Imagen: cortesía apccolombia.gov.co

Esta evocación que se encuentra en la ley de víctimas Ley 1448 de 2011 se ajusta dentro de las cinco medidas de reparación allí contempladas.

Bogotá D.C., 9 de abril de 2020 (Prensa Senado). En el marco de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se establecen las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, busca reparar por r medio de la indemnización económica y propende por la restitución de tierras como forma de simbolizar justicia frente a los hechos ocurridos en medio de la guerra más extensa y cruel que haya vivido el país.

La ley taxativamente considera como víctima a los ciudadanos que después del primero de enero de 1985 se hayan visto afectados en medio de la guerra, por crímenes de lesa humanidad y toda clase de hechos que violan los derechos humanos; cabe resaltar que en Colombia también se consideran víctimas los familiares directo de los directamente afectados.

Para los afectados por el conflicto la ley establece el Registro Único de Víctimas (RUV) como herramienta de identificación y de incorporación a los procesos de reparación; podrán registrarse a través de las oficinas regionales de la Procuraduría, Defensoría o Personerías, de esta forma el Ministerio Público remite a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se realiza la respectiva verificación de los hechos relatados, dicha misiva será contestada en un término máximo de 6 meses.

En la actualidad, con corte al 1 de marzo de 2020, según informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se incluyeron 412.413 víctimas desde el 7 de agosto de 2018; 774 sujetos de Reparación colectiva, esto hace referencia a las comunidades campesinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos u organizaciones sociales.

El informe también deja ver cifras referentes a su presencia institucional en el país, sobre lo cual hace referencia a 221 canales de atención presencial en el territorio nacional, sumado a las estrategias comunicacionales a través de medios virtuales, telefónicos, presenciales y escritos,

En 2018 fueron implementados cinco centros regionales en las ciudades de Villavicencio, Santander de Quilichao, Popayán, Florencia y Tumaco, con una inversión que asciende a los 19 mil millones; en 2019 también fueron habilitados los Centros Regionales de Pereira, Barranquilla, Riohacha, Barrancabermeja y se suscribieron convenios para la construcción del Centro Regional de Ibagué, Cartagena y Pasto.

Otros logros

En proyectos de infraestructura social, comunitaria y agropecuarios, se invirtieron cerca de 63 mil millones de pesos para la construcción y mejoramiento de la infraestructura comunitaria local, en 156 municipios de diferentes regiones del país.

En proyectos agropecuarios las inversiones ascienden a los 8.400 millones de pesos, de los cuales alrededor de 3 mil millones fueron para el desarrollo de 65 proyectos; y en febrero de 2020 se implementó la etapa precontractual para elegir el operador para cada una de las líneas de apoyo, entre las que se encuentra, suministro de materiales de construcción, dotación de mobiliario e insumos y herramientas agropecuarias.

Históricamente en Colombia se han indemnizado 1.008.593 víctimas administrativas y judiciales por una cifra cercana a los $6,77 billones de pesos, durante el periodo presidencial, 69.282 de estas indemnizaciones fueron personas mayores de 74 años; y se implementaron 837 acciones de reparación colectiva, beneficiando a 153 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 67 tienen presencia en municipios PDET.

El Director de la Unidad para las Víctimas

Ramón Alberto Rodríguez, actual director de la Unidad de Víctimas, afirma que las víctimas en Colombia ascienden a los 9 millones de personas, de las cuales alrededor de 7 millones cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas de atención y reparación.
Sobre la prórroga de la Ley 1448 de 2011 dice que la Unidad para las Víctimas, busca fortalecer los recursos, articulando todos los sistemas que responden a las víctimas, priorizar su acceso a la oferta social del Estado y fortalecer las atribuciones de coordinador que tiene la Unidad.

Frente a la emergencia nacional por el Covid –19, señaló que de las medidas adoptadas por el Gobierno se realizará una inversión de 95 mil millones de pesos, que benefician a 158.333 familias víctimas con derecho a este recurso y en indemnizaciones la cifra será de 420 mil millones destinados a efectuar 50.100 giros.

