Esta célula legislativa nació luego de un debate de control político que se dio en la Comisión Sexta del Senado por los altos casos de acoso escolar. 

Por: Luisa María Llano 

Bogotá D.C., abril 14 de 2023 (Prensa Senado).- Tal y como se acordó en diciembre de 2022 y con el fin de reducir las altas cifras de acoso escolar en el país, se hizo pública la instalación de la Comisión Accidental para la Ley 1620 de 2013 – Bulling, una instancia que dispuso la Comisión Sexta del Senado para el estricto seguimiento de la ley, la prevención de bulling y la atención de casos para que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en espacios escolares seguros.

El evento, que tuvo lugar en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional, contó con la presencia de la senadora Soledad Tamayo Tamayo, Partido Conservador; el senador Julio Alberto Elías Vidal, Partido de La U, el senador Pedro Hernando Flórez Porras, Coalición Pacto Histórico,; el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego;  la viceministra de Transformación Digital, Nohora Mercado Caruso; el director de Protección Social y Servicios Públicos de la Policía Nacional, Juan Pablo Cubides Salazar;  la directora de la fundación Sergio Urrego, Alba Lucía Reyes; la presidenta del movimiento “El Acoso Escolar Mata”, María José Quiceno; rectores de instituciones públicas y privadas, entre otros.

El senador Pedro Hernando Flórez Porras y además coordinador de esta comisión accidental, expresó que, si bien la Ley 1620 de 2013 está en vigor desde hace muchos años, aún en la actualidad se presentan casos gravísimos que se han llevado, incluso, a que varios menores de edad se quiten la vida.  Puntualizó que “1 de cada 3 niños en Colombia sufre de acoso en el interior de su escuela” y que por eso “la participación tiene que ser de todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar”.

Ante la intervención de la senadora Soledad Tamayo Tamayo, Partido Conservador, en su llamado de atención al Gobierno Nacional por la ausencia de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa a la instalación de la comisión, la directora de la fundación Sergio Urrego, Alma Reyes, centró su discurso en la poca implementación de los instrumentos legales que evitan perder vidas. Agradeció al poder legislativo de centrar su atención en una problemática de salud pública que aqueja tanto a ciudades principales, como territorios alejados.

Por otro lado, la presidenta del movimiento “El Acoso Escolar Mata”, María José Quiceno, manifestó la importancia de restringir en el uso de imágenes de menores de edad en redes sociales sin previo consentimiento y la aplicación de sanciones “ejemplarizantes” a quienes pongan en riesgo la salud e integridad de otros. En la misma línea estuvo la rectora del Colegio Confraternidad de San Fernando, Betty Yaneth Carrillo Pachón, quien además de recalcar que no todas las instituciones educativas cuentan con un equipo interdisciplinario, se deben endurecer las leyes a aquellos menores de edad que cometan delitos que, por su calidad de menores, son fácilmente puestos en libertad.

En lo que refiere a la institucionalidad, la viceministra de Transformación Digital, Nohora Mercado Caruso, indicó que para este 2023 se pondrá en marcha el programa “1,2,3 por TIC”, que busca fortalecer las habilidades digitales en niños y adolescentes para que se informen de los riesgos con el uso del internet, a la vez que se genera el uso positivo de los dispositivos móviles. 

Distritos y municipios podrán implementar programas de gratuidad para que sectores más necesitados del país cuenten con agua potable. 

Por: Luisa María Llano 

Bogotá D.C., abril 14 de 2023 (Prensa Senado).-  Con ponencia del senador Guido Echeverri Piedrahita, la comisión sexta del senado le dijo sí en primer debate al proyecto de ley No. 196 de 2022 cuyo objetivo es “fijar lineamientos para la formulación e implementación de programas de gratuidad del mínimo vital de agua potable por parte de municipios y distritos y así avanzar en el propósito de que el Estado cumpla con su deber de garantizar, especialmente, a la población más vulnerable el derecho al agua potable”.

Se trata de una iniciativa con autoría de los senadores David Luna, Cambio Radical, Marcos Daniel Pineda, Partido Conservador, Juan Pablo Gallo, Partido Liberal, Miguel Uribe, Centro Democrático y su ponente, Guido Echeverri Piedrahita. Luego de estudiar los conceptos por el Ministerio de Hacienda se planteó una proposición sustitutiva para que distritos y municipios que alcancen una cobertura del servicio de acueducto igual o superior al 90% implementen programas para garantizar la gratuidad del mínimo vital de agua potable a quien lo necesite y no con subsidios tarifarios como se presentó el texto inicialmente.

El mínimo vital de agua deberá estar dentro del rango de 1,5 a 2,5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por suscriptor. En lo que respecta al término de implementación, se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos años siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley y a más tardar dentro de los dos años una vez los municipios o distritos alcancen el 90% de la cobertura en el servicio de acueducto.

Ahora, en términos de financiación, se dispondrán recursos propios, recursos del sistema general de participaciones y los demás que, según sea el caso, no afecten el marco fiscal de mediano plazo en cada municipio. También se celebrarán contratos o convenios que correspondan con los operadores del servicio de acueducto, estableciendo las condiciones, el volumen, los montos, la inclusión de los beneficiarios y su retiro.

Para la senadora Soledad Tamayo Tamayo, Partido Conservador, en el artículo cuarto se debe incluir un instrumento de focalización para que una vez se aplique el programa se determine quienes efectivamente serán los favorecidos.

En la misma línea estuvo el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón, Partido Mira, quien recordó que luego de muchos intentos este proyecto está más cerca de ser una realidad. Por ejemplo, en el 2008 cuando desde ese partido político se radicó un proyecto similar con la Defensoría del Pueblo al tratarse de una sustancia de primera necesidad. También sugirió la importancia de analizar la cantidad de litros por persona según su ubicación geográfica, sobre todo, en zonas costeras donde le consumo de agua es mayor.

Finalmente, el senador Roberth Daza Guevara, Coalición Pacto Histórico, aplaudió la aprobación del proyecto y aprovechó para manifestar su descontento con la privatización de acueductos en ciertos sectores del campo colombiano. “Tenemos que avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de acueductos comunitarios y desescalar el servicio del agua como un negocio. No buscamos que las empresas se quiebren, pero tampoco que hagan negocio con las tarifas”, indicó.