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 Bancada del Pacto Histórico durante la rueda de prensa sobre la Ley de Rescate Económico en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional

Bancada del Pacto Histórico cuestiona la Ley de Rescate Económico

La senadora Diana Carolina Corcho Mejía, del Pacto Histórico, llamó a movilizarse el 19 de noviembre; el proyecto sigue en la Comisión Tercera de la Cámara

Por: Magda Gutiérrez

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La senadora Diana Carolina Corcho Mejía, del Pacto Histórico, cuestionó la Ley de Rescate Económico, anunció que su bancada se opondrá al proyecto y convocó a una movilización para el 19 de noviembre. La rueda de prensa fue en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional.

Durante el encuentro, la bancada sostuvo que la iniciativa podría aumentar el costo de vida y afectar a hogares de menores ingresos. Corcho señaló que las medidas tributarias tendrían efectos en la canasta básica y el empleo. También advirtió que el proyecto podría desacelerar la actividad económica.

“Se le está subiendo los impuestos a las clases medias populares”, afirmó la senadora. Según su lectura, aumentaría la carga para esos hogares y se reduciría para los grandes capitales. Advirtió que gravar productos cotidianos afectaría el gasto familiar.

El debate se centra en la Ley de Rescate Económico, radicada en la Cámara de Representantes el 29 de octubre. La ficha oficial señala que está en trámite en la Comisión Tercera Constitucional Permanente. El texto propone reducir el gasto, generar ingresos, impulsar el crecimiento y estabilizar las finanzas públicas, además de atraer inversión extranjera. También plantea fortalecer la institucionalidad fiscal y combatir la evasión y el contrabando.

En materia de salud, Corcho afirmó que “a los trabajadores nos van a gravar aumentando las cotizaciones”. Pidió a los organismos de control investigar denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en las EPS.

En un comunicado, el Pacto Histórico rechazó la propuesta y dijo que afectaría a familias de menores ingresos, sectores populares y trabajadores. También la comparó con la reforma tramitada durante el Gobierno de Iván Duque y sostuvo que podría reducir los recursos para inversión social.

Sobre la jornada, la senadora invitó a la ciudadanía a “manifestarse este 19 de noviembre con contundencia en las calles de Colombia. Aquí encontrarán una bancada leal que hará todo en el Congreso de la República para que no pase este proyecto de ley”, dijo.

El proyecto sigue en la Comisión Tercera de la Cámara, que debatirá su contenido y decidirá si avanza en el trámite. Si obtiene aprobación en primer debate, continuará en la plenaria de esa corporación.

 Portadoras de las danzas tradicionales de San José de Uré, Córdoba, durante la radicación del proyecto en el Congreso

Proyecto busca proteger el patrimonio cultural de San José de Uré

La senadora Ana Paola García Soto radicó la iniciativa, que incluye la tuna, el bullerengue y la danza del diablo

Por: Hamer Pachón

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La senadora Ana Paola García Soto, del Partido de la U, radicó un proyecto de ley para declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación las danzas y expresiones ancestrales de San José de Uré, Córdoba. La iniciativa propone acciones de salvaguardia y transmisión de estos saberes a las nuevas generaciones.

“San José de Uré se toma el Congreso de la República”, dijo la senadora durante la radicación. La congresista explicó que el proyecto reconoce una tradición ligada a la memoria oral, la identidad y la resistencia cultural del municipio.

La propuesta incluye la tuna, el berroche, el chandé, el bullerengue y la danza del diablo. También señala a la danza de la tuna como un medio de transmisión de la memoria oral palenquera y plantea medidas para que estos conocimientos se mantengan vivos entre generaciones.

El articulado propone que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes coordine con la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de San José de Uré acciones de protección, salvaguardia y difusión nacional e internacional. Para ello, plantea la apropiación de recursos por parte de las tres entidades.

García Soto destacó la trayectoria de San José de Uré, un municipio de población afrodescendiente que ha enfrentado los impactos del conflicto armado y ha sostenido sus tradiciones mediante la resistencia cultural y el arraigo territorial.

“El Estado colombiano tiene la obligación de reconocer, respetar y promocionar esta tradición”, dijo la senadora. La iniciativa busca que el reconocimiento cultural se acompañe de acciones de protección y de espacios para difundir las prácticas que hacen parte de la vida comunitaria.

Durante el encuentro “Las raíces de Uré llegan al Congreso”, maestras ancestrales, gestores culturales, delegados de la administración municipal y portadores de la tradición participaron en la presentación. La jornada terminó con una muestra en vivo de la danza de la tuna en el Capitolio. García Soto dijo que la comunidad comparte con el país “sus saberes y sus expresiones de vida”.

La iniciativa está pendiente de iniciar su discusión legislativa en la comisión que le sea asignada. En esa etapa, los senadores analizarán el articulado y decidirán si lo aprueban para continuar el trámite en la plenaria del Senado.

Radicación en el Senado del proyecto de ley orgánica del Consejo Nacional Electoral sobre su autonomía presupuestal

CNE radica proyecto para mantener su autonomía presupuestal

La iniciativa orgánica busca crear una sección presupuestal independiente antes de que la decisión de la Corte tenga efectos, el 1 de enero de 2027.

Por: Hamer Pachón

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó en el Senado el Proyecto de Ley Orgánica 331 de 2026, que busca crear una sección presupuestal independiente. Su presidente, el magistrado Juan Felipe Lemos Uribe, presentó la propuesta ante la Sala Plena. Fue elegido por el Congreso para el periodo 2026-2030, tras ser postulado por el Partido de la U.

La iniciativa responde a la Sentencia C-116 de 2026, que declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, mediante los cuales se creó la sección presupuestal independiente del CNE. La Corte dispuso que el fallo tenga efectos desde el 1 de enero de 2027; los ajustes deben coordinarse antes de esa fecha.

Al explicar la iniciativa, Lemos Uribe dijo que busca “darle salida a la sentencia C-116 de la Corte Constitucional de 2026” y adecuar el Estatuto Orgánico del Presupuesto para que el CNE administre directamente sus recursos.

Lemos Uribe aclaró que la iniciativa no crea una autonomía nueva, sino que busca ajustar las reglas presupuestales. En sus palabras, se presenta “no para otorgar autonomías —pues la Constitución ya lo establece—”. La propuesta definiría cómo el CNE organiza sus recursos en el presupuesto nacional.

La iniciativa propone crear “una sección presupuestal independiente que le permita al CNE manejar de manera directa sus recursos”, sostuvo el presidente del organismo. El proyecto modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto y busca dar soporte normativo al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control electoral.

Según el CNE, el articulado no modifica las competencias de la autoridad electoral ni las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La propuesta se concentra en la organización presupuestal del Consejo y en la administración directa de los recursos que le sean asignados cada año.

El presidente del CNE informó que la Sala Plena pidió al Gobierno Nacional presentar un mensaje de urgencia para que el Congreso priorice el debate. Esta herramienta corresponde al Ejecutivo y, de solicitarse, da prelación al trámite legislativo. La entidad espera que el proyecto se estudie antes de que concluya 2026.

El proyecto inicia su trámite legislativo tras la radicación ante el Senado. La decisión de la Corte y el regreso de las reglas presupuestales anteriores entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Por ello, el Congreso y el Gobierno deberán definir antes de esa fecha si adoptan una nueva regulación orgánica para el CNE.