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Población vulnerable tendría mínimo vital de agua potable

Distritos y municipios podrán implementar programas de gratuidad para que sectores más necesitados del país cuenten con agua potable. 

Por: Luisa María Llano 

Bogotá D.C., abril 14 de 2023 (Prensa Senado).-  Con ponencia del senador Guido Echeverri Piedrahita, la comisión sexta del senado le dijo sí en primer debate al proyecto de ley No. 196 de 2022 cuyo objetivo es “fijar lineamientos para la formulación e implementación de programas de gratuidad del mínimo vital de agua potable por parte de municipios y distritos y así avanzar en el propósito de que el Estado cumpla con su deber de garantizar, especialmente, a la población más vulnerable el derecho al agua potable”.

Se trata de una iniciativa con autoría de los senadores David Luna, Cambio Radical, Marcos Daniel Pineda, Partido Conservador, Juan Pablo Gallo, Partido Liberal, Miguel Uribe, Centro Democrático y su ponente, Guido Echeverri Piedrahita. Luego de estudiar los conceptos por el Ministerio de Hacienda se planteó una proposición sustitutiva para que distritos y municipios que alcancen una cobertura del servicio de acueducto igual o superior al 90% implementen programas para garantizar la gratuidad del mínimo vital de agua potable a quien lo necesite y no con subsidios tarifarios como se presentó el texto inicialmente.

El mínimo vital de agua deberá estar dentro del rango de 1,5 a 2,5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por suscriptor. En lo que respecta al término de implementación, se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos años siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley y a más tardar dentro de los dos años una vez los municipios o distritos alcancen el 90% de la cobertura en el servicio de acueducto.

Ahora, en términos de financiación, se dispondrán recursos propios, recursos del sistema general de participaciones y los demás que, según sea el caso, no afecten el marco fiscal de mediano plazo en cada municipio. También se celebrarán contratos o convenios que correspondan con los operadores del servicio de acueducto, estableciendo las condiciones, el volumen, los montos, la inclusión de los beneficiarios y su retiro.

Para la senadora Soledad Tamayo Tamayo, Partido Conservador, en el artículo cuarto se debe incluir un instrumento de focalización para que una vez se aplique el programa se determine quienes efectivamente serán los favorecidos.

En la misma línea estuvo el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón, Partido Mira, quien recordó que luego de muchos intentos este proyecto está más cerca de ser una realidad. Por ejemplo, en el 2008 cuando desde ese partido político se radicó un proyecto similar con la Defensoría del Pueblo al tratarse de una sustancia de primera necesidad. También sugirió la importancia de analizar la cantidad de litros por persona según su ubicación geográfica, sobre todo, en zonas costeras donde le consumo de agua es mayor.

Finalmente, el senador Roberth Daza Guevara, Coalición Pacto Histórico, aplaudió la aprobación del proyecto y aprovechó para manifestar su descontento con la privatización de acueductos en ciertos sectores del campo colombiano. “Tenemos que avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de acueductos comunitarios y desescalar el servicio del agua como un negocio. No buscamos que las empresas se quiebren, pero tampoco que hagan negocio con las tarifas”, indicó.

Comisión Quinta hace seguimiento a las políticas del Ministerio de Agricultura

Durante la citación la ministra Cecilia López respondió sobre las propuestas del Plan de Desarrollo para el sector. 

Por Juan Sebastián de la Ossa

Bogotá D.C., abril 13 de 2023 (Prensa Senado) Un nutrido debate de control político al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se llevó a cabo en el recinto de la comisión quinta del senado, donde legisladores elevaron diferentes inquietudes a la ministra Cecilia López Montaño con relación al  Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026: Colombia potencia mundial de la vida.

Durante el debate, el senador del partido conservador Marcos, Daniel Pineda García,  destacó diferentes puntos de preocupación como el reto de entregar tres millones de hectáreas, el avance sobre el convenio con FEDEGAN y la escogencia de beneficiarios. “Nos preocupa este tema porque finalmente lo que queremos es que la tierra quede en manos de quien la necesita”, señaló Pineda García, quien además resaltó que de nada vale entregar tierras sin asistencia técnica.

