La senadora Maritza Martínez indicó que en el marco del debate sobre Electricaribe “es imposible pasar por alto el tema que más les preocupa a los colombianos en este momento y es el costo exorbitante del servicio eléctrico”.

 Bogotá D.C., 19 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Durante el debate de control político virtual sobre Electricaribe, varios senadores de la Comisión Quinta solicitaron al Gobierno que se revele la cifra real en que fue vendida esa empresa. Incluso, el congresista José David Name manifestó que “es muy difícil hacer un debate político sin saber las cifras de la venta. Es hacer un debate a ciegas”.

Su colega Jorge Enrique Robledo dijo que la cifra no se da a conocer, porque en el Plan Nacional de Desarrollo “se estableció el secretismo”, en tanto que el senador Alejandro Corrales hizo hincapié en que en el inconsciente de los colombianos está que Electricaribe se vendió por un precio muy inferior al que debería haber tenido.

 El tema fue uno de los tópicos que se mencionó al hablarse de los dos nuevos operadores, Caribe Mar y Caribe Sol, producto de la adjudicación con EPM y Energía de la Costa, que reemplazarán a Electricaribe.

 En la sesión virtual de la célula legislativa participaron la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño; la Agente Interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas y el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, manifestó que el 265 de la demanda energética del país se encuentra en la región caribe. Esto deriva de los 10.7 millones de personas que viven allí y, aclara, que el 79% son usuarios regulados y el 21% no regulados.

Resaltó que para las redes de la costa caribe se han invertido 5.5 billones de pesos para todo el sistema de transmisión regional. Sumado a esto, comentó, existen 35 proyectos adjudicados, 21 proyectos en operación, 14 proyectos están en vísperas de ejecución y 10 proyectos están próximos a adjudicarse.

Respecto a la adjudicación a los dos nuevos operadores, Caribe Sol, del Consorcio Energía de la Costa, tendrá la atención de Atlántico, Magdalena y La Guajira, teniendo un total de 1.2 millones de clientes. Mencionó también, que habrá un cambio en la prestación del servicio y que, de ahora en adelante, se hará mediante inversiones, requisito fundamental para asegurar que los nuevos prestadores lleguen con la plata para hacer esas inversiones. Caribe Sol tendrá que invertir alrededor de 2.5 billones de pesos en los próximos 5 años y 3.7 billones en un horizonte de 10 años.

Por su parte, Caribe Mar, de Empresas Públicas de Medellín (EPM), tendrá la atención de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar en donde son 1.5 millones de clientes, razón por la que tendrá que poner más de tres billones de pesos en los próximos cinco años en inversiones y cerca de cinco billones de pesos en un horizonte de cinco años.

La Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, manifestó que una vez los operadores asuman la prestación del servicio público de energía eléctrica de la Costa Caribe para los dos diferentes mercados Caribe Mar y Caribe Sol, deben firmar un programa de gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos, esto ha sido de conocimiento general de los participantes del procesos desde un inicio, es un programa de gestión que se diseña especialmente para el caso de Electricaribe con indicadores y seguimientos claros, que contará con periodicidad estrecha, haciendo un estudio permanente, para que no pase lo que pasó con Electricaribe, y así tanto la Comisión Quinta, los ciudadanos de la Costa Caribe y los colombianos tengan la tranquilidad que desde el principio las inversiones se van a invertir en lo que se tiene que invertir.

Adicionalmente, Avendaño mencionó que a pesar de toda esta intervención, la Superintendencia ha seguido adelantando los procesos de investigación contra la prestación de servicio de la costa caribe y ha venido fallando en esos procesos con las sanciones correspondientes, argumentando que la Superintendencia ha estado trabajando de manera paralela prestando de manera óptima los servicios y siendo garante de los mismos, mientras se encarga de imponer la respectivas sanciones.

 Medidas de alivio

Referente a la contingencia por el Covid -19, expuso que desde el principio el Gobierno Nacional ha tomado medidas mediante resoluciones y decretos, en los cuales establecen medidas de alivios a los usuarios, con condiciones favorables para los diferentes estratos, a alivios de carácter obligatorio que se están haciendo cumplir en todo el territorio nacional.

 Por su parte, La agente Interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas reconoció que la primera parte del proceso era lograr obtener la adjudicación de los dos nuevos operadores, Caribe Sol y Caribe Mar. Una vez conseguido, el 30 de marzo de 2020 se inició con la fase de transición, que consistió en concertar reuniones con los adjudicatarios, con el fin de hacer una entrega clara y concreta de los mercados que adquirieron a través de las dos nuevas compañías.

