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Emergencia invernal en Córdoba se agrava: desbordamiento del río San Jorge deja comunidades bajo el agua y sin respuesta estatal

Senadores advierten riesgo humanitario en el Alto y Bajo San Jorge y exigen intervención inmediata de la UNGRD ante pérdida de viviendas y cultivos.

Bogotá, D. C., 2 de febrero de 2026 (Prensa Senado).

La emergencia invernal en Córdoba alcanzó un punto crítico. El desbordamiento del río San Jorge y del Canaletes ha inundado más de ocho kilómetros de zona rural, poniendo en riesgo inmediato a las poblaciones ribereñas del Alto y Bajo San Jorge, donde cientos de familias enfrentan la pérdida de sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia. 

Ante la magnitud de la crisis y la falta de respuestas efectivas, senadores de la región exigieron la intervención urgente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para atender la emergencia y evitar una catástrofe humanitaria de mayores proporciones.

La emergenciacatalogada como un hecho sin precedentes en los últimos añosa raíz del intenso invierno, ya desbordó el río Canaletes, cuyas aguas mantienen bajo el agua a los habitantes de la ribera del municipio de Canaletes. 

También la creciente del río San Jorge mantiene en máxima alerta a las comunidades del Alto y Bajo San Jorge. El río se salió de su cauce e inundó más de ocho kilómetros de zona rural, ocasionando graves afectaciones en viviendas y cultivos.

El Senador Antonio Correasolicitó de manera urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el despliegue inmediato de ayudas humanitarias dirigidas directamente a los damnificados. 

Destacó el senador Correa ante las redes y en un comunicado de prensa, que el “El director de la UNGRD expresó su compromiso de hacer presencia en el territorio de manera inmediata, con el fin de evaluar directamente la magnitud de la emergencia y coordinar las acciones necesarias para mitigar los impactos.

Agregó el congresista: “Recibimos una pronta respuesta del director y el compromiso de acompañar a las comunidades afectadas, garantizando que las ayudas lleguen de manera oportuna”.

El senador liberal de Córdoba, Fabio Amín, expresó su solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones, e hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y locales, a activar rutas de atención del riesgo y acompañar a las comunidades en este difícil momento.

Tres leyes que cambian realidades: Un inicio de año de año con propósito para la niñez y las mujeres

La senadora Liliana Bitar Castilla cerró el año 2025 con la aprobación de tres leyes de su autoría que fortalecen el emprendimiento femenino, garantizan la entrega oportuna de la cuota alimentaria a niños, niñas y adolescentes, y refuerzan la protección de los menores frente a la violencia en entornos digitales.
Por: María Camila Fernández
 
Bogotá, febrero 4 de 2026 (Prensa Senado) 
 
El 2025 termina con noticias que traen esperanza a miles de hogares colombianos. La senadora Liliana Bitar Castilla ha logrado que tres de sus iniciativas más personales se conviertan en leyes de la República, enfocándose en lo que realmente importa: la seguridad de nuestros niños, el sustento de las familias y el impulso a las mujeres que sueñan con emprender.
 
"Le cumplimos a quienes más lo necesitan. Cerramos el año con la satisfacción de haber convertido estas propuestas en herramientas reales para proteger a nuestros hijos y empoderar a las mujeres", compartió con entusiasmo la senadora Bitar.
 
Fondo de Emprendimiento para la Mujer (FEM): Un impulso al talento local
Más que una cifra, esta ley es una oportunidad para 8.4 millones de mujeres. A través de la Ley 2535, nace el FEM, pensado para aquellas que tienen una idea de negocio pero no cuentan con el capital para arrancar.
 
¿En qué consiste? Entrega de "capital semilla" (desde medio hasta tres salarios mínimos) para mujeres en categorías A y B del Sisbén.
 
Apoyo colectivo: Si diez mujeres se unen para formar una cooperativa, ¡pueden recibir hasta 30 salarios mínimos!
 
¿Cuándo comenzó? Los recursos se están ejecutando desde el 1 de enero de 2026 a través de las alcaldías locales.
 
