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Jurisdicción Agraria: Lo que debe saber sobre el debate que define el futuro del campo

Explicamos qué es esta justicia especializada, sus hitos clave y la puja política en el Congreso a pocas semanas de vencerse el plazo para su aprobación.
 
Por: Catalina Silva
 
Bogotá D. C, 15 de mayo de 2026 (Prensa Senado)
 
El Senado de la República avanza contrarreloj en el debate del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria. Presentamos una guía práctica para entender qué está en juego en el Legislativo.
 
1.⁠ ⁠¿Qué es y para qué sirve?
 
Es una rama especializada del poder judicial para resolver, de forma rápida y exclusiva, los conflictos sobre la propiedad, uso y posesión de tierras rurales en Colombia.
 
Sirve para que los habitantes del campo cuenten con jueces técnicos que entiendan la realidad rural, permitiendo solucionar disputas con seguridad jurídica.
 
2.⁠ ⁠Hitos clave: ¿Cómo llegamos aquí?
 
● 1989: Se hace un primer intento (Decreto 2303), pero los despachos agrarios terminan absorbidos por juzgados civiles comunes.
● 2016: La creación de esta jurisdicción se firma como un compromiso estatal en el Acuerdo de Paz.
● Junio de 2023: El Congreso aprueba el Acto Legislativo 03 y eleva la Jurisdicción Agraria a rango constitucional.
● Marzo de 2026: Se sanciona la Ley Estatutaria 2570, definiendo la estructura de juzgados y tribunales.
● Mayo de 2026 (Actualidad): Se tramita la ley procedimental, que es el "manual de instrucciones" indispensable para que la jurisdicción pueda operar.
 
3.⁠ ⁠¿Cuáles son los puntos de conflicto?
 
● La postura de la Oposición: Partidos de la oposición advierten que las facultades otorgadas a los jueces y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre terrenos baldíos podrían vulnerar la propiedad privada o abrir la puerta a expropiaciones.
● La postura del Gobierno: Partidos de gobiernos y sus aliados argumentan que dilatar el proyecto perpetúa la informalidad de más de 6 millones de folios inmobiliarios sin títulos y frena los derechos del campesinado.
 
4.⁠ ⁠La fecha límite: ¿Qué pasa si no se aprueba?
 
El Congreso tiene como plazo máximo el 20 de junio de 2026. Si el proyecto no se vota antes de esa fecha, se archivará automáticamente.
 
Esto obligaría a reiniciar todo el trámite desde cero el próximo año, dejando a los jueces agrarios que ya fueron nombrados por la Judicatura sin un código legal para operar. 
 
Para evitarlo, el Gobierno mantiene activos sus mensajes de urgencia e insistencia para que el proyecto tenga prelación absoluta en el orden del día.

Senado abre sus puertas al debate presidencial y avanza en elección del nuevo Contralor

El presidente Lídio García reconoció las dificultades de legislar en año electoral y ratificó la independencia del Congreso frente al Ejecutivo

Por: Isabel Escobar Gil

Bogotá D.C, mayo 15 de 2026 (Prensa Senado)

El presidente del Senado de la República, Lidio García, afirmó este viernes que el Congreso tiene las puertas abiertas para albergar el gran debate presidencial que el país aún no ha tenido, confirmó que el próximo martes se realizan las audiencias públicas para la elección del nuevo Contralor General de la República, y reconoció que este ha sido el año más difícil de su presidencia por el impacto del calendario electoral sobre la actividad legislativa.

El Congreso, con las puertas abiertas para el debate presidencial

En plena recta final hacia las elecciones del 31 de mayo, García celebró que el Senado se haya convertido en el escenario donde se confrontan posturas de cara a la primera vuelta.

Dos candidatos presidenciales, Paloma Valencia e Iván Cepeda, han elegido el recinto para darse a conocer ante el país, y García lanzó una invitación abierta para que se sumen los demás.

"Ya está, automáticamente, mejor dicho, autorizaría eso para que se hiciera un gran debate que no se ha hecho en los medios, que ustedes han esperado tanto, y que no ha esperado tanto para poder conocer ese contrapunteo ideológico".

El presidente del Senado incluso propuso que los periodistas que lo entrevistaban fueran los moderadores del debate: "Yo sería un espectador más ahí, si no quieren que esté como presidiendo esa ceremonia política".

Elección del Contralor: el martes, entrevistas públicas

García confirmó que el proceso para escoger al próximo Contralor General de la República avanza con cronograma definido. De los más de 90 aspirantes que presentaron hoja de vida, clasificaron 37 con el puntaje requerido.

