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Senadores advierten riesgo humanitario en el Alto y Bajo San Jorge y exigen intervención inmediata de la UNGRD ante pérdida de viviendas y cultivos.
Bogotá, D. C., 2 de febrero de 2026 (Prensa Senado).
La emergencia invernal en Córdoba alcanzó un punto crítico. El desbordamiento del río San Jorge y del Canaletes ha inundado más de ocho kilómetros de zona rural, poniendo en riesgo inmediato a las poblaciones ribereñas del Alto y Bajo San Jorge, donde cientos de familias enfrentan la pérdida de sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia.
Ante la magnitud de la crisis y la falta de respuestas efectivas, senadores de la región exigieron la intervención urgente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para atender la emergencia y evitar una catástrofe humanitaria de mayores proporciones.
La emergencia, catalogada como un hecho sin precedentes en los últimos años, a raíz del intenso invierno, ya desbordó el río Canaletes, cuyas aguas mantienen bajo el agua a los habitantes de la ribera del municipio de Canaletes.
También la creciente del río San Jorge mantiene en máxima alerta a las comunidades del Alto y Bajo San Jorge. El río se salió de su cauce e inundó más de ocho kilómetros de zona rural, ocasionando graves afectaciones en viviendas y cultivos.
El Senador Antonio Correasolicitó de manera urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el despliegue inmediato de ayudas humanitarias dirigidas directamente a los damnificados.
Destacó el senador Correa ante las redes y en un comunicado de prensa, que el “El director de la UNGRD expresó su compromiso de hacer presencia en el territorio de manera inmediata, con el fin de evaluar directamente la magnitud de la emergencia y coordinar las acciones necesarias para mitigar los impactos”.
Agregó el congresista: “Recibimos una pronta respuesta del director y el compromiso de acompañar a las comunidades afectadas, garantizando que las ayudas lleguen de manera oportuna”.
El senador liberal de Córdoba, Fabio Amín, expresó su solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones, e hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales, a activar rutas de atención del riesgo y acompañar a las comunidades en este difícil momento.
Denuncias previas, agresores identificados y medidas que no se cumplieron: el patrón que se repite en los feminicidios.
Por: Isabel Colomna Sánchez.
Bogotá D.C. febrero 2 de 2026 (Prensa Senado)
Colombia sigue llegando tarde para salvar a las mujeres. En 2025 se registraron 621 feminicidios, un crimen cada dos días, la mayoría precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se cumplieron.
Frente a este escenario de impunidad y fallas institucionales, congresistas exigieron acciones inmediatas y seguimiento efectivo por parte de las autoridades, advirtiendo que la negligencia del Estado también mata.
Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como un delito autónomo, separándolo del homicidio simple para castigar específicamente el asesinato de una mujer por el hecho de serlo o por motivos de identidad de género.
Las condenas oscilan entre los 20 y 41 años de prisión. Sin embargo, si existen agravantes, la pena puede aumentar considerablemente; por ejemplo, si el delito se comete en menores de 18 años, mayores de 60, mujeres con discapacidad, o si hubo violencia sexual o tortura previa.
Según registro del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, señala que este año ya se han presentado diez casos de feminicidios en el país.
Asimismo, indica que no se está dando la protección integral a las mujeres afectadas por violencia intrafamiliar, que las políticas no se deben quedar, solo en hacer encuestas o acompañamiento psicosocial, sugiere la creación de albergues de protección a mujeres y su núcleo.
La senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, solicita que se les haga seguimiento a las denuncias interpuestas por las afectadas: “Hay que implementar en esas alertas y dar recursos, para que el Estado no la deje sola en ese proceso”.
La congresista agregó: “Creemos que, en los temas de justicias, para estos casos tan lamentables, debe haber cero impunidades para los feminicidas, que se le aplique la Ley donde se protege a las mujeres sobre estos ataques contra ellas”.
Por su parte, la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa y Libres, Hizo un llamado a las autoridades y al sistema judicial del país, para que se atienda de manera adecuada y eficiente estos casos de feminicidios y no queden en impunidad:
“De qué sirve que tengamos estos tipos penales ya establecidos en Colombia, si las mujeres no van a contar con la atención oportuna. Necesitamos que estos temas no queden en impunidad, sino, que se llegue y se castigue a los verdaderos responsables”.
De la misma manera, la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), sostuvo que este es un delito que no prescribe. Lo que corresponde es hacer las denuncias y que los operadores de justicia, actúen. Desde la Comisión de la Mujeres, nos corresponde hacerle seguimiento e implementación de la Ley, sobre los casos de feminicidios”.
Entre tanto, la Organización Sisma Mujer el 86% de las denuncias por violencia intrafamiliar y por intento de feminicidio en el país, quedan en impunidad, a pesar de que la Ley establece fuertes sanciones para los feminicidios.
Según expertos en el tema, fortalecer las medidas que permitan el empoderamiento económico de las mujeres, con el fin de que ellas no dependan de sus parejas, es la mejor forma de atacar el flagelo de la violencia contra las mujeres.
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