Esta ley pretender fortalecer las reglas normativas y optimizar los fines de trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y robustecer el derecho de contradicción y defensa establecido en el artículo 29 de la Constitución política de Colombia, para quienes ostentan la calidad de sujetos procesales o presuntos responsables.
Por: Karen Madera Castro
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025. (Prensa Senado) La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que fortalece las reglas normativas en materia de responsabilidad fiscal. El Senador Germán Blanco del partido Conservador es el ponente de la iniciativa, quien manifestó que es un importante proyecto debido a uno de los controles más importantes que tiene la administración pública.
“Para nadie es mentira que, tratándose de normas del control fiscal, pues ese órgano superior nacional que es la Contraloría General tiene incidencia directa sobre el contenido del proyecto sobre estos 51 artículos que integran este proyecto y que empieza a surtir su primer debate”, dijo el ponente.
También indicó que “un cúmulo de senadores de distintos partidos principalmente del Centro Democrático y del Conservador radicamos en el mes de agosto esta ley que funge como una modificación importante al régimen del control fiscal en Colombia pero que para lograrlo nosotros hicimos unas mesas técnicas con la Contraloría General y con el apoyo de nuestras Unidades de Trabajo Legislativo”.
“Pretendemos con este proyecto fortalecer las reglas normativas del control fiscal en el país y optimizar el trámite de la responsabilidad fiscal que le corresponde a la Contraloría que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas que han actuado en nombre propio o en cabeza de entidades públicas, tiene que ver con el derecho a la defensa, con el derecho a la contradicción que están consagrados en distintos artículos de la Constitución Política”.
El Senador del partido Conservador agregó en su intervención que “el proyecto no está creando entonces un régimen totalmente nuevo, buscamos modificar normas que ya existen de control fiscal, principalmente la ley 610 del año 2000 que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y son competencia de las contralorías y la ley 1474 del año 2011 las que dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y también la afectividad del control, los procedimientos de responsabilidad fiscal”.
Principales modificaciones del proyecto
• Se está separando al investigador del fallador. En medio de la normatividad fiscal, el mismo funcionario investigador termina siendo el mismo funcionario fallador. Se busca asegurar con esto independencia, que no sea el mismo funcionario quien investigue, sino que exista imparcialidad y objetividad dentro del proceso para que se eviten conflicto de intereses.
• Lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad, una cosa es hablar del dolo y otra cosa es hablar de la culpa leve y grave. En este proyecto se está eliminando sanciones por culpa leve, asegurando decisiones más proporcionales de quien tiene en sus manos la responsabilidad fiscal.
• La cláusula de exclusión probatoria. Se está reiterando lo que ya existe en los demás controles, cuando una prueba se obtiene con violación a los derechos fundamentales sea una prueba que de entrada se anule.
• Incorporación de alegatos de conclusión. Este proyecto está permitiendo la introducción formal de estos alegatos, luego de esa etapa de práctica probatoria se garantice más el derecho a la defensa de la persona y pueda contradecir en términos de igualdad procesal lo que sucedió en la etapa probatoria.
• La reincorporación de figuras procesales del decreto ley 403 de 2020.
• Requisitos de motivación del fallo de responsabilidad fiscal, se busca que se aumente la transparencia y la solidez técnica de las decisiones administrativas.
• Hay modificaciones a aspectos procedimentales claves, hay ajustes en la suspensión de términos a la unidad procesal, al archivo mismo de la indagación preliminar, entre otros.
• Fortalecimiento de la autonomía y la seguridad jurídica.
Por su parte, el Senador Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical, expresó que “la ciudadanía exige mejores resultados por parte de la Controlaría General de la República, en muchos casos se muestra lenta, no eficaz y por supuesto eso desestimula no solamente a quienes creemos que esa entidad es fundamental en la democracia y en la defensa del presupuesto público, sino que también genera dudas en la gente”.
“Es importante saber que va a ser el Congreso con las contralorías seccionales, municipales, distritales, departamentales, que se han convertido en refugio burocrático, en organizaciones extorsivas, por ejemplo, en el Valle del Cauca la extorsión no solo se vive por los grupos criminales, sino que también se siente en la contraloría de Cali, generando angustia y terror en la ciudadanía”, agregó el Senador del partido Cambio Radical.
En la extensa discusión, también participó el Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Hernán Jojoa, manifestando que “la Contraloría de la República acompaña técnicamente el proyecto, no significa eso que no tengamos dudas en alguno de los planteamientos. Uno de los temas es el de la culpa grave, esto no es una innovación, la Corte Constitucional ya declaró inexequible el tema de responsabilidad fiscal por culpa que no sea grave o por dolo”.
“Otro aspecto importante es el tema de las indagaciones preliminares archivadas. Hay que recordar que el proceso de responsabilidad fiscal arranca con la apertura del proceso, pero hay una etapa pre procesal en la cual se hace una indagación preliminar que es un estudio de la denuncia o del hallazgo fiscal de manera inicial para ver si hay el daño. Por lo tanto, al pretender que sea el contralor general el auditor o los contralores territoriales, solo nos referimos a esas indagaciones preliminares iniciales que en muchas ocasiones puede haber ahí un daño al patrimonio público y por eso son solo las que se archivan. En esta iniciativa legislativa son más los aspectos positivos que negativos. Consideramos que debe ser ampliamente discutido y revisado en conveniencia por los senadores”, puntualizó el Contralor Delegado.
