La solicitud la hicieron los senadores de la Comisión Quinta, durante un debate de control político.

Bogotá D.C., noviembre 7 de 2019 (Prensa Senado). La lenta ejecución de un contrato con Covial para arreglar la malla vial, el cobro del llamado ‘peaje’ en la entrada de Corabastos, la diversificación en los precios de los productos, la posibilidad de traslado de esa central de abastos y el gasto de más de cinco mil millones de pesos en procesos judiciales fueron algunas de las irregularidades que fueron expuestas por el senador Jorge Enrique Robledo, durante un debate en la Comisión Quinta, donde se desarrolló un debate de control político sobre las anomalías y corrupción en Corabastos.

Respecto al contrato en mención, que aún sigue abierto después de 14 años, el legislador del Polo Democrático profundizó además en el precio por metro cuadrado correspondiente a 94% más alto que el de muchas vías de infraestructura a nivel nacional; una tasa de rentabilidad del 14%, cuando lo recomendado para este tipo de contratos está entre el 5% y el 9%, renegociada en 2015 y reduciéndola al 7,6%.

“Que el gobierno, principalmente el Ministerio de Agricultura, intervenga frente a las graves irregularidades que se presentan actualmente en Corabastos, con la finalidad de que haya un mejor servicio y mayores beneficios para los comerciantes, agricultores y consumidores colombianos”, precisó el congresista Robledo en el debate sobre la actual situación de Corabastos, central de distribución del país que congrega a 6.500 comerciantes y donde asisten más de 100 mil personas al día.

Juan Cuan, quien ha dedicado 29 años de su vida al comercio, reconoció que la realidad de Corabastos afecta a la comunidad en general y es un asunto que necesita claridad y pronta solución de las autoridades competentes, especificando que “esto es un tema vital no solo por el proceso contractual que denota anomalías y procesos que ameritan investigación, sino por el mal funcionamiento, y la falta de conocimiento sobre mercadeo, economía y comercialización de las administraciones que llegan a imponer planes y programas a largo plazo sin tener en cuenta al campesino y el comercio”.
Voces del senado
Durante el debate, aspectos como gastos, costos, comercialización y administración en Corabastos fueron manifestadas con mayor preocupación por los congresistas de la siguiente manera:

El senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, dijo: “En Corabastos hay mafias de la cebolla, de tomate, de la papa y eso no puede pasar. Quien ejerce el control sobre esas mafias está distorsionando el mercado real de los productos agropecuarios, algo que no debe pasar en ninguna central de abastos del país”.

Por su parte, el legislador de Cambio Radical, Didier Lobo, expresó: “Hago un llamado que tiene que ver con el tema de las tarifas de los peajes, esos costos se reflejan en el flete y el producto, un tema que se debe revisar y valorar; otro de los principales problemas es no tener un precio justo".

En su momento, la congresista Maritza Martínez, de la Unidad Nacional, manifestó su inquietud por la conciliación entre productores y compradores resaltando que "la situación es dramática, tanto Corabastos como el Ministerio de Agricultura deben tener condiciones y reglas claras para que no se siga profundizando la pobreza de los productores".

En su intervención, la senadora Sandra Ortiz, Alianza Verde, opinó: “Necesitamos una regulación seria para los intermediarios, quienes son los se quedan con las ganancias y están empobreciendo a nuestros productores agrícolas”.

En cuanto a la administración de Corabastos, el senador Eduardo Pacheco, Colombia, Justa y Libres, hizo énfasis en el contrato para el arreglo de la malla vial precisando que “una cosa es una acción popular sin frutos y otra es el informe inicial de la Contraloría General que después le pasa la pelota a la Contraloría Regional”.

Así lo afirmó ante la Comisión Cuarta del Senado, donde sostuvo que se deben revisar algunos patrimonios que no están siendo bien utilizados.

Bogotá D.C., noviembre 7 de 2019 (Prensa Senado).- El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que no se tiene contempladas las ventas de ISA, Ecopetrol, Cenit, entre otras, pero que se deben revisar algunos patrimonios que no están siendo bien utilizados para evaluar su productividad.

