Las comisiones económicas de Senado y Cámara iniciaron la discusión de dicha iniciativa que pretende obtener $16.3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027.

Por Keir Villero. 

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2025 (Prensa-Senado).-Con la presentación del ministro de hacienda,Germán Ávila, las comisiones económicas del Congreso abrieron paso a la discusión y votación en primer debate del proyecto gubernamental “Ley de Financiamiento”, donde congresistas de las diferentes bancadas dieron a conocer su posición frente a esa iniciativa que debe ser aprobada antes del 20 de diciembre del presente año. 

Para la discusión del proyecto se radicaron varias ponencias, pero la apertura de la sesión se dio con la votación de impedimentos de los congresistas. Posteriormente se abrió paso a la votación de la ponencia de archivo, presentada por la congresista Katherine Miranda, pero fue negada en la Comisión Tercera y cuando se sometió a votación en la Comisión Cuarta de esa corporación, no se lograron los votos necesarios lo que originó el levantamiento de la sesión. 

Varios senadores expresaron su posición frente a la propuesta:

El senador Juan Pablo Gallo, Partido Liberal, defendió el archivo del texto del proyecto afirmando: “cada $100 que gana una empresa paga $71 en impuestos, ubicando al país en el top 10 de los países con la más alta tasa de tributos”. Estuvo de acuerdo por una mayor eficiencia en el recaudo y que no se grave a quienes históricamente hacen el esfuerzo a la hora de contribuir y cumplir con esas obligaciones.

El expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, Partido Conservador, expresó varias preocupaciones, dijo “habilita un nuevo gasto para corregir la mala ejecución presupuestal del actual gobierno.“¿Para qué quieren $16 billones si no ejecutan?”, se preguntó. Dijo que “las contribuciones que se aplicarían al sector financiero, se trasladan con mayor costo a los usuarios”. 

Así mismo pidió rebajar el gasto en funcionamiento, el cual busca elevarse considerablemente en el 2026. Destacó que la falta de exploración de gas natural nos ha llevado a la importación.

De otra parte, el senador Ciro Ramírez, Centro Democrático, pidió al presidente Gustavo Petro: “No obligar a los colombianos a pagar el gasto incrementándoles los impuestos, y que sea la Casa de Nariño desde donde se aplique un mayor esfuerzo de ahorro”.

La senadora Aida Abello, quien es líder del Pacto Histórico, señaló: “Aquí se habla mucho a favor de los empresarios y menos a favor de la gente”. Agregó: “Dicen que la cerveza es parte es parte de la canasta familiar, dónde hemos consumido más de 3 mil millones de litros de cerveza, cuando este alcohol, está detrás de los accidentes de tránsito, agresiones intrafamiliares y los feminicidios”.

Dijo que los bancos deben contribuir a la función social por el alto ingreso del sistema bancario, los cuales son los llamados a pagar los gastos.

“No se preocupen con la crisis económica que nosotros la resolvemos en el próximo gobierno”, expresó el senador Carlos Meisel, Centro Democrático, mientras que el congresista Felipe Lemus, Partido de la U, señaló: “quieren aumentar ingreso pero esta reforma no resuelve las necesidades del país, va en contra de la competitividad”.
La senadora Karina Espinoza, Partido Liberal, invitó a votar negativo la reforma porque va a afectar a los más necesitados.

A la iniciativa solo le falta la conciliación entre Senado y Cámara para que pase a sanción presidencial.

Por María Camila Fernández.

Bogotá, 26 de noviembre de 2025 (Prensa Senado). La plenaria del Senado aprobó con 56 votos a favor, el proyecto de ley que amplía por 10 años la prórroga del Decreto Ley 893 de 2017, una norma clave para fortalecer institucional, técnica y financieramente a los municipios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La iniciativa busca facilitar la planeación de largo plazo, cerrar brechas históricas y garantizar la presencia del Estado en los territorios más vulnerables del país.

