Congreso en pleno citado para elegir nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Senado se reunirá en sesión plenaria, a las 4:00 de la tarde.

 Bogotá D.C., noviembre 12 de 2019 (Prensa Senado). La plenaria se inició hoy con un debate sobre la elección de magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, cuando el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, manifestó su descontento con el procedimiento que se seguirá para escogencia del jurista.

En su intervención, el congresista Rodríguez expresó: “Es ilegal hacer un nombramiento de un puesto de magistrado que no existe. El abogado Hollman Ibáñez se posesionó ante el Notario 27 de Bogotá como magistrado del Consejo Nacional Electoral, conforme a lo preceptuado por la ley”.

Ante el cuestionamiento del legislador, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, respondió: “Yo no tengo ninguna intención política en la elección de magistrado del CNE, solo quise blindarme jurídicamente solicitando los conceptos”.

Dentro del procedimiento en la elección del nuevo magistrado, que se realizará mañana en sesión del Congreso en pleno, fueron expuestos en la plenaria del Senado dos consultas, una a la Procuraduría General de la Nación, con un acompañamiento especial, y otra al Consejo de Estado por intermedio del Ministerio del Interior.

Para concluir su explicación, el alto dignatario del Congreso, precisó: “Quiero dar un parte de tranquilidad a la plenaria. Nos basamos única y exclusivamente en unos conceptos serios y con mucha validez".

En relación con lo anteriormente expuesto, el senador Efraín Cepeda hizo un llamado a las bancadas a reflexionar enviando el siguiente mensaje: “Me parece que el Partido Conservador tiene un derecho para seguir ocupando esa silla en nombre de los miembros de la coalición que eligió al fallecido Heriberto Sanabria (QEPD)”, añadiendo: “conservador reemplaza conservador” refiriéndose a la postulación de María Mercedes López, como la jurista conservadora, según dijo, “para brindar las garantías en las decisiones que haya que tomar desde el Consejo Nacional Electoral”.

Los fuertes cuestionamientos siguieron en la plenaria del senado, pero esta vez enfocados en el debate para la modificación del artículo 44 de la Constitución Política respecto al proyecto de acto legislativo fundado en que los delitos sexuales contra los niños y adolescente sean sancionados por la justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Así hablaron los voceros

Como ponente de la iniciativa, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, especificó: “Este proyecto no está modificando los acuerdos. Se trata de razones morales, queremos que nunca más se sometan a negociaciones las penas que le corresponden a quienes han violado a un menor colombiano”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín, abogó a favor del proyecto al decir: “Es muy grave que en Colombia con el argumento de las relaciones sexuales en edades tempranas se empiece a justificar el abuso sexual contra menores”, pronunciamiento que llegó luego de escuchar a Rodrigo Lara, del partido Cambio Radical, quien expresó: “Es una realidad que existe y no la vamos a transformar”.

A su vez, el senador Gustavo Petro, Colombia Humana, fue claro en decir que “los depredadores sexuales que han existido en Colombia han sido condenados investigados gracias a que confiesan o sino no serían condenados y confiesan porque es obligatorio en la justicia especial”.

En defensa de las ideologías y prioridades de los senadores, la representante del partido de la U, Maritza Martínez, precisó: “Estamos discutiendo un mensaje de apoyo frente a cualquier situación donde prevalecen los derechos de los menores”.

 El debate siguió, y en su oportunidad el senador Manuel Bitervo, del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, aprovechó para solicitar que la jurisdicción especial indígena no quede excluida del acto legislativo.

“Si el articulo queda explicito votaré positivamente, si no nos abstendremos de votar” fue la posición del legislador Gustavo Petro, quien a su vez opinó: “El abuso sexual contra niños no es exclusivo de un grupo y cierra las puertas a otro proceso futuro de paz, Debemos ser inteligentes y conscientes más que populistas”.

El senador John Milton Rodríguez expresó su preocupación sobre la postura de algunos senadores frente al tema: “Condenar la justicia ordinaria a impunidad para siempre, es grave, es necesario dignificar la justicia”.

Para el congresista Roosevelt Rodríguez, de la Unidad Nacional, en el proyecto lo único que está garantizado es la impunidad replicando que según estadísticas expuestas “la impunidad en la jurisdicción ordinaria es del 97%. De cinco denuncias que se hacen por delitos sexuales contra menores solo en uno se condena. El proyecto tiene un tinte populista y manipulador de la opinión, porque con este proyecto no solucionamos el delito sexual contra menores”.

La legisladora Victoria Sandino, del partido FARC, expresó que desde la JEP no existe impunidad alguna en casos de violencia sexual contra los niños. “Al país no se puede usar en un hecho como estos donde no hay departe del Estado una disposición para atacar este flagelo”.

Ante esto y a través de una moción de orden, el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, realizó serios cuestionamientos a Sandino al expresar: “Tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, tiene cuatro denuncias por asistir a abortos inducidos, tiene dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido”, entre otros, a la vez que concluyó que las personas que están vinculadas a la JEP deben declararse impedidas para participar en este tipo de discusiones.

“Cínicos, descarados y sinvergüenzas” fueron las palabras que usó el senador Julián Gallo, de la FARC, después de escuchar las fuertes declaraciones del congresista del Centro Democrático.

Acto seguido y ante la falta de condiciones objetivas para la continuidad del debate, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, levantó la sesión y convocó para este 14 de noviembre, a las dos de la tarde, Congreso pleno para la elección de magistrado del Consejo Nacional Electoral, que se realizará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, y plenaria en el recinto del Senado, a partir de las cuatro de la tarde.

El debate que se realizó en la Comisión Primera del Senado contó con la asistencia de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y del viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez.

