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Comisión Segunda legisla para mitigar la erosión costera

Los legisladores aprobaron proyecto que establece el régimen de bienes de uso público marítimos y costeros, de autorizaciones marítimas para usos no portuarios y se dictan medidas para mitigar la erosión costera.

Por: Isabel Colomna Sánchez.

Bogotá. D.C, noviembre 11 de 2025(Prensa Senado). - En sesión ordinaria, la Comisión Segunda de Senado, aprobó el proyecto que busca mitigar la erosión costera uy en cuyo articulado se consolida un marco normativo para la gestión sostenible de los bienes marítimos y costeros de la Nación.

La iniciativa así mismo fortalece el funcionamiento de La Dimar, simplificando trámites y promoviendo la conservación ambiental de la zona costera del país.

El senador coordinador ponente Nicolás Echeverry Alvarán (Partido Conservador, en el momento de la exposición de motivos dijo: “Con este proyecto, estamos fortaleciendo el medio ambiente como responsables que somos de cuidar nuestros recursos naturales marinos y costeros. También se entrega responsabilidades a los municipios, a los entes territoriales encargados en la protección del ecosistema”. Afirmó el senador conservador.

De la misma manera, los congresistas aprobaron en primer debate, el proyecto que rinden público homenaje a municipio del Socorro en el departamento de Santander, como pionero de la libertad, se realiza reconocimiento a las acciones históricas que marcaron la libertad y la democracia de la patria. (Socorro municipio pionero de la Libertad).

El senador José Vicente Carreño Castro (Centro Democrático), ponente de la in iniciativa expresó: “Es justo que este proyecto se convierta en Ley de la República, que busca salvaguardar los bienes y recursos culturales de esta región, pionera de la libertad en el país”. Sostuvo el congresista.

Finalmente, los legisladores dijeron sí al proyecto que rinde público homenaje al Municipio de Patía, departamento del Cauca, símbolo de resistencia, libertad y preservación de los saberes ancestrales afrocolombianos, se reconoce su legado cultural en la construcción de una sociedad diversa, plural y democrática-

“Busca hacerle un homenaje histórico, su papel en los saberes y sabores ancestrales. Es reconocer sus valores culturales, que a través de los años han. Reafirmar como un verdadero”. Aseveró el senador ponente José Luis Pérez (Cambio Radical).

¿Qué lecciones dejó la tragedia de Armero?

Armero enseñó la lección más dura sobre la negligencia. Cuatro décadas después, Colombia demuestra que el dolor puede transformarse en protección, construyendo un robusto escudo legal e institucional que obliga a las autoridades a anticiparse a la amenaza, con el Congreso, liderando el camino hacia una cultura de prevención.

Por: Isabel Escobar Gil.

Bogotá, D. C, noviembre 11 de 2025 (Prensa-Senado). - Un deslizamiento de lodo se tragó a Armero esa noche del 13 de noviembre de 1985, borrándolo del mapa y causando la muerte de más de 20,000 personas. Pero más que un desastre natural, fue el doloroso despertar de Colombia: la mayor tragedia de la historia reveló una cadena de advertencias desatendidas, incluso las voces silenciadas en el Congreso.

Ese horrible amanecer no solo dejó un sitio espantoso, sino el desafortunado legado de no tener ningún mecanismo para enfrentar el riesgo, obligando al país a imaginar un futuro diferente, uno que requeriría un cambio largamente esperado.

Esa catástrofe incesante demostró ser el punto de apoyo para las políticas de Colombia. La primera respuesta nacional del estado fue la Ley 46 de 1988 y su formalización un año después, con ella llegó la emisión del Sistema Nacional para la Prevención y Respuesta a Desastres.

El país sí tenía un marco institucional, comités de emergencia y protocolos de alerta, pero los pasos aún estaban en sus primeros días. La madurez de este proceso se consagró en la Ley 1523 de 2012, la política nacional para la gestión del riesgo de desastres y la UNGRD.

¿Qué está haciendo hoy el Congreso?

Casi cuatro décadas después, el Congreso de la República se asegura de que esta memoria de Armero no solo sea recordada, sino una fuerza viva para el cambio. La reciente Ley 2505 de 2025 es un acto de profundo respeto: declara el antiguo territorio de Armero como Sitio de Patrimonio Cultural y el Nevado del Ruiz como patrimonio natural.

