La Comisión de Paz del Senado llegó a Puerto Salgar y atendió denuncias por amenazas, violencia y fallas en entrega de tierras en el Magdalena Medio. 

Por: Sebastián Alberto Solano Rodríguez

Bogotá, D. C, 15 de noviembre de 2025 (Prensa- Senado). La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado de la República realizó una audiencia pública en Puerto Salgar, Cundinamarca, para escuchar a autoridades, organizaciones campesinas, víctimas y entidades del Gobierno Nacional frente a la crisis de seguridad que atraviesa el Magdalena Medio y los desafíos asociados a la entrega de tierras en la región. 

El presidente de la Comisión, senador Julián Gallo, instaló la audiencia recordando que la sesión era parte de un compromiso adquirido meses atrás con las comunidades. “La audiencia que vamos a realizar es parte de un compromiso que asumimos cuando estuvimos acompañando los procesos de entrega de tierras”, señaló. Añadió que el territorio ha enfrentado “temas de seguridad, de amenazas, de desplazamientos… el asesinato de dos dirigentes campesinos”, lo que hacía urgente integrar las voces del territorio en la discusión nacional.

Al inicio de la jornada intervino el alcalde de Puerto Salgar, Adrián Gutiérrez Gómez, quien expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el municipio. “Estas amenazas que suceden a nuestros líderes sociales nos ponen a nosotros en peligro también a todos”, afirmó. El mandatario subrayó que la entrega de tierras debe ir acompañada de apoyo técnico, productivo e institucional: “Si ledan unas tierras a nuestras comunidades, denle todas las garantías, apóyelos, denle las herramientas… vienen y ellos no saben qué hacer con sus tierras”.

La audiencia contó con la intervención virtual del vicepresidente de la Comisión, el senador Temístocles Ortega, quien se refirió al atentado sufrido un día antes, el 14 de noviembre, y a la necesidad de persistir en el trabajo territorial. En sus palabras: “Ayer precisamente yo fui víctima de un atentado… y pese a ello quiero ratificar que seguimos en esta tarea. El propósito es seguir en la lucha por la paz y seguir acompañando las comunidades campesinas”. 

Durante la audiencia intervinieron organizaciones de víctimas, campesinos, jóvenes, personas con discapacidad y firmantes del Acuerdo de Paz. Brian Riveros, joven vocero regional, resumió la gravedad del riesgo en la zona: “Ya llevamos dos líderes asesinados y más de la mitad de esa cantidad de líderes amenazados”. Luisa Fernanda Montaña, lideresa campesina, expresó la necesidad de acompañamiento estatal para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de vida en el territorio. 

Las instituciones del Gobierno Nacional presentaron sus informes y compromisos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en voz del delegado Jesús Bayron, expuso avances y cifras del proceso de formalización y entrega de predios: “Vamos con una meta de 444 folios de matrícula inmobiliaria, que en hectáreas se traduce en 306.429”. Explicaron la aplicación del Decreto 888 de 2025, que permite a la SAE entregar predios de manera masiva a la ANT. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), a través de la delegada Adriana Toledo, reiteró su disposición a investigar cualquier denuncia sobre posibles irregularidades. “No comulgamos con esas prácticas tradicionales”, dijo, enfatizando que la tierra debe llegar “en beneficio de las comunidades”.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), presentó su balance sobre inversión, asistencia técnica y proyectos productivos. Informó que han impactado “a más de seis mil productores entre el 2022 y 2024”, que existen “14 proyectos productivos… con un valor de inversión de más de 41 mil millones de pesos” y que durante 2025 esperan llegar a 1.320 productores.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en voz del asesor Luis Eduardo Saavedra, indicó que los temas rurales son prioritarios: “Los asuntos campesinos para nosotros son de especial importancia”. Explicó que la modernización institucional fue incluida “en las bases del Plan Nacional de Desarrollo”, y que la entidad trabaja para mejorar esquemas y presencia territorial.La Fuerza Pública expuso sus estrategias de seguridad. La Policía Magdalena Medio destacó acompañamiento a la ANT en terrenos en disputa, mientras que la Policía Cundinamarca anunció que aumentará el número de carabineros en la zona rural. El Ejército explicó su rol bajo la figura de cooperación militar a la autoridad civil (COMAD).

