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Mesa directiva de las Comisiones Económicas Conjuntas durante el inicio del debate de la Ley de Rescate Económico

Comisiones económicas abren el debate de la Ley de Rescate Económico

El proyecto del Gobierno nacional seguirá su análisis después de tres audiencias públicas aprobadas para Bogotá, Cali y Barranquilla

Por: Juan Felipe Sacristán

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Las Comisiones Económicas Conjuntas iniciaron el debate de la Ley de Rescate Económico, que tiene el propósito de estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico. Los senadores plantearon su preocupación frente al impacto en las clases medias y bajas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó la iniciativa a las comisiones terceras y cuartas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Según dijo, el proyecto se enmarca en un entorno de bajo crecimiento y profunda caída de la inversión en el país.

“El crecimiento de nuestra economía ha sido en los últimos años bajo. Alrededor de 1,6 %, en crecimiento anual durante los últimos 4 años; hemos tenido una elevada y persistente inflación, que este año probablemente cerrará cerca del 7 %”, dijo el ministro Gómez. Además, señaló que el costo de financiación ha aumentado y que para 2027 las necesidades de financiación ascienden a 26.000 millones de dólares.

Gómez detalló que el objetivo principal de la Ley de Rescate Económico es estabilizar el endeudamiento de la nación en un 64 %, para evitar una crisis de pagos que elevaría la pobreza. Para lograrlo, el Gobierno planteó reducir el tamaño del Estado con un ahorro cercano a 8 billones de pesos anuales, lo que implicaría disminuir a la mitad los contratistas, recortar los gastos de personal en un 20 % y vender activos estatales.

“El Estado que podemos financiar es más pequeño del que tenemos hoy en día”, dijo el ministro de Hacienda. El proyecto plantea medidas para el fortalecimiento de los ingresos de la nación, el crecimiento económico, la estabilidad jurídica, la atracción de inversión extranjera, el endurecimiento de la institucionalidad fiscal y la mejora de la administración tributaria.

En esta primera sesión, los senadores y senadoras plantearon sus posturas. “La política tributaria es un instrumento del Estado para ser sociedades más justas y equitativas. Desde el Pacto Histórico tenemos una mirada más amplia, y si nos oponemos a esta propuesta que ustedes plantean es porque es absolutamente regresiva”, dijo el senador David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico).

Racero y la bancada del Pacto Histórico presentaron una proposición para realizar audiencias públicas sobre el proyecto, que fue aprobada por las comisiones económicas. Se harán en Bogotá, Cali y Barranquilla, para garantizar la participación de diversos sectores.

La senadora Aida Yolanda Avella Esquivel (Pacto Histórico) criticó la propuesta de disminuir la renta empresarial. “De 1965 al 2015 hicieron eso en 18 países y ¿qué ocurrió? Que no hubo mayor empleo y que tampoco repercutió en mayor inversión”, dijo.

Los senadores Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y Kamelia Edith Zuluaga Navarro, del Pacto Histórico, objetaron gravar bienes populares y servicios tecnológicos. “La ley de rescate que ustedes están proponiendo es una ley para quebrar el país”, dijo Ocampo, quien advirtió que los nuevos impuestos encarecerán la vida y quebrarán pequeños negocios de barrio.

El senador Wilder Iberson Escobar Ortiz (ASI) celebró que el Gobierno descartara gravar alimentos y agroinsumos. Sin embargo, explicó que aumentar de golpe varios impuestos a las licoreras ahogará una renta departamental vital para financiar la salud, la educación y el deporte en las regiones.

Senadores en la mesa de la Comisión Primera durante la discusión del proyecto de reposición de gastos de campaña para ediles

Comisión Primera aprueba reposición de gastos de campaña para ediles

El proyecto sobre juntas administradoras locales pasó con 12 votos a favor y 3 en contra; la iniciativa de protección animal de la senadora Andrea Padilla seguirá en votación en la próxima sesión, tras el estudio de proposiciones

Por: Catalina Silva

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que garantiza la reposición de gastos de campaña en las elecciones de miembros de las juntas administradoras locales, y abrió la discusión del proyecto conocido como Ley Ángel 2.0, sobre protección animal.

