Entre los objetivos de la iniciativa gubernamental está lograr la estabilidad laboral reforzada, priorizando los contratos a término indefinido y el derecho laboral colectivo del trabajo, que consta de garantías para la asociación sindical, negociación colectiva y huelga.

Por: Laura Arcila 

Bogotá, D.C., marzo 16 de 2023 (Prensa senado). - El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, junto a la vicepresidenta, Francia Márquez Mina; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el ministro de Interior, Alfonso Prada Gil, y en compañía de varios representantes de asociaciones empresariales, sindicales, y líderes campesinos, radicó ante el Congreso de la República, el Proyecto de Ley de Reforma Laboral “Trabajo por el Cambio”.

Enfatizó el Presidente Petro: “Lo que este proyecto presenta es un capítulo mundial para Colombia, de dignificación; la inestabilidad laboral trae problemas mentales, destrucción de la calidad de vida, caída de la productividad… Las ganancias pueden aumentar solo cuando las sociedades son más productivas”

Por su parte, la titular de la cartera de Trabajo manifestó: “La construcción del articulado presentado fue elaborado a través del diálogo social, y busca que los derechos de los trabajadores sean respetados, valorados y remunerados de forma justa, pues el trabajo es un derecho fundamental y merece una protección especial”.

Dignificar el trabajo y disminuir brechas: nuevo reto para el legislativo

El Senador Alexander López, Coalición Pacto Histórico, precisó contundente: “Como sindicalista y defensor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y después de afrontar asesinatos de hermanos y persecuciones, hoy con alegría le digo al país que tenemos al fin una reforma laboral que reivindica los derechos por los que hemos luchado”.

En el mismo sentido, se refirió la senadora Gloria Flórez, Coalición Pacto Histórico: “Llega el cambio, vuelve el pago justo de horas extras… Adiós a los contratos basura. Que el trabajo digno haga grande al país y salgamos de años de abuso”.

El radicado Proyecto de Reforma Laboral plantea la modificación de varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Los cambios depositados en la Reforma Laboral giran en torno a tres ejes fundamentales:

El primero, sobre los principios constitucionales: La igualdad de oportunidades para cualquier trabajador del sector público o privado, sea cual sea su situación contractual, que tenga una remuneración mínima y estabilidad del empleo.

El segundo, referente al derecho individual del trabajo, que busca proteger al trabajador a través de estabilidad laboral reforzada, que prioriza los contratos a término indefinido sobre los contratos por prestación de servicios; y el derecho colectivo del trabajo, dejando a su mínima expresión la tercerización laboral, con medidas como la recuperación de los recargos nocturnos y festivos; la protección para el trabajo en las plataformas digitales, especialmente, las de reparto o entrega; y, el trabajo agropecuario y la reducción de brechas.

Sobre esto último, la ministra Ramírez expresó: “Este articulado priorizó el tema de género, especialmente sobre las garantías laborales para las mujeres, como reflejo de igualdad. Trabajaremos por reducir al máximo la violencia sexual y laboral”.

El tercer eje de la Reforma Laboral es alusivo al derecho laboral colectivo del trabajo, que consta de garantías para la asociación sindical, negociación colectiva y huelga.

No obstante, ante este Proyecto de Reforma Laboral surgen varias preocupaciones en los sectores empresariales, que consideran aspectos consignados en la iniciativa gubernamental como peligrosos para el sector privado, no solamente para las grandes empresas, sino especialmente para las Pymes. El Senador Ciro Ramírez, Partido Centro Democrático, declaró: “La inflexibilidad laboral que plantea esta reforma, va a afectar a las micro y pequeñas empresas, además, que deja por fuera a todos los trabajadores informales en Colombia, que representan casi el 60% de los colombianos en capacidad de trabajar. Por lo anterior, se va a generar un mayor índice de desempleo”.