Finalmente, habló del Fondo para la Reparación de las Víctimas, a lo que trajo a colación un total de 1.523 inmuebles que allí se administran en 25 departamentos, de los cuales 918 son rurales y 605 urbanos, dijo que a través de este fondo se administran 299 bienes, 9 vehículos, 10 actas con muebles y enseres, entre otros bienes; sobre este tema señala que se han comercializado (10) inmuebles por un valor de $3.267,582.300, cerró resaltando lo gratificante que ha sido dirigir una entidad que trabaja en favor de un sector tan vulnerable que tuvo que sufrir el horror en carne propia de la guerra colombiana.

El pronunciamiento lo hace el senador Edgar Palacio Mizrahi, presidente de la Comisión en esta fecha cuando se reúnen con el Gobierno para buscar una salida urgente a la crisis humanitaria y sanitaria en las cárceles del país.

Bogotá D.C., 09 de abril de 2020 (Prensa Senado). Cumpliendo con su objetivo, la comisión se une a las actividades que se adelantan para un reconocimiento especial a las víctimas que resultaron afectadas por el conflicto armado de más de 50 años e invita a los colombianos a rendir un homenaje a las 261.619 que según el Centro Nacional de Memoria Histórica, dejaron estos trágicos hechos que hoy lamentamos y recordamos para que no se sigan registrando, dijo el senador Édgar Palacio Mizrahi, del partido Colombia Justa Libre.

“De esa cifra, el 82 por ciento correspondieron a 215 mil civiles y el 18 restante, 47 mil personas, a combatientes”, agregó, a la vez que señaló que “la Justicia Transicional nos permitió pasar del conflicto armado a la paz, fundamentada esa justicia en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, así el Estado se comprometió a aplicar la mayor justicia posible para conseguir esa tan anhelada paz”, reiteró.

Además, señaló que “por parte de la sociedad civil el aporte que están haciendo las víctimas perjudicadas, están aportando la resiliencia, entendida como la capacidad que una persona, grupo o sociedad tiene para superar o recuperarse de circunstancias traumáticas o adversidades para seguir mirando el futuro, por eso queremos como Comisión de Derechos Humanos, agradecerles a todas las personas, a esas víctimas del conflicto y a la sociedad civil por su gran ejemplo que nos da con esa capacidad de resiliencia que están haciendo a la paz desde la sociedad civil. No olvidemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno”, concluyó.

Trayendo a la memoria, hoy se cumplen 72 años del asesinato del líder del partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, en Bogotá, hecho que generó violentas protestas, conocidas como ‘El Bogotazo’ , que dejó cientos de muertos y heridos, además de la destrucción de la zona céntrica de la ciudad y a su vez desató acciones similares en el país y fue marcado en la historia como la época de la Violencia que perduró hasta 1958, y dada su connotación se escogió el 9 de abril como el Día Nacional de la Menoría y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, según la Ley 1448 de 2011, dentro del acuerdo de paz firmado por el Gobierno con el grupo guerrillero de las Farc.
Por su parte, la misión de la Comisión del Senado compuesta por 10 legisladores tiene como objeto la vigilancia y control sobre toda autoridad encargada de velar por el respeto de los derechos humanos, así como la promoción de las acciones pertinentes para que, en caso de incumplimiento, se apliquen las sanciones penales y disciplinarias correspondientes.

Adicionalmente, tramita las observaciones que por escrito hagan llegar los ciudadanos con respecto a un proyecto de ley o de acto legislativo. La defensa de los derechos humanos, cuyas garantías sean vulneradas o desconocidas. En cumplimiento de esta función informará a las Plenarias de cada una de las Cámaras sobre los resultados alcanzados

Desarrollando su finalidad, En ese sentido dentro de sus actividades en el último año se ha encaminado en abordar la problemática que se viene generando por la sobrepoblación carcelaria y hoy buscará a través de su gestión y resultado de los análisis adelantados por los congresistas para perfeccionar un decreto que permitiría el excarcelación de cerca de 10 mil reos para que cumplan su período de condena en sus casas, se reúnen con los titulares de los ministerios de Justicia y Salud, la Fiscalía General de la Nación y el Director del INPEC para resolver el hacinamiento de las cárceles y así también protegerlos de un contagio masivo del Covid -19 en los 138 centros de reclusión que tienen un cupo máximo de 70 mil pero a la fecha se encuentran 180 Mil reclusos padeciendo los problemas de salud y convivencia por hacinamiento.