GOV CO

Banner Web Senado

Noticias

Senado aprueba Ley de Orden Público y abre paso a la “Paz Total”

En la iniciativa, la corporación eliminó los indultos a la primera línea, dejó por fuera del articulado el servicio social para la paz, que reemplazaba el servicio militar obligatorio, y aprobó la posibilidad para que el Gobierno Nacional adelante diálogos con los diferentes grupos al margen de la ley, dentro de la propuesta del Presidente Gustavo Petro de alcanzar la Paz Total. 

Por Luis Fernando García Forero 

Bogotá D.C., Octubre 24 de 2022 (Prensa Senado).- En una sesión de 8 horas, la plenaria del Senado de la República aprobó en su tercer debate el proyecto de ley que prorroga la ley de orden público, que permite entregar herramientas legales al gobierno nacional en el propósito de lograr la Paz Total y la reconciliación entre los colombianos.

En una amplia discusión del articulado, tanto opositores, como bancadas afines, al gobierno, discutieron temas como el indulto a ciudadanos que se denominan de la primera línea en las protestas, y el servicio social para la paz, los que más generaron controversia.

Finalmente se impusieron las mayorías y esta iniciativa pasó con 62 votos a favor y 13 en contra, lo que permite que el Congreso de la República le entregue al ejecutivo herramientas legales para avanzar en su programa de gobierno con el objeto de definir la política de Paz de Estado.

La proposición al artículo que establecía el servicio social para la paz y que reemplazaba el servicio militar obligatorio, presentada por el Centro Democrático fue negada con 39 votos a favor y 37 en contra.

El proyecto aprobado deja por sentado que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo locales, de las entidades territoriales, se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz, al integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde el Estado ha sido insuficiente, para darle soluciones a la problemática de orden público.

En el marco de la discusión y votación del Proyecto de ley asistieron los Ministros del Interior, Alfonso Prada; de Defensa, Ivan Velásquez, y de Justicia Néstor Osuna.

El Ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que con la aprobación del marco normativo para la paz, se podrá avanzar en nuevas negociaciones que permitan acabar con la violencia en Colombia. Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, destacó el apoyo de las diferentes bancadas que respaldan al gobierno, y que junto al Pacto Histórico lograron las mayorías para que ésta importante iniciativa siga su trámite. De hecho, pasará para último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, este marte 25 de octubre.

El agua, urgencia aplazada en la Guajira, aumenta crisis social

Con la esperanza en este gobierno la COT nombró una subcomisión que agilice los trámites para la llegada del precioso líquido.

Por Keir Ernesto Villero - Elfy Galeano

Bogotá, D.C., octubre 20 de 2022 (Prensa senado).- Ante la recurrente necesidad de agua potable en el departamento de La Guajira, la Comisión de Ordenamiento Territorial sesionó por iniciativa del senador Didier Lobo Chinchilla de Cambio Radical, de manera descentralizada en la llamada capital Imperial del norte caribeño, Riohacha, donde se escuchó el clamor de sus habitantes en torno a la falta de este servicio.

El presidente de la comisión, senador Marcos Daniel Pineda del partido Conservador, afirmó que el objetivo de la COT es sesionar en los territorios para conocer de primera mano lo que sucede en esas localidades, de modo que no seremos trabajadores de escritorio en Bogotá, porque fuimos elegidos por el pueblo y vamos a estar cerca de ellos.

Para el senador citante Lobo Chinchilla, aseguró “hay que hacer un plan de choque para agilizar la llegada del agua potable a todo el departamento de la Guajira, porque hoy solo llega a un 4 por ciento según el DANE, siendo los niños las primeras víctimas de este flagelo”.

La sesión se desarrolló con una alta temperatura y con problemas técnicos, debido al mal servicio eléctrico y de internet, pero mostró la diligente labor legislativa para escuchar a los guajiros, sus dirigentes políticos y sociales.

El gobernador (E) José Jaime Vega Vence, fijó sus esperanzas en este nuevo gobierno y dijo “son muchas la acciones que se han adelantado para solucionar el problema del agua, pero no es suficiente, nos avergüenza la muerte de niños y niñas por desnutrición, aspiramos sentarnos con el Presidente Gustavo Petro para que escuche a la comunidad y no nos impongan un proyecto diferente a la necesidad nuestra como ha sucedido”.

La directora de la empresa de Aguas de Riohacha, Andreina García Pinto, destacó el trabajo del congreso en cabeza del senador Didier Lobo y precisó, “solicito su acompañamiento para que quede en el Plan Nacional de Desarrollo la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que hoy nosotros diseñamos y estamos en el proceso de compra de lotes de 19 hectáreas, a un valor de 50 mil millones de pesos”.

Por parte del gobierno Nacional, Felipe Arango Ruiz delegado del viceministerio de Aguas, dijo “el problema más grande de la Guajira es el agua, que nos indica que hasta la fecha estamos sobrediagnosticados, el gobierno implementará modelos que han funcionado en otros países, pero esto se logra con trabajo social, al incluir a la población Wayuú y una gran infraestructura”.

El dirigente departamental, Diputado Eriberto Antonio Ibarra Campo, denunció “el departamento de la Guajira fue intervenido en febrero del 2017 y se hizo una inversión de 500 mil millones de pesos, para un programa de Guajira Azul, donde supuestamente se solucionaba la falta de agua, pero todo se limitó a la construcción de unas albercas de gran tamaño, que nos dejó en la misma situación y con gran pérdida económica”.