Otro de los temas que expuso el citante al debate, fue el costo elevado de insumos agrícolas que afrontan pequeños y medianos productores,  lo que a su juicio representa un gran reto porque  la inmensa mayoría del campo colombiano está habitada por pequeños y medianos campesinos que necesitan estímulos y pedagogía para volver productiva la tierra, y esta no sea vendida a grandes latifundistas.

Por su parte el senador del Partido Comunes, Pablo Catatumbo Torres, aseguró que el campesinado necesita de la intervención integral del Estado y cuestionó al Ministerio de Agricultura sobre las medidas que tomará para contrarrestar las conflictividades que se presentan en las zonas de reservas forestales, donde según el congresista, existen alrededor de doscientas cabeceras municipales y más de setecientos centros poblados que a su parecer, el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, tenían el reto de plantear soluciones, tanto en zonas de reservas, como en parques nacionales.

En ese orden, la senadora Catalina Pérez Pérez, Coalición Pacto Histórico, hizo un llamado a reconocer la importancia del campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo, e invitó a plantear soluciones efectivas frente a los mercados campesinos, redes de abastecimiento y, recuperación y adaptación del IDEMA. Para la senadora, en zonas de despensa agrícola como lo es la Mojana, la cría de búfalos y ganadería extensiva, son prácticas neoliberales que han contaminado el suelo, y sostuvo puntualmente que “la soberanía alimentaria es cuando nosotros producimos con nuestras propias semillas y sabemos qué vamos a comer el día de mañana”.

Para la Senadora del Centro Democrático, Yenny Rozo Zambrano, es de vital importancia que, desde el Ministerio, se construyan o diseñen alianzas con el SENA, y así, capacitar al campesinado en temas relevantes, como por ejemplo, la importancia en materia de fertilizantes, rotaciones y renovación de cultivos.

Mientras tanto la Senadora Isabel Cristina Zuleta López, Coalición Pacto Histórico, se refirió a la pérdida de productividad de tierras, en cultivos como el arroz, a cargo de campesinos en zonas como Urrá, Quimbo y Zogamoso; que les fueron expropiadas para la construcción de hidroeléctricas; así mismo, invitó a la ministra a realizar un análisis serio, no solo para la recuperación de sus tierras, sino para redimir la productividad que hasta el momento no ha sido reparada por esos megaproyectos en construcción.

Por su parte, Andrea Padilla Villarraga, del partido Alianza Verde, solicitó ante a la ministra la revisión de una proposición que cuenta con el respaldo de varios senadores de la bancada animalista, para facultar al ICA de competencias sancionatorias en materia de bienestar animal, ya que según cuenta la congresista, hasta el momento solo tiene competencias en materia de inocuidad.

Intervención de la ministra

Durante su intervención la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, abordó temas entre los que se destacan la revalorización del ICA; el fortalecimiento a las asociaciones campesinas, como también, asegurar su voz en las decisiones en torno a ellos. La jefa del Ministerio, aseguró que, desde la entidad, se tienen identificados a los grandes latifundistas improductivos, a los cuales se les planteará una propuesta. La Ministra también hizo referencia a las siete mil hectáreas que se han comprado, y fue enfática al recalcar que, no se entregaran tierras sin tener la convicción de que sean productivas; afirmando que esta, será una reforma agraria de fondo.

En relación al presupuesto con el que contaba el ministerio, destacó que, por primera vez, esta cartera tenía asignados 4 billones de pesos con los que se pretende adicionar alrededor de 25% a la Agencia Nacional de Tierras; 18% a la Agencia Nacional de Desarrollo; mientras que para el ICA, la adición presupuestal será del 10%.

Respecto al costo elevado de insumos agrícolas para pequeños y medianos productores, la ministra afirmó que, desde el próximo martes 18 de abril de 2023, se dará a conocer el subsidio del 30% para estos agricultores, al afirmar que era necesario, fomentar el uso de Bio insumos para el campo Colombiano.

