Congresistas de diferentes sectores políticos hablaron sobre las denuncias de los últimos días.

Bogotá D.C., 19 de noviembre. (Prensa Senado). Las denuncias de la Defensoría del Pueblo y de Medicina Legal sobre la muerte de menores de edad en bombardeos de la Fuerza Pública contra agrupaciones ilegales -como las disidencias de ‘Iván Mordisco’, por ejemplo- desataron opiniones de senadores de diferentes sectores políticos.

En los últimos días varias voces han dejado ver sus posiciones sobre temas como, por ejemplo, el manejo de la inteligencia militar, los límites del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la necesidad de reforzar medidas de prevención al reclutamiento forzado.

En el Senado de la República, congresistas de partidos declarados de gobierno, independientes y de oposición también manifestaron sus opiniones sobre este tema.

La Senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, coalición oficial, recordó su rol como defensora de derechos humanos, durante el cual, según dijo, ha documentado casos en los que la Fuerza Pública causó la muerte de civiles en bombardeos “anteriores” sucedidos en “otros gobiernos”.

La congresista Flórez fue enfática en señalar que los grupos armados ilegales “usan indiscriminadamente a los menores de edad para cubrir su acción” en contra del Estado, y rechazó vehementemente el reclutamiento de menores de edad por parte de estas agrupaciones al margen de la ley.

Según ella, la diferencia entre bombardeos del pasado y los recientes radica en que esta vez existía una confrontación directa entre la Fuerza Pública y el grupo armado -es decir, las disidencias de ‘Iván Mordisco’-, lo que configuraba un escenario de riesgo para los soldados.

No obstante, reiteró la necesidad de que el Gobierno refuerce los planes de prevención, pues el reclutamiento ha aumentado “de manera muy fuerte en varios territorios de Colombia” y es urgente “salvar a nuestros niños de las garras de los actores armados y del crimen organizado”.

Didier Lobo, Senador por Cambio Radical, partido declarado en oposición, aseguró que sin inteligencia suficiente, no hay forma de determinar la presencia de niños en estos campamentos.

El Senador Lobo insistió en que “hay que hacer un estudio minucioso” previo a cualquier ataque para saber quiénes están dentro de las estructuras y, de constatarse presencia de menores, “se deben prohibir los bombardeos”.

También advirtió que, cuando se verifique que no los hay, “pues hay que atacar”, porque el Estado no puede ceder frente a los grupos que “están secuestrando, delinquiendo y salvaguardando sus rutas del narcotráfico”.

Por su parte el Senador Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, independiente de la actual administración, destacó que los grupos armados ilegales “utilizan a los menores de edad como escudos humanos”, lo que —según explicó— busca precisamente frenar los bombardeos.

Para el Senador Giraldo, quien también preside la Comisión Segunda, encargada de temas de seguridad, estas acciones deben ser “el último recurso” y siempre sustentadas en verificación e inteligencia que impidan “este deceso de niños en la guerra”, tragedia que calificó de “nefasta”.

Los tres senadores coincidieron en que el reclutamiento forzado de menores de edad es un crimen que debe ser perseguido con firmeza, algo que han manifestado diferentes sectores en el país.

El proyecto que ya fue aprobado en dos debates en la Cámara, tiene ponencia favorable del senador Alejandro Carlos Chacón en la Comisión Primera de Senado.

Por Luis Fernando García Forero.

Bogotá, D. C, 19 de noviembre de 2025(Prensa- Senado). – Cerca de 60.000 docentes oficiales que se encuentran pensionados tendrían la oportunidad de gozar de nuevo de la denominada mesada 14, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los educadores oficiales que gozan de “asignación de retiro, y/o pensión de invalidez, y sus familias, en caso de pensión de sobrevivientes y/o sustitución pensional”.

Otorgar nuevamente la mesada 14 a los educadores pensionados no es solo un acto de reparación simbólica y económica, sino una inversión en dignidad, justicia social y reconocimiento a quienes han hecho de la educación su vocación de vida, se destaca en la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo.

“Con esta iniciativa, el congreso reafirma su compromiso histórico con los trabajadores, la equidad y el bienestar de quienes han forjado con su enseñanza el futuro de Colombia y en aras de dar crédito a las luchas sociales históricas del Partido Liberal Colombiano, esta, la de la educación es una que se mantiene viva y que persistirá en favor de los y las trabajadores en los diferentes sectores de pensionados exceptuados”, señala el texto de la ponencia.

Es pertinente señalar que los pensionados del magisterio tenían derecho a la pensión adicional según el artículo 142 de la ley 100 de 1993. No obstante, ese beneficio pensional, en virtud del Acto legislativo 01 de 2005, fue suprimido por el Congreso de la República, señalando: “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

La actual propuesta de reforma trata de redimir el beneficio que habían perdido los docentes y que está en manos actualmente de la Comisión Primera del Senado para que surta su tercer debate en el Congreso.   

Son fundamentalmente dos artículos para que se establezca en la norma constitucional:

ARTÍCULO 1º. Adiciónese un parágrafo al artículo 48 de la Constitución Política, Así:

Parágrafo 4. Los y Las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren o llegaren a estar en goce de pensión de jubilación, vejez o invalidez, o sus sobrevivientes, accederán a la mesada catorce de acuerdo al régimen especial y exceptuado del Sistema General de Pensiones del Magisterio de Colombia.

ARTÍCULO 2º. VIGENCIA. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación, no tendrá efectos retroactivos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

La iniciativa debe ser aprobada en sus dos debates en el Senado de la República, antes del 16 de diciembre para que continúe su trámite a partir del 2025 porque es un proyecto de Acto Legislativo, es decir necesita de ocho debates para que sea promulgado como norma constitucional.