Pero no es un mero homenaje: fomenta la investigación y la educación en gestión del riesgo, y manda la creación de un Centro de Memoria Histórica para la formación, que enseña a las futuras generaciones que la prevención está viva.

Además, la Ley 2474 de 2025 enmendó la regulación de 2012 para considerar las vidas de los animales en los planes de evacuación y cuidado, sabiendo que también son parte de nuestras familias. El Proyecto de Ley 404 de 2025 también se está impulsando para establecer Fondos de Defensa Civil Territorial para permitir que los voluntarios en el terreno sean capacitados y preparados.

En el 40 aniversario, Armero es esa herida que sigue diciendo que la vida no es algo que se pueda improvisar. El legado de la tragedia mantiene la promesa de no repetir los errores del pasado, ha reformulado la memoria colectiva como una herramienta para fortalecer y reducir la vulnerabilidad de los territorios.

Colombia está honrando a sus muertos convirtiendo el duelo en leyes, prevención y resiliencia, para evitar que una tragedia de tal magnitud vuelva a tocar las puertas del país.

Senadores piden incluir garantías judiciales y control civil, en proyecto de Interdicción Marítima (PEIMAR)

El ponente coordinador, senador Carlos Alberto Benavides (Pacto Histórico), en su exposición insistió en que la normativa pretende cerrar “vacíos procedimentales” que, según su diagnóstico, han impedido la judicialización efectiva de delitos cometidos en alta mar. 

Por: Sebastián Alberto Solano Rodríguez 

Bogotá, D. C, 10 de noviembre de 2025 (Prensa- Senado). – El proyecto que continua su discusión y votación en primer debate en la Comisión Primera del Senado busca “evitar que las unidades tengan que regresar inmediatamente a puerto”, con lo cual se mantendría la capacidad de patrullaje en zonas críticas del litoral con el objeto de derrar “vacíos procedimentales” que, según su diagnóstico, han impedido la judicialización efectiva de delitos cometidos en alta mar. 

Varios senadores de bancadas distintas respaldaron el enfoque pragmático, pero introdujeron matices. Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Alfredo Deluque (Partido de la U) destacaron el componente operativo y la coordinación interinstitucional con la Fiscalía; para ellos, las facultades especiales al Cuerpo de Guardacostas son una respuesta técnica a un fenómeno delictivo transnacional. Paloma Valencia (Centro Democrático) enfatizó la necesidad de herramientas firmes contra el narcotráfico, mientras que Ariel Ávila (Alianza Verde) y Julián Gallo (Comunes) solicitaron precisiones sobre límites y control civil de las actuaciones. 

Los reparos más insistentes provinieron de voces preocupadas por las salvaguardas procesales. Un senador German Blanco formuló una advertenciaque resumió el tono de esas intervenciones: “Hemos tocado un punto álgido como son los derechos humanos, que tiene que ver con el debido proceso, que tiene que ver con la legitimidad de las Fuerzas Militares y tiene que ver también con la lucha contra la criminalidad”. Esa frase sintetiza el dilema que cruzó el debate: cómo conciliar eficacia operativa y protección de derechos. 

En la ponencia constan además propuestas concretas derivadas de las intervenciones senatoriales: la obligación de mantener el habeas corpus, la exigencia de protocolos estrictos de cadena de custodia y la coordinación permanente con la Fiscalía General de la Nación para asegurar control judicial efectivo. Asimismo, se registró una preocupación compartida por la precisión terminológica sobre “funciones limitadas de policía judicial” asignadas al Guardacostas, a fin de evitar interpretaciones expansivas. 

El Gobierno estuvo presente mediante la armada cuales son los proponentes; no obstante, en la Comisión fueron los senadores quienes fijaron el marco del debate técnico-político. 

El Ministro de Defensa defendió la iniciativa como “un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar”, mientras el gobierno de Justicia resaltó la “innovación” de conferir a la Armada facultades para actuar en casos de flagrancia y cuasi-flagrancia; ambas intervenciones constan en el expediente, pero en las entrevistas en sala fueron las intervenciones senatoriales las que definieron condiciones y límites exigidos para su avance.

La discusión en la Comisión dejó claro que el respaldo es mayoritario pero condicionado: los senadores demandaron inclusiones normativas que garanticen control judicial, claridad en la delimitación de competencias y un análisis de impacto fiscal que valide la ejecución.

Esos elementos, señalados expresamente por parlamentarios de distintas bancadas, serán determinantes en las enmiendas que se diseñen antes de un eventual debate en la plenaria del Senado.