Las Comisiones de Paz abrieron un debate de control político sobre seguridad y el Acuerdo Final

Por: Magda Gutiérrez

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). A trece días del décimo aniversario de la firma del Acuerdo Final, las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara eligieron seis congresistas para el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. La sesión, en el Salón Boyacá del Capitolio, abrió un debate de control político sobre paz, seguridad, protección civil e implementación del Acuerdo en 2026-2027.

Por solicitud de Jaime Raúl Salamanca Torres, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, se escuchó a una vocera de familiares de integrantes de la Fuerza Pública secuestrados. “No nos dejen solos”, pidió a los congresistas y funcionarios del Gobierno.

Por el Senado fueron elegidos el senador Wilder Iberson Escobar Ortiz, de la Alianza Social Independiente (ASI); la senadora Deyci Alejandra Omaña Ortiz, del Pacto Histórico, y el senador Santiago Barreto Triana, del Partido Conservador. Los tres ocupan los cupos de esta corporación en el Consejo.

Por la Cámara fueron elegidos el representante Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 8 y avalado por Asomontemaría; la representante Tatiana Judith Gaona Pinzón, de las CITREP y respaldada por la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes; y el representante Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata, del Pacto Histórico.

Entre quienes postularon a los delegados estuvieron los senadores David Ricardo Racero Mayorca, del Pacto Histórico, y Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional; y los representantes James Hermenegildo Mosquera Torres, de la CITREP 6 y avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (COCOMAN), y Daniel Mauricio Monroy Hernández, del Pacto Histórico.

Durante el debate, el representante citante Esneyder Gómez Salamanca, de la CITREP 1 y avalado por el Resguardo Indígena de Toribío, preguntó por los recursos para la política de paz. Recordó que el país eligió resolver sus diferencias por las instituciones: “una década en la que el país decidió que su disputa se resolviera con instituciones y no con fusiles”. Luego preguntó: “Vengo a preguntar si el Estado está cumpliendo esta promesa”.

La consejera comisionada para la Paz, Viviane Morales Hoyos, explicó que, según la Sentencia C-630 de 2017, la implementación del Acuerdo Final compromete jurídicamente a todo el Estado. Monroy destacó la justicia transicional y advirtió que podrían perderse “esos avances de reconciliación”.

Asistieron los representantes Gabriel Becerra Yáñez, del Pacto Histórico; Arnulfo Mina Garcés, de la CITREP 10 y avalado por el Consejo Comunitario Río Gualajo; y Jorge Armando Figueroa Angarita, del Partido de la U. Por falta de tiempo, la Mesa Directiva convocará a sesiones conjuntas el 25 de noviembre para continuar el debate.

La senadora María Clara Posada Caicedo convocó el encuentro para escuchar las reclamaciones de víctimas del conflicto armado.

Por: José Francisco Palacios

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). A trece días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la senadora María Clara Posada Caicedo, del Centro Democrático, convocó el foro “La verdad: la paz se construye sin impunidad, un compromiso con la justicia y con Colombia”, en el Salón de la Constitución del Senado. Víctimas y asistentes expresaron cuestionamientos sobre la respuesta judicial y la atención a quienes sufrieron el conflicto.

Entre los asistentes estuvieron Alejandro Ordóñez Maldonado, designado ministro del Interior; Camilo Gómez Alzate, ex alto comisionado para la Paz; el eurodiputado Luis Pérez Fernández; el general (r) Luis Herlindo Mendieta Ovalle; el exdiputado Sigifredo López Tobón; asociaciones de víctimas, familiares de secuestrados e integrantes de la Fuerza Pública. La convocatoria buscó escuchar demandas de verdad, justicia y reparación.

Posada sostuvo que, a su juicio, las antiguas FARC evadieron responsabilidades previstas en el Acuerdo. Recordó la promesa de que “los responsables de los crímenes más atroces iban a pagar” y preguntó: “¿Qué pasó con aquellas promesas?”. También pidió explicaciones sobre el cumplimiento de esos compromisos y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La senadora cuestionó la imparcialidad de la JEP y afirmó que sus compromisos con las víctimas siguen pendientes. “Una justicia que pierde su imparcialidad deja de ser justicia”, dijo. También criticó la gestión del expresidente Juan Manuel Santos durante la negociación y sostuvo que quienes cometieron delitos deben responder ante la justicia.

Ordóñez Maldonado expresó reparos frente a las críticas que, según dijo, Santos dirigió al presidente Abelardo De La Espriella. También cuestionó la respuesta del gobierno anterior al sufrimiento de las víctimas y su política frente a las antiguas FARC.

Mendieta Ovalle, secuestrado por más de once años, criticó los resultados de la JEP y pidió al Congreso legislar para que haya justicia. “Hoy la deuda es con las víctimas”, afirmó. También cuestionó que las antiguas FARC recibieron diez curules y propuso que esos escaños se destinarán a las víctimas del secuestro.

López Tobón, exdiputado del Valle del Cauca y sobreviviente del secuestro, pidió fortalecer la presencia institucional y ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida. Dijo que llevaba 17 años pidiendo justicia y reclamó reformas sociales para atender a quienes sufrieron el conflicto.

Al cierre, Gómez Alzate señaló que criticar la JEP no significa estar en contra de la paz y expresó reparos sobre el respeto a la Constitución durante la negociación. Las intervenciones insistieron en avanzar en justicia y reparación para las víctimas, a pocos días del décimo aniversario de la firma del Acuerdo Final, el 24 de noviembre.