Ministerio de las TIC sostuvo que el Gobierno Nacional se la juega por el salvamento de la empresa. Más de quince millones de colombianos que reciben los servicios de este operador, se verían afectados.

Por Edwin Gutiérrez

Bogotá, septiembre 20 de 2023. La eventual suspensión de los servicios que presta el operador TIGO en todo el país es una posibilidad real, advirtieron en un debate de control político el Ministerio de las TIC, la alcaldía de Medellín y varios legisladores.

“Esto puede ser de tal gravedad que ponga en riesgo servicios esenciales, es decir la suspensión de los servicios que presta TIGO y no solo se trata de telecomunicaciones sino de la operación del Metro de Medellín, de los sistemas de seguridad de la ciudad e incluso de algunos hospitales que funcionan gracias a la tecnología suministrada por TIGO”, advirtió el alcalde Quintero quien intervino en el debate celebrado en la Comisión Sexta del Senado.

El alcalde agregó que se puede llegar a un escenario insalvable de liquidación “en cualquier momento, es decir esta semana o la próxima o la siguiente”.

De igual manera se pronunció el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien notificó que el plazo para buscar una solución definitiva vence el próximo 11 de octubre.

A juicio del gobierno nacional hay tres salidas: capitalizar, disolver la sociedad existente o intervenir a través de lo que se conoce como “ley de quiebras”.

Hasta el momento los socios mantienen un conflicto y no quieren capitalizar, dejando solo dos opciones: disolver o intervenir.

“No están quedando muchas opciones, casi que solo quedaría un camino: el de la reorganización empresarial, que es la aplicación de la Ley 550 (hoy se llama 1116) o como lo llaman algunos aplicar el capítulo once, lo que evita el cese de operaciones y permite salvar los empleos”, explicó el ministro Lizcano.

Intervención de los entes de control

Simultáneamente el senador Alex Flórez del Pacto Histórico solicitó manera inmediata la apertura de una investigación disciplinaria contra el gerente de la empresa Tigo-Une por un eventual detrimento patrimonial.

“Qué le está ocultando TIGO a los colombianos, si genera cinco billones de pesos de ingresos y presenta pérdidas por 600 mil millones de pesos?”, enfatizó el senador Flórez.

“Esta empresa estaría a punto de declararse en quiebra, perdiendo el patrimonio público y poniendo en riesgo el servicio a más de 15 millones de colombianos. Miles de trabajadores podrían perder sus empleos”, agregó Flórez.

En la misma dirección intervino la senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico. “Quiero que los entes de control intervengan de inmediato porque esta es una situación de emergencia”, indicó.

 Al debate no asistieron los representantes del grupo Milicom accionista de Tigo-Une que presta los servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil a más de 15 millones de usuarios.

Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM relató que desde 2014 y a través de un negocio de 150 millones de dólares el Grupo Milicom se hizo al 50 por ciento de acciones de UNE-EPM Telecomunicaciones, conocida también como TIGO.

“Los últimos tres años han sido dramáticos” sentenció Carrillo al evidenciar una complicada situación de iliquidez y de pérdida de patrimonio real.

El presidente de la Comisión Sexta, senador Gustavo Moreno, lanzó un llamado de alerta porque se trata de una situación que afecta a todo el país y no solamente a los medellinenses o a los antioqueños. Los legisladores de esta Comisión harán seguimiento a este caso, por tratarse de un asunto de interés nacional.

Este miércoles fue aprobado por las Comisiones Económicas conjuntas.

Bogotá, septiembre 20 de 2023 (Prensa Senado). Las Comisiones Económicas del Congreso (Terceras y Cuartas), aprobaron este miércoles el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para la vigencia de 2024, el cual está aforado en $502,6 billones, monto que ya había sido avalado la semana anterior.

La ponencia aprobada representa un aumento en la inversión con respecto a petición inicial del gobierno, al pasar de $97.7 billones a $99.3 billones. El senador John Jairo Roldán (Partido Liberal), ponente, destacó que se disminuyó además lo proyectado para gasto de funcionamiento.

Por sectores el presupuesto aprobado indica que el sector educación le correspondió $70,4 billones, salud $61,5 billones, defensa y policía con $55,5 billones, hacienda $49,2 billones e inclusión social con $15,1 billones.

Inteligencia se le destinó $197.000 millones, ciencia, tecnología e innovación $400.000 millones y el empleo público $583.000 millones.

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “se hicieron cambios en 1.6 billones que modificaron gastos de funcionamiento hacia gastos de inversión, por lo tanto, llegamos a un monto final de inversión de 99 billones de pesos, el más alto que hasta ahora se tiene en la historia”.

Respondió además a algunas críticas hechas por los congresistas sobre el riesgo que podría estar desfinanciado el presupuesto. “Está financiado, la Dian tiene los instrumentos dejados por la reforma tributaria para hacer todas las condiciones de aumentar el recaudo”, declaró.

Ahora el presupuesto pasa a las plenarias respectivas y debe quedar aprobado antes del 25 de octubre. Para esa discusión, se acordó que se dará debate a las diversas propuestas de modificación de partidas.