En un extenso Debate de Control Político citado por el senador Alejandro Carlos Chacón, Partido Liberal, la Plenaria del Senado evidenció que el Estado carece de datos básicos sobre la economía colaborativa, pese a que millones de colombianos dependen de plataformas digitales para generar ingresos.
Por: Paola Saldaña Bejarano
Prensa Senado de la República. Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2025 (Prensa-Senado). - La Plenaria del Senado adelantó un amplio debate de control político citado por el senador Alejandro Carlos Chacón, enfocado en la magnitud y regulación de la economía colaborativa en Colombia.
El senador Chacón advirtió que el Estado desconoce la dimensión real de esta actividad económica que, según él, hoy sostiene a cientos de miles de familias: “Millones de colombianos están generando ingresos a través de plataformas digitales y el país no tiene idea de cuántas existen, quienes trabajan allí ni qué impacto tienen. Cuando el país no mide, no registra y no regula, la consecuencia es el abandono”, afirmó ante ministros del Gobierno presentes en el recinto del Senado.
A lo largo de la sesión, el senador liberal de Norte de Santander, presentó cifras sobre transporte por aplicaciones, comercio de segunda mano, alojamiento digital y trabajo freelance, señalando que estos sectores representan actualmente la fuente de ingresos entre 400.000 y 650.000 personas, según datos parciales de distintas entidades. Expuso que más de 21 millones de ciudadanos tienen cuentas de usuario en plataformas de movilidad, y que más de 3 millones de mujeres comercializan productos usados, según información reportada por los propios sectores privados.
“Hoy tenemos un país que no sabe ni cuántas plataformas operan, ni cuánto empleo generan, ni cuántos ingresos producen. Un Estado sin datos es un Estado que abandona a su gente”, señaló.
Durante el debate, varios senadores intervinieron con posturas específicas. La Senadora Sandra Ramírez afirmó: “Detrás de cada aplicación se presume innovación, pero hay un trabajador sin derechos, sin estabilidad, sin garantías básicas y eso es lo que este país debe enfrentar con seriedad, el abuso disfrazado de modernidad”.
En este sentido de la formalización, la senadora Sandra Ramírez agregó: “La economía colaborativa hace parte de la vida diaria de millones y millones de colombianos, y esos modelos que llegaron para quedarse abre oportunidades para muchas familias, pero nos exige revisar cómo garantizamos esas oportunidades y que ellas no se conviertan en riesgos para los trabajadores para los usuarios y grandes ganancias para unos pocos de cada aplicación. Hay personas reales, hay familias que trabajan, hay usuarios que necesitan un servicio seguro y hay sectores tradicionales que también requieren reglas claras para competir de una manera justa”.
El senador Nicolás Echeverry afirmó: “Vamos a terminar legalizando la piratería, legalizando la informalidad, traicionando al usuario con el aseguramiento que es fundamental, si no le prestamos la debida atención de la formalización de unas empresas que tiene que tener un tipo de vehículo determinado, y ahora queremos que cualquier persona preste el servicio en un vehículo particular, un servicio público regulado y protegido que el Ministerio tiene por obligación, proteger y cuidar”.
En respuesta al debate, se pronunciaron las ministras de Industria y Comercio, TICs y Transporte, así como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que la reforma laboral recientemente aprobada incorpora por primera vez un modelo de protección social para quienes trabajan en plataformas digitales.
“Esta economía es irreversible y debe ser regulada desde los derechos. La reforma laboral garantiza seguridad social, riesgos laborales y pensiones para más de 440.000 trabajadores de plataformas”, afirmó el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, anunciando que Colombia presentará avances sobre este tema ante la Organización Internacional del Trabajo.
El senador Chacón concluyó el debate enfatizando que la economía colaborativa es un fenómeno estructural que exige atención urgente del Estado. Dijo que el país debe adoptar una política pública moderna, coordinada y basada en evidencia, asegurando que “la realidad laboral ya cambió para millones de colombianos y el Estado no puede seguir actuando como si nada hubiera pasado”.