En el mismo sentido el senador Omar Restrepo del partido Comunes, fue enfático y sostuvo “no se justifica que la mayoría de la población no tenga agua potable, aquí debe haber un compromiso de todos al permitir la participación de la comunidad en la construcción de la solución, porque hoy el gobierno nacional está del lado del pueblo y sin agua no hay vida digna”.    

Igualmente la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, pidió “debe quedar consignado el reclamo sentido de la comunidad de la necesidad urgente de agua potable, porque esto es una deuda histórica, por falta de voluntad política, pero este gobierno está interesado en disminuir las brechas sociales en los territorios, es tarea de esta comisión, visibilizar esta problemática de ausencia del servicio de agua en la Guajira.”

Por último el promotor del debate senador Didier Lobo, anunció “solicito que se conforme una comisión accidental, para que se haga seguimiento a todo lo planteado en el día de hoy, lo expresado por el viceministro de aguas sobre los trabajos que se han hecho, seguimiento a la gobernación de la Guajira y a los señores alcaldes, esto es un compromiso sin distingo de partido político”.

El legislador Lobo Chinchilla aclaró que “la bancada Caribe que representa el 23 por ciento del Congreso de la república, trabaja en equipo y esta subcomisión debe estar en contacto con el ministerio de vivienda y demás instituciones a fines del estado, que coincida con la necesidad que aquí se planteó”.

Ciudadanía habla de reforma electoral en Comisión Primera

En Audiencia Pública realizada hoy por esta célula legislativa, más de cuarenta y dos representantes, voceros de la sociedad civil y otras organizaciones, fueron inscritos para presentar su posición frente al proyecto en mención.

Por: Paola Saldaña Bejarano

Bogotá D.C., octubre 20 de 2022 (Prensa Senado) - La Comisión Primera del Senado de la República desarrolló en la jornada de hoy una audiencia pública mixta, sobre el proyecto de ley 111 de 2022 Senado, que expide el código del registro civil, identificación de las personas y el proceso electoral colombiano, acumulado con el proyecto 141 de 2022 Senado, por medio del cual se reforman procedimientos electorales

La Audiencia fue abierta por el Senador Germán Blanco, Partido Conservador. Coordinador ponente del proyecto en discusión, quien indicó que esta iniciativa busca regular el derecho constitucional y la transparencia en todos los procesos de elecciones en el país, y abonó el espacio a los inscritos para que pusieran sobre la mesa los diferentes puntos de vista frente a la iniciativa.

El primer interviniente de la sociedad civil fue Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, quien manifestó su preocupación frente al artículo 134 de la iniciativa en discusión, el cual, en su parecer, debe ser eliminado por limitar única y exclusivamente a la Registraduría, el desarrollo de software para los procesos de autenticación, evitando la posibilidad a la empresa privada y a los jóvenes colombianos emprendedores que desarrollan esta función. A esta preocupación se sumaron la ANDI y Certicámara, quienes consideraron que se debe ajustar este artículo, pues, afirmaron, la capacidad de este tipo de desarrollos la tiene el privado.

Por su parte, María Fernanda Quiñonez, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico, manifestó que el proyecto tiene violaciones de orden constitucional, pues, argumentó, la autenticación no es una función de la Registraduría, y citó la ley 527 afirmando que allí, esta potestad está entregada a los particulares, y, adicionalmente, considera que el artículo 333 de la Constitución Política también se vulnera: "En el término que se limita la libertad de empresa que ha sido genuinamente concedida a este tipo de entidades certificadoras para que autentiquen en un ambiente digital que afectaría también el desarrollo digital"

Otras preocupaciones manifestadas fueron las relacionadas con la propaganda electoral por medios virtuales, la violencia contra mujeres políticas, incluida la violencia digital, el voto electrónico por temas de seguridad, la falta de claridad en cuanto como el texto plantea la auditoría y la seguridad y accesibilidad de conexión respecto al sistema de biometría tanto para las cédulas como para las elecciones.

Ante las diferentes preocupaciones manifestadas, la Registraduría, en la voz de Nicolás Farfán, afirmó: "Quiero dar un mensaje de tranquilidad respecto al artículo 134, la Registraduría tiene la función de identificar a las personas y no se pretende crear un monopolio en la autenticación, se permitirá que instituciones públicas y privadas puedan autenticar a los colombianos, consultando las bases de datos de la Registraduría".

Manifestó además Farfán, que este proyecto responde a una necesidad que planteó tanto el Gobierno anterior como el actual, que busca un proceso electoral más eficiente, que cambia el esquema del censo electoral, eliminar la inscripción de cédulas, y que con el domicilio se haga permanente el censo- que sea el Estado quien le diga al ciudadano en dónde votar, conforme a donde vive; cambia también la selección de jurados de votación, incorpora la modalidad del voto electrónico que genera actas automáticas, permitiendo la evolución de tecnología y aumenta la cuota de género entre otros.

El viceministro del Interior, Gustavo García, también dejó ver la postura del Gobierno Nacional y afirmó que el proyecto del código electoral soluciona varios problemas como la trashumancia, acercar las mesas a la Colombia profunda que no hace parte de las votaciones, la participación de ciudadanos con la ampliación del tiempo de recolección de firmas, la reglamentación de inscripciones, la violencia política de la mujer, entre otros temas importantes: "Este proyecto es muy importante y no es la primera vez que llega al Congreso, tiene una madurez política y puede recoger las diferentes posiciones y aportes al mejoramiento de las elecciones en el país". remató García