El senador Carlos Alberto Benavides, ponente del proyecto, recordó que esta apuesta pretende transformar las condiciones de vida en 170 municipios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Sobre las principales urgencias, enfatizó que “agua, saneamiento básico, tienen que ver con salud, tiene que ver con vías, que es fundamental las conexiones, son municipios de vidas campesinas, potentes pero que no han tenido justamente ni las condiciones de vías ni las condiciones de agua potable, ni las condiciones de salud, la educación, los derechos vitales mínimos, para que una sociedad pueda encaminarse a caminos de bienestar y prosperidad”.

Agregó además que “Por eso el énfasis y también la necesidad de ajustar una serie de criterios de planeación, de seguimiento, que permitan afinar los instrumentos con los que hoy cuentan ya estos municipios”.

Aunque el proyecto recibió respaldo mayoritario, algunas voces manifestaron reparos frente al tratamiento de ciertos municipios dentro de la priorización.

Desde el Partido Conservador, el Juan Carlos García señaló: “Hemos venido acompañando este proyecto desde su iniciativa, con la convicción que dos años desde el establecimiento del acuerdo de paz, de los PDET, de los 170 municipios no son suficientes para poder obtener su objetivo”.

En la misma línea, el senador Gustavo Moreno, del Partido ASI, afirmó: “Hoy voté sí, pero yo creo que hay que avanzar en una reforma estructural, en cómo se incluyen nuevos municipios PDET, que no fueron incluidos en esa firma del acuerdo de paz, hace varios años”.

Frente a estos planteamientos, el senador Benavides recordó la magnitud del universo PDET: 19 departamentos, más de 11 mil veredas y una población que, según dijo, supera los “6 millones de colombianos y colombianas”. Reiteró que la prórroga “No es otra cosa justamente que afianzar instrumentos de planificación, lograr mejores diagnósticos y lograr también que esos municipios se transformen”.

Asimismo, precisó que, ante el clamor por ampliar la cobertura, “hemos asumido, como lo han pedido varios colegas, la necesidad de ampliar la posibilidad a otros municipios, que no solo se quede en los 170 municipios, sino en la medida que cada municipio supere esta realidad ¿qué realidad? la realidad de índices de pobreza, de brechas de desigualdad, de precariedad del estado.”

Durante la discusión, varias bancadas reafirmaron su respaldo. El senador Julián Gallo, del Partido Comunes, subrayó que el debate se dio en una fecha simbólica: “Coincide la discusión de este proyecto con el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz, acuerdo de paz que desafortunadamente no logró unir a los colombianos como debería ser el noble propósito de la paz”.

El senador Robert Daza, del Pacto Histórico, destacó la importancia de la extensión: “Por eso apoyamos este proyecto de ley, que hoy ya es ley que alarga 10 años estas inversiones dirigidas a estos territorios”. Y añadió: “Se necesita más recursos, para que haya mejores carreteras en la cordillera nariñense, se necesita más recursos para que haya mejores escuelas, mejores colegios, para que la gente tenga acceso a la universidad”.

La senadora Sandra Ramírez, también del Partido Comunes, resaltó la importancia del respaldo mayoritario: “Que hoy aquí una mayoría del congreso de la república, del senado haya dado su voto positivo, a la prorrogación de municipio PDET… y allí se necesita infinidad de recursos y eso es lo que se busca con esa prórroga que hoy dimos su voto positivo”.

Desde el Partido Conservador, la senadora Liliana Benavides recordó el acumulado histórico de estos territorios: “Quienes habitamos y representamos el sur occidente del país sabemos que estos municipios requieren un horizonte de tiempo realista para cerrar sus brechas históricas. Si el conflicto tuvo más de 50 años de duración, es evidente que la construcción de paz exige un esfuerzo sostenido, serio y continuo”. Concluyó que “esa prórroga es esencial, para garantizar la ejecución, asegurar la financiación y evitar detener una política que ya empieza a ver resultados”.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) tienen vigencia hasta 2027; al avanzar esta propuesta, su implementación se prolongaría hasta 2037, asegurando diez años adicionales de inversiones, planeación y presencia estatal en los territorios priorizados.