Bogotá D.C., noviembre 12 de 2019 (Prensa Senado). Con 17 votos a favor y dos en contra, fue aprobado el proyecto de acto legislativo por el cual se reforma el artículo 361 de la Constitución Política Nacional, para modificar la distribución de los recursos generados por las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables.

El proyecto tiene como objeto establecer una distribución más equitativa con las necesidades que se plantean en cada región para la inversión social, procedentes del Sistema General de Regalías, cuyos recursos se orientarán para financiar proyectos productivos para el desarrollo social, educación, ambiental y económico para todas las regiones del país.

En el desarrollo del debate, en su segunda vuelta, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), una de las ponentes de la reforma constitucional, insistió en la urgencia de destinar un porcentaje más amplio de dineros para proteger el medio ambiente en las zonas productoras de hidrocarburos, minerales y recursos naturales como una inversión social para los habitantes de dichas zonas donde prevalecen necesidades básicas insatisfechas por la falta de inversiones en los sectores educativos y ambientales.

Por su parte, el congresista Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) solicitó también ajustar los valores asignados y que los dineros sean girados y destinados en su manejo por los alcaldes y gobernadores en los proyectos que beneficien a sus comunidades con una previa y constante vigilancia para su ejecución y culminación satisfactoria y determinar que los recursos de regalías se destinen en programas específicos en el tema de educación en todas las regiones del país para evitar corrupción.

“La distribución de los recursos de las regalías debe ser ecuánime y con especial atención a las zonas marginadas con inversiones sociales” recomendó por su parte el senador Temístocles Ortega ( Cambio Radical), a quien se unió el legislador Fabio Amín (Partido Liberal), quien indicó que se deben evitar inversiones en infraestructura que luego sean abandonados y se conviertan en elefantes blancos en los municipios y por lo tanto es necesaria una constante vigilancia e incluir mayores recursos en los municipios explotadores de recursos para que se destinen en proteger, mantener y renovar el medio ambiente.

A su vez, el congresista Julián Gallo (Farc) afirmó que se tiene que priorizar inversiones económicas más amplias para los municipios pobres, donde se requiere con agilidad la generación de inversión social en temas como la educación, infraestructura para atención en salud y vías, además para proyectos que fomenten las economías locales y regionales.

El senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) señaló que lo más importante en la reforma que se plantea a la Constitución Nacional en la distribución de los recursos de las regalías es actuar con equidad, para beneficiar todas las regiones donde sus habitantes sufren adversidades por falta de inversión social.

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en la distribución de los recursos generados por las regalías es el ajuste que se ha hecho donde se están compensando a los municipios productores para reparar el ecosistema intervenido en las exploraciones de recursos no renovables, señaló por su parte el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical).

Sin embargo, el congresista Gustavo Petro (Colombia Humana) señaló que es una discusión inútil la distribución de las regalías, porque no es válido vivir de las regalías de los recursos naturales no renovables y lo que se debe buscar son fuentes alternativas e iniciar un proceso que reemplace los hidrocarburos por energías amigables con el ecosistema e invertir en esos proyectos y por lo tanto anunció su voto negativo para la aprobación de la iniciativa y agregó que deberíamos estar debatiendo la transición de los combustibles fósiles a los amigables con el medio ambiente, en vez de estar discutiendo los porcentajes por la extracción de hidrocarburos y minerales que dañan la naturaleza en medio ambiente.

El viceministro de hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que los recursos de las regalías en los municipios en materia de educación se invertirán no solo en infraestructura únicamente, sino en formación intelectual y no gastos recurrentes. A su vez señaló que la propuesta de girar recursos de las regalías directamente a las entidades territoriales para su manejo, es muy complejo y se requiere analizarlo en detalle.

Otro aspecto que se analizó en el desarrollo del debate es el referente al rubro de ciencia y tecnología, donde el legislador Iván Name (Alianza Verde) indicó que las inversiones en ciencia y tecnología con los recursos de las regalías, lamentablemente no se invierten de la mejor manera y en algunas veces se pierden y no se van a los sectores de emprendimiento y por lo tanto es necesaria una vigilancia constante por parte de los entes de control.

Tras la aprobación del proyecto de acto legislativo, este pasa a conocimiento de la plenaria del Senado para su último debate.

Según señala la iniciativa, se destinaría un 20% para los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la explotación de recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos. Los municipios donde se exploten recursos naturales no renovables tendrán además una participación adicional del 5% que podrán ser anticipados en los términos que defina la ley que desarrolle el Sistema.

El 15% iría para los municipios y distritos priorizados de acuerdo con los criterios que establezca la Ley que desarrolle el Sistema. Así mismo, el 34% para los proyectos de inversión regional de los departamentos, municipios y Distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo. Priorizando proyectos de alto impacto regional.

De otra parte, se destina el 1% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Además el 10 % se destinará para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, mientras un 2% se destinará para el funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, para el incentivo a la exploración y a la producción.

En la reforma se contempla también un 1% para la operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno; de este, la mitad se destinará a la Contraloría General de la República.

Por su parte, el remanente se destinará al ahorro para el pasivo pensional y para estabilización de la inversión. El mayor recaudo generado, con respecto al presupuesto bienal de regalías, se destinará en un 25% para mejorar los ingresos de las entidades territoriales donde se exploren y exploten recursos naturales no renovables, así como para los municipios con puertos marítimos o fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, un 15% para los municipios priorizados de acuerdo con los criterios que establezca la Ley que desarrolle el Sistema, un 20% para la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación y el 40% restante se destinará para el ahorro de los departamentos, municipios y Distritos.

El próxima y definitivo debate para aprobar la reforma constitucional se adelantará en plenaria, donde se discutirán modificaciones que se han hecho a algunos de los incisos que plantearon los senadores ponentes de la Comisión Primera.