Senadores expresan sus diferentes posiciones frente al proyecto del catastro multipropósito.
Bogotá D.C., agosto 20 de 2019 (Prensa Senado).- Elevar el catastro a servicio público, legalización de predios y aumento de recaudo por impuesto predial serían algunos de los beneficios planteados sobre el proyecto de catastro multipropósito debatido hoy en la Comisión Quinta del Senado.
No obstante, a juicio de los legisladores, la financiación del proyecto no tiene el suficiente respaldo, pues hasta el momento, según lo informado por el alto Consejero Presidencial, Carlos Enrique Moreno, se ha hecho con créditos del BID y del Banco Mundial.
El senador Carlos Felipe Mejía, presidente de la Comisión, aseguró que solo el 5% del catastro está actualizado y se preguntó: ¿"cómo se formulan políticas públicas sin esta actualización?". Anunció que el gobierno espera actualizar el 60% del catastro al finalizar este gobierno.
Al inicio del debate, la directora del DNP, Gloria Alonso, manifestó que la actualización catastral traerá múltiples beneficios. "Se eleva a servicio público y se habilitarán gestores catastrales en todo el territorio nacional. En seis artículos incluidos el Plan de Desarrollo se fortalece esta actualización, más un Conpes, adicional que lo respaldaría".
A su turno intervino el alto Consejero Presidencial, Carlos Enrique Moreno, quien sostuvo que el gobierno está plenamente comprometido con el tema del catastro y los objetivos internacionales, así como el de formalización de tierras. "El concepto de catastro multipropósito es que cada uno de los predios no solo tiene sus características, sino se incluye todo lo que tiene que ver con el ambiente, riesgos, comunidades, género, entre otros".
El funcionario advirtió que existía una total desarticulación entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC - y catastro. "Por lo cual se habilitaron herramientas digitales, procedimientos internacionales, financiamiento, inspección y vigilancia, plan padrino, generación de proyectos tipo regalías y número único predial. Como primer avance se han habilitado los gestores catastrales, para poner en marcha la política pública se eficiencia catastral".
Advirtió el funcionario presidencial que "se espera una actualización permanente para ofrecer una información veraz al ciudadano, a través de las oficinas regionales, lo que permitirá un fortalecimiento fiscal, planificación y gestión del territorio y formalización de la propiedad".
Así mismo, anunció que dentro de esta nueva política catastral se simplificó de 19 formularios a 1 con 19 variables, que las aerografías serán compartidas entre las instituciones del Estado y se preparen unos mapeos 3D, con el fin de optimizar un sistema de administración de tierras en Colombia, todo en beneficio de los colombianos.
Finalmente, el alto comisionado afirmó: "Las ventajas de este proyecto están relacionadas con la titulación legal, minimiza corrupción, elimina costos y fomenta legalización se tierras".
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, afirmó que con el catastro multipropósito no se va a aumentar el precio del impuesto predial, como se piensa, ayuda a una mejor planificación de políticas públicas y a una mayor descentralización para gestionar recursos.
La viceministra de Justicia, Juanita María López, sostuvo que con este proyecto se apunta a la seguridad jurídica,"gracias una relación de realidad jurídica y la realidad física".
Para la directora del IGAC, EvaMaria Uribe, se focalizarán en más de 500 predios para habilitación catastral. "A 2022 más de 22 mil hectáreas deben estar actualizadas".
Por su parte, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró que este catastro multipropósito aporta a la descentralización, al servicio del territorio y con el apoyo del Congreso a hacer que los entes territoriales lo apliquen.
Los senadores interrogan
La senadora Maritza Martínez aseguró que este tema del catastral es de primer orden, no solo para debatir, sino resolver de manera efectivamente. "Resaltó el ejercicio que se está haciendo en el municipio de Vista Hermosa, Meta, donde con el apoyo del gobierno holandés, son los mismos vecinos quienes suministran y suben la información catastral".
Para la senadora Nora García, lo primordial es la titulación de predios, "el catastro debe ir de la mano con la legalidad" y resaltó la inclusión del tema de género en el proyecto.
La senadora Sandra Ortiz cuestionó la financiación del proyecto. "Lo que me preocupa son los municipios, más de 200 pequeños predios hay en Boyacá, cómo se va a financiar este gran proyecto".
