El senador Miguel Uribe Turbay, en uso del derecho de réplica que le asiste a la oposición, se pronunció en torno a las reformas de salud y laboral que impulsa la administración Petro.

Bogotá D.C., marzo 9 de 2023 (prensa senado).- El congresista del Centro Democrático, acompañado del  senador Ciro Ramírez Cortés y del representante a la Cámara Christian Garcés Aljure, sostuvo que las reformas planteadas por el Gobierno, parten de premisas falsas y que en el afán de aprobación, pueden poner en peligro el derecho a la salud y los avances alcanzados en materia laboral.

Señaló Uribe Turbay que su partido está dispuesto a sentarse a concertar, a ayudar a construir las mejores modificaciones al sistema de salud, por lo que pidió un debate detallado de cada propuesta y abandonar el afán por sacar adelante las iniciativas de manera atropellada.

De hecho planteó reparos a la reforma a la salud, al señalarla como el retroceso de más de 30 años que pone en riesgo la vida, Uribe Turbay reconoce puntos esenciales de la propuesta gubernamental de fortalecer la atención primaria en salud, el mejoramiento de los servicios de salud en las zonas rurales con más y mejor infraestructura y tecnología, con un sistema que garantice la participación de lo público y lo privado.

Según el congresista de oposición, la mayor preocupación de su partido es el manejo de los recursos, al punto de señalar que este no debe ser de manejo exclusivo del estado, pues considera que la salud estaría sujeta a la intriga política y a la corrupción; advirtió que solo aprobarán una reforma que garantice la gestión mixta, universal y solidaria.

Frente a la reforma pensional, la oposición insiste en que la iniciativa del Gobierno busca la confiscación del ahorro de los trabajadores para convertirlos en la caja menor de la administración, al punto de señalar, que si es aprobada esta reforma los jóvenes perderán la oportunidad de una pensión.

Finalmente, Miguel Uribe Turbay señaló que la reforma laboral está planteada para condenar a los colombianos a la informalidad y al desempleo, porque no combina las necesidades de los trabajadores con las angustias de los empresarios.

En un ejercicio de participación ciudadana, congresistas, autoridades gubernamentales y sociedad civil, analizaron la labor de inteligencia en Colombia y cuáles podrían ser las posibles reformas a la ley estatutaria 1621 del 2013 

Por: Luisa María Llano 

Bogotá D.C., marzo 9 de 2023 (prensa senado).- En el marco del foro: “El papel de la inteligencia en un Estado democrático de derecho”, llevado a cabo en el salón hemiciclo del Parlamento Andino, la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, citaron a la ciudadanía a participar de un espacio de escucha en el que se revisaron las tensiones que existen entre las labores de inteligencia y los derechos humanos, los compromisos asumidos por el Estado para la protección de estos, los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia que cumplan adecuadamente con su misión constitucional y legal, entre otros temas.

Para la presidenta de esta comisión, la senadora por la coalición Pacto Histórico, Jahel Quiroga Carrillo, es preocupante como, según ella, en años anteriores responsabilizaron a la oposición de ser enemigos internos del Estado, precisó  “es claro que necesitamos de la inteligencia para proteger a nuestra población. Construir sobre lo ya construido significa no solo reformar la ley sino también reformar la cultura. Quienes ejercen la ley deben, ante todo, proteger al ser humano. La ley debe adaptarse a los estándares internacionales y, al tiempo, a la Seguridad Humana, concepto promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Segunda Constitucional, senadora Gloria Inés Flórez Schneider, coalición Pacto Histórico, hizo hincapié en la necesidad de tramitar una ley de defensa nacional. “Si bien la defensa y la seguridad es articular en muchos aspectos, son dos conceptos que deben ser separados. Se lo planteé al ministro de Defensa y a las distintas fuerzas militares del país y hoy hacemos un análisis de cómo ha operado la inteligencia en Colombia pues es claro que se han violado los derechos humanos”, explicó.

La congresista también expresó su interés en modificar y ampliar la Ley de Seguridad Ciudadana, esto en coordinación con los entes institucionales para que sean los colombianos quienes gocen de las garantías.

Este es el primer espacio de conversación convocado por la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Contó con la presencia del Teniente Coronel Fernando Guzmán Ramos y el Mayor Alexander Malagón Aguillón, ambos en representación de la Inteligencia de la Policía Nacional; Jomary Ortegón Osorio, presidenta del colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”; Luis Edmundo Suarez Soto, asesor del Ministerio de Defensa Nacional y con Edwin Chavarro, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y su inspectora Isabel Molina.

Mientras que desde este último organismo (DNI) hicieron un ejercicio de explicar cómo funciona el Sistema Nacional de Inteligencia en Colombia, las clases que existen y su papel como herramienta fundamental en la obtención de información que le permita al país identificar riesgos y amenazas a su seguridad, desde el Ministerio de Defensa invitaron a una reflexión. Según el asesor del despacho, Luis Edmundo Suárez, es importante analizar si el problema es la ley o cómo equivocadamente se ha operado la ley. “¿Vamos a centrarnos en una reforma en la que identifiquemos las falencias del pasado o nos centramos en una que responda a las necesidades del presente, con la llegada de nuevas tecnologías e identificando otras amenazas?, cuestionó.

En el foro, que busca también un diálogo con ciudadanos civiles víctimas del Sistema de Inteligencia, concluyeron, desde sus distintos sectores, la importancia de no debilitar el sistema del país y, por el contrario, fortalecerlo bajo un proceso de construcción entre los poderes legislativos y ejecutivos.