La iniciativa está concebida para lograr una coordinación efectiva entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena, con el que se pretende subsanar un vacío enorme que no ha sido resuelto desde la Constitución de 1991. Se establece un marco de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, además del fortalecimiento de mecanismos de diálogo para favorecer la resolución armónica de conflictos.
Por: Karen Madera Castro
Bogotá D.C, 15 de agosto de 2025. (Prensa Senado)El presidente de la Comisión Primera, el Senador cordobés Julio Elías Chagui, partido de la U, manifestó que, en esta nueva legislatura, la Comisión Primera de Senado tiene varias iniciativas legislativas por sacar adelante en beneficio de los colombianos.
Una de ellas, es el proyecto de ley estatutaria que busca establecer la coordinación y articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, para garantizar la autonomía jurisdiccional de los pueblos y comunidades indígenas.El proyecto es una iniciativa del gobierno nacional através del Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.
Objetivos
• Establecer los principios y reglas para la coordinación y articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
• Garantizar el pleno ejercicio de la autonomía jurisdiccional de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a la Constitución, los tratados internacionales y la ley.
• Definir los procedimientos para la resolución de conflictos de competencia entre jurisdicciones.
• Promover el respeto y reconocimiento mutuo entre las autoridades indígenas y las autoridades judiciales nacionales.
• Garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente de quienes pertenecen a pueblos indígenas.
Principios rectores
• El proyecto de ley establece un conjunto de principios orientadores que guían la coordinación entre jurisdicciones, entre los que destacan:
• Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural: El Estado colombiano reconoce y respeta la pluralidad jurídica y cultural de los pueblos indígenas.
• Autonomía jurisdiccional: Las autoridades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su territorio y conforme a sus usos y costumbres, en armonía con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
• Coordinación y articulación: Se promueve la interlocución permanente y la construcción de acuerdos entre los sistemas judiciales, sin que ello implique la subordinación de un sistema sobre el otro.
• Respeto de los derechos humanos: La aplicación de la justicia indígena debe garantizar en todo momento la protección de los derechos fundamentales de las personas.
• Resolución pacífica de conflictos: Se incentivan mecanismos de diálogo intercultural y concertación para la solución de diferencias y el respeto mutuo de competencias.
Mecanismos de coordinación y articulación
El proyecto de ley propone la creación de espacios institucionales y procedimientos claros para la coordinación, tales como:
• La Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional, como órgano permanente de diálogo y concertación.
• La expedición de protocolos de actuación para la remisión de procesos, el reconocimiento de decisiones y la solución de conflictos de competencia.
• La realización de capacitaciones y procesos de formación en derechos humanos y pluralismo jurídico para autoridades indígenas y jueces nacionales.
• El reconocimiento de equivalencia y validez de las decisiones adoptadas por la JEI, bajo los principios de reciprocidad y respeto mutuo.
El presidente de la Comisión Primera, también indicó que el proyecto de ley contra la violencia vicaria, esotra de las iniciativas a debatir en esta célula legislativa.
La violencia vicaria es aquella donde se busca causar sufrimiento extremo contra una madre o un padre mediante sus hijos, ya sea omitiendo el pago de alimentos, amenazando con quitárselos, obstruyendo visitas o incluso llegando al extremo de causarles daño o muerte.
“Esta es de las formas más crueles de violencia porque busca seguir sometiendo y controlando a la pareja a través de los hijos cuando esta hadecidido separarse o denunciar”, expresó el Senador.
La iniciativa, que se da homenaje a la vida del pequeño Gabriel Esteban, asesinado en 2022 por su propio padre, busca adicionar un nuevo artículo al código penal creando los delitos de homicidio vicario y violencia vicaria.
Con ello se busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en el país, en el cual, aunque se le impute un cargo al victimario por el delito perpetrado contra el menor, no genera sanción penal específica que castigue el daño que se le hizo a la madre o el padre, quedando esta conducta impune.
