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Senadores y alcalde de Tunja radican proyecto para aprovechamiento de residuos sólidos

La iniciativa pretende prevenir la generación desmedida de residuos; reutilizar y mejorar la separación en la fuente; incrementar el aprovechamiento; impulsar el tratamiento y valorización; además de fortalecer a las organizaciones de recicladores de oficio.

Por José Arévalo

Bogotá D.C., noviembre 30 de 2022 (prensa senado).- El senador Miguel Ángel Barreto Castillo, Partido Conservador, autor de la iniciativa en mención, acompañado y respaldado por los senadores Marcos Daniel Pineda, partido conservador; Andrea Padilla y Guido Echeverri, Alianza Verde, y el alcalde de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Fúneme González, radicaron el importante proyecto, ante el secretario general del senado, Gregorio Eljach Pacheco. “Buscamos motivar a los municipios y distritos del país para aprovechar y adoptar medidas de fondo para el tratamiento de residuos sólidos”, manifestó el congresista Barreto Castillo, quien además hizo estas reflexiones:

  • “En cinco años, 15 millones de personas podrían enfrentar riesgos asociados a la disposición final de basuras”.
  • “En este momento, el aprovechamiento de los residuos es irrisorio; solo llegamos al 14%, cuando el país tiene capacidad de alcanzar el 30%. Además, solo el 1% se usa para la generación de energía”.
  • “se debe implementar una adecuada gestión de residuos para los municipios y ciudades capitales que corresponda a las necesidades de cada una de ellas”.

El autor del proyecto argumentó que Colombia no cuenta en la actualidad con una ley marco que articule e impulse la gestión integral de residuos sólidos, y que el 23% de los rellenos sanitarios y celdas de contingencia del país, cuentan con una vida útil menor a tres años.

En tal virtud, agregó el senador conservador, el proyecto de ley propone incentivos para que los municipios y distritos adopten y desarrollen tecnologías para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos, en la búsqueda de reducir el volumen que llega a los rellenos sanitarios.

Por último, Barreto Castillo hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Ambiente, y a la cartera de Hacienda, para que se sumen a este proyecto, en aras de promover y garantizar el derecho fundamental a la salud, al goce de un ambiente sano, el impulso del desarrollo social y empresarial, y generar medidas para responder al cambio climático y promover la economía circular.

UNP denuncia carteles de blindaje, en debate de situación de seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Mientras exista narcotráfico, persistirán los grupos armados en la violencia, pedimos una estrategia para la protección de líderes en la provincia. S, Carlos Meisel.

Por Keir Ernesto Villero Damián

Bogotá D.C., noviembre 30 de 2022 (prensa senado).- La Comisión de Ordenamiento Territorial pidió al gobierno estrategias para que no se sigan asesinando líderes sociales en el país; en debate de control político el senador Carlos Meisel Vergara, Centro Democrático, señaló, “la persona que se alegre por el asesinato de otra persona tiene el alma enferma, por lo tanto, todos los gobiernos, sin importar su ideología, deben velar por la seguridad de todos sus habitantes”.

El congresista Meisel Vergara, promotor del debate, indicó: “Ante los últimos actos de violencia presentados en diferentes zonas de Colombia, sobre asesinato de líderes sociales en este país, donde se clasifican en 25 calidades, entre líderes étnicos, periodísticos, ambientalistas, políticos, campesinos, estudiantiles, etcétera, queremos conocer en qué estado se encuentra la institución, aclarando que no es un debate ideológico”, y adicionalmente consultó al gobierno, “qué necesita de parte del congreso, porque estamos dispuestos a facilitar las herramientas y aprobar las destinaciones necesarias para que se dé cumplimiento con la seguridad de los líderes”, declaró, y reconoció a su vez la existencia de corrupción en la UNP.

Ante la mala designación de seguridad a personas en riesgo, el legislador Carlos Meisel expresó en frase caribe “en la actualidad hay muchos burócratas espanta jopo en Bogotá, que pese a no ser prioritarios sus esquemas de seguridad, acaparan el mayor porcentaje de estos, dejando en provincia desamparados a líderes campesinos y ambientalistas, entre otros, que es donde se da el mayor riesgo.”

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba, Coalición Pacto Histórico, refirió, “es lamentable que en la provincia, el abandono de la autoridad y la protección para los periodistas es prácticamente nula, porque cuando denuncian actos de corrupción son asesinados, y a algunas personas, como sucedió conmigo, se les hace un desprestigio político, para luego proceder con el asesinato”.

