Padres de familia tendrían el poder de elegir entre colegios públicos o privados con apoyo del Estado

Por Olga Materón

Bogotá D. C, 9 de abril de 2026 (Prensa Senado)

La Plenaria del Senado avanza en la discusión del proyecto de ley liderado por la senadora Paloma Valencia, que propone la creación del Bono Escolar.

Esta iniciativa busca empoderar a los padres en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, otorgándoles la autonomía para decidir el futuro académico de sus hijos.

Bajo este modelo, el Estado financiaría la matrícula en instituciones públicas o privadas, garantizando que el acceso a una educación de calidad sea un derecho efectivo y no un privilegio de pocos.

Con esta medida, se busca cerrar la brecha de desigualdad educativa en los niveles de preescolar, básica y media en todo el territorio nacional.

El proyecto establece que las instituciones educativas privadas pueden participar, solo si cuentan con un Proyecto Educativo Institucional o Comunitario aprobado y si tienen licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación.

Así mismo, deben manifestar al Ministerio de Educación el número especifico de cupos que ofrecerían por grado académico y tendrían que garantizar que al menos un 30 % de los cupos serán entregados por mérito académico.

Sería el Ministerio de Educación, quien determine la cantidad de personas beneficiadas y quien garantice que los cupos se entreguen principalmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en pobreza extrema, pobreza moderada y condiciones de vulnerabilidad.

El senador León Fredy Muñoz del partido Alianza Verde, solicitó el archivo del proyecto porque este “no cuenta con el aval del Gobierno y porque tiene un problema de jerarquía normativa”. Justificó su postura diciendo que este proyecto sería un golpe para las instituciones públicas.

Así mismo, el senador Fabián Díaz del mismo partido político dijo que esta iniciativa destruye la educación pública del país porque le quita recursos a estas instituciones para dárselas a las instituciones privadas, afirmó que para destinar recursos, se debe tener en cuenta que “en la educación pública hay docentes con dificultades para transmitir conocimientos, hay aulas e instalaciones en regulares condiciones”.

Por otro lado, el senador Esteban Quintero del Centro Democrático afirmó que este proyecto es destinar recursos directos a la educación de los colombianos y cuestionó a algunos senadores por oponerse a esta iniciativa, preguntando “¿Por qué no se gastan un dinero adicional para que la educación en Colombia sea de calidad? Y que los niños, niñas y adolescentes puedan escoger estar en el colegio que quiera y pueda pagar”.

Por ausencia de la bancada del Pacto Histórico no se pudo realizar la votación. El avance y votación de la iniciativa queda pendiente para la nueva plenaria del senado La discusión de la iniciativa continuará en otra sesión de la corporación.

La Comisión de Paz del Senado prioriza la reparación integral y la memoria histórica

Por: Johan Nassar Hower

Bogotá D. C., 9 de abril de 2026 (Prensa Senado).

En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la senadora Imelda Daza hizo un llamado urgente desde la Comisión de Paz para transformar el dolor en acción política.

Para la congresista, este 9 de abril no es solo una efeméride, sino un recordatorio de que la organización social es el incentivo principal para sanar las heridas de la guerra y garantizar el "nunca más" en las regiones más golpeadas de Colombia.

¿Qué iniciativas legislativas han impulsado en favor de las víctimas?

La Ley 1448 de 2011 ya contempla lo necesario. Se han hecho ajustes como ampliar los plazos de inscripción, pero no hay nuevas leyes en trámite porque no se requieren. El problema no se resuelve legislando más, sino con un gobierno comprometido y con víctimas organizadas que exijan el cumplimiento de sus derechos. La voz de los territorios en la Comisión de Paz.

¿Cómo se garantiza la participación de las víctimas desde la Comisión de Paz?

Aunque no hay una vinculación directa, desde los territorios recogemos las problemáticas y las llevamos a la Comisión. Podemos advertir, por ejemplo, que en algunos departamentos no se han realizado indemnizaciones o que hay procesos de reparación colectiva pendientes. También existen casos como el de la Universidad Popular del Cesar, que sigue esperando reparación tras ser reconocida como víctima del conflicto.

¿Cuáles son los principales retos frente a la persistencia del conflicto?

La situación es compleja y en muchos casos corresponde a la fuerza pública. Desde la Comisión de Paz hacemos seguimiento y alertamos al Gobierno. Hay regiones críticas como el Cauca y el Magdalena, donde la presencia de grupos armados sigue afectando a la población. Estos temas serán abordados en próximas sesiones.

¿Una fecha para seguir dignificando a las víctimas?

Claro que sí, pero además para fortalecer la memoria histórica y avanzar hacia una paz duradera, insistiendo en que el cumplimiento de la ley y la acción efectiva del Estado, son clave para garantizar la no repetición.