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“La violencia contra las mujeres no es un show político, es una realidad que vivimos desde hace muchas décadas. Necesitamos un Estado que proteja la vida y la integridad de las colombianas”. Senadora María José Pizarro.
Por Isabel Colomna Sánchez
Bogotá D.C., marzo 14 del 2023. (Prensa Senado) En rueda de prensa, la senadora María José Pizarro Rodríguez, Pacto Histórico, recibió de parte de la periodista y presentadora de TV, Ana María Vélez, una caja que contiene 13.985 firmas digitales, recogidas mediante una campaña hecha con el hashtag #SOSMujeresColombia. Donde se dice NO, a la violencia y al feminicidio contra las mujeres. La iniciativa es con el fin que el Gobierno Nacional se apersone más de los episodios que atentan contra la vida de las colombianas. La congresista Pizarro Rodríguez apoya la campaña, para que se declare la emergencia nacional, debido al aumento de violencias de género que se presenta en el país.
De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, las cifras confirman que, solo en 2022, 619 mujeres fueron asesinadas por cuenta de este delito; y en lo corrido del presente año ya se han reportado ante la Fiscalía General al menos 23 víctimas más. Así mismo, según las cifras de Medicina Legal, en enero de 2023 aumentó la violencia intrafamiliar en 569 denuncias, y la violencia de pareja en 444 casos.
Ante esta alarmante situación, la reconocida periodista y presentadora de televisión Ana María Vélez, víctima de violencia de género, lidera esta campaña, a través de la cual solicita al gobierno que declare la emergencia nacional en Colombia, para frenar el incontrolable aumento de casos de feminicidios y violencia contra las mujeres.
La legisladora María José Pizarro, manifestó que se deben dar las garantías y herramientas necesarias para que las mujeres se atrevan a presentar las denuncias en contra de sus agresores. Informó que ya en el Congreso de la República existe un protocolo para que las mujeres presenten sus denuncias; esto sucederá si son protegidas, “desde la Comisión de la Mujer, activaremos la ruta del protocolo, para acompañar jurídica y psicológicamente a las víctimas; ojalá esto sirva para que muchas mujeres puedan hacer sus denuncias, ellas no están sola, que sepan que tienen un respaldo político”, declaró contundente.
Enfatizó por último la senadora Pizarro Rodríguez, Presidenta a su vez de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer: “Buscamos generar una conciencia nacional en el interior de todas las entidades, que se dé una articulación para generar los mecanismos que permitan su protección, sin que sean revictimizadas; para que nuestras mujeres puedan vivir en entornos tranquilos, tanto en sus casas, el trabajo, y en las calles, sin el temor de ser violentadas”.
Por su parte, Ana María Vélez agradeció a la congresista por todo el respaldo ofrecido a la campaña, le pidió hacer llegar las firmas al Presidente de la República, y argumentó vehemente: “Hablo en nombre de todas las mujeres, que piden protección, y están calladas porque tienen mucho miedo, viven en pánico; hoy, más que nunca, necesitan que alguien levante la voz por ellas. Estas firmas demuestran que necesitan ser escuchadas, para que sus necesidades sean acogidas en el gobierno”.
Y remató la comunicadora: “La sociedad pide a gritos que se declare la emergencia… Porque es una emergencia, que mueran tantas mujeres por causa del feminicidio; esto nos debe generar una conciencia colectiva sobre la importancia de cambiar como sociedad. Aquí no hay una batalla de sexos, entre hombres y mujeres; al contrario, queremos que ellos hagan parte de nuestras vidas y nos vean como su coequipera”.
Medidas de prevención
Entre las medidas para prevenir estos casos están: Atender, crear cuerpos élite en la policía para atender a las mujeres; crear unidades judiciales con enfoque de género para proteger a las víctimas; instalar una mesa multidisciplinaria con participación de todos los ministerios y entidades estatales, con el fin de tomar medidas inmediatas y efectivas para la prevención y reacción oportuna ante este delito; y generar una campaña nacional de pedagogía para lograr una conciencia social sobre este flagelo.
Un testimonio que representa a las mujeres víctimas de la violencia
Vale recordar, que, recientemente, Ana María Vélez confesó en un video que se viralizó en redes sociales, que fue víctima de violencia de género por parte de una expareja, “hace nueve años, en medio de una discusión, mi novio de ese entonces se abalanzó sobre mí e intentó asfixiarme con sus manos en mi cuello, ahorcándome por varios minutos; tuve incluso que fingir estar muerta, para paradójicamente salir con vida”, precisó.
Inicialmente, recibió atención por parte de la Policía, concretamente de dos agentes de un CAI cercano al lugar donde se presentaron los hechos; luego instauró una denuncia en una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde primero recibió atención por parte de un médico forense de Medicina Legal, luego de un psicólogo, y finalmente dio su testimonio a un fiscal. Posteriormente, buscó los servicios de apoyo de una psicóloga particular.
