El presidente de la Comisión Sexta del Senado, Alex Flórez, presentó el balance de la legislatura 2025-2026, marcada por debates sobre peajes, concesiones viales, seguridad aérea, educación superior y transformación digital.

Por Johan Nassar Hower.

Bogotá junio 25 de 2026 (Prensa - Senado). - La Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado cerró la legislatura 2025-2026 con una intensa agenda de control político y discusión legislativa en sectores estratégicos para el país.

Así se destaca en el balance de la labor de dicha comisión, al frente de la presidencia del senador Alex Flórez Hernández, quien resaltó los avances alcanzados en transporte, educación, comunicaciones, ciencia, tecnología, cultura y deporte.

El congresista señaló que uno de los debates más relevantes estuvo relacionado con las concesiones viales, los peajes y la infraestructura de transporte. "Analizamos el estado de las concesiones, el impacto de los peajes sobre los usuarios y los mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura vial nacional", afirmó.

Asimismo, destacó el trabajo realizado en materia de seguridad aérea y el seguimiento al funcionamiento de la Aeronáutica Civil. "Abordamos temas relacionados con la infraestructura aeroportuaria, el control del espacio aéreo, la situación de los controladores aéreos y los desafíos institucionales que enfrenta el sector aeronáutico", explicó.

En educación, la Comisión impulsó debates e iniciativas sobre acceso y permanencia estudiantil, conectividad educativa, fortalecimiento de competencias digitales, financiación de la educación superior y sostenibilidad del ICETEX.

"Trabajamos en propuestas que permitan ampliar las oportunidades de acceso a la educación y fortalecer las herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes", indicó.

El balance también incluye el seguimiento a proyectos relacionados con ciencia, tecnología e innovación, así como iniciativas orientadas a la transformación digital, la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la investigación.

Durante las audiencias públicas y debates de control político, la Comisión identificó preocupaciones recurrentes de los ciudadanos relacionadas con la movilidad, la conectividad regional, el acceso a la educación superior, la seguridad vial y el desarrollo tecnológico de las regiones. "Las comunidades reclaman más oportunidades, mejor conectividad y soluciones que contribuyan al cierre de brechas territoriales y educativas", destaca el informe de gestión.

De cara a la próxima legislatura, el presidente de la Comisión Sexta aseguró que temas como la conectividad digital, la educación superior, la seguridad aérea, la infraestructura vial, la ciencia y la innovación deberán mantenerse dentro de las prioridades del Congreso.

"El desafío es consolidar los avances alcanzados y convertir las discusiones legislativas en resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los colombianos", concluyó.

La Comisión fortaleció su presencia territorial, acompañó procesos de reconciliación y realizó seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz, consolidándose como un puente entre las comunidades y las instituciones del Estado.

Por Johan Nassar Hower

Bogotá junio 25 de 2026 (Prensa-Senado). - La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado de la República presentó un balance de gestión que destaca más de una década de trabajo en favor de la construcción de paz, la reconciliación nacional y el fortalecimiento del diálogo entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto armado.

El informe resalta una labor fundamental en la promoción de espacios de concertación, el seguimiento a los procesos de paz y la implementación de mecanismos de participación ciudadana que han permitido acercar las instituciones a los territorios.

"Durante estos años hemos contribuido a la construcción de escenarios de diálogo, al acompañamiento de las negociaciones de paz y al seguimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final, fortaleciendo la interlocución entre las comunidades y el Estado", destaca el informe.

Uno de los hitos más importantes fue la expedición de la Ley 2405 de 2024, que convirtió la Comisión de Paz y Posconflicto en una instancia legal permanente del Congreso de la República. "Esta transformación institucional fortaleció la capacidad de seguimiento a las políticas públicas de paz, reconciliación, convivencia y construcción de tejido social en todo el territorio nacional", se señala en el balance de gestión.

Se incluye en el informe respecto a las audiencias públicas, visitas territoriales y sesiones descentralizadas realizadas entre 2024 y 2026 para abordar problemáticas relacionadas con la protección de líderes sociales, el reclutamiento forzado de menores, la atención a las víctimas y las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.

El reclutamiento forzado en Íquira, Huila; la de seguridad, tierras y desarrollo territorial en Puerto Salgar, Cundinamarca; la Iniciativa de Reconciliación en Casanare y los encuentros con víctimas en el departamento de Arauca, fueron entre otras los temas abordados en las audiencias.

"Estos espacios permitieron escuchar directamente a las comunidades, recopilar información de primera mano y formular recomendaciones dirigidas a las entidades responsables de atender las necesidades de los territorios", muestra la actividad de dicha célula legislativa.

La Comisión también fortaleció su labor como canal de interlocución ciudadana mediante la recepción y gestión de solicitudes relacionadas con derechos humanos, protección de líderes sociales, atención a víctimas, implementación de acuerdos y garantías para poblaciones vulnerables.

Asimismo, acompañó gestiones humanitarias orientadas a proteger la vida y la libertad de servidores públicos retenidos por grupos armados ilegales, respaldando esfuerzos institucionales que permitieron su posterior liberación.

El balance concluye que la evolución de la Comisión, desde una instancia accidental hasta una comisión legal permanente, reafirma el compromiso del Congreso de la República con la construcción de una paz estable y duradera, la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia.