Según cifras de los autores de la iniciativa, solo el 41% de los niños entre 6 y 23 meses accede a una dieta mínima aceptable en variedad y frecuencia.

Por Olga Materón

BOGOTÁ D.C. 14 de septiembre de 2026. (Prensa Senado).  Con el objetivo de contrarrestar una problemática que frena el desarrollo físico y cognitivo de la primera infancia, se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de desnutrición crónica infantil

La iniciativa, liderada por la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, propone una intervención integral y preventiva enfocada en los primeros 2.000 días de vida. El proyecto busca intervenir con prioridad en los municipios de la región Amazonía- Orinoquía, que es donde -según el Índice de Desnutrición Crónica (ODC)- se sitúa la categoría critica.

Algunos departamentos reportan niveles severos de afectación como Vichada (100% de sus municipios en nivel crítico), Guainía (88,9%), Magdalena (83,3%), Amazonas (80%), Cesar (76%) y La Guajira (73,8%).

A esto se suma el alarmante estado de inseguridad alimentaria en los hogares, la cual golpea al 54,2% de las familias colombianas, escalando drásticamente al 80% en comunidades indígenas y al 60% en hogares con jefatura femenina.

Asimismo, a nivel escolar en el rango de 6 a 12 años, la tasa general de retraso en talla es de 7 de cada 100 menores, cifra que en entornos de bajos ingresos sube a 11 de cada 100 y en comunidades indígenas se dispara a 30 de cada 100.

La legisladora expone en la presentación de este proyecto de ley que el impacto de la malnutrición trasciende la infancia y genera daños irreversibles en la adultez. En el ámbito laboral, haber sufrido esta condición en los primeros 24 meses de vida provoca un castigo salarial de entre el 54% y el 64% menos de ingresos en la edad adulta.

Adicionalmente, la problemática se traduce en un grave perjuicio macroeconómico, reduciendo el Producto Interno Bruto (PIB) nacional en aproximadamente un 11% por la pérdida de productividad, afectando acumulativamente al 16,9% de la población total colombiana expuesta a este flagelo durante su niñez.

Dentro de los datos que sustentan esta propuesta legislativa está que solo el 41% de los niños entre 6 y 23 meses accede a una dieta mínima aceptable en variedad y frecuencia. La situación médica se agrava al constatar que la anemia por deficiencia de hierro afecta al 26,1% o 28,1% de la población infantil entre 1 y 4 años, elevándose al 30,3% en las zonas rurales y alcanzando el 32% en niños de 1 año de edad.

Desde el Senado de la República se busca articular una respuesta estatal integral, preventiva e intersectorial que proteja con urgencia a los territorios y poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad.

El senador Miguel Ángel Barreto presentó algunas cifras que muestran la dimensión de la problemática.

Por Olga Materón

Bogotá D. C, 14 de septiembre de 2026 (Prensa Senado). El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, aseguró que unos 5 millones de colombianos no tienen acceso al servicio eléctrico, y que “esta situación es de años”.

En medio de un debate de control político en la Comisión Quinta el Senado, el congresista afirmó que “se ha creado un marco normativo desde el 2001 en el que se le ha dicho al pueblo colombiano que vamos a generar incentivos económicos para el uso de energías limpias, para que haya energía solar y de aire, pero se nos olvidó hablar de energía en firme, que la da la hídrica y las térmicas”.

El legislador dijo que 97 billones de pesos les han pagado los colombianos a las empresas por cargo de confiabilidad (cobro incluido en la factura de energía eléctrica en Colombia que funciona como un seguro para garantizar el suministro de electricidad durante épocas de sequía crítica, como el ‘fenómeno de El Niño’) y el problema es que, “aunque se paga el cargo, el déficit crece y el usuario financia un seguro que no entrega la cobertura prometida”.

Según se conoció en medio del debate, hay cuatro empresas en Colombia que son las productoras y que además son las mismas que comercializan y distribuyen la energía eléctrica. Desde la óptica del senador Barreto, citante del debate, “en el país se vive un problema de modelo, de flujo de caja y un posible problema de apagón y riesgo de racionamiento”.

El congresista se refirió a la empresa de energía AIRE como “el chicharrón más grande”, asegurando que le debe alrededor de 2 billones a las plantas térmicas y estas no pueden comprar ni gas, ni Diesel.

En la presentación se expuso que hay entre $175.000 y $204.000 millones de pesos en pérdidas por cada hora de corte de energía. Además, entre 1,5 % y $1,7 del PIB en impacto estimado de un racionamiento sobre la economía nacional.

Adicionalmente, 230 mil empleos que se perderían en caso de presentarse un racionamiento, y más de 200 mil personas que caerían en la pobreza, de acuerdo con cifras que se conocieron en medio del debate.

El senador Ariel Ávila, del Partido Alianza Verde, también manifestó preocupación por la situación energética del país. En su intervención dijo que “el actual Gobierno no presenta un plan consolidado con fechas, recursos, combustibles, responsables y resultados verificables”.

A esto se sumó el senador Cristian Gómez, del Pacto Histórico, quien responsabilizó al Gobierno actual si llega a haber un apagón y dijo que “el cargo por confiabilidad no lo puede pagar el pueblo colombiano”.

Por su parte, el senador John Besaile, del Partido de La U, pidió al Gobierno Nacional “una solución urgente para la Costa, desde el Sur de Córdoba hasta la alta Guajira”, y dijo que “el sufrimiento de los habitantes de esta región debe parar”.

Entre las soluciones que se plantean desde esta célula legislativa está la de reformar la ley de servicios públicos que cuenta con un enfoque diferencial a las tarifas en los departamentos en donde la temperatura es superior a los 28 grados.

Ante los diferentes cuestionamientos y solicitudes de los parlamentarios, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, dijo que el déficit total de energía firme para atender la demanda del sistema entre el 2024 y el 2028 asciende a 14.387 GWh-año.

La funcionaria informó a la Comisión Quinta del Senado que “hay 275 proyectos de generación que presentan atrasos de más de un año, de los cuales 33 proyectos superan los cuatro años de retraso”.

Frente a la situación de la red del Caribe, la jefa de la cartera de Minas y Energía indicó que al no tener la red que se requiere, “no hay forma de que llegue la energía a los puntos de carga. Y si la demanda supera el valor de los equipos, con el calor, se complica aun mas la transferencia”. La demanda no atendida en el Caribe supera las 23 GB.

La Ministra expresó la posibilidad de revisar algunas normas y anunció que eventualmente se hará una subasta para ver qué inversionistas se quedaron en medio de los procesos de clasificación en subastas, todo para lograr captar energía firme para afrontar este ‘fenómeno de El Niño’”

Y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, dijo que “este sector ha sufrido todos los obstáculos políticos y las zancadillas ideológicas de quienes consideran que las licencias y consultas previas son mecanismos que están hechos para obstaculizar el desarrollo de los proyectos”.