 De esa forma lo expresó ante la Comisión Cuarta del Senado, donde fue citado para aclarar lo relativo a la venta de activos estatales y reforma tributaria.

 En esa sesión intervinieron varios senadores, entre ellos José Luis Castro Córdoba, quien dijo que el Ministerio de Hacienda considera enajenaciones por más del 31%, lo que significa casi el 24% de la riqueza del país y que está en marcha un estudio por 5 mil 200 millones de pesos para diseñar la venta de ISA. “No es sólo una valoración”.

 Sostuvo que la Ley 226 de 1994 establece que el Ministerio de Hacienda debe informar a los congresistas el plan de enajenación de empresas del Estado, pero no lo ha hecho. “Existe un riesgo de inconstitucionalidad en el plan de enajenaciones. Según la Constitución, el Gobierno puede enajenar empresas que no cumplan los requisitos de eficiencia. ISA es de los activos más rentables del país”.

 Comentó, además, que la Ley de Financiamiento carece de lineamientos técnicos como advertencias de contralores, va en contravía de profesores y académicos y del Nobel de Economía 2019

 “Le hago al ministro Carrasquilla cinco recomendaciones como alternativas a la venta de activos: Escuchar a los académicos; crear la Comisión de Expertos; no vender activos estratégicos del Estado; políticas de generación de empleo e Impuestos saludables.

 A lo planteado, el ministro Carrasquilla respondió que la comisión de expertos “tiene las puertas abiertas para la evaluación de la Ley de Financiamiento, pero que se tenga en cuenta lo que ya se ha avanzado y se profundice todavía más en el tema como en los capítulos de exenciones tributarias que están en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que hoy está vigente y que fue traído aquí por el Gobierno para estudio de ustedes en el Congreso de la República, en el mes de junio".

 Puntualizó que lo que radicó el Gobierno en el Congreso es exactamente lo que ya el Legislativo estudió y aprobó y que se insistirá en que se refrende la decisión que ya se tomó en este par de meses que quedan.

 Por su parte, la senadora Aida Avella dijo que la reforma tributaria significa más para las grandes empresas y menos para los trabajadores. “Después de cada reforma tributaria generalmente se benefician los grandes empresarios de este país, que además financian las grandes campañas electorales en Colombia”, dijo.

 A lo anterior manifestó: “Este es un paraíso para los que no quieren pagar impuestos, sobre todo las multinacionales del sector minero y financiero, pero un purgatorio de impuestos para la clase trabajadora y para la pequeña empresa. Las inversiones que vienen a Colombia, dado el marco tributario favorable con las nuevas reformas, está concentrada en sectores que por sus características no generan un gran número de empleos. Ni los bancos ni las mineras producen empleos nuevos en el país”

 “La disminución de ingresos de los trabajadores trae consigo la disminución de compra que termina por afectar a las pequeñas y medianas empresas y en este sentido afectan el empleo a nivel nacional. Estas aportan el 90% del empleo. Duque gobierna contra el bolsillo de los colombianos”, comentó.

 De otra parte, el senador John Milton Rodríguez dijo: “Defendemos los bienes públicos y la no privatización de Ecopetrol, ISA y Cenit. Colombia Justa Libres no apoyará la venta de empresas oficiales que están generando utilidades. El problema estructural de las finanzas públicas no se puede solucionar enajenando los bienes públicos. Proponemos que se acompañe la reforma tributaria para impulsar la inversión y el empleo.”

 Luego intervino el senador Wilson Arias, quien expresó que “los debates se manejan por debajo de la mesa mediante acuerdos parlamentarios y cuando venimos a los debates ya todo está consumado”.

 También dijo que la transparencia no es solamente cumplir lo que dictan algunas normas. “He denunciado en otras ocasiones escándalos de corrupción con respecto a ventas del Estado, como en los casos de Electricaribe, Medimás, entre otras”, y agregó que donar a campañas políticas es un excelente negocio tributario en Colombia, donde los beneficios tributarios superan en ocasiones la suma donada.

 Sostuvo que hay apoyo a los impuestos saludables en bebidas azucaradas y tabaco, “el Estado mismo ha sido promotor de estos impuestos”.