Al cierre, el senador Julián Gallo aseguró que la Comisión hará seguimiento requerido: “Tomaremos nota de todas las intervenciones… y asumimos el compromiso de gestionar ante las autoridades correspondientes todas las denuncias que ustedes expongan aquí”.

La audiencia concluyó en llevar a cabo los compromisos de fortalecer la protección rural, mejorar la articulación estatal, acompañar productivamente la entrega de tierras y garantizar que ninguna adjudicación avance sin seguridad y control institucional. Desde Puerto Salgar, campesinos, víctimas y autoridades pidieron, una vez más, que la paz territorial sea prioridad permanente del Estado.

Al referir al consenso logrado para que el Senado aprobara la ley estatutaria que articula la jurisdicción indígena con la legislación ordinaria del país, la senadora Aída Quilcuédestacó que “es un reconocimiento histórico al derecho propio de los pueblos indígenas”. 

Por: Isabel Escobar Gil 

Bogotá, 15 de noviembre de 2025 (Prensa Senado). - La aprobación en Senado del Proyecto de Ley Estatutaria que construye un puente entre la jurisdicción indígena y ordinaria del país, marcó un hito para el reconocimiento de la autonomía y el derecho propio de los pueblos indígenas en Colombia. 

Durante su trámite, una de las voces más decisivas fue la de la senadora Aida Quilcué, lideresa indígena del Cauca, expresidente de la Comisión de Paz del Senado y defensora histórica del pluralismo jurídico. 

Sobre el alcance de esta nueva norma, los retos del proceso legislativo y el significado de ese avance para las comunidades y para el país, interrogamos a la senadora Aída Quilcué: 

¿Qué significa para usted y para las comunidades, la aprobación del proyecto de ley estatutaria que reglamenta el artículo 246 de la Constitución?

Para mí es muy significativo por lo que representa, sobre todo en los senadores de otros partidos. Tuve el respaldo porquedialogamos y construimos sobre el textopresentado a discusión. Contribuyeron con sugerencias y eso logró que llegáramos a una votación unánime, tanto en Comisión Primera como en la plenaria de Senado. 

¿Cuáles fueron los principales desafíos para lograr el equilibrio entre el respeto a la autonomía y la aplicación de la legislación ordinaria?

El diálogo en la diferencia es lo que se tiene que construir en Colombia. Si queremos un país distinto, donde todos quepamos, estoy más que segura, y lo reafirmo con toda la convicción: el diálogo seguirá siendo fundamental. Eso hizo que esta iniciativa, en medio de los disensos, pudiera ser respaldada. Considero, en cualquiera de los escenarios: el legislativo, el político y las otras decisiones del país, el diálogo, sigue siendo fundamental.

¿Cómo valora ese consenso en torno a una iniciativa que reconoce la diversidad y el pluralismo jurídico del país?

Fue un texto presentado por el Movimiento Indígena en el marco de la consulta junto con el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Hubo diálogo sobre algunos artículos que nos parecieron importantesy para ellos, en el marco de las proposiciones, la gran mayoría se acogiólo que permitió en últimas alimentar el texto. Reitero, se logró el consenso.  

¿El aporte y viabilidad en la técnica jurídica en el trámite de esa iniciativa fue fundamental?

Hubo unos trabajos técnicos muy arduos. El equipo técnico, jurídico,a veces invisible, hizo una labor muy importantearticulando decisiones de nosotros como senadores y senadoras, y eso hizo que llegáramos a consensos. De tal manera que, como le digo, no es solamente significativo para esta iniciativa, sino un camino que contribuye a esa construcción de país en medio de la diversidad.

¿Qué viene ahora, cuáles son los pasos y garantizar que se convierta en una herramienta real de coordinación y respeto entre las jurisdicciones?

Llegar a los mismos diálogos y consensos con la Comisión Primera de Cámara para que luego termine en plenaria de esa corporación y sea Ley de la República. Lógicamente, esperaremos la revisión de la Corte Constitucional. Un logro, de verdad muy significativo, un proceso que desde la constitución del 91 venía siendo invisible, pero que hoy avanza en el Congreso. Una deuda histórica muy importante para los pueblos indígenas de Colombia.