La próxima legislatura del Congreso de la República, y en particular del Senado, llega en un momento decisivo para el sector minero-energético colombiano.
Por Diego Aretz
Bogotá. D. C, 14 de diciembre de 2025 (Prensa-Senado). - El país enfrenta la necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad y seguridad energética en el mediano plazo, mientras intenta contener el creciente costo de los servicios públicos, que hoy genera preocupación tanto en los hogares como en la actividad productiva.
Lo que antes era un debate técnico se ha convertido en uno de los ejes políticos más sensibles del país, y en un punto clave de tensión entre gobierno, reguladores, empresas y usuarios.
Este debate toma relevancia en un contexto global marcado por el cambio climático, que exige a los países actuar con mayor responsabilidad frente a sus sistemas de producción y consumo de energía.
Colombia se enfrenta a la presión de avanzar hacia modelos más limpios y resilientes, al tiempo que debe preparar su infraestructura para fenómenos climáticos cada vez más extremos que afectan tanto la generación hidroeléctrica como la estabilidad de las redes.
La crisis climática no es un asunto lejano: ya impacta los embalses, altera la demanda y eleva la vulnerabilidad del sistema, lo que obliga al país a pensar su política energética con un horizonte de riesgo más amplio y de manera mucho más anticipada.
Al mismo tiempo, la demanda energética del país continúa creciendo impulsada por el desarrollo industrial, la expansión urbana, nuevas tecnologías, el transporte eléctrico y la necesidad de garantizar cobertura y calidad en regiones históricamente rezagadas.
Esto supone un desafío monumental: aumentar la capacidad de generación y distribución sin aumentar las emisiones, ampliar redes en territorios complejos, sostener financieramente el sistema y evitar que la transición energética profundice brechas sociales o territoriales. Los retos ambientales y políticos se entrelazan, pues cualquier decisión energética tiene repercusiones directas en la competitividad económica, la inversión y la gobernabilidad.
Alertas en el Senado
En este escenario, la Comisión Quinta del Senado —responsable de los asuntos minero-energéticos— se perfila como uno de los escenarios centrales para la discusión pública.
Desde allí, los legisladores han venido alertando sobre las tensiones entre la transición energética, la estabilidad regulatoria y los riesgos de una pérdida acelerada de autonomía en materia de gas y petróleo.
El senador Didier Lobo Chinchilla destaca que en esta legislatura “hemos sacado iniciativas importantes como el proyecto de economía azul, se trata de exploraciones que se han hecho en el mar que deben ser cuidadosas, que se deben hacer con responsabilidad y cuidado del medio ambiente”.
Señala que la Comisión ha impulsado proyectos de transición energética que se han convertido en pilares para modernizar el sector, al tiempo que han puesto la lupa en temas ambientales como la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde persisten afectaciones ecosistémicas profundas.
Lobo también resalta el papel del Congreso en el control político, particularmente frente a Ecopetrol: “Hemos hecho un debate a Ecopetrol donde quedó claro todos los actos de corrupción que se vienen dando en esa entidad, toda la dificultad que se tiene pues quieren hoy vender en Texas toda su exploración; nos preocupa cada una de estas cosas”, afirma.
El senador anticipa que en la próxima legislatura continuarán revisiones a la Ley de Servicios Públicos y a la estructura tarifaria, temas que considera urgentes debido al impacto de las tarifas en las regiones y a la falta de claridad del Gobierno en sus decisiones regulatorias.
El tema de Ecopetrol también fue objeto de un debate reciente liderado por el senador José David Name, quien explicó que durante una sesión de control político el presidente de la empresa, Ricardo Roa Barragán, y el viceministro de Hacienda confirmaron que no existe ninguna decisión ni estudio serio sobre la supuesta venta de activos en Texas. “Estamos tranquilos; es una de las retóricas más del presidente Petro, pero no se llevará a cabo. Yo no creo que la junta directiva va a votar por vender el activo más importante en la actualidad, sencillamente porque se produce a través de fracking”, enfatizó.
El senador Name señaló que las preocupaciones deben dirigirse a otros puntos críticos del sistema energético, como los subsidios impagos a las empresas distribuidoras, muchas de ellas públicas, que atraviesan una crisis económica profunda. “Ahí ha fallado el Gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, que ha preferido hacer gastos, abrir embajadas y no pagar el subsidio de energía eléctrica para todos los colombianos, especialmente los más pobres”.
Autonomía energética
La Comisión Quinta también ha llamado la atención sobre la creciente fragilidad en materia de gas natural. Según Name, Colombia pasó de ser autosuficiente a importar más del 20% de la demanda nacional, tendencia que se agravará con los años si no se reactivan la exploración y la producción. “Perdimos la autonomía energética, y eso lo van a ver los hogares colombianos; ese aumento lo van a tener las familias colombianas”, advierte. Para el senador, el Gobierno ha privilegiado una “ideología ambiental” que desconoce las necesidades reales del país, generando una pérdida acelerada de autonomía en gas y petróleo.
Las consecuencias, afirma el senador Name, serán tarifas más altas en energía, gas y combustibles, además de una caída en la confianza inversionista. “Tenemos que invitar a la inversión extranjera a volver a creer en Colombia; es muy importante que se paguen los subsidios”.
Transición y seguridad energética
Las voces desde el Senado reflejan las tensiones que definirán la próxima legislatura. Colombia necesita avanzar en la transición energética, pero sin comprometer la seguridad del suministro ni deteriorar la estabilidad fiscal y tarifaria.
Requiere modernizar la infraestructura, acelerar los proyectos renovables, reducir pérdidas, ajustar la regulación y asegurar que las entidades públicas —incluida Ecopetrol— actúen con responsabilidad y transparencia. Necesita, además, reconstruir la confianza de los usuarios y de los inversionistas en un sistema que hoy atraviesa momentos de incertidumbre.
La discusión que se dará en el Congreso será, en buena medida, la discusión sobre el futuro energético del país, que va directamente proporcional al futuro económico de Colombia.
La próxima legislatura tendrá en sus manos decisiones que influirán directamente en la competitividad económica, la protección ambiental, la autonomía energética y la calidad de vida de los colombianos.
Es un momento que exige visión de Estado, rigor técnico y un sentido de urgencia que esté a la altura de los desafíos que enfrenta el país.
