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Radicación en el Senado del proyecto de ley orgánica del Consejo Nacional Electoral sobre su autonomía presupuestal

CNE radica proyecto para mantener su autonomía presupuestal

La iniciativa orgánica busca crear una sección presupuestal independiente antes de que la decisión de la Corte tenga efectos, el 1 de enero de 2027.

Por: Hamer Pachón

Bogotá, D. C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó en el Senado el Proyecto de Ley Orgánica 331 de 2026, que busca crear una sección presupuestal independiente. Su presidente, el magistrado Juan Felipe Lemos Uribe, presentó la propuesta ante la Sala Plena. Fue elegido por el Congreso para el periodo 2026-2030, tras ser postulado por el Partido de la U.

La iniciativa responde a la Sentencia C-116 de 2026, que declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, mediante los cuales se creó la sección presupuestal independiente del CNE. La Corte dispuso que el fallo tenga efectos desde el 1 de enero de 2027; los ajustes deben coordinarse antes de esa fecha.

Al explicar la iniciativa, Lemos Uribe dijo que busca “darle salida a la sentencia C-116 de la Corte Constitucional de 2026” y adecuar el Estatuto Orgánico del Presupuesto para que el CNE administre directamente sus recursos.

Lemos Uribe aclaró que la iniciativa no crea una autonomía nueva, sino que busca ajustar las reglas presupuestales. En sus palabras, se presenta “no para otorgar autonomías —pues la Constitución ya lo establece—”. La propuesta definiría cómo el CNE organiza sus recursos en el presupuesto nacional.

La iniciativa propone crear “una sección presupuestal independiente que le permita al CNE manejar de manera directa sus recursos”, sostuvo el presidente del organismo. El proyecto modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto y busca dar soporte normativo al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control electoral.

Según el CNE, el articulado no modifica las competencias de la autoridad electoral ni las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La propuesta se concentra en la organización presupuestal del Consejo y en la administración directa de los recursos que le sean asignados cada año.

El presidente del CNE informó que la Sala Plena pidió al Gobierno Nacional presentar un mensaje de urgencia para que el Congreso priorice el debate. Esta herramienta corresponde al Ejecutivo y, de solicitarse, da prelación al trámite legislativo. La entidad espera que el proyecto se estudie antes de que concluya 2026.

El proyecto inicia su trámite legislativo tras la radicación ante el Senado. La decisión de la Corte y el regreso de las reglas presupuestales anteriores entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Por ello, el Congreso y el Gobierno deberán definir antes de esa fecha si adoptan una nueva regulación orgánica para el CNE.

Senador Pedro Hernando Flórez Porras presenta en rueda de prensa los cuatro proyectos de ley que radicó en el Senado

Pedro Flórez radica cuatro proyectos sobre salud, consumo y bienestar

Las iniciativas proponen regular apuestas en vivo, aprovechar medicamentos con inteligencia artificial, abrir una ruta médica para tratamientos excepcionales y garantizar hidratación en eventos masivos.

Por: Hamer Pachón

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). El senador Pedro Hernando Flórez Porras, del Pacto Histórico, radicó ante la Secretaría General del Senado cuatro proyectos de ley sobre apuestas en línea, acceso a medicamentos, salud mental e hidratación en eventos masivos. Las propuestas buscan responder a necesidades detectadas en las regiones y a problemáticas cotidianas de salud, consumo y bienestar.

“Hoy radicamos cuatro proyectos de ley”, dijo Flórez durante la presentación del paquete. Explicó que cada iniciativa se formuló a partir de conversaciones con comunidades y de la identificación de barreras normativas que afectan la salud pública, la protección al consumidor y el bienestar de la ciudadanía.

La primera propuesta, llamada “Juego Limpio”, busca regular las apuestas deportivas virtuales cuando el evento ya está en desarrollo. Plantea proteger a los usuarios frente a presiones o dinámicas indebidas y establecer reglas para las apuestas en vivo. El foco está en las apuestas que se realizan mientras una competencia sigue en curso.

El segundo proyecto propone un sistema nacional solidario, apoyado en inteligencia artificial, para identificar medicamentos que conservan su calidad y no se aprovechan. Luego de verificar que pueden redistribuirse de forma segura, estos se canalizarían a pacientes vulnerables sin recursos suficientes para acceder a sus tratamientos. El texto denomina esta situación “pobreza farmacéutica”.

