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Sesión de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado

Chuzadas, tropas extranjeras y agua, en la agenda de la Comisión Primera

La comisión aprobó citaciones a cuatro ministerios, acordó una audiencia sobre objeción de conciencia en salud e inició la discusión de un proyecto que da reposición de gastos de campaña a los ediles

Por: Catalina Silva

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Primera del Senado aprobó varias citaciones a debates de control político, cuyas fechas fijará la Mesa Directiva, e inició la discusión de un proyecto de ley sobre la reposición de gastos de campaña para los ediles.

El senador Luis Carlos Rúa Sánchez (Alianza Verde) citó a un debate sobre la garantía del derecho al agua potable y la respuesta institucional a los problemas de abastecimiento en Ipiales, Nariño. La citación incluye al Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el alcalde municipal y la empresa de servicios públicos del municipio.

La senadora Diana Carolina Corcho Mejía (Pacto Histórico) propuso audiencias territoriales en Cali, Medellín y Barranquilla, y una nacional de cierre en Bogotá, sobre el proyecto que regula la objeción de conciencia para los profesionales del sector salud. Con la ponente, la senadora María Clara Posada Caicedo (Centro Democrático), se acordó hacer una sola audiencia pública en Bogotá antes de la discusión y votación del articulado.

Los senadores Iván Cepeda Castro e Isabel Cristina Zuleta López (Pacto Histórico) citaron al ministro de Relaciones Exteriores por el convenio suscrito con Estados Unidos, que según ellos viola la soberanía nacional.

Los senadores Alfredo Rafael Deluque Zuleta (Partido de la U) y Enrique Gómez Martínez (Salvación Nacional), con la adhesión de la senadora Isabel Cristina Zuleta, citaron a otro debate sobre el presunto uso de la Dirección de Inteligencia entre 2022 y 2026 para interceptaciones y seguimientos ilegales. También abordarán la interferencia en el proceso electoral de 2026, la solicitud del censo electoral a la Registraduría y la ciberseguridad de las elecciones de 2027. La citación incluye al Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con invitación a los organismos de control.

El senador Alex Xavier Flórez Hernández (Pacto Histórico) citó al ministro de Defensa por las operaciones militares con Estados Unidos y la presencia de uniformados extranjeros en territorio colombiano.

En el trámite legislativo, la comisión inició la discusión del proyecto del senador Óscar Hernán Sánchez León (Partido Liberal), autor y ponente, que busca garantizar la reposición de gastos de campaña por votos válidos en las elecciones de las Juntas Administradoras Locales. La iniciativa equipara a los ediles con las demás corporaciones de elección popular, busca condiciones de equidad en la financiación de las campañas e incentiva la participación de la mujer.

Sánchez dijo: “Este proyecto de ley es una deuda histórica que tenemos con los corporados, especialmente con los ediles del país, quienes son los únicos que no tienen derecho a la reposición de votos”.

El senador Hernán Darío Cadavid Márquez (Centro Democrático) reconoció el esfuerzo de los ediles en todo el territorio, pero dijo: “He presentado un proyecto de reforma constitucional que busca la eliminación de los gastos de campaña en consultas interpartidistas”. Agregó que el Estado debe avanzar hacia la eliminación de la reposición de gastos, a la que llamó un “atajo financiero”, y pidió tener en cuenta el concepto de impacto fiscal.

La senadora Isabel Cristina Zuleta pidió considerar las particularidades regionales y las dificultades para votar en los territorios apartados, y dijo que la reposición debe reconocer esas realidades.

La discusión y votación del proyecto continuará en la próxima sesión de la Comisión Primera.

Cuatro senadores de pie ante una mesa con micrófonos de medios, en el salón Luis Carlos Galán. Uno sostiene una carta firmada y sellada, y otro el libro de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026 a 2030.

El Gobierno presenta al Congreso las bases del Plan Nacional de Desarrollo

El director de Planeación Nacional y el ministro del Interior entregaron el documento ante las secretarías de Cámara y Senado. El Gobierno apunta a crecer 6 por ciento en cuatro años con la empresa privada como protagonista.

Por: Keir Ernesto Villero D.

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, radicaron ante las secretarías de Cámara y Senado el documento con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026 a 2030, Colombia, la Patria Milagro.

Buitrago explicó que el documento es el resultado de varias mesas de trabajo y se organiza en siete ejes que forman la hoja de ruta del Gobierno.

El eje Colombia desde las Regiones es el que, según el director, apunta a un crecimiento de 6 por ciento en los próximos cuatro años. El eje de talento, conocimiento e innovación para el desarrollo busca que jóvenes y adultos se adapten a los cambios de la inteligencia artificial y participen en las nuevas industrias que traería la inversión privada y extranjera.