El proyecto de las juntas administradoras locales, de autoría y ponencia del senador Óscar Hernán Sánchez León (Partido Liberal), busca reconocer la reposición de gastos por votos válidos en esas elecciones, en condiciones de equidad frente a otras corporaciones de elección popular. Pese a las críticas por su impacto fiscal, la iniciativa fue aprobada con 12 votos a favor y 3 en contra. Con ello, los ediles quedarían incluidos en el régimen de reposición que ya aplica a alcaldes, concejales y otros cargos.

En la misma sesión se inició la discusión de la Ley Ángel 2.0, de autoría de la senadora Andrea Padilla Villarraga (Alianza Verde) y ponencia del senador Hernán Darío Cadavid Márquez (Centro Democrático). El texto garantiza el principio de no regresividad en la protección animal, refuerza los estándares de responsabilidad contra el maltrato, adopta medidas para la resocialización de personas condenadas por delitos contra los animales y contempla, entre otros aspectos, el aumento de penas, un programa de reeducación y la tipificación de la omisión de auxilio a animales atropellados.

Cadavid dijo que entre el 60 y el 67 % de los hogares colombianos tienen animales de compañía y planteó tres problemas frente a los derechos de los animales: el riesgo de retroceso en la protección, las dificultades en la respuesta frente al maltrato y la prevención de la reincidencia. El senador Luis Carlos Rúa Sánchez (ASI), también ponente, dijo: “Me parece muy bien el endurecimiento de las penas”, y felicitó a la senadora Padilla, quien estaba presente en el recinto.

La senadora Isabel Cristina Zuleta López (Pacto Histórico) dijo: “A mí estos proyectos siempre me generan una conflictiva ética y moral también, porque veo la contradicción entre que consideremos a los animales como seres sintientes y al mismo tiempo los cosifiquemos”. Se refirió a la tipificación del delito de hurto calificado sobre los animales de compañía y añadió: “Yo considero a todos los animales como iguales”.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde) dijo: “Tengo un completo apoyo a estos proyectos que protegen nuestros animales. La Ley Ángel para mí es una ley que despertó un sentir en el país muy especial, sobre todo por el protagonista de esta ley que estuvo aquí en la Comisión Primera y después ya no estuvo más”.

Padilla agradeció al ponente y explicó que la Corte Constitucional ha dado a los animales estatus patrimonial y de seres sintientes, y que tienen una calidad híbrida. La discusión y votación del articulado no concluyó. Tras la presentación de varias proposiciones que estudiarán los ponentes, el debate se reanudará en la siguiente sesión de la Comisión Primera.

Durante el debate de control político sobre la crisis carcelaria, varios congresistas exhibieron carteles con los mensajes "Ley Cero Ocio ¡Ya!" y "Crisis carcelaria".

Cárceles, "universidades del crimen": Senado debate salidas

Durante el debate de control político citado por los senadores Gustavo Moreno e Isabel Cristina Zuleta, se advirtió que el hacinamiento en las estaciones de policía alcanza el 243% y que la reincidencia delictiva golpea la seguridad ciudadana, mientras el ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió con medidas como el bloqueo semanal de líneas extorsivas y la construcción de nuevas cárceles fuera de los cascos urbanos.

Por: Hamer Pachón

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2026 (Prensa Senado). Con un llamado urgente a abandonar el "populismo punitivo" y transformar las prisiones en centros productivos autosostenibles, la Plenaria del Senado adelantó el debate de control político sobre la crisis carcelaria y penitenciaria del país, convocado por los senadores Gustavo Adolfo Moreno (Partido ASI) e Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico). La jornada contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino; la ministra de Salud (e), Gloria Prado Pino; la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla; además de directivos del INPEC, la USPEC y representantes de la Fundación Acción Interna encabezados por Johana Bahamón.

