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Decisión del Gobierno Nacional se aplicará al siguiente Congreso de la República.
Bogotá D.C., 21 de enero de 2026. (Prensa Senado). El presidente del Congreso, Senador Lidio García Turbay, se pronunció frente a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas, medida que impacta directamente en la remuneración mensual de los integrantes del siguiente Legislativo y que ha generado un amplio debate político e institucional en el país.
La decisión fue adoptada mediante decreto por la administración del presidente Gustavo Petro, argumentando criterios de austeridad y equidad salarial dentro del sector público.
El Senador García Turbay dijo que el propio mandatario “la cobró en silencio” durante “casi 20 años” cuando fue congresista y que en este caso es “un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente”, pero fue claro en que desde el Legislativo se acatará la medida adoptada por la Casa de Nariño.
Según dijo el Presidente del Legislativo, “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”.
“Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, expresó el Presidente García Turbay.
El líder del Legislativo dejó claro que, “aun así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”.
De acuerdo con el decreto expedido por el Gobierno Nacional, la prima especial se eliminará para los congresistas elegidos el próximo 8 de marzo y que tomarán posesión de sus curules el 20 de julio de este año. Es decirpara el siguiente Congreso de la República.
La medición se realizó en la cuenta de X del Senado de la República y buscó conocer la opinión ciudadana a raíz de un proyecto de ley que se tramita en la corporación.
Por María Camila Fernández
Bogotá, 19 de enero de 2026 (Prensa Senado). El 67 por ciento de los ciudadanos no parece estar satisfecho con los servicios públicos domiciliarios, cuya prestación está siendo objeto de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
La cifra se conoció en un sondeo hecho en la cuenta de X del Senado de la República (@SenadoGovCo) y que consultó a los más de 530.000 seguidores de esta red social de la corporación.
De acuerdo con las cifras, el 67 por ciento de quienes respondieron afirmó que no está satisfecho con la calidad de los servicios públicos domiciliarios (agua, energía, gas y aseo). En contraste, el 33 por ciento restante aseguró que sí está conforme.
A la pregunta de qué aspecto mejoraría de los servicios públicos domiciliarios, el 55 por ciento de quienes respondieron el sondeo afirmó que los precios, mientras que el 39 por ciento habló de calidad y el 6 por ciento atención y gestión de reclamos.
Frente a la percepción sobre el desempeño de los distintos servicios públicos domiciliarios, el 39 por ciento de los encuestados señaló estar más conforme con el servicio de gas, el 29 por ciento destacó el agua, el 21 por ciento la energía y apenas el 11 por ciento el servicio de aseo.
Finalmente, al consultar si existe una relación entre la calidad del servicio y lo que se paga por él, el 78 por ciento de los ciudadanos respondió que no, frente a un 22 por ciento que considera que sí hay correspondencia.
El proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República propone reformar la Ley 142 de 1994 en lo relacionado con servicios públicos domiciliarios, es de autoría del senador Jairo Castellanos y tiene como ponente al senador Gustavo Moreno.
Entre las propuestas de la iniciativa se encuentra la eliminación del cobro por reconexión cuando la suspensión del servicio haya sido por mora y el usuario ya haya cancelado la totalidad de su deuda, así como el establecimiento de criterios para que los cobros por reconexión correspondan únicamente a gastos reales.
Asimismo, el proyecto plantea que la reconexión del servicio deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas, una vez el usuario cumpla con los requisitos exigidos, garantizando la continuidad de servicios esenciales como el agua, la energía y el gas.
El proyecto de ley ya superó su primer debate y avanza hacia la Plenaria del Senado. Si es aprobado en el pleno de la corporación deberá surtir dos debates más en la Cámara de Representantes.