Para el senador Eduardo Pacheco se tiene la suficiente información sobre el catastro, "pero no sobre la implementación que empezó con dos créditos, del Banco Mundial con 100 millones de dólares y del BID con 50 millones. Es interesante conocer el tipo de crédito, los intereses, el tiempo para el pago, modalidad y de dónde se van a recaudar esos recursos". Solicitó que sea enviado ese contrato a la comisión, para su conocimiento y así mismo expresó su preocupación por el operador.
El senador Didier Lobo destaca el proyecto y la articulación de las entidades, pero le preocupa las obligaciones que se le están cargando a cada uno de los municipios. Aclara que esta inversión la pueden recuperar con la legalización de muchos predios, a través del pago de mayores impuestos".
Finalmente, el Alto Comisionado Moreno puntualizó que este proyecto se hace necesario por justicia social. "Qué le van a dejar los campesinos a sus hijos, si no se legalizan los predios que han trabajado toda su vida".
El presidente de la comisión, senador Carlos Felipe Mejía, anunció que desde la comisión tendrán todo el apoyo para que este proyecto se materialice. "La legalización de predios y la actualización catastral ayudará al crecimiento del país y a cerrar un poco las brechas sociales que existen en el país".
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Noticias
Senadores reclaman más descentralización y autonomía y menos centralismo. Aseguran que desarrollo de las regiones debe darse desde los municipios y no desde las ciudades capitales.
Bogotá D.C., agosto 21 de 2019 (Prensa Senado). Los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, le pidieron al Gobierno dar aplicación a la Ley de Regiones, socializada recientemente por el propio presidente Iván Duque, en la ciudad de Barranquilla.
El presidente de esa célula legislativa, Efraín Cepeda (Partido Conservador), indicó de manera reiterativa que Colombia es el cuarto país más desigual socialmente, superado por Haití y Sudáfrica, para lo cual se hace necesario que se mire el desarrollo de las regiones como una salida al estancamiento del país.
"Lamentablemente la historia se escribe desde el centro del país dejando parte de una realidad anuladas, tal como sucedió en la celebración del Bicentenario con la ciudad de Cartagena, que puso muchos muertos para la liberación de nuestro país y no se mencionó su gesta histórica, de modo que es hora de hacer justicia con todos estos territorios, para lo cual pido que se inicie con la llegada del acueducto, sistema de alcantarillado y que tengan el servicio de agua potable en todos los municipios de la región", puntualizó el senador Cepeda.
Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) sostuvo que "el desarrollo de las regiones debe darse desde los municipios y no desde las ciudades capitales, porque dejamos abandonados a muchos municipios que desde hace tiempo esperan su redención y mi preocupación radica en el mal enfoque que se le dé a esta ley favoreciendo a las capitales".
Entre tanto, el senador Carlos Meisel (Centro Democrático) manifestó: "Debemos establecer responsabilidades de los entes territoriales, para que se cumpla con los compromisos adquiridos y evitar que los recursos destinados se pierdan sin resultado alguno".
De otra parte, el congresista Eduardo Emilio Pacheco (Colombia Justa y Libre) sostuvo: "Lamentablemente nuestros gobernantes no han tenido visión de país, sino en administrar un Estado durante los cuatro años, lo que hace que el desarrollo del país se estanque por el gobierno de turno".
Autonomía administrativa
Así mismo, el senador Feliciano Valencia (MAIS) dijo: "Con esta ley debemos tener autonomía política y administrativa, porque resulta lamentable que para el nombramiento de un docente u otro funcionario se deba acudir al gobierno central, deteniéndose el proceso de desarrollo de la región."
"Resulta bastante saturado el Estado con la cantidad de pactos y asociaciones que reinan en el país, como la Federación Colombiana de Municipios, la Federación de Departamentos, para no nombrar tantas que son carentes de autonomía", afirmó el legislador Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde), quien recordó que todo se mantiene centralizado y la independencia o descentralización es solo en papel.
"No entiendo por qué la Superintendencia de Puertos está en Bogotá y no en la Costa o la DIMAR u otras entidades, que deberían estar en una ciudad distinta a la capital del país", precisó.
Por su parte, el Partido Liberal, en cabeza de la senadora Laura Fortich, mostró su descontento por el exceso de literatura existente en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley de Regiones, pero aún no existe una claridad sobre los recursos que permitan el desarrollo de las obras planteadas en los proyectos que se han mencionado en la construcción de las RAP y demás programas asociativos discutidos en la Comisión de Ordenamiento Territorial.