El senador citante, Gustavo Adolfo Moreno (Partido ASI), calificó la situación como una "bomba de tiempo que estalló", señalando que, tras más de dos décadas de haberse declarado el Estado de Cosas Inconstitucional, los centros de reclusión operan sin capacidad de resocialización.

"Hoy las cárceles son universidades del crimen. Un privado de la libertad vale $2.700.000 mensuales al Estado, más de lo que cuesta educar a un niño en un colegio público durante un año", enfatizó el senador Moreno.

Durante su intervención, el senador Moreno presentó un detallado diagnóstico respaldado por cifras oficiales que evidencian el colapso operativo, presupuestal y de seguridad en los 127 establecimientos del país: el hacinamiento nacional llega al 23% en las cárceles (20.000 internos en sobrecupo), al 94% en las URI y al 243% en las estaciones de policía; más de 2.300 policías permanecen desviados custodiando detenidos en centros transitorios en lugar de vigilar las calles; de 60.000 personas con detención domiciliaria, solo 5.000 cuentan con brazalete electrónico; en 2025 se incautaron 37.730 celulares, 36.412 tarjetas SIM, 25.000 armas cortopunzantes y 973 kilos de estupefacientes; y el sistema cuesta $4,2 billones al año, de los cuales apenas el 3% se destina a programas de resocialización.

Por su parte, la senadora citante Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico) advirtió que los penales operan hoy como "fábricas de reincidencia y bodegas de seres humanos", denunciando presuntos hechos de corrupción interna, extorsiones en el suministro de alimentos y fallas graves en la atención psiquiátrica y de adicciones. En la misma línea, el senador Santiago Barreto (Partido Conservador) citó cifras de Asocapitales y el DNP según las cuales el 70% de las llamadas extorsivas del país se originan en centros penitenciarios, urgiendo una articulación inmediata con el Ministerio de las TIC.

Al responder a los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, precisó que los registros oficiales sitúan la reincidencia en 25,4% —cifra que calificó de inaceptable frente a la meta de llevarla a un solo dígito— y reportó que ya existen 235 sanciones contra funcionarios del INPEC.

El jefe de la cartera anunció una ofensiva administrativa contra la extorsión: se pasó de cancelar líneas celulares denunciadas cada mes a hacerlo cada quince días, con la meta de ejecutarlo cada ocho días sin importar si pertenecen a funcionarios o planes prepago, además de exigir controles estrictos al sector bancario y plataformas digitales como Meta y TikTok.

"El ministro de Justicia no se preocupa, se ocupa. Toda cárcel que se vaya a construir en este gobierno estará fuera del perímetro urbano. Vamos a terminar los penales de Riohacha y Sabanas de San Ángel, avanzamos en el proyecto del buque cárcel, las cárceles con pabellones de máxima seguridad y un piloto de cero extorsión en Antioquia", aseguró Cancino.

El ministro recordó igualmente a gobernadores y alcaldes que la atención de los centros de detención transitoria es una obligación legal de las entidades territoriales. Este punto fue respaldado por la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, quien alertó que el hacinamiento del 90% en salas transitorias y el desvío de 2.329 uniformados a labores de custodia obedecen a la falta de cupos en penales nacionales y fallas en las órdenes de encarcelamiento.

Finalmente, la ministra (e) de Salud, Gloria Prado, presentó el nuevo modelo de salud penitenciaria (Resolución 1099 de 2026) con enfoque diferencial para gestantes y primera infancia, mientras que Johana Bahamón (Fundación Acción Interna) y veedores penitenciarios pidieron al Congreso impulsar el proyecto de Segundas Oportunidades 2.0 y reglamentar la Ley de Cárceles Productivas para garantizar una resocialización efectiva.