Ley Sarita: Justicia sin esperas para los más pequeños
 
La Ley 2541 tiene un corazón muy claro: evitar que la burocracia deje a un niño sin comida o medicinas. Inspirada en la pequeña Sara Guiselle —quien esperó más de un año por su manutención—, esta ley cambia las reglas del juego.
 
Ahora, los jueces de familia deben entregar de inmediato el dinero de las cuotas alimentarias embargadas, sin esperar a que el largo proceso judicial termine. Se estima que esta medida destrabará más de 55 mil procesos, asegurando que el bienestar de los menores sea siempre la prioridad absoluta.
 
No más depredadores sexuales digitales: Cuidando su mundo virtual
 
Nuestros hijos pasan gran parte de su tiempo en internet, y protegerlos allí es el nuevo reto. Esta ley, que ya espera la firma presidencial, busca blindar a los menores frente a peligros como el grooming o el ciberacoso.
 
No se trata solo de castigar, sino de prevenir. La norma obliga a actualizar planes de seguridad digital y capacitar a las autoridades para que sepan identificar riesgos a tiempo, cuidando no solo la integridad física, sino la salud mental de niños y adolescentes en el entorno digital.

621 mujeres asesinadas en un año: congresistas denuncian abandono estatal frente a los feminicidios

Denuncias previas, agresores identificados y medidas que no se cumplieron: el patrón que se repite en los feminicidios.

 Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá D.C. febrero 2 de 2026 (Prensa Senado)

Colombia sigue llegando tarde para salvar a las mujeres. En 2025 se registraron 621 feminicidios, un crimen cada dos días, la mayoría precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se cumplieron.

Frente a este escenario de impunidad y fallas institucionales, congresistas exigieron acciones inmediatas y seguimiento efectivo por parte de las autoridades, advirtiendo que la negligencia del Estado también mata.

Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como un delito autónomo, separándolo del homicidio simple para castigar específicamente el asesinato de una mujer por el hecho de serlo o por motivos de identidad de género.

Las condenas oscilan entre los 20 y 41 años de prisión. Sin embargo, si existen agravantes, la pena puede aumentar considerablemente; por ejemplo, si el delito se comete en menores de 18 años, mayores de 60, mujeres con discapacidad, o si hubo violencia sexual o tortura previa.

Según registro del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, señala que este año ya se han presentado diez casos de feminicidios en el país.

Asimismo, indica que no se está dando la protección integral a las mujeres afectadas por violencia intrafamiliar, que las políticas no se deben quedar, solo en hacer encuestas o acompañamiento psicosocial, sugiere la creación de albergues de protección a mujeres y su núcleo.

La senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, solicita que se les haga seguimiento a las denuncias interpuestas por las afectadas: “Hay que implementar en esas alertas y dar recursos, para que el Estado no la deje sola en ese proceso”.

La congresista agregó: “Creemos que, en los temas de justicias, para estos casos tan lamentables, debe haber cero impunidades para los feminicidas, que se le aplique la Ley donde se protege a las mujeres sobre estos ataques contra ellas”.

Por su parte, la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa y Libres, Hizo un llamado a las autoridades y al sistema judicial del país, para que se atienda de manera adecuada y eficiente estos casos de feminicidios y no queden en impunidad:

“De qué sirve que tengamos estos tipos penales ya establecidos en Colombia, si las mujeres no van a contar con la atención oportuna. Necesitamos que estos temas no queden en impunidad, sino, que se llegue y se castigue a los verdaderos responsables”.

De la misma manera, la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), sostuvo que este es un delito que no prescribe. Lo que corresponde es hacer las denuncias y que los operadores de justicia, actúen. Desde la Comisión de la Mujeres, nos corresponde hacerle seguimiento e implementación de la Ley, sobre los casos de feminicidios”.

Entre tanto, la Organización Sisma Mujer el 86% de las denuncias por violencia intrafamiliar y por intento de feminicidio en el país, quedan en impunidad, a pesar de que la Ley establece fuertes sanciones para los feminicidios.

Según expertos en el tema, fortalecer las medidas que permitan el empoderamiento económico de las mujeres, con el fin de que ellas no dependan de sus parejas, es la mejor forma de atacar el flagelo de la violencia contra las mujeres.