Con la radicación, la iniciativa gubernamental que busca la dignificación del trabajo, iniciará su proceso en el legislativo, desde la Cámara de Representantes, y posteriormente, pasará a discusión al Senado de la República.

Por medio de una alianza campesinado - estado, se espera poder hacer efectivo el reconocimiento de más de 14 millones de colombianos  

Por: Nataly Sánchez Gual 

Bogotá D.C, Marzo 16 de 2023 (Prensa senado).- Los senadores Robert Daza, Coalición Pacto Histórico y  Pablo Catatumbo, Partido Comunes, lideraron una rueda de prensa, titulada “Capitulo Campesino en el PND”,  con el fin de dar a conocer proposiciones para el Plan Nacional de Desarrollo, que cuentan con 24 firmas de Senadores y Representantes a la Cámara, y que agrupa varias reivindicaciones y derechos de esta población, que harían efectivo el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, y la adopción de la declaración de las Naciones Unidas de los campesinos y otros pobladores rurales. 

En este sentido, expresó el congresista Pablo Catatumbo: “Estas proposiciones, que fueron radicadas el pasado 6 de marzo, están dirigidas en primer lugar a que las conclusiones de la Convención Nacional Campesina sean consideradas vinculantes en el Plan Nacional de Desarrollo”

Por otro lado, el senador Daza Guevara manifestó: “Básicamente, lo que demandamos es el derecho a la tierra, al territorio y a la territorialidad; que como campesinos, nosotros podamos tener una gobernanza a partir de la zonas de reservas campesinas, de los territorios campesinos agroalimentarios, y de la gobernanza de los playones y sabanas comunales”. Por último, resaltó el congresista la importancia que esto tendría para la soberanía alimentaria e hídrica del país. 

Los senadores y representantes asistentes enfatizaron sobre la importancia de los diálogos vinculantes, y ratificaron a su vez la necesidad de crear los mecanismos para que estas proposiciones se integren al Plan Nacional de Desarrollo. 

Cabe anotar que estas propuestas, que pretenden vincular el componente campesino ante las Comisiones Tercera y Cuarta del Congreso de la República, contemplan algunos temas puntuales, a saber:

• Crear la Mesa de Concertación de la Convención Nacional Campesina, como un mecanismo de interlocución entre el gobierno y el campesinado.

• Reconocimiento, apoyo y fortalecimiento de las territorialidades campesinas: Zonas de Reserva Campesina, Territorios Campesinos Agroalimentarios y Ecosistemas acuáticos Agroalimentarios.

• Política Pública del Sector Campesino. Incluir un trazador presupuestal para comunidades campesinas, con el fin de diferenciar partidas presupuestales tanto de funcionamiento como de inversión, destinadas a cumplirlos compromisos que se pactan en el marco de la presente ley.

• Crear y reglamentar el Sistema Administrativo Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

• Crear el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina – PNZRC, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras.

• Reconocimiento de las distintas territorialidades campesinas, entre ellas, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCA) y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios. Alivios e incentivos para créditos agropecuarios.

• Modificar el artículo 18. Adecuación de infraestructura al interior de áreas del sistema de parques nacionales naturales, incluida la caracterización de las condiciones socioeconómicas de las familias habitantes de estas zonas

• Modificar el artículo 10. Determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia incluye soberanía alimentaria.

• Plan nacional de apoyo a la compra directa de productos agrícolas.

• Modificar el artículo 39. El Sistema se compone de ocho subsistemas, con atribuciones y objetivos propios, debidamente coordinados entre sí.

• Reconocimiento y vinculación de los consensos de la Convención Nacional Campesina en el Plan Nacional de Desarrollo.

• Apropiar las partidas presupuestales y los recursos administrativos necesarios, para adelantar las estrategias, proyectos, programas y normas instrumentales que se requieran para la implementación la Declaración de Derechos del Campesinado

Finalmente, argumentaron enfáticos los senadores, que el campo colombiano requiere medidas de transformación estructural, y consecuentemente reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país.