La Comisión de Paz escuchó a diferentes cabezas de organizaciones que trabajan por la reconciliación en el país.

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Legal de Paz del Senado, en sesión de control político, revisó la planeación presupuestal, los indicadores y las metas de las entidades relacionadas con la paz en el Presupuesto General de la Nación para 2027, que será debatido la próxima semana en las plenarias del Congreso.

El debate en la Comisión de Paz, promovido por los senadores por el Pacto Histórico David Racero, Carolina Corcho y Alejandra Omaña, convocó al Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Fondo Colombia en Paz y otras entidades.

Durante la sesión se examinó el efecto de los ajustes al proyecto de presupuesto en la JEP, la Unidad de Búsqueda y la ARN. Los citantes recordaron el recorte de 170.000 millones de pesos para la JEP y las reducciones en inversión en las otras dos entidades. “La voluntad política significa presupuesto”, afirmó el senador Racero.

En el debate también se planteó la necesidad de revisar la eficiencia del gasto, reducir la contratación y articular el trabajo de las entidades con la Fiscalía y Medicina Legal, y se propuso que cualquier cambio a la justicia transicional se tramite mediante actos legislativos y no por la vía presupuestal.

Desde el Gobierno Nacional, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, explicó que la reducción del presupuesto de la ARN -que pasaría de 358.000 a 226.000 millones de pesos- responde a menores gastos de contratación y no a su misión.

Por su parte, la JEP expuso que los recursos en discusión y que serían recortados financian la representación judicial de víctimas y comparecientes, la protección de testigos y las actividades en territorio previstas para 2027. Y el DNP informó que el Plan Marco de Implementación registra un avance de 58,66 % a 31 de agosto.

Al cierre, la comisión anunció que el próximo miércoles 21 de octubre sesionará de manera conjunta con la Comisión de Paz de la Cámara para escuchar al jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, una de las principales instancias en el acompañamiento a la búsqueda de la paz en el país.

El Presidente del Congreso se refirió nuevamente a las afirmaciones de María Claudia Tarazona, viuda del asesinado congresista Miguel Uribe Turbay.

Bogotá D. C., 16 de octubre de 2026 (Prensa Senado). El próximo lunes, a partir de las 9:00 de la mañana, la Plenaria del Senado tiene previsto comenzar el debate del proyecto de ley que contempla el Presupuesto General de la Nación para el 2027.

Así lo anunció el presidente del Congreso, senador Honorio Henriquez. “Hoy (este jueves) le corresponde a la bancada de oposición, que pidieron este día para debatir sobre el Presupuesto, y el día lunes desde las 9:00 de la mañana citamos para debatir ya el Presupuesto y esperamos sacarlo adelante ese día”, manifestó el presidente Henriquez.

El Presupuesto General de la Nación constituye una de las principales herramientas para definir la asignación de recursos del Estado durante 2027. Su discusión en el Congreso tiene especial importancia porque permite examinar las prioridades del gasto público, las necesidades de financiación de los distintos sectores y los recursos destinados al funcionamiento y la inversión de las entidades nacionales.

La iniciativa ya superó su paso por las comisiones terceras y cuartas del Senado de la República y la Cámara de Representantes y está a la espera de completarlo en las plenarias de ambas corporaciones. El plazo máximo para su aprobación, según la ley, es el próximo martes 20 de octubre.

Pide celeridad en investigación por asesinato de Miguel Uribe Turbay

El presidente Henriquez se refirió este jueves a las nuevas declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, quien ha señalado que la orden para cometer el crimen habría salido del Congreso de la República.

En las últimas horas, María Claudia Tarazona ha hablado en medios de comunicación y ha mencionado también al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán, exintegrante de las FARC y conocido también con el alias de Marcos Calarcá.

“Sí, es muy grave lo que seguimos conociendo en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Le he solicitado, y lo haré en el marco del Consejo de Política Criminal que está citado para este jueves, dialogar con el fiscal encargado para pedirle celeridad y que se aclare esta situación que insisto es de toda la gravedad”, manifestó el Presidente del Congreso.

Consultado sobre las eventuales consecuencias jurídicas que podrían derivarse si se comprobara la participación de un congresista en el asesinato, Henriquez señaló que primero debe existir certeza sobre los responsables. “Necesitamos es que se defina la certeza de quién envió el mensaje. Eso le corresponde a la Fiscalía y de ser así tiene que proceder de conformidad como se indica”, respondió.