nuevos gastos al Estado se utilizará el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (Sireci) de la Contraloría General de la República. (https://www.contraloria.gov.co/web/sireci), que es una plataforma de control fiscal dispuesta para el seguimiento a los recursos públicos y su correcta ejecución.

A divulgar declaraciones de renta

Así mismo, la plenaria del Senado aprobó igualmente la conciliación del proyecto de ley que obliga a todos los servidores públicos a revelar sus declaraciones de bienes y renta. La iniciativa pasa ahora a la respectiva sanción presidencial.

Esta norma cobija a los funcionarios elegidos mediante voto popular como el Presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Igualmente estarán obligados a publicar sus declaraciones, los ministros de Despacho; los superintendentes, los directores de Departamentos Administrativos; los directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado; al Gerente General del Banco de la República, de las CAR y los Consejos Directivos y rectores y directores de Universidades Públicas, entre otros.

En la misma situación se encuentran los magistrados de las altas cortes, de los tribunales y de la Justicia Especial para la Paz; el Fiscal General de la Nación, fiscales locales, seccionales y jueces de la República; los magistrados del Consejo Nacional Electoral; el Procurador General de la Nación; el Auditor General de la República; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Área metropolitana

De igual forma se aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 325 de la Constitución Política y que busca crear el marco jurídico constitucional que permita la creación de la región administrativa de carácter especial ‘Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca’, que tenga jurisdicción sobre Bogotá y los municipios circunvecinos con la ciudad capital.

Región amazónica y Santa Marta

En desarrollo de la sesión, la plenaria aprobó en el cuarto debate de su primera vuelta, la reforma constitucional que protege la cultura, la etnia y el medio ambiental en la región amazónica.

La iniciativa establece un régimen especial en consideración a las características del territorio que tiene dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional y con unas circunstancias socioeconómicas particulares.

El senador Gustavo Bolívar, de la lista los Decentes, denunció que hay un ‘mico’ en el texto cuando dice que “se podrán expedir nomas especiales ambientales y fiscal que fomenten la investigación”.
La oposición interpreta que ese párrafo permite la llegada de empresas que exploten los hidrocarburos, la minería y el coltán.

Sin embargo, el texto aprobado dice: “Para este fin se podrán expedir normas especiales en materia ambiental, administrativa, fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el turismo, el desarrollo del comercio y formas de explotación sostenible de los recursos, previa consulta a las comunidades directamente afectadas, que provean bienestar social y económico a sus habitantes y garanticen la preservación de los bosques, su fauna y su flora hacia el futuro y detengan la deforestación y el tráfico de fauna”.

Y agrega el texto aprobado que “en dichas normas podrán establecerse mecanismos de compensación y pago de servicios ambientales que permitan que otras entidades territoriales, el Gobierno nacional y los colombianos, en general, aporten recursos para la preservación de estos departamentos”.

También recibió luz verde, el proyecto de ley por medio del cual la Nación se asocia a la celebración del quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena.

Tras la aprobación del paquete de iniciativas, la plenaria fue levantada y se convocó una nueva sesión, el próximo lunes 16 de diciembre, último día de las sesiones ordinarias, a las 10:00 de la mañana.