Alerta en la isla por naufragios de embarcaciones que prometen a inmigrantes cumplir el sueño americano.

Por Juan Sebastián de la Ossa Romero.

Bogotá, 12 de noviembre de 2023 (Prensa Senado).- La ubicación geográfica de Colombia le ha permitido el paso a miles de inmigrantes de todo el mundo en busca del anhelado sueño americano. En los últimos años, la isla San Andrés ha sido asentamiento de esta problemática en crecimiento por parte de las mafias que prometen a pasajeros el transito hasta Centroamérica, la mayoría de veces incumpliendo la promesa y dejando embarcaciones a la deriva en las que desafortunadamente personas pierden la vida.

El más reciente caso por el que autoridades encendieron las alarmas migratorias, fue el abandono de 55 personas rescatadas en aguas cercanas a San Andrés, entre las que se encontraban 16 menores de edad. Expertos en derecho internacional, advierten que éste fenómeno se debe a la exploración de nuevas rutas alternativas al Darién, que les permiten a los migrantes irregulares, cruzar hasta Centro América. Al respecto, el senador del Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño, señaló “le pedimos al gobierno que ponga atención especial a la crisis migrante además porque se trata de un tema solidario y humanitario” .  

Según la procuraduría, entre 2022 y 2023, se han rescatado cerca de 1.102 personas, y se han identificados 74 desaparecidos en mar abierto. Para la misma entidad, es necesario redoblar los esfuerzos con mensajes de alerta a los ciudadanos, advirtiendo los peligros a los que se enfrentan y aumentar el control de ingreso al archipiélago. Desde la isla, Nathalie Lever, Personera Municipal de Providencia y Santa Catalina, hace un llamado al gobierno nacional por el incremento significativo del tráfico de inmigrantes, pues agrava la situación económica que atraviesan.

Para la senadora del Partido Colombia Justa libres, Lorena Ríos, es indispensable proteger a la población infantil, asegurando que ellos enfrentan los mayores riesgos en ese tipo de travesías en alta mar. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar el debido proceso migratorio, a la revisión de documentos, y si están bajo acompañamiento de un tutor o familiar”, concluyó la congresista.

Con información del Noticiero del Senado

La inseguridad, mala calidad, poca cobertura de los servicios públicos y el tráfico son algunas de las principales preocupaciones de los habitantes de la región caribe.

Bogotá D.C., noviembre 12 de 2023 (Prensa Senado). –Los nuevos mandatarios de la región caribe tienen grandes retos para trabajar por los másde 10 millones de habitantes que viven en esta zona del país, para los ciudadanos el tema de los atracos, la movilidad, la infraestructura y la pavimentación son casos urgentes para ocuparse.

Con una taza de desempleo del 10,3% para los senadores de la región es un tema central de las nuevas administraciones locales.

“Buscamos una generación de empleo formal donde todos nos podamos incluir a través de cualquier tipo de actividad que empiecen a generar los nuevos alcaldes”, expresó la senadora Liliana Bitar (Partido Conservador).

Para la senadora Imelda Daza (Pacto Histórico), la inseguridad no se combate solamente con cárcel, policías, castigos y con leyes, se combate sobre todo con justicia social.

Garantizar el acceso a servicios básicos es otro de los temas que preocupa a los senadores, por lo que piden redoblar esfuerzos, es por esto que el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), dijo “es importante una solución de los problemas de abastecimiento de agua en una ciudad como Santa Marta, que va a cumplir 500 años y no tiene resuelto el problema de acueducto y alcantarillado”.

Expertos consideran que los mandatarios elegidos deben liderar proyectos para fortalecer y vigilar el tema de los servicios públicos en la región, las tarifas de energía que es un tema transversal en toda la región caribe y siempre está en la agenda, pero no se realiza una solución pronta.

Según los senadores otros de los temas prioritarios para los nuevos mandatarios el próximo año, son la inversión en las vías rurales para garantizar el comercio de alimentos para el 26% de la población rural que hay en la región,y cumplir con lo establecido en los acuerdos de paz a nivel territorial.

*Con información del Noticiero del Senado