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Esto cambiaría en la JEP con proyecto de ley que presentó la Senadora Paloma Valencia

La congresista por el Centro Democrático radicó una iniciativa para modificar algunos aspectos del tribunal de justicia transicional que se creó con el proceso de paz con las FARC.

Bogotá D.C., 9 de octubre. (Prensa Senado). La senadora Paloma Valencia presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de fortalecer las garantías procesales, equilibrar el tratamiento entre comparecientes y brindar mayor seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.

Entre los ejes centrales de la iniciativa se encuentra la incorporación de derechos fundamentales como la doble instancia, la doble conformidad y la presunción de inocencia, considerados pilares esenciales de un sistema judicial imparcial y garantista.

El proyecto también contempla la ampliación de la acción de tutela contra decisiones de la JEP. Esta podrá interponerse por las causales generales aplicables a cualquier providencia judicial y como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irreparables.

Además, establece un esquema de revisión escalonado: primero, en la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y, posteriormente, en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Cuando la tutela recaiga sobre decisiones del Tribunal de Paz, conocerán en primera instancia la Sala de Primera Instancia y, en segunda, la Sala Plena de la Corte Suprema.

Adicionalmente, la propuesta dispone que la Corte Constitucional priorice la revisión de tutelas relacionadas con fallos de la JEP, garantizando un control constitucional más efectivo.

Respecto a los integrantes de la Fuerza Pública que no reconozcan responsabilidad, se plantea que, en caso de ser condenados, cumplan cinco años de cárcel y los quince restantes mediante un tratamiento restaurativo.

También se abre la posibilidad de conmutar penas si el compareciente ha estado privado de la libertad por más de una cuarta parte del tiempo máximo de sanción.

La reforma incluye, además, la facultad de que la Justicia Penal Militar pueda emitir conceptos no vinculantes en procesos de la JEP y revisar, a solicitud del compareciente, las sentencias condenatorias dictadas por esta jurisdicción.

Según Valencia, la iniciativa representa “un paso hacia una justicia transicional más equilibrada y respetuosa del debido proceso”, reforzando la confianza en las instituciones judiciales y en el sistema de paz colombiano.

Senador Carreño solicita levantar la franja sanitaria en Casanare, Arauca y Norte de Santander

El congresista argumentó que la producción porcina en estas regiones es de buena calidad y está libre de peste.

 

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá D.C. octubre 9 de 2025 (Prensa Senado). La Comisión Segunda del Senado desarrolló un debate de control político con el fin de evaluar las alternativas para levantar parcial y gradualmente la franja sanitaria en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare. Para tal fin se citó a la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y a la directora del Instituto Nacional Agropecuario- ICA.

El debate fue convocado por el Senador José Vicente Carreño, perteneciente al Partido Centro Democrático, quien inició manifestando su inconformidad por el incumplimiento del ICA, entidad citada a participar en las mesas técnicas programadas en Yopal y Tame, con el propósito de buscar solución a la franja sanitaria en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Casanare.

El congresista propuso que se debe crear una alternativa con las entidades en mención, que permita la comercialización del cerdo porcino, ya que la franja está impidiendo la respectiva comercialización.

Solicitó al ICA que muestre un plan de acción, con un cronograma de actividades con fechas precisas, para que no se dilate más el proceso de verificar el estado de la producción porcina y se levante la franja en esos departamentos.

“El porcino en estas regiones es de buena calidad, por sus múltiples razas y líneas genéticas, para su comercialización nacional e internacional. Esta producción en los últimos seis meses se ha aumentado hasta un 30%”, aseguró el congresista.

Carreño solicitó que se inicie el proceso de la franja en esos departamentos para apoyar a los productores porcinos, quienes generan empleo y aportan al desarrollo económico regional.

En su momento Sergio Andrés Latorre, representante de los productores porcinos del departamento de Casanare, solicitó al Gobierno que envié a los territorios personas que puedan tomar decisiones. Asimismo, afirmó que no se han presentado ningún caso de peste porcina.

Por su parte, Geidy Ortega, Viceministra de Asuntos Agropecuario, habló sobre todo lo relacionado con la productividad porcicola y manifestó que se han mejorado los parámetros productivos, debido a la tecnología, el cumplimiento de la norma sanitaria y de manejo ambiental.

La funcionaria expresó la responsabilidad que tiene el Ministerio de Agricultura y del ICA para blindar al país de cualquier caso que se presente.

“Se ha priorizado la vacunación en el departamento de Casanare para detectar los riesgos y garantizar la sanidad zootecnia”, anotó la funcionaría, quien agregó que el Gobierno ha logrado sostener mercados internacionales, gracias a las políticas e implementación de las mismas cumpliendo con normas establecidas.

Entre tanto, Paula Andrea Cepeda, Gerente General del ICA, respondió a las inquietudes del senador citante y anotó que, “si bien tenemos responsabilidad en estos procesos, también necesitamos la disponibilidad de los productores para capacitarse en buenas practicas pecuarias y ganaderas”.

“Esperamos tener articulación con las alcaldías y organizaciones, para llevar a cabo las acciones programadas”, advirtió la funcionaria.

Finalmente, el Senador Carreño solicitó a los citados que se dejaran claro el plan de acción para avanzar en la franja, por el bien de los productores y habitantes de estos departamentos

¿A quiénes beneficiará el proyecto de ley de Familias Guardabosques aprobado en Senado?

La iniciativa promueve la articulación interinstitucional, el apoyo técnico y la inversión del sector empresarial en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Por Olga Materón

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2025 (Prensa Senado). Dentro de las iniciativas que han sido aprobadas en los últimos días en la Plenaria del Senado una de las más trascendentales y que mayor discusión generó fue la relacionada con el Programa de Familias Guardabosques.

La iniciativa fue avalada con 46 votos por el sí y 7 votos por el no, luego de escuchar diferentes voces que presentaron sus argumentos a favor y en contra del proyecto de ley.

El propósito de la norma es articular diferentes principios de sostenibilidad ante la posibilidad de sustituir cultivos ilícitos de manera voluntaria por proyectos productivos agropecuarios, ambientales y agroforestales.

El proyecto cuenta con tres etapas: planeación y planificación; transición económica con incentivos voluntarios y temporales, y acompañamiento integral con asistencia técnica y social. Así mismo, busca brindar incentivos condicionados y también temporales por el cumplimiento de la erradicación.

El ponente del proyecto, el senador Andrés Guerra, del Partido Centro Democrático, manifestó que el principio básico de esta iniciativa “es ayudar a las familias rurales del país”.

Por su parte, el senador Julián Gallo, del Partido Comunes, expresó su voto negativo argumentando que, en el marco del acuerdo de paz del 2016, específicamente en el punto 4, se diseñó “una nueva política de drogas, en la que se evidencia que la existencia de esos cultivos en los territorios más alejados del país, tiene causas de orden socio económico, consecuencia del prolongado conflicto que ha desplazado a las familias”.

El congresista, quien hizo parte de la antigua guerrilla de las Farc y suscribió ese acuerdo de paz con el Estado colombiano, concluyó diciendo que insistir en la política de criminalizar al campesinado es un fracaso.

En concordancia con el ponente, el senador Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, manifestó que este proyecto es favorable y que va en sintonía con la histórica lucha a favor de la sustitución de cultivos con alternativas para las comunidades más vulnerables.

Pese a la discusión, la iniciativa fue aprobada en la Plenaria del Senado y seguirá su tránsito hacia la Cámara de Representantes, donde, seguramente, se le seguirán haciendo ajustes que dejen satisfechos a todos los sectores políticos del Congreso de la República.