Otra iniciativa busca establecer una ruta médica para el uso excepcional y regulado de psilocibina y psilocina. El acceso se dirigiría a pacientes con trastornos de salud mental o afecciones psiquiátricas graves que no responden a la farmacología convencional. La propuesta ubica su uso en un marco de atención médica y regulación.

El cuarto proyecto plantea medidas mínimas de seguridad e hidratación para conciertos y otros eventos masivos. Entre ellas está permitir el ingreso libre, aunque controlado, de agua y alimentos ligeros para consumo personal. La iniciativa busca reducir el riesgo de descompensaciones entre los asistentes.

Flórez afirmó que las iniciativas se construyeron “escuchando a los territorios” para ofrecer “respuestas concretas a problemas diagnosticados en salud mental, consumo y acceso a medicamentos”. El paquete también aborda la protección al consumidor y el uso de tecnologías para facilitar el acceso a tratamientos.

Las cuatro propuestas iniciarán su trámite en las comisiones constitucionales correspondientes del Senado en las próximas semanas, conforme al calendario legislativo. Allí se revisarán sus alcances y se debatirán sus disposiciones. El avance de cada proyecto dependerá del resultado de ese estudio y de las decisiones que adopten las comisiones.

Familiares de integrantes de la Fuerza Pública secuestrados, durante la sesión de las Comisiones de Paz en el Salón Boyacá del Capitolio

Seis congresistas integrarán el Consejo Nacional de Paz

Las Comisiones de Paz abrieron un debate de control político sobre seguridad y el Acuerdo Final

Por: Magda Gutiérrez

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). A trece días del décimo aniversario de la firma del Acuerdo Final, las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara eligieron seis congresistas para el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. La sesión, en el Salón Boyacá del Capitolio, abrió un debate de control político sobre paz, seguridad, protección civil e implementación del Acuerdo en 2026-2027.

Por solicitud de Jaime Raúl Salamanca Torres, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, se escuchó a una vocera de familiares de integrantes de la Fuerza Pública secuestrados. “No nos dejen solos”, pidió a los congresistas y funcionarios del Gobierno.

Por el Senado fueron elegidos el senador Wilder Iberson Escobar Ortiz, de la Alianza Social Independiente (ASI); la senadora Deyci Alejandra Omaña Ortiz, del Pacto Histórico, y el senador Santiago Barreto Triana, del Partido Conservador. Los tres ocupan los cupos de esta corporación en el Consejo.

Por la Cámara fueron elegidos el representante Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 8 y avalado por Asomontemaría; la representante Tatiana Judith Gaona Pinzón, de las CITREP y respaldada por la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las Mercedes; y el representante Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata, del Pacto Histórico.

Entre quienes postularon a los delegados estuvieron los senadores David Ricardo Racero Mayorca, del Pacto Histórico, y Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional; y los representantes James Hermenegildo Mosquera Torres, de la CITREP 6 y avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (COCOMAN), y Daniel Mauricio Monroy Hernández, del Pacto Histórico.

Durante el debate, el representante citante Esneyder Gómez Salamanca, de la CITREP 1 y avalado por el Resguardo Indígena de Toribío, preguntó por los recursos para la política de paz. Recordó que el país eligió resolver sus diferencias por las instituciones: “una década en la que el país decidió que su disputa se resolviera con instituciones y no con fusiles”. Luego preguntó: “Vengo a preguntar si el Estado está cumpliendo esta promesa”.

La consejera comisionada para la Paz, Viviane Morales Hoyos, explicó que, según la Sentencia C-630 de 2017, la implementación del Acuerdo Final compromete jurídicamente a todo el Estado. Monroy destacó la justicia transicional y advirtió que podrían perderse “esos avances de reconciliación”.

Asistieron los representantes Gabriel Becerra Yáñez, del Pacto Histórico; Arnulfo Mina Garcés, de la CITREP 10 y avalado por el Consejo Comunitario Río Gualajo; y Jorge Armando Figueroa Angarita, del Partido de la U. Por falta de tiempo, la Mesa Directiva convocará a sesiones conjuntas el 25 de noviembre para continuar el debate.