El proyecto ya superó su paso por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.
Proyecto de ley que modifica la ley de orden público debe estar aprobado antes del próximo 4 de noviembre, cuando termina la vigencia de esa norma.
Bogotá D.C., 29 de octubre de 2026 (Prensa Senado). La Plenaria del Senado se prepara para debatir y votar este viernes el proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para el sometimiento a la justicia de organizaciones armadas ilegales, definir las condiciones para acceder a beneficios judiciales y fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia. La iniciativa plantea que quienes decidan abandonar las actividades criminales deberán asumir compromisos verificables con la justicia y las víctimas.
Se trata del Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara, presentado por el Gobierno nacional, que propone modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, uno de los principales instrumentos jurídicos del país en materia de orden público.
La propuesta fue radicada el pasado 13 de octubre y ya superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Ahora deberá continuar su trámite en las plenarias de ambas corporaciones.
Uno de los principales cambios consiste en establecer un procedimiento para que integrantes de determinadas organizaciones armadas ilegales puedan someterse voluntariamente a la justicia. Sin embargo, la iniciativa señala que esta decisión no sería suficiente para recibir beneficios judiciales: los interesados tendrían que cumplir las condiciones previstas en la ley, colaborar con las autoridades y demostrar su compromiso de abandonar las actividades delictivas.
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El proyecto contempla que los beneficios y las obligaciones estén definidos previamente por la legislación y sometidos al control de las autoridades judiciales. Esto significa que el sometimiento no dependería únicamente de acuerdos o compromisos anunciados por las organizaciones, sino de un procedimiento en el que se verificaría el cumplimiento de las condiciones establecidas y se determinarían las consecuencias jurídicas correspondientes.
Entre las principales obligaciones que asumirían los integrantes de estas organizaciones se encuentran la dejación de las armas, el cese de las actividades ilícitas y la entrega de información que permita identificar a sus integrantes y contribuir al desmantelamiento de las estructuras criminales. La propuesta también exige colaboración con las investigaciones judiciales para esclarecer los delitos cometidos.
Compromisos de las organizaciones
Otro de los aspectos relevantes está relacionado con la protección de las personas afectadas por la violencia. Las organizaciones que se sometan tendrían que contribuir a la liberación de personas secuestradas, suministrar información sobre el paradero de desaparecidos y entregar a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados, con el propósito de activar las medidas correspondientes para protegerlos y restablecer sus derechos.
La iniciativa también contempla compromisos de reparación a las víctimas. Para ello, quienes se acojan al procedimiento deberán colaborar en la identificación y entrega de bienes que puedan destinarse a compensar los daños ocasionados por las actividades criminales. Estos recursos tendrían como destino prioritario la reparación de las víctimas y las comunidades afectadas.
De esta manera, el proyecto busca que el sometimiento no se limite a la entrega de armas o al abandono de las actividades ilegales. También pretende que las organizaciones contribuyan al esclarecimiento de los hechos, colaboren con la justicia y participen en acciones orientadas a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
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Una de las novedades de la propuesta es la denominada Intervención Territorial Integral, un mecanismo que busca coordinar las acciones del Estado en materia de seguridad, justicia, desarrollo social y fortalecimiento institucional.
Su propósito es intervenir en las condiciones que han permitido la presencia y permanencia de organizaciones criminales en diferentes regiones del país.
Este enfoque parte de considerar que desmantelar una estructura armada no garantiza, por sí solo, que desaparezcan las economías ilegales ni las formas de control violento sobre las comunidades. Por esa razón, el proyecto plantea que las acciones judiciales y de seguridad estén acompañadas de una presencia institucional sostenida, capaz de atender las necesidades de los territorios y contribuir a evitar el surgimiento de nuevas organizaciones.
Para desarrollar estas medidas, la iniciativa propone fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y otras entidades del Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias. También contempla acciones para mejorar las capacidades de investigación y judicialización de quienes se acojan a los procedimientos de sometimiento.
El proyecto incluye, además, la posibilidad de realizar contactos humanitarios, acercamientos y actuaciones preparatorias que faciliten el sometimiento de las organizaciones. Estas medidas formarían parte de un procedimiento sujeto a las condiciones legales y a la verificación de las autoridades competentes.
La discusión de esta iniciativa cobra especial importancia porque busca actualizar el marco jurídico establecido por la Ley 418 de 1997, que ha tenido diferentes modificaciones y prórrogas durante las últimas décadas, incluida la reforma introducida mediante la Ley 2272 de 2022, relacionada con la política de Paz Total.
Durante el debate previsto para este viernes, los senadores podrán examinar las condiciones propuestas para el sometimiento, el alcance de los beneficios judiciales, los mecanismos de verificación y las medidas destinadas a proteger los derechos de las víctimas. También estará en discusión la manera como el Estado podría fortalecer su presencia en los territorios donde operan organizaciones criminales.
La iniciativa todavía debe superar las etapas legislativas pendientes y su contenido podría modificarse durante las discusiones en las plenarias. Por ahora, el proyecto plantea una ruta para combinar el sometimiento a la justicia, el desmantelamiento de organizaciones ilegales, la reparación de las víctimas y el fortalecimiento de las instituciones del Estado en las regiones afectadas por la violencia.