Senado y periódico El Tiempo celebraron Foro sobre Ley de Sometimiento a la Justicia

“Este proyecto está claramente inscrito en la figura ordinaria. Tiene componentes que no provienen directamente de la justicia transicional, pero que pertenecen a la órbita de la justicia premial o restaurativa. Es importante hacer diferencias entre justicia transicional y restaurativa. Son dos términos que no son sinónimos". S. Iván Cepeda Castro.  

Por: Cristian Montoya

Bogotá D.C., abril 12 de 2022 (prensa senado). - Con el fin de dar espacio a la discusión sobre el Proyecto de Ley de Sujeción a la Justicia Ordinaria y Desmantelamiento de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, se celebró el Foro: Ley de Sometimiento a la Justicia - Hoja de Ruta, en el que se discutieron las dudas y expectativas que se tienen respecto a esta figura legal.

De ser aprobada, esta Ley sería una posibilidad contemplada dentro de la justicia ordinaria, a través de la cual se constituiría en mecanismo para ofrecer beneficios a los miembros de las estructuras criminales de alto impacto que decidan someterse y entregarse, para así recibir rebajas de penas y la posibilidad de mantener una parte del dinero que ganaron como frutos de sus actividades delictivas.

El foro contó con la participación del presidente del senado, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Coalición Pacto Histórico, quien recalcó la importancia de este Proyecto de Ley, que permitiría desarticular a las organizaciones armadas que se dedican netamente al ejercicio de actividades ilegales (sin perseguir algún fin político), mediante el sometimiento a la justicia ordinaria nacional, y declaró: “Es importante que la sociedad colombiana sepa que el trámite de la Ley de Sometimiento a la Justicia es un paso hacia la Paz Total, y que los narcotraficantes aprovechen esta oportunidad para salvar sus vidas y así frenar la violencia y  muerte en el país”.

El senador Barreras Montealegre comentó la importancia de “garantizar que la paz avance sin sacrificar la seguridad nacional”, y resaltó la fortaleza de la democracia colombiana y sus instituciones, “no habrá justicia transicional ni se negociara con los narcotraficantes”, expresó enfático.

De otro lado, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, expresó fuertes críticos respecto al texto presentado, los crímenes admitidos dentro de la Ley de Sometimiento, y la posibilidad de que delincuentes condenados salgan de prisión, sin embargo, afirmó que “el escenario ideal para debatir esta Ley es en el Congreso de la República” y aseguró tener “tranquilidad sobre que este es un proceso dentro de la justicia ordinaria y no uno de negociación con narcotraficantes”.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, también presentó sus dudas respecto a la Ley, y criticó especialmente los beneficios ofrecidos a quienes decidan someterse a la justicia nacional mediante esta, ya que considera excesiva la reducción de pena ofrecida, y no cree acertado que se les permita a los criminales mantener el 6% del dinero obtenido con su actividad delictiva, “beneficios sí, pero no tantos”, enfatizó.

Por su parte, el senador Iván Cepeda Castro, Coalición Pacto Histórico, defendió enfáticamente el proyecto; y no solo lo considera como una posibilidad para reducir la violencia en el país, sino que además lo presento como “construido para y con las víctimas”, ya que tiene apartados en los cuales especifica cómo repararlas y garantizarles que no volverán a ser victimizados. ratificó que “los beneficios presentados en este Proyecto de Ley son menores a los ofrecidos en otras leyes de sometimiento similares. Este proyecto está claramente inscrito en la figura ordinaria. Tiene figuras que no provienen directamente de la justicia transicional, o que se usan en la justicia transicional, pero que pertenecen a la órbita de la justicia premial o restaurativa. Es importante hacer diferencias entre justicia transicional y restaurativa. Son dos términos que no son sinónimos". 

También estuvo presente el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, quien despejó dudas sobre el proyecto de ley y aclaró que, en este “no hay elementos definitorios de justicia transicional; solo estamos usando mecanismos de justicia ordinaria, por lo que esta oferta no es para grupos de carácter político, y se especifica que al someterse no se otorga ningún tipo de carácter o derecho político”.

Una vez terminada la jornada, el presidente del Congreso, Roy Barreras Montealegre, afirmó que en el Senado de la República se encuentran “expectantes para poder cursar este debate tan importante para el país”.