Defensa reportó operaciones en el sur del Tolima y Antioquia durante el debate de control político.

Por: José Francisco Palacios

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Quinta del Senado adelantó un debate de control político sobre minería ilegal, orden público, afectaciones ambientales y pérdida de control territorial en el sur del Tolima, Antioquia y Santander. La sesión, citada por el senador Miguel Ángel Barreto Castillo, del Partido Conservador, buscó conocer la respuesta de las autoridades, especialmente en Ataco y otros municipios.

Barreto dijo que la minería ilegal puede dejar más ganancias que el narcotráfico y pidió fortalecer la presencia estatal en Tolima. “¿Dónde está la institucionalidad del país?”, preguntó. También alertó sobre capturas por explotación ilícita y el impacto de esta actividad sobre las fuentes hídricas.

El senador Juan Fernando Espinal Ramírez, del Centro Democrático, la calificó como un problema nacional y pidió a la Fiscalía General actuar frente a la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Afirmó que “los ocho mil millones de dólares que produce esta minería ilegal al año deberían estar en los bolsillos de los mineros legales”. También sostuvo que durante el gobierno de Gustavo Petro no había delegación minera en esa región.

El senador Cristian Kevin Gómez Paz, del Pacto Histórico, cuestionó la política de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella, aludió a las bajas de la Fuerza Pública y expresó preocupación por la soberanía territorial. También relacionó los incendios en Tolima con la problemática minera.

La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla Minami, asistió en reemplazo del ministro Jorge Eduardo Mora López. En su intervención informó resultados operativos en Tolima y Antioquia y señaló que disidencias de las Farc y otros grupos armados actúan en Ataco, Chaparral y Coyaima.

Para el sur del Tolima, el balance de la Sexta Brigada del Ejército sobre lo corrido de 2026 registra 22 capturas, 24 máquinas amarillas y 19 dragas incautadas, además de 63 motores y 65 filtradoras. También reporta 15 unidades de producción minera intervenidas o destruidas y la incautación de 36.140 galones de ACPM y 5.161 galones de gasolina.

En Antioquia, Carrasquilla reportó 180 retroexcavadoras destruidas y 74 incautadas; 380 dragas destruidas y 92 incautadas; además de 607 máquinas de otro tipo destruidas y 32 incautadas. “Estamos presentes en estos municipios”, dijo al referirse a las zonas del sur del Tolima mencionadas en la sesión.

El Ejército anunció que mantendrá operaciones conjuntas e interinstitucionales en el sur del Tolima para afectar las economías ilícitas y proteger los recursos naturales. En la Comisión Quinta, los congresistas pidieron respuestas de las entidades nacionales y regionales sobre seguridad, control territorial y daño ambiental en los departamentos citados.

La iniciativa establece reglas para la impugnación especial de la primera condena y pasará a la plenaria del Senado.

Por: Catalina Silva

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 282 de 2026, que establece reglas procesales para hacer efectivo el derecho a la doble conformidad judicial. La iniciativa regula la impugnación especial de la primera sentencia condenatoria y coordina su ejercicio con el recurso extraordinario de casación.

El proyecto, de autoría y ponencia de la senadora María Clara Posada Caicedo, del Centro Democrático, busca superar el régimen provisional fijado por la Corte Constitucional. Según la ponencia, cualquier persona condenada por primera vez podría solicitar una revisión integral ante jueces distintos a quienes dictaron la sentencia.

Posada resumió el objetivo de la iniciativa: “Toda persona condenada por primera vez en Colombia podrá solicitar que su condena sea revisada a fondo por jueces distintos a quienes la dictaron”. La propuesta busca establecer por ley reglas para ejercer esa garantía dentro del proceso penal.

Al explicar la ponencia, la senadora precisó que el propósito no es desautorizar a los jueces, sino fijar un procedimiento que permita hacer efectivos los derechos procesales. “No queremos desconocer la labor de los jueces ni pasar por encima de ellos. Lo que buscamos es establecer, mediante una ley clara, reglas que permitan aplicar las normas y garantizar los derechos y las garantías procesales”, señaló.

Antes de iniciar la discusión del articulado, la comisión aprobó los impedimentos de Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico; Alfredo Deluque Zuleta, del Partido de la U; y Alex Xavier Flórez Hernández, del Pacto Histórico. Los tres senadores se apartaron de la deliberación y de la votación del proyecto.

Durante el debate, la senadora Esmeralda Hernández Silva, del Pacto Histórico, presentó una proposición para archivar la iniciativa. A su juicio, el tema debía tramitarse mediante una ley estatutaria porque la propuesta podría sustituir decisiones que la Corte Constitucional ha desarrollado por medio de su jurisprudencia.

Hernández sostuvo que el debate no debía resolverse con una ley ordinaria. “Sí creo que esta discusión debe tramitarse mediante una ley estatutaria, porque se pretende suplantar o reemplazar decisiones que la Corte Constitucional ha tomado a través de una amplia jurisprudencia, mediante una ley ordinaria”, afirmó. La proposición de archivo fue sometida a votación y negada.

Con la negativa de archivo, la Comisión Primera continuó el trámite y aprobó el proyecto en su primer debate. La plenaria del Senado será la siguiente instancia en examinar la propuesta. Allí se adelantará el segundo debate, en el que los senadores podrán discutir y votar el texto.