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¿Quién protege a los que protegen la naturaleza? El Senado debate un proyecto clave para los guardaparques

Se trata de un proyecto de ley que pretende establecer un sistema específico de carrera administrativa para guardaparques en áreas protegidas del país. 

Por: Jaime Arbeláez Ospina

 

Bogotá D.C., enero 11 de 2026 (Prensa Senado).

 

Cuidar los tesoros naturales de Colombia es una labor heroica, pero también peligrosa. Por eso, hoy el Senado pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿Cómo estamos protegiendo a nuestros guardaparques?

Un nuevo proyecto de ley, liderado por la senadora Nadia Blel, busca transformar la realidad de estos hombres y mujeres que custodian nuestras selvas, páramos y mares. No se trata solo de papeles; se trata de dignidad laboral y seguridad.

¿Qué cambiaría para los guardaparques?

El corazón de esta propuesta es crear una carrera administrativa especial. Esto significa que ser guardaparque dejará de ser visto como un oficio cualquiera para ser reconocido como una labor profesional y estratégica.

Estos son los puntos clave que se debaten:

 

Protección frente al riesgo: Colombia es un país biodiverso, pero también complejo. El proyecto propone que los guardaparques sean reconocidos como víctimas del conflicto armado, lo que abriría puertas a reparaciones y una protección especial del Estado.

 

Bienestar real: Se planean beneficios concretos, como tiquetes aéreos anuales y, lo más importante, seguros de vida que cubran riesgos críticos como el secuestro, la desaparición o el desplazamiento forzado.

 

Ascensos justos: Un sistema de ingreso y crecimiento basado en el mérito, con evaluaciones físicas y de personalidad, garantizando que quien cuida la tierra reciba un salario justo e igualitario.

 

El reto en cifras

Nuestros guardaparques tienen a su cargo un territorio inmenso: 1.713 áreas protegidas que van desde reservas civiles locales hasta gigantescos parques nacionales en 32 departamentos.

El proyecto está a un paso de su segundo debate. De aprobarse, Colombia no solo estaría salvaguardando su biodiversidad, sino haciendo justicia con quienes, muchas veces en silencio, son la primera línea de defensa de nuestro patrimonio ambiental.

Más ética y menos privilegios: el llamado de los senadores para transformar a Colombia

Durante sus intervenciones en el Senado, los senadores Iván Cepeda y Germán Blanco expusieron iniciativas orientadas a combatir la exclusión, la pobreza y la corrupción, así como a fortalecer los requisitos éticos y de idoneidad para el ejercicio de cargos públicos.

Por: Keir Ernesto Villero Damián

Bogotá D.C., enero 10 de 2026 (Prensa Senado)

En una jornada marcada por la autocrítica y la mirada hacia el futuro, el Senado fue escenario de propuestas que buscan tocar la raíz de los problemas del país. Los senadores Iván Cepeda y Germán Blanco pusieron sobre la mesa temas que van desde la dignidad en el campo hasta la aptitud real de quienes nos gobiernan.

Para el senador Iván Cepeda, el camino hacia el progreso no se logra solo con discursos, sino cerrando de una vez por todas las brechas de la pobreza y la exclusión.

Su mensaje fue claro: no habrá un avance real si no se incluye activamente a los campesinos y a los grupos étnicos en la construcción del país. “Es hora de acabar con la corrupción y eliminar los privilegios que frenan a los demás; ese es mi compromiso”, aseguró Cepeda.

Además, hizo un llamado urgente a cuidar lo básico: el agua. Para el congresista, la prioridad ambiental debe ser llevar acueducto y alcantarillado a cada municipio, asegurando que incluso las empresas mineras pongan la conservación del recurso hídrico por encima de cualquier interés.

Por otro lado, el senador Germán Blanco lanzó una propuesta que busca elevar el estándar de quienes aspiran a cargos públicos. Su iniciativa sugiere que cualquier candidato que quiera llegar al Congreso o al Ejecutivo deba someterse a exámenes de toxicología previos.

La idea es tan sencilla como contundente: garantizar que quienes toman las decisiones más importantes del país lo hagan en pleno uso de sus facultades y con la claridad mental que el cargo exige.

Al final, ambas posturas coinciden en lo esencial: para que la política vuelva a generar confianza, necesita servidores públicos idóneos, territorios equitativos y un compromiso real con la ética.

Tarifas de peajes más justas y reglas claras para las concesiones viales avanzan en el Senado

La iniciativa busca actualizar el modelo de concesiones viales tras más de 30 años de aplicación y corregir desequilibrios técnicos, tarifarios y territoriales.

Por: Isabel Escobar Gil

Bogotá D.C., enero 9 de 2026. (Prensa Senado)

La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley que fija lineamientos técnicos para los estudios, las tarifas de peajes y la inversión del recaudo en proyectos de concesión vial.

La iniciativa fue defendida por el senador Guido Echeverry, quien señaló que el articulado surge como resultado de debates recientes sobre las fallas estructurales del modelo.

“El proyecto de ley, digamos que es una especie de conclusión de un debate que realizamos hace ocho días en esta misma comisión”, afirmó el senador, al aclarar que la propuesta va más allá de regular peajes.

“No se trata simplemente de un proyecto de ley que trata de crear peajes, sino que su intención es actualizar e incorporar elementos nuevos a las normas que en Colombia orientan la implementación de concesiones fundamentalmente para proyectos viales”.

Echeverry recordó que las concesiones comenzaron en los años noventa y que hoy el país enfrenta nuevas realidades. “El transcurso del tiempo nos dice que han aparecido realidades nuevas y cosas ya distintas, problemas, dificultades, que ameritan actualizar estas normas”, explicó, al mencionar que ya existen proyectos de segunda, tercera, cuarta y quinta generación.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la crisis jurídica del modelo. “Hoy en día el gobierno tiene demandas que superan los 30.000 millones de pesos. No, los 10.5 billones de millones de demandas. Hay actualmente 33 proyectos en disputa, 44 tribunales de arbitramiento”, cifras que, dijo, evidencian que “el modelo atraviesa, evidentemente, dificultades”.

El proyecto incluye mayor participación de las autoridades territoriales, requisitos técnicos más estrictos, reglas claras sobre estudios y tiempos, y criterios para tarifas, exenciones, pago electrónico interoperable y ubicación de peajes.

“Aquí incorporan, por ejemplo, algunos elementos de autoridad territorial”, precisó, al señalar que estas instancias participarían no solo en el diseño, sino también en la administración de los proyectos.