Se trata del proyecto que crea el Proceso Único Especial Amparo Alimentario, iniciativa que pasa a sus dos últimos debates en la Cámara.

Por: Paola Saldaña Bejarano.

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2025 (Prensa-Senado). - Un mecanismo legal a través de un proyecto de ley que tiene como objeto agilizar la fijación y el cumplimiento de cuotas alimentarias y garantizar la protección judicial efectiva para niños, niñas y adolescentes, fue aprobado en la plenaria del Senado.

El proyecto es de autoría de las senadoras Angélica Lozano Correa, Liliana Bitar, Nadia Blel y Norma Hurtado con ponencia de la senadora Paloma Valencia quien en su informe urge una protección integral de la niñez con un procedimiento más eficiente en casos de incumplimiento alimentario.

El Proceso Único Especial Amparo Alimentario,permitirá superar los cuellos de botella existentes en la justicia de familia, asegurando respuestas más rápidas, evitando dilaciones y priorizando el interés superior del menor. Con estaherramienta, se fortalece la capacidad del Estado para garantizar que madres, padres y cuidadores reciban oportunamente las cuotas alimentarias necesarias para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

La senadora Angélica Lozano manifestó: “Este es un proyecto que pasa a tercer debate en la Cámara de Representantes y lo que busca es crear un proceso nuevo. Hoy hay dos, el de fijación de cuota de alimentos y otro de ejecución. Este proyecto o este nuevo proceso se seguirá por las normas similares a la de la acción de tutela en cuanto a duración”

Avanzan más proyectos

Además de este avance trascendental, laPlenaria abordó otros proyectos relevantes. Se dio luz verde al proyecto de ley que facilita la reincorporación de oficiales y miembros del nivel ejecutivo a la Policía Nacional, impulsado por los senadores José Luis Pérez Oyuela y Nicolás Albeiro Echeverry, iniciativa que busca aprovechar la experiencia institucional acumulada y reforzar el talento operativo de la institución.

También se avaló el proyecto que declara el día de la cultura vallenata, de autoría de la senadora Sandra Jaimes, como un reconocimiento al patrimonio musical y cultural del país.

Otro punto de discusión de la jornada fue el proyecto sobre salud mental y violencia digital en niños, niñas y adolescentes, iniciativa de la senadora Liliana Bitar. En este caso, la comisión encargada recomendó acoger las objeciones del Ejecutivo, postura que fue defendida por la senadora Nadia Blel durante la sesión y respaldada por la Plenaria.

La jornada legislativa dejó un balance positivo: se reafirmó el compromiso del Senado con la protección de la niñez, la garantía de derechos esenciales como los alimentos, el fortalecimiento de la Policía Nacional y la promoción de expresiones culturales del país.

En una audiencia pública realizada en el Capitolio Nacional, víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, líderes comunitarios y entidades estatales reclamaron mayor apoyo para fortalecer la verdad, la reconciliación y la reparación en un territorio golpeado por décadas de violencia.

Por Johan Nassar Hower.

El senador Pablo Catatumbo abrió el encuentro destacando la importancia de estos espacios y recordó que “Colombia ha vivido en permanente violencia desde la independencia y generaciones enteras nunca han conocido la paz”.

Cuestionó la falta de acciones de gobiernos anteriores y afirmó que “millones fueron víctimas de distintos actores, pero los partidos tradicionales y expresidentes no han asumido su responsabilidad ni han pedido perdón”. Recalcó además que “la paz requiere perdón, reconciliación y la implementación completa del Acuerdo, incluida la devolución de tierras”. Las víctimas, por su parte, relataron que la violencia obligó a familias campesinas a huir por asesinatos, persecuciones y desplazamientos aún sin reparar.

La senadora Catalina Pérez, campesina y exiliada desde hace más de dos décadas, recordó que “cualquier organización por la tierra era tratada como subversiva” y que la guerra la expulsó del país. Señaló que Colombia “nunca ha legislado realmente para el pueblo” y lamentó que “las reformas enfrentan enormes obstáculos porque los poderes tradicionales no quieren ceder tierras”.

La Iniciativa de Reconciliación del Casanare presentó su proceso Del balazo al abrazo. Su representante, Giovanni García, advirtió que “el proyecto ha avanzado prácticamente sin acompañamiento institucional”. William José Sánchez destacó que “antiguos enemigos hoy se dan la mano y expresan su voluntad de no repetición”, mientras Miguel Alfonso Pérez recordó que “la verdad sobre miles de desaparecidos está en quienes estuvieron al mando”.

Las entidades nacionales coincidieron en la necesidad de mayor respaldo estatal. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz insistió en que el diálogo exige gestos reales y aclaró que las disidencias de Iván Mordisco no están en negociación. El Ministerio del Interior anunció que Casanare será incluido en el Pacto Político Nacional de 2025, mientras que el Ministerio de Justicia y la Consejería Presidencial para la Reconciliación ofrecieron apoyo técnico y pedagógico.

El firmante Wilmar Marín Cano pidió garantías al recordar que “llevamos 500 firmantes asesinados”. La Unidad de Búsqueda reiteró que “la búsqueda requiere cooperación de todos los actores”. La Unidad de Restitución insistió en que no habrá paz sin resolver el despojo, y el Centro Nacional de Memoria Histórica subrayó que “la verdad también está en las cárceles”. La Unidad para las Víctimas llamó a reforzar los procesos restaurativos y el personero de Monterrey recordó que “la promesa de paz es universal y debe guiar nuestras decisiones”.

El líder social David Emiro afirmó que, tras años de dolor, “existe madurez para un diálogo directo con excombatientes y para reconstruir la confianza”. La jornada cerró con la lideresa juvenil Juliana Vázquez, quien enfatizó que “la reconciliación no es un evento sino un camino” y pidió que se escuche a las juventudes del territorio.