Así mismo, la senadora Esmeralda Ariza, Pacto Histórico, denunció: “Aquí se asesina a las personas por defender el agua, el medio ambiente, lo que indica que aquí se firmó el acuerdo de Paz, pero la paz no llegó a las regiones y desde el gobierno pasado no se ha dado la protección a los líderes”.

Para el senador del partido comunes Omar de Jesús Restrepo Correa, “el país debe avanzar hacia la Paz total con la protección de la vida de todos los colombianos, líderes sociales y firmantes de los acuerdos de paz, porque hoy en día existe una estigmatización a estos líderes para justificar sus asesinatos y negarles el derecho a vivir en Paz”, precisó.

Para el legislador Restrepo Correa, “se hace necesario que los grupos armados ilegales, incluyendo los narcotraficantes, se desarmen, mediante un acuerdo con el gobierno, para lograr el monopolio de las armas y el ejercicio de la autoridad con armas reglamentadas, donde se llegue a los territorios con la política de inversión social eliminando así los focos que generan la violencia”, ratificó.

Qué dice el gobierno

“La estrategia del gobierno es acabar la animadversión de los colombianos, silenciar los fusiles para lograr la paz total del país, para no tener más jóvenes asesinados atendiendo de manera integral toda su necesidad en materia académica, su derecho al trabajo y familiar”, informó el Director de la Unidad Nacional de Protección -UNP- Augusto Rodríguez Ballesteros.

El funcionario en mención se refirió a las estrategias, “en la actualidad hemos reducido el estudio de factibilidad para la entrega del esquema de seguridad que era de 90 días, reduciéndolo a menos de treinta días como proceso de reingeniería, ampliando la base a las solicitudes con mayor prioridad en las regiones”, declaró.

Corrupción UNP

Por su parte, el director Augusto Rodríguez Ballesteros de la UNP, señaló en el debate que la institución pagaba fuertes sumas para los blindajes de los vehículos, pero en el examen se comprobaba la inexistencia de dicho blindaje; y denunció a su vez, que algunos funcionarios salían de la institución y luego eran empleados de esas empresas a las que les otorgaban los contratos de mantenimiento, a manera de puerta giratoria.

Finalmente, el senador citante Carlos Meisel, “es necesario que se atienda no solo a 55 municipios,  sino a 158 municipios que requieren atención prioritaria, y no se concentre la atención en la capital del país, donde el tema de la inseguridad es el microtráfico, el robo de la bicicleta, el celular y las bandas delincuenciales que tienen asustada a la ciudadanía, porque asesinan sin control alguno”, concluyó.

Asocapitales radicó en Congreso de la República Proyecto de Ley que busca mejorar situación de sindicados en Colombia

El hacinamiento en estaciones de Policía y URI, a nivel nacional, es del 174%, cerca de 23 mil personas sindicadas; y en las cárceles manejadas por el INPEC, el hacinamiento llega al 20%, más de 21 mil personas sindicadas, según Tablero de Control de Detenidos Policía Nacional.

Por José Arévalo

Bogotá D.C., noviembre 30 de 2022 (prensa senado).- Asocapitales, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, Alcalde de Bucaramanga, autor de la iniciativa, radicó hoy en el Congreso de la República un Proyecto de Ley que busca mejorar la situación que atraviesan los sindicados a nivel nacional, definir responsabilidades del Gobierno Nacional y de los entes territoriales, y fuentes de financiación para tal fin.

Líneas gruesas del proyecto:

1. Definición de las competencias de los niveles de gobierno, de acuerdo con las penas a imponer, de mayor a menor duración, los sindicados con penas deben tener una distribución equitativa de las cargas entre las entidades y centros de reclusión.

2. Integración territorial: Se crean las cárceles regionales con el objeto de que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad.

3. Frente al hacinamiento en las URI, se refuerza la prohibición que personas detenidas o condenadas sean recluidas en estos lugares o en Estaciones de Policía.

 4. En el proyecto se plantean nuevas fuentes de financiación, provenientes de fondos existentes (FONSECON - FONSET) y multas impuestas en procesos penales.

5. Tiempos de la responsabilidad: Se establece que la responsabilidad que tiene una entidad territorial frente a una persona privada de la libertad dura hasta dos años. Si el detenido no ha sido condenado, pasaría a competencia del Gobierno Nacional.