El Congreso evalúa el proyecto del Gobierno Nacional que busca blindar financieramente los programas de protección a la primera infancia y adolescencia.

Por Jaime Arbeláez Ospina.

Bogotá D.C, 15 de mayo de 2026 (Prensa Senado)

En un esfuerzo articulado por priorizar el bienestar de las futuras generaciones, las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes iniciaron el estudio de un proyecto de ley clave para el desarrollo social del país.

La iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda a petición del Gobierno Nacional, busca inyectar quinientos mil millones de pesos ($500.000'000.000) al presupuesto actual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esta histórica adición presupuestal tiene como meta fortalecer los programas de nutrición, protección y educación inicial, transformando estos recursos en soluciones tangibles para los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

Los recursos son para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantice la continuidad de los servicios de atención y protección para aproximadamente 2 millones de niños y adolescentes.

“El enfoque es hacia el fortalecimiento de programas sociales y de atención a poblaciones vulnerables”, explicó en su intervención el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Y aclaró que “es fiscalmente neutral. No compromete las metas del plan financiero de 2026 porque dependen en su totalidad de un recaudo efectivo de ingresos propios por parte del Bienestar Familiar. Su fuente son recursos propios”.

Tampoco implica presiones financieras del gobierno ni operaciones especiales de crédito público de excedentes. “No incrementará los gastos de funcionamiento del Instituto, sino, los de inversión para la atención de programas específicos”, informó.

Astrid Cáceres, directora del Instituto, señaló que “la adición no es para contratar más personal ni para aumentar alguno de los escenarios de atención, sino, para dar cumplimiento al término del año con los incrementos estipulados por ley como el salario mínimo”.

Opinión de los senadores

El senador Carlos Julio González, Cambio Radical, anunció su voto positivo y señaló que 285 mil adolescentes reconocen el consumo de marihuana y Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo en violencia escolar: “Es importante focalizar la necesidad de integrar intersectorialmente al gobierno, los ministerios de cultura, deporte, ciencia, tecnología para contribuir en soluciones”.

La senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, manifestó que la atención a la niñez debe protegerse, no puede frenarse, pero, “también debemos exigir transparencia, planeación y responsabilidad fiscal. Ustedes sabían de la desfinanciación desde que presentaron el presupuesto inicial”.

La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, destacó que “el Congreso también debe hacer su aporte para aliviar la situación de muchísimos niños escolares en situación de discapacidad y las de sus familias”.

Jairo Roldán, senador del Partido Liberal, dejó como constancia que “la aprobación de la adición no se puede confundir con la gestión de Bienestar. No le estamos dando un espaldarazo al Instituto porque no está funcionando bien”.

El senador Juan Felipe Lemus, Partido de la U, anunció la aprobación, pero, dijo que “este proyecto es un claro ejemplo de la recurrente improvisación y falta de planeación en materia de hacienda pública y presupuestal demostrada por este gobierno en tres años”.

El presidente de la Comisión Tercera de Senado, Jairo Alberto Castellanos, del Partido Liberal, también anunció el apoyo al trámite, “pero, sí quiero que le digan a Norte de Santander porque cerraron esos centros de desarrollo infantil, porque no creo que la justificación sea un cambio de modelo”.

La sesión concluyó con el anuncio por Secretaría que se convocará a coordinadores y ponentes del proyecto para continuar avanzando en la iniciativa.