La congresista por el Centro Democrático radicó una iniciativa para modificar algunos aspectos del tribunal de justicia transicional que se creó con el proceso de paz con las FARC.

Bogotá D.C., 9 de octubre. (Prensa Senado). La senadora Paloma Valencia presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de fortalecer las garantías procesales, equilibrar el tratamiento entre comparecientes y brindar mayor seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.

Entre los ejes centrales de la iniciativa se encuentra la incorporación de derechos fundamentales como la doble instancia, la doble conformidad y la presunción de inocencia, considerados pilares esenciales de un sistema judicial imparcial y garantista.

El proyecto también contempla la ampliación de la acción de tutela contra decisiones de la JEP. Esta podrá interponerse por las causales generales aplicables a cualquier providencia judicial y como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irreparables.

Además, establece un esquema de revisión escalonado: primero, en la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y, posteriormente, en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Cuando la tutela recaiga sobre decisiones del Tribunal de Paz, conocerán en primera instancia la Sala de Primera Instancia y, en segunda, la Sala Plena de la Corte Suprema.

Adicionalmente, la propuesta dispone que la Corte Constitucional priorice la revisión de tutelas relacionadas con fallos de la JEP, garantizando un control constitucional más efectivo.

Respecto a los integrantes de la Fuerza Pública que no reconozcan responsabilidad, se plantea que, en caso de ser condenados, cumplan cinco años de cárcel y los quince restantes mediante un tratamiento restaurativo.

También se abre la posibilidad de conmutar penas si el compareciente ha estado privado de la libertad por más de una cuarta parte del tiempo máximo de sanción.

La reforma incluye, además, la facultad de que la Justicia Penal Militar pueda emitir conceptos no vinculantes en procesos de la JEP y revisar, a solicitud del compareciente, las sentencias condenatorias dictadas por esta jurisdicción.

Según Valencia, la iniciativa representa “un paso hacia una justicia transicional más equilibrada y respetuosa del debido proceso”, reforzando la confianza en las instituciones judiciales y en el sistema de paz colombiano.

El congresista argumentó que la producción porcina en estas regiones es de buena calidad y está libre de peste.

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá D.C. octubre 9 de 2025 (Prensa Senado). La Comisión Segunda del Senado desarrolló un debate de control político con el fin de evaluar las alternativas para levantar parcial y gradualmente la franja sanitaria en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare. Para tal fin se citó a la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y a la directora del Instituto Nacional Agropecuario- ICA.

El debate fue convocado por el Senador José Vicente Carreño, perteneciente al Partido Centro Democrático, quien inició manifestando su inconformidad por el incumplimiento del ICA, entidad citada a participar en las mesas técnicas programadas en Yopal y Tame, con el propósito de buscar solución a la franja sanitaria en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare.

El congresista propuso que se debe crear una alternativa con las entidades en mención, que permita la comercialización del cerdo porcino, ya que la franja está impidiendo la respectiva comercialización.

Solicitó al ICA que muestre un plan de acción, con un cronograma de actividades con fechas precisas, para que no se dilate más el proceso de verificar el estado de la producción porcina y se levante la franja en esos departamentos.

“El porcino en estas regiones es de buena calidad, por sus múltiples razas y líneas genéticas, para su comercialización nacional e internacional. Esta producción en los últimos seis meses se ha aumentado hasta un 30%”, aseguró el congresista.

Carreño solicitó que se inicie el proceso de la franja en esos departamentos para apoyar a los productores porcinos, quienes generan empleo y aportan al desarrollo económico regional.

En su momento Sergio Andrés Latorre, representante de los productores porcinos del departamento de Casanare, solicitó al Gobierno que envié a los territorios personas que puedan tomar decisiones. Asimismo, afirmó que no se han presentado ningún caso de peste porcina.

Por su parte, Geidy Ortega, Viceministra de Asuntos Agropecuario, habló sobre todo lo relacionado con la productividad porcicola y manifestó que se han mejorado los parámetros productivos, debido a la tecnología, el cumplimiento de la norma sanitaria y de manejo ambiental.

La funcionaria expresó la responsabilidad que tiene el Ministerio de Agricultura y del ICA para blindar al país de cualquier caso que se presente.

“Se ha priorizado la vacunación en el departamento de Casanare para detectar los riesgos y garantizar la sanidad zootecnia”, anotó la funcionaría, quien agregó que el Gobierno ha logrado sostener mercados internacionales, gracias a las políticas e implementación de las mismas cumpliendo con normas establecidas.

Entre tanto, Paula Andrea Cepeda, Gerente General del ICA, respondió a las inquietudes del senador citante y anotó que, “si bien tenemos responsabilidad en estos procesos, también necesitamos la disponibilidad de los productores para capacitarse en buenas practicas pecuarias y ganaderas”.

“Esperamos tener articulación con las alcaldías y organizaciones, para llevar a cabo las acciones programadas”, advirtió la funcionaria.

Finalmente, el Senador Carreño solicitó a los citados que se dejaran claro el plan de acción para avanzar en la franja, por el bien de los productores y habitantes de estos departamentos