La Comisión fortaleció su presencia territorial, acompañó procesos de reconciliación y realizó seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz, consolidándose como un puente entre las comunidades y las instituciones del Estado.
Por Johan Nassar Hower
Bogotá junio 25 de 2026 (Prensa-Senado). - La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado de la República presentó un balance de gestión que destaca más de una década de trabajo en favor de la construcción de paz, la reconciliación nacional y el fortalecimiento del diálogo entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto armado.
El informe resalta una labor fundamental en la promoción de espacios de concertación, el seguimiento a los procesos de paz y la implementación de mecanismos de participación ciudadana que han permitido acercar las instituciones a los territorios.
"Durante estos años hemos contribuido a la construcción de escenarios de diálogo, al acompañamiento de las negociaciones de paz y al seguimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Final, fortaleciendo la interlocución entre las comunidades y el Estado", destaca el informe.
Uno de los hitos más importantes fue la expedición de la Ley 2405 de 2024, que convirtió la Comisión de Paz y Posconflicto en una instancia legal permanente del Congreso de la República. "Esta transformación institucional fortaleció la capacidad de seguimiento a las políticas públicas de paz, reconciliación, convivencia y construcción de tejido social en todo el territorio nacional", se señala en el balance de gestión.
Se incluye en el informe respecto a las audiencias públicas, visitas territoriales y sesiones descentralizadas realizadas entre 2024 y 2026 para abordar problemáticas relacionadas con la protección de líderes sociales, el reclutamiento forzado de menores, la atención a las víctimas y las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.
El reclutamiento forzado en Íquira, Huila; la de seguridad, tierras y desarrollo territorial en Puerto Salgar, Cundinamarca; la Iniciativa de Reconciliación en Casanare y los encuentros con víctimas en el departamento de Arauca, fueron entre otras los temas abordados en las audiencias.
"Estos espacios permitieron escuchar directamente a las comunidades, recopilar información de primera mano y formular recomendaciones dirigidas a las entidades responsables de atender las necesidades de los territorios", muestra la actividad de dicha célula legislativa.
La Comisión también fortaleció su labor como canal de interlocución ciudadana mediante la recepción y gestión de solicitudes relacionadas con derechos humanos, protección de líderes sociales, atención a víctimas, implementación de acuerdos y garantías para poblaciones vulnerables.
Asimismo, acompañó gestiones humanitarias orientadas a proteger la vida y la libertad de servidores públicos retenidos por grupos armados ilegales, respaldando esfuerzos institucionales que permitieron su posterior liberación.
El balance concluye que la evolución de la Comisión, desde una instancia accidental hasta una comisión legal permanente, reafirma el compromiso del Congreso de la República con la construcción de una paz estable y duradera, la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia.
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