La iniciativa del senador Pedro Hernando Flórez Porras, Pacto Histórico, crea una Comisión específica para tal misión, que será unidad administrativa especial, del orden nacional, con dependencia técnica, patrimonial, presupuestal y personería jurídica, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
Por José Arévalo
Bogotá D.C., diciembre 16 de 2022 (prensa senado).- Ante la Secretaría General del Senado de la República, se radicó el Proyecto de Ley No. 270 de 2022 senado, por cuenta del senador Pedro Hernando Flórez Porras, Pacto Histórico, "Por medio de la cual se crea la Comisión Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los medicamentos Antimicrobianos”.
Al momento del acto administrativo, el congresista Flórez Porras declaró: “En mi calidad de senador de la República, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas constitucional y legalmente, me permito respetuosamente radicar el proyecto de ley de referencia; que tiene por objeto la creación y actualización de los mecanismos necesarios para promover la prevención y el control de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos en el territorio nacional. Reconociendo esta problemática como un asunto de interés para la salud pública de los colombianos”.
La Comisión Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, será un organismo interdisciplinario, encargado de dar asesoramiento técnico y seguimiento, con el objetivo de formular estrategias para solucionar esta problemática de salud pública.
El alcance y cobertura de este proyecto serán todas esas instancias que intervengan de manera directa o indirecta en la formulación e implementación de los mecanismos de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos en el territorio nacional. La iniciativa pretende a su vez la creación de la Comisión Nacional de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, que será una unidad administrativa especial, del orden nacional, con dependencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal y personería jurídica, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
En la justificación, el proyecto contempla el concepto de La OMS/OPS (Organización Mundial de la Salud- Organización Panamericana de la Salud), que define la resistencia a los antimicrobianos, o fármaco resistencia, como los cambios en la respuesta que tienen los microorganismos (bacterias, virus, hongos y parásitos) frente a los medicamentos (antibióticos, antivíricos, antifúngicos, antipalúdicos, etc.), lo que lleva a ineficacia de los tratamientos actuales, comprometiendo la sobrevivencia de los pacientes. Los microorganismos en el ambiente se encuentran en una competencia constante por espacio y alimento; esto hace que produzcan sustancias inhibitorias para otros microorganismos (antibióticos). Si bien este fenómeno es natural, la presión selectiva del uso masivo de antimicrobianos en la medicina moderna ha potenciado la selección de estos mecanismos de defensa.
De acuerdo con la OMS/OPS, a nivel mundial se registran más de 700 mil muertes anuales, debido a infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos, lo que se ha convertido en un serio problema de salud pública que, de acuerdo estas organizaciones, podrían ocasionar 10 millones de decesos en los próximos 25 años, y dejar pérdidas económicas que superarían los 100 billones de dólares para el año 2050.
Aunque se trata de un fenómeno que aparece de forma natural con el paso del tiempo, en las últimas décadas, se ha visto un crecimiento acelerado de la Resistencia Antimicrobiana (RAM), debido a múltiples factores que involucran acciones, como el uso inadecuado de los antibióticos, tanto en salud humana, como en sanidad animal. La transferencia de bacterias resistentes de los animales a los humanos, por contacto directo a través de los alimentos, y la contaminación de fuentes de agua con medicamentos antimicrobianos y residuos de estos.
Por último, en las disposiciones finales de la iniciativa se contempla que el Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, deberá reglamentar la presente ley en un término no mayor a seis (6) meses a partir de su vigencia.
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