 Mencionó que desde septiembre de 2019, Electricaribe estuvo adelantando temas en materia jurídica y tecnológica para poder tener el proceso adelantado, en el momento que se diera la adjudicación y poder hacer una división a nivel tecnológico y jurídico satisfactoria. Hoy en día, ya están constituidas las dos nuevas compañías y se tiene el 90% de los proyectos finalizados en materia de sistemas de información. 

Entre tanto, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO) reconoció que durante su periodo como ministro, en el gobierno anterior, tuvo la posibilidad de experimentar con detenimiento la situación de Electricaribe, pues fue en ese momento cuando se hicieron los primeros pasos para avanzar en el proceso que se llevó a cabo en el gobierno actual. 

Destacó que hoy, después de la venta de la empresa y de tener dos nuevos operadores, es posible asegurarle a la región Caribe que van a tener un tratamiento diferente con un buen servicio. Resaltó, además, la labor del Gobierno Nacional con los incentivos que ha puesto, además de entregar recursos para poder dar capital de trabajo a las empresas para que las personas más desprotegidas puedan tener la posibilidad de contar con los servicios públicos de la mejor forma.

Hablan los senadores

El senador Jorge Robledo enfatizó en que el Gobierno Nacional no ha querido dar las cifras de la venta de Electricaribe. Sin embargo, destacó que esa cifra asciende 285 mil millones de pesos por la compra de la parte de Alberto Ríos. No obstante, hizo hincapié en que la razón por la que las cifras no han sido publicadas, es porque son una vergüenza y no quieren que se conozcan.

El Consejo de Ministros aprobó el precio de venta, además el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, a través del Plan de Desarrollo, establecieron el “secretismo” en el Plan Nacional de Desarrollo, porque no tienen cómo sustentarlo.

Resaltó la necesidad de los diferentes ministerios de colaborar con los senadores en la función de control político, que es, entre otras cosas, una labor anticorrupción, anti-ventajismos y antimaltratos de los intereses públicos. Al no colaborar, enfatiza, no estarían asumiendo la posición de contribuir, sino de enredar las cosas. 

Por su parte, el congresista José David Name, en su exposición como citante, resaltó enfáticamente que es muy difícil hacer un debate político sin saber las cifras de la venta, es hacer un debate a ciegas, como también lo mencionó su colega el legislador Jorge Enrique Robledo. 

A su vez, denunciando que Electricaribe hasta la fecha está cobrando por promedio, tomando ejemplo el recibo de su oficina, en donde se evidencia que la factura del mes de marzo es casi igual a la del mes de abril, oficina que no ha tenido funcionamiento hace un mes, así acudiendo a los canales de reclamo y en donde hasta el momento no ha logrado respuesta. 

“A precio de huevo”

Como conclusión, el senador Name afirmó que la compra por 285 mil millones de pesos, no es problema del comprador sino del vendedor, ese monto es el que el Estado va a recibir, destacando que Electricaribe se vendió a “precio de huevo”, ya que el nuevo dueño no tiene que pagar ni pasivo pensional, ni pasivo laboral, ni deudas, ni a los generadores, ni a los bancos, ni a los pequeños empresarios, saliendo libre de toda deuda, así mismo sin dar explicaciones de los activos los cuales “cedieron a los nuevos dueños”.

Por su parte, la congresista Daira Galvis lamentó que la Superintendente de Servicios Públicos le esté dando la espalda a la Constitución Política de Colombia al negarle la posibilidad al Congreso de informar el costo de la negociación de la venta de Electricaribe en dos segmentaciones, Caribe Mar y Caribe Sol.

Sumado a lo anterior, hizo una petición a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y a la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, para que retomen la posición sería indiscutible frente a estar cobijadas dentro de la Constitución para poder generar y facilitar las funciones constitucionales que de naturaleza tiene el Congreso de la República, representante del constituyente primario por vía de la elección popular. 

Entre tanto, la legisladora Sandra Ortiz reconoció la labor de la Ministra, pues no era fácil haber buscado una solución estructural y definitiva respecto a la situación de Electricaribe. Manifestó también su aprobación frente a que la adquisición de dicha empresa haya sido por parte de una empresa colombiana. Reconoció y felicitó a los costeños, porque hoy tienen una empresa que tiene toda la liquidez y que cuenta con un apoyo y una muy buena imagen a nivel nacional.