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En la actualidad, La Mojana recibe las aguas infectadas con mercurio que provienen de los distritos mineros del nordeste de Antioquia y San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, donde se practica la minería de aluvión, lo que aporta a sus humedales entre 1.600 y 2.300 metros cúbicos del elemento contaminado que entra por Cara de gato; situación que resulta preocupante, pues según la OMS, el promedio de mercurio en el agua es de 6,00 microgramos por litro.
Por Juan Sebastián de la Ossa
Bogotá D.C., marzo 12 de 2023 (prensa senado).- Con más de un millón de hectáreas que se extienden entre los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, La Mojana no sólo es el lugar donde habitan alrededor de 400.000 personas, de 11 municipios y cuatro departamentos, sino que es considerada la despensa agrícola de Colombia; gracias al potencial productivo que certifica gran parte del abastecimiento nacional.
Breve reseña histórica
Esta región, donde confluyen los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, contrasta con otra realidad, el abandono en que se ha sumergido en décadas por parte de los gobiernos de turno, que no logran materializar una solución definitiva a esta precaria situación. Año tras año, sus habitantes se ven obligados a soportar las afecciones causadas por las inclementes lluvias, que limitan su potencial y condenan a vivir en la extrema pobreza, sin esperanza alguna.
Desde 1977, bajo una comisión colombo-holandesa, la nación ha destinado diferentes recursos para estudios en esta despensa, sin que estos hayan sido orientados a la práctica. En 2010, el fenómeno de la niña desamparó a sus habitantes, con más de 38 mil familias damnificadas, En agosto de 2021, sucedió el rompimiento de Cara de Gato en el rio Cauca, ubicado en el departamento de Bolívar, que permitió el ingreso rebosado de este caudal en La Mojana, lo que ha generado pérdidas millonarias en su agricultura y ganadería.
En Octubre de ese mismo año, se iniciaron obras para cerrar el rompimiento del boquete, con la construcción de un jarillón, que meses más tarde, en marzo del 2022, fue arrasado por la misma corriente del Cauca. Dicha circunstancia, condujo a la suspensión de obras por parte del nuevo gobierno nacional, que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha planteado otras soluciones como la reubicación de unas 20 mil familias y la ampliación en el canal de La Esperanza, ubicada frente a Cara de Gato, esto con el fin que el tránsito del rio en la región sea menos forzado.
Voces en el senado
Para la senadora Liliana Bitar Castilla, Partido Conservador, “los habitantes de la mojana han clamado por soluciones desde el 2021, pero el tiempo ha pasado, incluso hemos visto dos temporadas donde las lluvias han menguado, sin que las soluciones lleguen, y La Mojana sigue bajo el agua”, reclamó.
En promedio los agricultores pierden entre 100 y 300 hectáreas, en grandes extensiones de arroz y pan coger; el gremio de ganaderos también se ha visto afectado, porque muchos de sus vacunos son arrastrados por las corrientes, y, de otro lado, no encuentran el pasto suficiente para sobrevivir.
Bitar Castilla, oriunda del departamento de Córdoba, hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que entregue una solución definitiva a estas familias que hoy viven en la incertidumbre. Expresó la congresista: “Solo en mi departamento, hay más de 37 mil damnificados, y cerca de 150 mil en los 11 municipios que integran la región”. Manifestó además su preocupación por el inicio de la nueva temporada de lluvias, y agregó que “el boquete de Cara de Gato completa 18 meses y la Unidad de gestión de riesgo no resuelve”.
En el mismo sentido, consultamos a la senadora Karina Espinosa Oliver, Partido Liberal, quien lamentó el vencimiento del CONPES por valor de 1.8 billones de pesos, que el Gobierno Duque había dispuesto para una solución estructural y definitiva en la región. La legisladora manifestó: “No queremos más estudios; llevamos más de 40 años haciendo estudios. Le pedimos al Presidente de la República, de quien sabemos tiene buenas intenciones, que le de prelación a las buenas acciones”. Destacó el trabajo que adelantan Alcaldes y Gobernadores con las comunidades, para el cierre definitivo de Cara de Gato, y planteó una reconstrucción del sistema hidráulico, y un dragado en caños y ciénagas sedimentadas, “necesitamos un plan de reconstrucción de viviendas, vías y cultivos”, remató.
Soluciones planteadas a la fecha
Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en cabeza de su director, Javier Pava, reconoció en la más reciente Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, celebrado en San Marcos Sucre, que es necesario contratar nueva maquinaria, de mayor capacidad, y hacer la ampliación que requiere el Canal de La Esperanza, “el cierre se va a dar, sumaremos nuestra alternativa con la planteada por el gobernador de Sucre y resolveremos el problema conjuntamente”, concluyó.
Finalmente, en la mesa de trabajo llevada cabo en San Marcos Sucre el pasado nueve de marzo, en el marco de la Comisión de Ordenamiento Territorial, la UNGRD acordó trabajar en paralelo con las gobernaciones regionales y alcaldes de los municipios afectados; lo anterior, con el fin de continuar el cierre artesanal de Cara de Gato, con recursos aportados por la comunidad y gobiernos seccionales.
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