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Avanza norma con más ‘dientes’ para frenar el acoso laboral

Con esta iniciativa se ampliaría de 6 meses a 3 años, el plazo para que las víctimas de acoso laboral denuncien a sus hostigadores. Solo le falta el último debate en plenaria de Senado.

Por María Fernanda Villegas Forero

Bogotá D.C., enero 5 de 2022 (Prensa Senado). “La conducta de acoso le genera al trabajador un nivel de afectación psicológica, que puede llevarlo a pensar demasiado en denunciar, por temor a perder el trabajo o a que el problema se agudice, lo que deja en evidencia que quienes lo padecen necesitan un tiempo prudencial para recuperar su proceso de toma de decisión y afrontar la situación de acoso laboral”.

La aseveración está contenida en la ponencia para el segundo -y último- debate en plenaria de Senado, del proyecto Ley 444/21 Senado – 306/20 Cámara.

Aunque la Ley 1010 de 2006 normativiza la corrección, prevención y sanción de las conductas de acoso laboral, sin embargo, el proyecto señala que, “los trabajadores que han sufrido estas conductas en sus ambientes laborales poco acceden a la justicia”; de ahí la necesidad de ampliar de seis meses a tres años, el plazo para denunciar.

El propósito del proyecto es modificar el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, para que quede de la siguiente manera: “Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en tres (3) años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley. El simple reclamo del trabajador o empleador interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

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Juegos Intercolegiados, a un paso de ser ley de la República

Le falta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para pasar a sanción presidencial.

Por María Fernanda Villegas Forero

Bogotá D.C., enero 4 de 2022 (Prensa Senado).- Se trata del proyecto de Ley 249/2020 Senado – 638/2021 Cámara, de autoría del ex ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, y del senador José Ritter López Peña (Partido de la U).

Esta iniciativa –que ya hizo el tránsito legislativo por la comisión Séptima, de Senado; por la plenaria de Senado; y por la comisión séptima de Cámara- tiene por objeto establecer las disposiciones sobre los Juegos Intercolegiados Nacionales, “de sus procesos de organización y realización de las competencias deportivas, responsabilidades y alcance en sus fases intercursos, municipal, zonales departamentales, finales departamentales, regionales nacionales, final nacional y participación internacional; y garantizar la destinación y ejecución de los recursos”.

El proyecto busca incentivar la práctica del deporte en los menores, con edades entre los 7 y los 17 años, al mismo tiempo que desarrollan sus estudios, garantizándoles escenarios, recursos e incentivos, tanto a instituciones, docentes y estudiantes.

PHOTO 2022 01 03 18 55 27Algo de historia

Los Juegos Intercolegiados fueron reglamentados mediante el Decreto 1191 de 1978 y han tenido diferentes nombres como Juegos Intercolegiados Nacionales, Súper Estrellas 2000 y Supérate Intercolegiados.

Para la realización de esta justas, en los últimos nueve años, el Gobierno ha invertido 437 mil millones de pesos. En este mismo periodo, han participado más de 18 millones de estudiantes, pertenecientes a 1.090 instituciones educativas.

Para el senador López Peña, “con este proyecto se lograría garantizar que los Juegos Intercolegiados, considerados como la cantera más importante que tiene el deporte colombiano, sigan siendo un bello escenario, en todo el territorio nacional”.

 

 

Importante, eficiente y productivo balance de gestión de comisión cuarta

Presupuesto General, debates de control político y audiencias públicas, fueron algunos de los ejercicios democráticos liderados por la Comisión, al finalizar la primera parte de ésta última legislatura del Senado. 

Por: María Camila Montoya 

Bogotá D.C., diciembre 29 de2021 (Prensa Senado). - Durante el primer periodo de la legislatura 2021 - 2022 del Senado de la República, varios temas se pusieron sobre la mesa de la Comisión Cuarta Constitucional; entre ellos, la aprobación del Proyecto de Ley que dio viabilidad al Presupuesto General de la Nación del 2022, y varios debates de control político para darle cara a temas como la evasión de impuestos, las altas tarifas de empresas como Air-e, y la pobreza en departamentos como La Guajira, entre otros.

El primero de estos ejercicios democráticos fue la aprobación en debate de comisión cuarta del Presupuesto General de la Nación, en el que se aprobaron $350.4 billones, que significó un incremento de $36.5 billones. Cabe anotar que esta iniciativa está ligada a las medidas de lucha contra la pobreza dadas en la Ley de Inversión Social, que permitirán que el país retorne a las condiciones sociales de 2019, previo a la pandemia.

Así mismo, se llevaron a cabo debates de control político para revisar y darle manejo a la situación actual de la evasión, elusión, contrabando y hallazgos en la contratación pública, que afectan el erario en Colombia; de hecho, se presentó un informe detallado por parte de la DIAN, sobre las cifras recaudadas durante las vigencias de 2018, 2019, 2020 y 2021.

Otros de los debates de control importantes, realizados al interior de esta célula legislativa, versaron sobre el incremento de las tarifas del servicio de energía eléctrica anunciado por la empresa Air-e, en los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira; y el estudio sobre el proceso de venta masiva de los más de 5.000 predios a cargo de la Sociedad de Activos Especiales - SAE.

La Comisión Cuarta trabajó además en la profundización y búsqueda de respuestas a las múltiples problemáticas que ha ocasionado, a la vida de las comunidades, los transportadores y el medio ambiente, la carretera que une a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que atraviesa municipios como Tocancipá, Ventaquemada, Tunja, Paipa, Duitama, entre otros, y que tiene como destino final, Sogamoso.

A lo anterior, también se sumó el debate de control político con el que se evaluaron más de siete problemáticas latentes, en el distrito de Buenaventura, aún después de los acuerdos del Paro Cívico “Para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio del Distrito de Buenaventura”. 

Por último, se cerró el periodo con la Audiencia Pública ‘Pobreza y oportunidades para La Guajira’, en el que se dieron a conocer de cerca los problemas sociales de este departamento, los planes del Gobierno Nacional y qué acuerdos han cumplido.