Desde que el presidente Gustavo Petro Urrego asumió el cargo, una de sus decisiones a nivel diplomático fue recuperar las relaciones con el país vecino, decisión que esta célula legislativa ha apoyado de manera integral.

Por Cristian Montoya

Bogotá D.C., julio 10 de 2023 (prensa senado). - El 2 de noviembre de 2022, se aprobaba en comisión segunda el Proyecto de Ley 208 de 2022 Senado, avalado por el pleno de la corporación, que ratificaría el acuerdo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera, que había sido suscrito en Cartagena de Indias el 1º de agosto de 2014.

Así pues, los 8 años de demora entre la suscripción del acuerdo y su ratificación por el legislativo, obedecieron al empeoramiento de la situación diplomática entre las dos naciones, las cuales, pese a haber contado con un amplio comercio, lazos culturales e históricos, llegarían al punto de suspender relaciones bilaterales y cerrar la frontera de 2.219 km que compartimos.

Sin embargo, desde el 2022, este panorama ha cambiado, ya que actualmente las relaciones entre los países hermanos se encuentran en una situación cordial, en la que esperan dinamizar su relación comercial, incentivar la inversión bilateral y formar un frente común, al momento de combatir la delincuencia transnacional y la crisis migratoria que afronta la región.

La Comisión Segunda ha mostrado especial interés en estos últimos puntos, tal y como demuestran los acuerdos en materia de migración, cuya ratificación ha sido impulsada desde la célula legislativa, y ratificada con la celebración de sesiones descentralizadas en la zona fronteriza, donde se impulsó el trabajo con homólogos venezolanos, y se buscaron soluciones a distintas situaciones de criminalidad transfronteriza.

Entre las leyes que aprobó la plenaria, está la que exonerará a los colombianos que hayan sido objeto de estafas, vía virtual, de pagar créditos y ser reportadas a centrales de riesgo.

Bogotá D.C., julio 11 de 2023 (Prensa Senado). En Colombia, entrará a regir en los próximos días una ley que discutió y aprobó la plenaria del Senado, en el cierre del pasado período de sesiones ordinarias, que impedirá que las personas que hayan sido víctimas de estafas, de fraude digital, tengan que pagar deuda y demás consecuencias, que no les corresponde.

Esta ley llega en un momento en el que, según un estudio de Tendencias Globales de Fraude Digital elaborado por TransUnion, revelado en mayo pasado, en Colombia los casos de intentos de fraude digital crecieron de forma vertiginosa a un 134 %, mientras que a nivel mundial se registra un 52%. Según el reporte, tres de cada diez colombianos estuvieron expuestos a estos tipos de delitos.

Ante esta compleja situación, que afecta en particular a personas que fueron engañadas, se tramitó este proyecto de autoría del representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, Alianza Verde, que recibió en el Senado un total apoyo, para permitir que por lo menos 40 mil personas que han sido víctimas de estafas digitales, puedan quedar exoneradas de pagos de productos, o créditos que nunca tomaron.

El senador Jonathan Pulido Hernández, Partido Alianza Verde, ponente del proyecto, sostuvo que son miles los colombianos a quienes les ha tocado pagar cosas que no han comprado, y centeneres de personas que están reportados en las centrales de riesgo, por no pagar deudas que no son suyas, “esta ley busca implementar una verificación de seguridad, unos protocolos para verificar de forma correcta y rigurosa la identidad de la persona, para que no haya estos excesos de suplantación digital. Es un blindaje, tanto para la empresa que vende, como para el comprador; no perderá ninguno, ni el colombiano que va a ser suplantado”, precisó el congresista.

En plenaria de la corporación, se resaltó que la delincuencia aprovechó que desde el 2020 se ha dado un importante crecimiento en las transacciones digitales, en razón de la pandemia que enfrentó Colombia y el mundo. Las cifras señalan que los delitos de usurpación de identidad y fraude digital crecieron en un 409 %; de hecho, en noviembre de 2021, se han reportado 13.458 denuncias por robos de identidad… Un récord de cinco fraudes financieros virtuales por hora.

En concreto, tras ser sancionada la ley por el presidente de la República, Gustavo Petro, todas aquellas personas que han sido víctimas de fraude digital ya no pagarán más cuotas de créditos que no sacaron, y a su vez no serán reportados a las centrales de riesgo. Para recibir ese beneficio de la ley que acogió la plenaria del Senado, lo primero que deberá hacer la víctima de suplantación es reportar a la entidad financiera, o al operador telefónico, que fue suplantada y tiene una deuda vigente, para lo cual el operador le deberá informar que debe interponer la denuncia antes de 20 días hábiles.

El paso siguiente, señala el articulado, es que la entidad suspende de inmediato los cobros, y debe retirar el reporte negativo de la víctima en las centrales de riesgo. Luego será la fiscalía general de la Nación, la que verificará si hubo suplantación, y de ratificarse la víctima será exonerada y desvinculada de cualquier cobro y reporte. Pero la ley es precisa en indicar que, si se comprueba que no existió suplantación, se reanudarán los cobros, reportes, y el denunciante enfrentará responsabilidades penales por falsa denuncia.

Durante el trámite de la ley se resaltó que en adelante toda la carga no le quedará únicamente a la víctima, sino que las entidades deberán colaborar en el proceso judicial y mejorar sus mecanismos de ciberseguridad.