El proyecto del gobierno está en una fase decisiva. Las dos comisiones económicas de Senado quieren hundirlo; las dos de Cámara no. El martes será la votación definitiva. 

Por: Jaime Arbeláez Ospina

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2025. (Prensa Senado). - El claroscuro es una técnica artística que emplea fuertes contrastes entre luz y sombra, una forma metafórica, para establecer en qué va el trámite en el Congreso del proyecto de Ley de Financiamiento del Gobierno después de la última y acalorada sesión de las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, con fuertes discusiones y señalamientos, previo a la decisión definitiva programada para el próximo martes. 

La votación del pasado martes en la Comisión IV de Cámara arrojó 10 votos a favor y siete en contra para hundir la propuesta tributaria; la Comisión IV de Senado registró ocho votos por el sí y cuatro por el no; y en la Comisión III de Senado hubo 11 votos por el sí y tres por el no.

Con ese escenario, la mesa directiva, en cabeza del representante Wilmer Castellanos, Alianza Verde, dijo que era necesario el sí mayoritario de las cuatro comisiones para hacerse efectivo el hundimiento de la iniciativa. Sin embargo, varios congresistas respondieron que sólo bastaba el sí de una comisión para que así fuera posible, apoyándose en la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional.

Lo sucedido generó una aguda controversia que se desató con la ruptura del quorum por los integrantes de la Comisión Cuarta de Cámara y la posterior terminación de la sesión por el representante Benavides. Previamente, el senador Mauricio Gómez, liberal, había manifestado que “vamos a hundir la tributaria así estemos aquí hasta el 31 de diciembre”.

Panorama con nubarrones

Ante dicho panorama, es claro que la reforma tributaria sigue en pie en su trámite, pero oscuro, porque está debilitada en las comisiones, no cuenta con las mayorías estables que la respalden. También por la resistencia de sectores que consideran inconveniente el texto y porque no hay ambiente para pedirle a los colombianos $16,3 billones con nuevos gravámenes, que son los que se necesitan para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, entre otras razones.

Con ese mal ambiente político, en año preelectoral, no ha naufragado gracias a ‘jugaditas’ de aliados que le han dado oxígeno mientras el gobierno busca salidas, como ceder en algunos impuestos disminuyendo en casi 10 billones de pesos el recaudo contemplado en principio. 

En su intervención el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que el Ejecutivo estaría dispuesto a revisar o incluso retirar artículos que han generado malestar en el Legislativo.

Por ejemplo, el impuesto a la cerveza, al carbono, que incrementaría el precio de la gasolina; ya no gravar boletas espectáculos culturales y deportivos de más de 500.000 pesos, ni los ingresos de las iglesias que provengan de actividades comerciales no asociadas al culto. 

En ese aspecto ripostó el expresidente del Congreso Efraín Cepeda, senador conservador, diciéndole al titular de la cartera de hacienda que “el año pasado ustedes no ejecutaron 80 billones de pesos, que se quedaron en caja. Y a octubre de este año no han ejecutado 85 billones”. Y agregó: “el gasto de funcionamiento ha crecido a un ritmo de 38 billones de pesos anuales mientras la inversión sólo crece 4.8. Si necesita el 16, pues recórtelo al gasto de funcionamiento del año entrante que crece en 37 billones de pesos”.  

Entre tanto la senadora Aida Abella manifestó: “La Ley de Financiamiento responde a una necesidad. Subir los ingresos tributarios de manera progresiva recayendo sobre quienes tienen mayores ingresos. ¿Les parece malo buscarlos en quienes más recursos tienen?”.

Lo que algunos opinan es que la Casa de Nariño está auscultando un escape digno. “No quieren que haya reforma por hacerle daño al Gobierno”, dijo airado el ministro Ávila. Por eso, la propuesta alternativa de $6 billones lo que demostraría el interés de una solución fiscal responsable en medio de la crisis. 

Y el archivo le serviría para reforzar su narrativa de bloqueo institucional desde el Congreso en perjuicio de los programas sociales de la gente. Ávila aseguró en la sesión: “simplemente hay una vendetta contra el gobierno, no importa que sacrifiquemos a la sociedad colombiana, no importa que sacrifiquemos los programas sociales que se requieren para el país”. 

El senador Richard Fuenlantala respondió: “no nos digan que son necesarias más reformas tributarias, cuando vemos que los programas sociales disminuyen y los impuestos suben a todos los colombianos”.

Con ese tablero planteado comienzan a perfilarse ganadores y perdedores del eventual siniestro, como el ministerio de Hacienda, porque el presupuesto del próximo año queda desfinanciado en $16 billones y no puede modificarse por decreto. Tendría que recortar o aplazar gasto, afectando inversión estatal y capacidad de ejecución en áreas estratégicas. Las opciones serían endeudarse o radicar una ley de adición presupuestal, con un ambiente incierto.

Hoy, el proyecto está empantanado: las dos comisiones del Senado quieren hundirlo, las dos de la Cámara no. El problema para el gobierno es que se agota el tiempo para el trámite. Cuenta con 10 días para aprobarse en el Congreso, hasta el 16 de diciembre, cuando los parlamentarios se van de vacaciones. 

En conclusión, la reforma tributaria ingresa a su fase final,después del puente de velitas decembrinas, el martes 9 de diciembre, entre luces y sombras.