"Este es un pacto por la descentralización"
El Gobierno, en cabeza de la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, defendió las bondades de la ley al señalar: "Este es un pacto por la descentralización de las regiones. Aquí se permite que un gobernador invierta recursos en un proyecto sin importar que no esté en su departamento, permitiendo la asociatividad como pacto territorial, pero somos conscientes como Estado en invertir en los departamentos más desfavorecidos, por ejemplo como en la Guajira o Chocó, que demandan mayor atención".
El director de la RAP Caribe, gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, informó que se debe trabajar con un modelo europeo de descentralización, tomando como ejemplo lo que viene haciendo España o Alemania, porque hoy los gobiernos han disminuido los recursos en 300 billones de pesos a los entes territoriales.
"Debemos trabajar en tres pilares que son: los recursos, las capacidades y las competencias" puntualizó Verano de la Rosa, quien anunció la realización de una sesión descentralizada de la COT en el histórico municipio de Mompox, departamento de Bolívar.
Finalmente, el gerente de la RAP Pacífico, Camilo Lloreda, pidió a los congresistas apersonarse del propósito de las RAP, para lograr la descentralización, "porque es con los actores de las regiones que se debe trabajar la descentralización y no desde el centro del país".
De esa forma quedó establecido en proyecto sobre protección animal que aprobó la Comisión Primera. Próxima semana, debate sobre presupuesto para la vigencia fiscal 2010.
Bogotá D.C., agosto 20 de 2019 (prensa Senado). A los funcionarios les quedaría prohibido patrocinar y prestar bienes públicos para espectáculos que incluyan el maltrato de los animales, como las corridas de toros.
Así se establece en un proyecto de ley que aprobó la Comisión Primera, en tercer debate, y que busca adoptar medidas para contrarrestar el maltrato y abandono animal, garantizar su dignidad como seres sintientes y crear una cultura cívica sobre la protección de la fauna y el medio ambiente.
En medio de la discusión de la iniciativa, que pasó a estudio de la plenaria del Senado, el senador Gustavo Petro propuso que se ampliará la protección animal, más allá de los domésticos y por ello pidió incluir en el articulado que se prohibiera que " los recursos, patrimonios y bienes públicos se utilicen para patrocinar espectáculos que incluyan el maltrato de los animales". La disposición fue votada afirmativamente.
Recordó que aunque esté prohibido, muchos espectáculos con animales se financian con dineros públicos. "En este proyecto debemos coger los toros por los cachos", frente a este tema.
Debido a que durante el estudio del proyecto se cuestionó lo relacionado con la financiación de una política pública animalista, la senadora Esperanza Andrade propuso que el 20 por ciento de las multas impuestas por violar el Código de Policía se utilizaran como recursos para poner en práctica esa política.
Como complemento de ello se aprobó que mientras no se disponga de un centro de bienestar animal público, albergues municipales para fauna u hogar de paso público, el distrito o municipio podrán contratar los servicios de los refugios o fundaciones de carácter privado dedicados exclusivamente a casos de abandono, restablecimiento y procedimiento de adopción.
La congresista María Fernanda Cabal se mostró de acuerdo con la iniciativa y dijo que los alcaldes que puedan buscar financiación para la política pública animalista, que lo hagan, por ejemplo, través de convenios. "Entre menos regulación, fluyen mejor las cosas".
Ante ello y en medio del debate se recomendó que en el articulado quedara claro que los alcaldes quedaban facultados para poder firmar convenios con empresas privadas.
Sin embargo, el legislador Roosevelt Rodríguez dijo le preocupaba que el proyecto pudiera tener problemas de índole financiero.
En medio de la discusión, el congresista Temístocles Ortega recordó que la Ley 84 de 1989 contiene disposiciones muy similares al proyecto que se estudia y preguntó qué la hacía diferente respecto a la nueva iniciativa que se estudiaba y que posteriormente fue aprobada. Este proyecto ya cumplió los dos debates reglamentarios en la Cámara de Representantes
Minuto de silencio
En medio de la sesión, el legislador Roy Barreras recordó que se estaban cumpliendo 30 años del asesinato del líder político y exsenador de esa célula legislativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Evocó que el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el excongresista Federico Estrada Vélez también habían pertenecido a esa Comisión y de igual forma habían sido asesinados. Por ello pidió un minuto de silencio en su memoria.
Posteriormente se leyeron cinco proposiciones, en los que se propusieron varios debates de control político, entre ellos el relacionado con el tema del presupuesto 2020, el cual se realizaría el lunes de la próxima semana, con la presencia de varios ministros del Despacho.
Acto seguido se levantó la sesión y se convocó para mañana, a las 10 a.m.
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