El Milagro Social se propone cerrar brechas y llevar saneamiento básico, vivienda, deporte y cultura a todos los territorios. El Milagro Económico plantea condiciones habilitantes, con ajuste fiscal y seguridad jurídica para los inversionistas.

El Patriotismo Constitucional tiene la seguridad como característica transversal: recuperar territorio, dar nuevas capacidades a la Fuerza Pública y garantizar acceso oportuno a la justicia. La Transformación del Estado incluye un trabajo con el Ministerio de Hacienda y su ley de rescate para lograr finanzas públicas viables y abrir espacio a la inversión privada.

El eje de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia responde al sismo ocurrido en el primer día hábil del Gobierno, que afectó a miles de familias y empresas en el suroccidente del país. El plan, dijo Buitrago, debe dejar las condiciones para reconstruir y adaptar el país a un clima adverso.

El director subrayó que el sector privado va a ser el protagonista y que la inversión extranjera es el motor para crecer. Al Legislativo le envió un mensaje: "queremos que este plan de desarrollo se construya entre todos". El ministro Ordóñez reiteró el respaldo del Gobierno al plan.

Según el cronograma, el Consejo Nacional de Planeación emitirá su concepto en enero de 2027. El Gobierno llegará al Congreso con el articulado del plan el 7 de febrero.

Senadora Norma Hurtado Sánchez, presidenta de la Comisión Accidental Bicameral sobre los damnificados del terremoto de San José del Palmar, Chocó

Congreso pide cuentas al Fondo Milagro a tres meses del terremoto

A tres meses del terremoto, el debate de control político reclamó un cronograma para vivienda, ayudas y reconstrucción

Por: Johan Nassar Hower

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). A tres meses del terremoto del 10 de agosto, en un debate de control político de la Comisión Accidental Bicameral para los damnificados del terremoto de San José del Palmar (Chocó), presidida por la senadora Norma Hurtado Sánchez, del Partido de la U, el Congreso pidió al Gobierno Nacional explicar la ejecución del Fondo Milagro y presentar un cronograma verificable para atender a las familias afectadas con vivienda, ayudas y reconstrucción.

Durante la sesión, integrantes de la comisión, que se reúne periódicamente para hacer seguimiento a la emergencia, expresaron preocupación por la diferencia entre los anuncios oficiales y los avances observados en los municipios. También señalaron falta de coordinación entre entidades, información dispar sobre las afectaciones y demoras en la respuesta a comunidades de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Uno de los cuestionamientos se dirigió al Fondo Milagro. Su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistió a la citación, y los congresistas reclamaron explicaciones sobre los recursos anunciados para la emergencia. Pidieron conocer cuánto se ha comprometido y girado, qué proyectos tienen aprobación y cuándo se verán resultados concretos en los territorios.

En vivienda, el reclamo fue precisar cuántas soluciones están en gestión y cuántas ya llegaron a los hogares. A finales de octubre, el Ministerio de Vivienda informó que buscaba movilizar un inventario cercano a 4.700 viviendas y proyectaba entregar hasta 5.000 casas a familias damnificadas. Ninguna de las dos cifras corresponde a viviendas ya entregadas.

Durante el debate también se pidió informar el estado de los subsidios de vivienda y arrendamiento, la remoción de escombros, los mejoramientos y las ayudas para quienes siguen en alojamientos temporales. Los congresistas plantearon que las familias necesitan conocer los requisitos, los criterios de priorización, las fechas y las entidades responsables de cada respuesta.

Otra preocupación fue la diferencia entre las cifras de damnificados y daños reportadas por autoridades nacionales y territoriales. Según los congresistas, parte de los recursos no se habría ejecutado por certificaciones pendientes o trámites administrativos. Por eso reclamaron coordinación institucional y un mecanismo para verificar y resolver los casos que siguen sin atención.

La reconstrucción, añadieron, también requiere medidas para pequeños comerciantes, empresas y establecimientos afectados. Se solicitaron respuestas sobre alivios en los costos de servicios públicos y acciones para reactivar la economía local. El planteamiento central fue pasar de los anuncios a metas con responsables, plazos y resultados que puedan comprobar las comunidades.

La representante Ana Leidy Erazo Ruiz, del Pacto Histórico, resumió el reclamo con esta frase: “Tres meses después del terremoto, el Milagro no llegó”. Al cierre, los congresistas insistieron en mantener el control político, hacer audiencias públicas en los territorios y escuchar a las familias para revisar avances y compromisos.