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A debate la implementación del Acuerdo Final de Paz

Durante la más reciente sesión de la Comisión de Paz y Posconflicto, los senadores aprobaron proposiciones que buscan hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, así como la situación de derechos humanos en distintas regiones del país.

Por Johan Nassar Hower

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2025 (Prensa-Senado). -En sesión de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República, se llevará a cabo un debate para evaluar el Acuerdo Final de Paz, entre el Gobierno y las Extintas Farc, marcado por cuestionamientos de diferentes sectores políticos, donde se destaca fundamentalmente la falta de implementación de ese hecho que llevó al fin del conflicto en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el 2016. 

En la sesión de la Comisión de Paz y posconflicto, la propuesta para el debate fue aprobada con la participación presencial y virtual de varios congresistas, entre ellos los senadores Iván Cepeda, Paloma Valencia, Antonio Correa, Sandra Ramírez, Aida Quilcué, Julián Gallo y Temístocles Ortega. Está pendiente la fecha de realización. 

Tras aprobar el orden del día, se dio lectura a dos proposiciones que marcaron el rumbo de la jornada. La primera, presentada por el senador Julián Castro, propuso invitar al director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón, y al comandante de la Policía del municipio de Puerto Salgar, coronel Mauricio Herrera, para participar en una audiencia pública en esa localidad de Cundinamarca. El encuentro buscará analizar la difícil situación de derechos humanos que enfrentan los líderes sociales de la región.

La segunda proposición, presentada por el senador Omar Restrepo, convocó adebate sobre el estado actual de la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016. 

En su intervención, Restrepo subrayó la importancia de evaluar los avances, obstáculos y resultados de los compromisos asumidos por el Estado en materia de paz y reconciliación.

El senador explicó que, a ocho años de la firma del acuerdo, diversos informes nacionales e internacionales evidencian un cumplimiento desigual y rezagos críticos en puntos estructurales, especialmente en la reforma rural integral y las garantías de seguridad para los firmantes y líderes sociales. 

También destacó los reportes de la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo, que alertan sobre la persistencia de riesgos para los defensores de derechos humanos y excombatientes.

La proposición incluye la citación a entidades del orden nacional como los ministerios del Interior, Defensa y Hacienda; la Consejería Presidencial para la Estabilización; el Alto Comisionado para la Paz; la Agencia Nacional de Tierras; la Unidad Nacional de Protección, entre otras instituciones responsables de la implementación del acuerdo.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión, senador Julián Gallo, anunció que en los próximos días se realizará una sesión reservada con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el fin de conocer de primera mano los avances de las mesas de diálogo con los diferentes actores armados en las regiones del país.

Finalmente, la senadora Aida Quilcué solicitó que se programe una reunión presencial con la Oficina de la Alta Comisionada para la Paz, Vera Grabe, para abordar la situación de los funcionarios secuestrados de la rama judicial y la crisis humanitaria que atraviesan algunas zonas del país.

Eliminar el pago del examen Saber 11 pasa a segundo debate en Senado

La comisión sexta de la corporación aprobó además iniciativas legislativas que abarcan desde la modernización educativa hasta el reconocimiento de expresiones culturales y patrimoniales en el país.

Por Isabel Escobar Gil

 Bogotá D. C., 4 de noviembre de 2025 (Prensa Senado)- El proyecto Saber 11 sin barreras, presentado por el Senador Fabián Diaz Plata, fue aprobado por la Comisión Sexta y sigue su trámite a la Plenaria del Senado, para garantizar la gratuidad del examen Saber 11 a los estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del SISBÉN, eliminando los costos que limitan el acceso a la educación superior.

La iniciativa, que modifica la Ley 635 de 2000, plantea que los costos del examen sean asumidos por el Presupuesto General de la Nación, expresó la senadora Sandra Jaimes,

La sesión de la comisión sexta, con una agenda marcada por el compromiso con la educación, la tecnología, la equidad y la preservación del patrimonio cultural, la aprobó además el proyecto que declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Loa de los Santos Reyes Magos del municipio de Baranoa, Atlántico, destacando que es  una de las manifestaciones más representativas del Caribe colombiano. En su articulado se ordena incluir recursos para su financiación, desarrollar materiales pedagógicos y producir un registro audiovisual de la tradición.

También fue aprobado el proyecto conocido como Ley de Educación Digital, que moderniza la asignatura de Tecnología e Informática e incorpora en los planes de estudio la enseñanza de programación, pensamiento computacional, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital desde la educación básica hasta la media.

“Lo que planteamos con esta ley no es crear una nueva asignatura, es poder modernizar, actualizar y robustecer lo que existe, la asignatura de informática que existe actualmente en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios de nuestro país en la educación media y básica. La educación la entendemos como un derecho fundamental”, detalló la senadora Ana María Castañeda, quien señaló que la formación docente, la actualización curricular continua y la inclusión territorial, son ejes de transformación educativa.

Así mismo la Comisión Sexta aprobó el Proyecto que declara patrimonio cultural e inmaterial de la Nación la mina de sal del municipio de Nemocón (Cundinamarca), destacando su valor histórico, geológico y turístico. La norma autoriza la inclusión de recursos para su conservación y promoción como atractivo cultural de alcance nacional.

El Calipso raizal: patrimonio sonoro del Caribe colombiano

Finalmente, la Comisión aprobó el Proyecto que exalta como patrimonio cultural inmaterial el género musical Calipso y los bailes típicos del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La propuesta busca fortalecer los procesos de formación artística, la creación de escuelas de música tradicional y la difusión de esta expresión cultural a nivel nacional e internacional.

Comisión Primera le abrió paso al proyecto que promueve nuevo marco jurídico para combatir el crimen marítimo

La iniciativa mejora la capacidad del Estado para enfrentar delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas.

Por: Karen Madera Castro

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025. (Prensa Senado) Con el objetivo de dotar a la Armada Nacional de un instrumento legal innovador para actuar con respaldo judicial inmediato frente a delitos transnacionales, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), iniciativa legislativa presentada por los ministerios de Justicia y Defensa.

En la discusión, el Senador German Blanco, partido Conservador, indicó “hemos tocado un punto álgido como son los derechos humanos, que tiene que ver con el debido proceso, que tiene que ver con la legitimidad de las Fuerzas Militares y tiene que ver también con la lucha contra la criminalidad. Este proyecto es de vital importancia tratándose de resultados”.

Por su parte, el Senador ponente Carlos Alberto Benavides, Pacto Histórico, manifestó que “el PEIMAR es el protocolo para detener naves usadas en actividades ilegales, el cuerpo de Guardacostas podrá cumplir funciones limitadas de policía judicial. La Armada tendrá 6 meses después de la promulgación de esta ley para adaptar sus buques, los equipos y capacitar al personal en los nuevos procedimientos”.

La herramienta le permite a Colombia dar un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar para detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas, incluso en alta mar, con total respeto por los derechos humanos.

Con el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, las operaciones se realizarán con respaldo judicial inmediato y tecnología de punta, incluyendo audiencias virtuales desde las unidades navales. Esto evitará interrumpir misiones y garantizará la defensa de los capturados, cumpliendo estándares internacionales.

El 40% del territorio colombiano es marítimo y por sus aguas transita el 98% del comercio internacional del país, además del 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones exigen una respuesta legal moderna y coordinada.

Entre las novedades establece que el Cuerpo de Guardacostas podrá ejercer funciones especiales de policía judicial. Las capturas a más de 24 millas náuticas se legalizarán en máximo 36 horas; y los procedimientos incluirán inspecciones, manejo de evidencia y coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación.