Diferentes entidades adscritas al Gobierno Nacional expusieron ante la célula legislativa la realidad que encontraron en sus finanzas y sus expectativas para el próximo año.
Por Olga Materón
Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2026. (Prensa Senado). En una sesión de la Comisión Séptima del Senado, varios ministerios y direcciones de entidades estatales presentaron un diagnóstico del estado en el que, según ellos, recibieron sus carteras por parte del gobierno saliente, e informaron a esta célula legislativa lo qué tienen plasmado en sus planes de acción.
La directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Sandra Suárez, señaló que la idea es propiciar una integralidad y señaló que aunque no encontró “tan coordinada la intervención integral, sí hubo una capacidad importante construida en términos de operar transferencias monetarias”.
Frente a este panorama explicó que se está “evaluando lo que recibimos e identificamos y construyendo”. Asimismo, aseguró que del presupuesto asignado de 8,9 billones de pesos, el 90 % se destinará a transferencias monetarias, $ 275 mil millones a seguridad alimentaria y $ 65.476 millones a infraestructura y hábitat.
Ante los recortes en programas oficiales como Adulto Mayor, el senador Orlando De La Hoz, del Pacto Histórico, cuestionó estos montos que presentó la funcionaria y pidió una explicación frente al hecho de que “el Presidente de la República dijo que se iba a aumentar a $ 400.000 el aporte del Estado a las personas mayores”.
En respuesta a las inquietudes de los legisladores de la Comisión Séptima del Senado, la directora de esta entidad, Sandra Suárez, ratificó su compromiso de comenzar con un grupo de adultos mayores beneficiarios con $ 400.000 y avanzar gradualmente hacia una mayor cobertura, priorizando a los más vulnerables y de edad avanzada.
No obstante denunció que “en el primer semestre, el gobierno anterior quedó debiendo un ciclo, y que este gobierno terminó asumiendo esa deuda”. Del mismo modo, la funcionaria manifestó que la administración saliente “dejó la línea de Colombia sin Hambre totalmente desfinanciada”, advirtiendo que por ello “hay que revisar el tema”.
En sintonía, la senadora Norma Hurtado, del Partido de La U, manifestó que se deben generar oportunidades para los menos favorecidos, pero advirtió que recibieron una herencia poco socializada y técnica, porque “están los decretos firmados por el gobierno saliente, en los que excluyen a colombianos de los programas más sociales que tiene un Gobierno”.
Por lo anterior, solicitó a la funcionaria, una socialización “concreta sobre la situación recibida para evitar ser culpados de algo que ocasionó el Gobierno anterior”.
Por su parte, María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, expuso algunos hallazgos en su diagnóstico.
La funcionaria reveló la existencia de tres programas denominados ‘Familias y Comunidades’ y señaló que “estos tenían 1.407 personas a la espera de seguir con contrato, pero que estos programas acabaron y no había por qué hacerles adiciones en términos de contratación a esas personas”.
Adicionalmente, reportó la falta de idoneidad en operadores y funcionarios para asumir cargos de asesores en la dirección general. Sobre la gestión regional, alertó que “en los últimos cuatro años se giraron 3 billones de pesos a La Guajira y vamos a revisar contrato por contrato, funcionario por funcionario y si son buenos seguirán, pero si no, derecho para la Fiscalía, porque no pueden abusar de los dineros que van para los niños”.
A pesar de las dificultades operativas alegadas por la directora del ICBF, aclaró que no requiere dinero adicional para el funcionamiento básico de la entidad, postura que la senadora Claudia Zuleta, del Partido Centro Democrático, exaltó como “un mensaje claro de austeridad y mejor uso de recursos públicos
Finalmente, el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, manifestó que la gestión anterior se centró en la contratación de personas sin reflejar un gran movimiento estructural en el ministerio.
Aunque propuso que el presupuesto ideal debería ser de 19 billones de pesos, reconoció que la realidad fiscal actual no lo permite. En su lugar, planteó un plan progresivo que contempla un aumento de 4 billones de pesos para el año 2027, con el fin de garantizar el funcionamiento de las fases diseñadas por su cartera.