"El martes vamos a la audiencia pública de quienes pasaron el puntaje que se ameritaba. Son mínimo 90, calificaron 37 para poderlos escuchar, y de ahí sale el listado de 10, 5 hombres y 5 mujeres".
La posesión del nuevo Contralor podría darse hacia el 12 de agosto, aunque García aclaró que esa fecha aún puede ajustarse según el desarrollo del proceso en plenaria.

Advirtió, además, que la elección estará marcada por la influencia del próximo Presidente de la República: "va a inclinar la balanza con el que más se sienta cómodo o piense que es la persona que mejor puede manejar esa entidad para el país".

Un año presidido en el peor momento del calendario legislativo

García fue enfático al describir las dificultades de presidir el Congreso en un cuarto año de gobierno con elecciones simultáneas al legislativo y al ejecutivo. La asistencia se resiente, los proyectos avanzan poco y el debate político desplaza al legislativo.

"Los resultados que yo voy a entregar en esta presidencia, en mi informe de gestión, no van a llegar ni siquiera a la mitad de la presidencia mía anterior. ¿Por qué? Porque me tocó el cuarto año".

Y añadió con franqueza: "Es muy poco lo que se hace en la plenaria. Es muy poco lo que se hace en las comisiones. Elecciones al congreso y elecciones presidenciales... es duro, es durísimo presidir el congreso en este cuarto año".

A eso se suma, según García, una dinámica donde los debates legislativos ceden terreno a las estrategias electorales de los propios congresistas: "Hoy tenemos el honor de tener dos candidatos presidenciales en el recinto que yo presido... el escenario que han escogido ellos dos, tanto Paloma Valencia como Iván Cepeda, ha sido el Congreso de la República, los martes."

¿Privatización o libertad de elección? El proyecto de "Bono Escolar" divide la plenaria del Senado

La iniciativa del Centro Democrático entra en su recta final en el Congreso, desatando un intenso debate sobre el futuro y la financiación de la educación en Colombia.

Por: Camilo Correa Álvarez.

Bogotá D.C, 14 de mayo de 2026 (Prensa Senado)

En el cierre de una de las legislaturas más decisivas para el país, la plenaria del Senado de la República se enfrenta a una profunda fractura ideológica por cuenta del polémico proyecto de ley que busca crear el "Bono Escolar".

La iniciativa, impulsada con fuerza por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), propone un giro radical en el modelo de financiación educativa tradicional, permitiendo que recursos públicos subsidien la educación privada de poblaciones vulnerables.

Mientras los defensores promueven la propuesta como una herramienta de equidad y libertad de elección para los padres, los sectores de oposición en la corporación alertan sobre un posible debilitamiento de la educación pública, convirtiendo este debate en un choque de visiones estructurales sin un consenso claro a la vista.

El proyecto de ley propone un sistema de subsidios económicos entregados directamente a padres de familia de estratos vulnerables, clasificados en niveles de pobreza extrema o moderada.

El objetivo central es que estas familias tengan la facultad de elegir entre la educación pública oficial o instituciones privadas de alta calidad, financiando la matrícula a través de este beneficio estatal.

La plenaria se encuentra ante un choque de visiones estructurales sobre el futuro de la educación en Colombia:

Los defensores de la propuesta, encabezados por la senadora Valencia, sostienen que el bono escolar es una herramienta de equidad que democratiza el acceso a la educación.

Argumentan que, al permitir la libre competencia, se incentiva la mejora de la calidad en todo el sistema y se rompe el monopolio estatal que, a su juicio, limita las oportunidades de los sectores menos favorecidos.

Desde los sectores de coalición de gobierno se advierte que esta medida podría desviar recursos públicos hacia el sector privado, debilitando el presupuesto necesario para sanear las brechas en infraestructura y personal de los colegios públicos.

Consideran que la prioridad del Estado debe ser el fortalecimiento del sistema educativo nacional universal y no el financiamiento de instituciones particulares.

A pesar de la trascendencia del tema, el avance del proyecto enfrenta obstáculos críticos en su trámite legislativo. En las sesiones más recientes, la plenaria no ha logrado avanzar en la votación definitiva debido a la falta de quórum y a la ausencia de acuerdos mínimos entre las bancadas para consolidar una mayoría.

La situación es de extrema urgencia. Con el cierre de las sesiones ordinarias programado para el próximo 20 de junio, el tiempo para surtir los debates pendientes es mínimo.

El ambiente de indecisión y las constantes dilaciones en la plenaria sugieren que la iniciativa podría hundirse por falta de trámite si no se logra un consenso político inmediato antes del vencimiento del plazo constitucional.