La senadora María Clara Posada Caicedo convocó el encuentro para escuchar las reclamaciones de víctimas del conflicto armado.

Por: José Francisco Palacios

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). A trece días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la senadora María Clara Posada Caicedo, del Centro Democrático, convocó el foro “La verdad: la paz se construye sin impunidad, un compromiso con la justicia y con Colombia”, en el Salón de la Constitución del Senado. Víctimas y asistentes expresaron cuestionamientos sobre la respuesta judicial y la atención a quienes sufrieron el conflicto.

Entre los asistentes estuvieron Alejandro Ordóñez Maldonado, designado ministro del Interior; Camilo Gómez Alzate, ex alto comisionado para la Paz; el eurodiputado Luis Pérez Fernández; el general (r) Luis Herlindo Mendieta Ovalle; el exdiputado Sigifredo López Tobón; asociaciones de víctimas, familiares de secuestrados e integrantes de la Fuerza Pública. La convocatoria buscó escuchar demandas de verdad, justicia y reparación.

Posada sostuvo que, a su juicio, las antiguas FARC evadieron responsabilidades previstas en el Acuerdo. Recordó la promesa de que “los responsables de los crímenes más atroces iban a pagar” y preguntó: “¿Qué pasó con aquellas promesas?”. También pidió explicaciones sobre el cumplimiento de esos compromisos y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La senadora cuestionó la imparcialidad de la JEP y afirmó que sus compromisos con las víctimas siguen pendientes. “Una justicia que pierde su imparcialidad deja de ser justicia”, dijo. También criticó la gestión del expresidente Juan Manuel Santos durante la negociación y sostuvo que quienes cometieron delitos deben responder ante la justicia.

Ordóñez Maldonado expresó reparos frente a las críticas que, según dijo, Santos dirigió al presidente Abelardo De La Espriella. También cuestionó la respuesta del gobierno anterior al sufrimiento de las víctimas y su política frente a las antiguas FARC.

Mendieta Ovalle, secuestrado por más de once años, criticó los resultados de la JEP y pidió al Congreso legislar para que haya justicia. “Hoy la deuda es con las víctimas”, afirmó. También cuestionó que las antiguas FARC recibieron diez curules y propuso que esos escaños se destinarán a las víctimas del secuestro.

López Tobón, exdiputado del Valle del Cauca y sobreviviente del secuestro, pidió fortalecer la presencia institucional y ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida. Dijo que llevaba 17 años pidiendo justicia y reclamó reformas sociales para atender a quienes sufrieron el conflicto.

Al cierre, Gómez Alzate señaló que criticar la JEP no significa estar en contra de la paz y expresó reparos sobre el respeto a la Constitución durante la negociación. Las intervenciones insistieron en avanzar en justicia y reparación para las víctimas, a pocos días del décimo aniversario de la firma del Acuerdo Final, el 24 de noviembre.

Una abordará presuntas irregularidades en la contratación pública y la otra denuncias sobre actuaciones policiales.

Por: Catalina Silva

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Primera del Senado aprobó dos citaciones a debates de control político: una sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal y violencia institucional de género, y otra sobre denuncias relacionadas con actuaciones policiales. La Mesa Directiva fijará las fechas.

La primera citación fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La proposición plantea revisar posibles irregularidades en la contratación de entidades nacionales y las garantías laborales para las mujeres.

El tema incluye el uso de órdenes de prestación de servicios (OPS), presunto abuso de poder y posibles hechos de violencia institucional de género. La citación busca que los asuntos sean examinados en un debate público; las referencias a irregularidades y violencia corresponden a los planteamientos de la proposición, no a conclusiones ya establecidas por la comisión.

Para el debate se citó al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), a los ministros de Trabajo e Interior, al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al director del Departamento para la Prosperidad Social y a la superintendente nacional de Salud.

También se invitó a entidades de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y al agente liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad. Las citaciones y las invitaciones tienen destinatarios distintos, aunque todos podrán aportar información sobre los asuntos incluidos en la proposición.

La segunda citación fue presentada por las senadoras Isabel Cristina Zuleta López y Diana Carolina Corcho Mejía, ambas del Pacto Histórico. Está dirigida al Ministerio de Defensa Nacional y a la Dirección Nacional de Policía para que expongan información sobre las actuaciones policiales señaladas en la proposición.

Las senadoras buscan conocer la dimensión de los hechos y su caracterización social, identificar posibles patrones territoriales y poblacionales, y revisar los mecanismos institucionales para documentar las actuaciones y sus limitaciones. La proposición alude a presuntos casos de abuso, brutalidad policial y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza; el debate no da por probadas esas denuncias.

La aprobación de las citaciones abre un espacio para que las entidades convocadas respondan a los temas planteados y para que los congresistas formulen preguntas de control político. No se anunciaron fechas para ninguno de los debates; estas serán definidas por la Mesa Directiva de la Comisión Primera.