La iniciativa legislativa contempla herramientas de tipo penal, policivas y pedagógicas para la protección de los animales en el país.

Por: Isabel Colomna Sánchez

Bogotá. D.C. Marzo 2 de 2025 (Prensa Senado). Por unanimidad fue aprobada en el Congreso la llamada ‘Ley Ángel’. Su autora, la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde), afirmó que esta iniciativa se convierte en la herramienta legal más importante, para luchar contra las peores formas de violencia que padecen los animales en el país.

“Con este proyecto aumentamos la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo agredan sexualmente o le causen lesiones en su integridad corporal. Esta pena superará los tres años de cárcel, de manera que el delito dejará de ser excarcelable”, aseguró la congresista. 

La senadora dijo que también se aumentaron las multas económicas. “Habilitamos a la policía para que ingrese a los domicilios cuando exista certeza y evidencia de que el animal está siendo violentado, de manera tal que su vida corre peligro inminente”, agregó.

La legisladora también informó que se crearon nuevos agravantes y penas accesorias. En este sentido dijo que se hace “obligatoria la capacitación y sensibilización de los operadores de justicia, fiscales, jueces, inspectores de policías, personeros”. 

“Se creo una ruta nacional de atención de maltrato animal que llegue a todos los municipios, y una ruta de atención para las animales víctimas del conflicto armado. Ahora sigue la conciliación del texto de Cámara y Senado, para que pase a sanción presidencial y se convierta en la Ley de la República”, explicó la senadora Andrea Padilla.

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ABC de La ley de protección animal Colombia:

En lo penal: La ley más importante de protección animal Colombia 

Aumenta la pena privativa de la libertad para quien mate con dolo a un animal, quien afecte gravemente su integridad o quien abuse sexualmente de él. Estas penas superarán los 3 años, lo que significa que el delito ya no será excarcelable. Aumentan las multas, que ya no serán de 5 salarios mínimos mensuales, sino de 15 a 30 cuando se le causen lesiones graves al animal, y de 30 a 60 cuando la consecuencia sea su muerte. Crea nuevos agravantes, como ejercer violencia vicaria con un animal, difundir pornografía con animales o escenas de violencia animal, agredir a un animal en una actividad económica o mutilarlo, entre otros. Crea penas accesorias como la prohibición de tener animales en un período que puede ser de hasta el doble de la pena, y la inhabilidad de tenencia o de ejercicio de profesión u oficio relacionado con animales. Crea un registro de personas condenadas a cargo de la Fiscalía y la Policía. Obliga a la Fiscalía a crear guías técnicas forenses para que cualquier médico veterinario, en cualquier municipio del país, pueda dar un dictamen pericial que sirva de prueba (hoy muchos procesos no prosperan por esta falta de soporte técnico)

En lo policivo: Habilita a la Policía para que ingrese en domicilio cuando haya certeza (evidencia) de que la vida del animal está en riesgo inminente. Exige la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal que llegue a todos los municipios del país, y de una ruta para la atención de animales víctimas del conflicto armado. Crea un procedimiento sancionatorio para la atención de casos de maltrato animal que no constituyan delito, que permita procesos y sanciones ágiles. Sanciona el abandono.

En lo pedagógico: Hace obligatoria la capacitación y sensibilización de fiscales, jueces, inspectores de policía y personeros municipales y distritales. Habilita la posibilidad de quien cometa maltrato leve pueda cumplir su sanción asistiendo a un curso sobre protección animal.

Este jueves se desarrolló un foro sobre el tema, en momentos en los cuales la regulación de estas normas llega a debate en la Plenaria del Senado.
Por María Camila Fernández

Bogotá, 27 de febrero de 2025. (Prensa Senado). En el marco del Foro Jurisdicción Agraria: Desafíos de la Reforma Rural y su Factibilidad de Implementación, realizado el jueves en Montería, se llevaron a cabo dos paneles de discusión en los cuales se abordaron diversos aspectos del ordenamiento jurídico en el campo colombiano.
Entre los panelistas invitados se encontraron la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro; la magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, Hilda González; la Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Isamary Marrugo Díaz, y el Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. También participaron los senadores Marcos Daniel Pineda (Partido Conservador) y Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal).
El Foro se centró en los desafíos y retos que enfrenta el país con la implementación de la nueva jurisdicción agraria, a partir de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que regula algunos aspectos de esta normatividad.
Varios invitados al Foro destacaron que Colombia está a punto de vivir una verdadera revolución en cuanto a los derechos agrarios y la propiedad de la tierra, gracias a esta figura legal que se ha venido desarrollando. Algunos sectores esperan que, en un futuro cercano, se logre su aplicación efectiva.
El Senador por el Partido Conservador Marcos Daniel Pineda afirmó que la jurisdicción agraria “es un testimonio de que cuando hay consenso se pueden lograr grandes reformas en el país”.
El congresista explicó que el trabajo articulado entre las diferentes bancadas de los partidos políticos en el Congreso ha sido clave para aprobar un texto que, a su juicio, genera “confianza”.
Para el Senador Pineda, la reforma no solo representa un avance en la justicia que necesita Colombia, sino también una oportunidad para acercar la justicia a los millones de colombianos que habitan en las zonas rurales del país.
Alejandro Carlos Chacón, senador por el Partido Liberal, afirmó que hasta hace algún tiempo “no se entendía” que la jurisdicción agraria debía ser algo autónoma e independiente, como la penal o la civil.
“Estas normas se mejoraron en un sentido: pretendieron traer al Congreso que solo los actos administrativos fueran los que tomaran una decisión, sin que tuviera que pasar por los jueces, como se hacen los actos de expropiación administrativa hoy”, afirmó Chacón, quien agregó que el Legislativo “exigió” que “cualquier controversia que existiera inmediatamente” tuviera “control” por parte de los jueces.
La Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, subrayó la importancia de la ley ordinaria para viabilizar los derechos ya adquiridos en el marco de las demás normas que se han creado alrededor de la jurisdicción agraria. “Si no viabilizamos el camino procesal, no tenemos posibilidad de materializar el derecho que tienen las comunidades rurales y agrarias frente a estos principios”, señaló Buitrago.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, también manifestó su preocupación respecto a los retos logísticos de la jurisdicción agraria. “La itinerancia de los jueces es un desafío. Lograr llegar con jueces itinerantes a todos los rincones del país requiere una estructura especial para que eso funcione de manera efectiva”, señaló Tejeiro.

Por su parte, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, expresó su preocupación sobre ciertos aspectos de la reforma, en especial en lo relacionado con la extinción de dominio por afectaciones ambientales.
“A mí me parece que evidentemente no van a solucionar toda la conflictividad. Por ejemplo, me preocupa mucho el tema no de la ‘expropiación exprés’, porque toda expropiación tiene como consecuencia una indemnización, sino la extinción de dominio por afectaciones ambientales”, señaló Lafaurie.