Avances de la tecnología, ética, democracia y derechos ciudadanos, grandes retos del Congreso para regular la Inteligencia Artificial en la legislación colombiana.

Por: Isabel Escobar Gil 

Bogotá D.C., noviembre 15 de 2025(Prensa-Senado). -Ante los enormes retos que la inteligencia artificial ya impone a los gobiernos, desde su impacto en la democracia hasta la protección de los derechos ciudadanos, la Comisión Bicameral de Inteligencia Artificial reunió a congresistas, entes de control y delegados del Gobierno para analizar cómo debe prepararse Colombia frente a esta tecnología en acelerada expansión.

La jornada abrió con el mensaje de la senadora Sonia Bernal, quien reiteró que cualquier avance normativo debe priorizar la protección humana:
“para que logremos tener en efecto las reglas claras que permitan lo primero sea pues un desarrollo de sí, de la IA, pero con el cuidado de la vida.”

El debate incluyó el análisis de impactos en democracia, derechos ciudadanos, riesgo electoral y gobernanza pública. 

Desde el Consejo Nacional Electoral, el delegado Luis Arnulfo Morales expuso la necesidad de un enfoque equilibrado entre innovación y control estatal, señalando que “el modelo ideal es un modelo mixto, en el cual está dado por dos ejes transversales, que el primero es la regulación por riesgos, y el segundo es la cogobernanza. En otras palabras, ni frenar la tecnología, pero tampoco dejar las cuentas para el sentido, es gobernanza democrática.”

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, a través del delegado Óscar Espinosa, subrayó que la regulación no debe ser vista como un obstáculo sino como un instrumento de fortalecimiento institucional y social. 

Espinosa destacó que “se insiste en que la regulación financiera acompañada de educación, capacidades técnicas, políticas de datos abiertos y transparentes, para que la democracia sea sólida, sin limitar libertades. Desde el Ministerio de Ciencias vemos la regulación, no como un freno, sino como un diseño institucional que oriente a la IA hacia bien social.”

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la discusión sobre transparencia y uso responsable de algoritmos en el Estado. 

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Sara Muñoz, recordó que el sector público tiene una obligación reforzada de explicar el uso de estas tecnologías, afirmando que “los gobiernos deben ser capaces de explicar por qué y cómo se utilizó un sistema de inteligencia artificial para apoyar o tomar decisiones, especialmente cuando estas decisiones tienen la capacidad de transformar la vida de los y las ciudadanas”.

La sesión cerró con el compromiso de continuar consolidando insumos técnicos y sociales para el trámite legislativo del proyecto de regulación de IA.

Todos los sectores coincidieron en que Colombia requiere un marco normativo moderno, participativo y centrado en derechos fundamentales.

La Comisión de Paz del Senado llegó a Puerto Salgar y atendió denuncias por amenazas, violencia y fallas en entrega de tierras en el Magdalena Medio. 

Por: Sebastián Alberto Solano Rodríguez

Bogotá, D. C, 15 de noviembre de 2025 (Prensa- Senado). La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado de la República realizó una audiencia pública en Puerto Salgar, Cundinamarca, para escuchar a autoridades, organizaciones campesinas, víctimas y entidades del Gobierno Nacional frente a la crisis de seguridad que atraviesa el Magdalena Medio y los desafíos asociados a la entrega de tierras en la región. 

El presidente de la Comisión, senador Julián Gallo, instaló la audiencia recordando que la sesión era parte de un compromiso adquirido meses atrás con las comunidades. “La audiencia que vamos a realizar es parte de un compromiso que asumimos cuando estuvimos acompañando los procesos de entrega de tierras”, señaló. Añadió que el territorio ha enfrentado “temas de seguridad, de amenazas, de desplazamientos… el asesinato de dos dirigentes campesinos”, lo que hacía urgente integrar las voces del territorio en la discusión nacional.

Al inicio de la jornada intervino el alcalde de Puerto Salgar, Adrián Gutiérrez Gómez, quien expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el municipio. “Estas amenazas que suceden a nuestros líderes sociales nos ponen a nosotros en peligro también a todos”, afirmó. El mandatario subrayó que la entrega de tierras debe ir acompañada de apoyo técnico, productivo e institucional: “Si ledan unas tierras a nuestras comunidades, denle todas las garantías, apóyelos, denle las herramientas… vienen y ellos no saben qué hacer con sus tierras”.

La audiencia contó con la intervención virtual del vicepresidente de la Comisión, el senador Temístocles Ortega, quien se refirió al atentado sufrido un día antes, el 14 de noviembre, y a la necesidad de persistir en el trabajo territorial. En sus palabras: “Ayer precisamente yo fui víctima de un atentado… y pese a ello quiero ratificar que seguimos en esta tarea. El propósito es seguir en la lucha por la paz y seguir acompañando las comunidades campesinas”. 

Durante la audiencia intervinieron organizaciones de víctimas, campesinos, jóvenes, personas con discapacidad y firmantes del Acuerdo de Paz. Brian Riveros, joven vocero regional, resumió la gravedad del riesgo en la zona: “Ya llevamos dos líderes asesinados y más de la mitad de esa cantidad de líderes amenazados”. Luisa Fernanda Montaña, lideresa campesina, expresó la necesidad de acompañamiento estatal para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de vida en el territorio. 

Las instituciones del Gobierno Nacional presentaron sus informes y compromisos. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en voz del delegado Jesús Bayron, expuso avances y cifras del proceso de formalización y entrega de predios: “Vamos con una meta de 444 folios de matrícula inmobiliaria, que en hectáreas se traduce en 306.429”. Explicaron la aplicación del Decreto 888 de 2025, que permite a la SAE entregar predios de manera masiva a la ANT. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), a través de la delegada Adriana Toledo, reiteró su disposición a investigar cualquier denuncia sobre posibles irregularidades. “No comulgamos con esas prácticas tradicionales”, dijo, enfatizando que la tierra debe llegar “en beneficio de las comunidades”.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), presentó su balance sobre inversión, asistencia técnica y proyectos productivos. Informó que han impactado “a más de seis mil productores entre el 2022 y 2024”, que existen “14 proyectos productivos… con un valor de inversión de más de 41 mil millones de pesos” y que durante 2025 esperan llegar a 1.320 productores.

La Unidad Nacional de Protección (UNP), en voz del asesor Luis Eduardo Saavedra, indicó que los temas rurales son prioritarios: “Los asuntos campesinos para nosotros son de especial importancia”. Explicó que la modernización institucional fue incluida “en las bases del Plan Nacional de Desarrollo”, y que la entidad trabaja para mejorar esquemas y presencia territorial.La Fuerza Pública expuso sus estrategias de seguridad. La Policía Magdalena Medio destacó acompañamiento a la ANT en terrenos en disputa, mientras que la Policía Cundinamarca anunció que aumentará el número de carabineros en la zona rural. El Ejército explicó su rol bajo la figura de cooperación militar a la autoridad civil (COMAD).

Al cierre, el senador Julián Gallo aseguró que la Comisión hará seguimiento requerido: “Tomaremos nota de todas las intervenciones… y asumimos el compromiso de gestionar ante las autoridades correspondientes todas las denuncias que ustedes expongan aquí”.

La audiencia concluyó en llevar a cabo los compromisos de fortalecer la protección rural, mejorar la articulación estatal, acompañar productivamente la entrega de tierras y garantizar que ninguna adjudicación avance sin seguridad y control institucional. Desde Puerto Salgar, campesinos, víctimas y autoridades pidieron, una vez más, que la paz territorial sea prioridad permanente del Estado.