Por su parte, la senadora Nora García dio las gracias al Gobierno Nacional por el nuevo operador, argumentando que tiene puestas todas sus esperanzas en EPM, operador serio que les da seguridad, expresando que estarán prestos a apoyar la gestión del mismo y a ser garantes que todo funcione como debe ser. Solicitando, el estudio de la posibilidad de suspender por tres meses los acuerdos de pago con los usuarios, para que vean un alivio en sus recibos, así Electricaribe asumirá su responsabilidad social frente a los efectos devastadores de la pandemia. 

Por otra parte, la congresista Maritza Martínez destacó que en el marco del debate sobre Electricaribe “es imposible pasar por alto el tema que más les preocupa a los colombianos en este momento, pues a lo largo del país, los ciudadanos están preocupados por los costos exorbitantes del servicio eléctrico”. Pese a esto, reconoció la labor de la Ministra, porque se ha destacado en la crisis al tomar medidas importantes frente a los problemas que vive el país.

Manifestó que la Ministra es la llamada a tomar medidas más novedosas con un mayor nivel de riesgo que se salga de la normalidad, pues la situación del país lo amerita. Es necesario analizar reforma los costos de generación, de transmisión, en la comercialización y en la distribución. Lo anterior porque hay algunos que están ganando demasiado en épocas en donde los colombianos están confinados, han perdido el empleo, el comercio está cerrado, las empresas están dando pérdidas y, sin embargo, los generadores siguen teniendo utilidades desbordadas. En una etapa de normalidad no pueden esperar las mismas utilidades que han venido presentando.

El senador Jorge Eduardo Londoño destacó que después de esta pandemia no es mucho lo que vaya a cambiar en el país, puesto que quienes han gozado de las prerrogativas del poder, seguramente irán a perder algunos recursos, pero van a salir muy bien librados de esta crisis y en Colombia dichos sectores son la banca, las EPS y los prestadores de servicios públicos, quienes se van a recuperar, muy contrario a lo que deberán y actualmente afrontan las clases medias y bajas del país, que su realidad es desoladora. 

El congresista Miguel Barreto enfatizó en que los colombianos deben entender el sacrificio que ha hecho el Gobierno Nacional, pues durante muchos años, los colombianos son quienes han tenido que ayudar a financiar a Electricaribe y esta vez no es la excepción. Reconoció que en años anteriores hubo malos manejos en las empresas de energía de la costa y hoy, con esta adjudicación, se están reivindicando. No obstante, hizo un llamado a la Superintendente de Servicios Públicos y a la Ministra de Minas y Energía para revisar los costos de las tarifas de los servicios públicos en el país.

El senador Guillermo García Realpe resaltó que el rescate de Electricaribe venía desde el Gobierno Santos, rescate que fue muy bueno, porque hoy se evidencia la ruta de recuperación, sin antes cuestionar que al vender Electricaribe se está entregando una empresa que le costó mucho al país, y le seguirá costando, por las demandas que siguen en curso que a la larga le costarán a todos los colombianos, así protegiendo la inversión extranjera.

Así mismo afirmó que la demanda crece en la costa Caribe el 4 % de energía, mientras que en Colombia crece el 2%, evidenciando indiscutiblemente que el escenario es muy bueno, y “nosotros entregamos eso” al vender Electricaribe, manifiesta que espera que se pueda hacer algo entre el gobierno Nacional y EPM, en donde el otro socio sea el Estado Colombiano, esperando que no se entregue a Electricaribe.

El congresista Alejandro Corrales hizo hincapié en que en el inconsciente de los colombianos está que Electricaribe se vendió por un precio muy inferior al que debería haber tenido. De acuerdo a lo anterior, se cuestionó sobre qué tan barata fue, pero reconoció que esa información no se sabe puesto que hay un tema de confidencialidad de por medio. Sin embargo, recalcó, no es sano para los colombianos. No obstante, enfatizó en que es necesario mejorar la matriz energética y complementarla con energías renovables.

El legislador Didier Lobo expuso que ha sido un crítico de la Ministra de Minas y Energía por el caso de Electricaribe, pero hoy manifiesta su gratitud por el arduo trabajo que ha hecho la bancada de la región caribe, quienes se pusieron de acuerdo para empujar y que hoy el tener otro operador es una realidad, reconociendo la efectividad por parte de la alta funcionaria, quien en cabeza del Gobierno nacional ha venido liderando con responsabilidad y compromiso el sacar adelante este proceso.