El congreso rechazó las objeciones presidenciales a la Ley que propone que las madres cabezas de familia que estén en prisión por delitos menores, puedan pagar su pena con servicios sociales. 

Por: Laura Velásquez Fernández 

Bogotá D.C. octubre 29 de 2021(Prensa Senado). - Luego que el Presidente Iván Duque objetara el Proyecto de Ley, continúa viva por ahora esta iniciativa, que busca que mujeres madre cabeza de familia, que estén condenadas por delitos menores y cuya pena sea de 6 años o menos, puedan tener derecho a una medida alternativa a la prisión.

El senador Rodrigo Lara (Partido Cambio Radical), expresó que con esta ley se busca que la mujer purgue su pena, haciendo un trabajo de utilidad pública, como arreglar o construir parques, embellecer el espacio público, cuidar adultos mayores, menores de edad; de tal manera que no se separen de sus hijos, que no se condene a sus hijos a otra pena, que es no tener hogar, no tener casa.

La iniciativa establece que estas mujeres podrán pagar sus penas con trabajo comunitario en entidades del estado, organizaciones no gubernamentales, o entidades sin ánimo de lucro, y así podrán estar en casa al lado de sus seres queridos.

Así mismo, el Presidente de Cofraternidad Carcelaria, Lácides Hernández expresó: “Existen otras formas, mucho más pedagógicas, que simplemente llevar a una persona a la cárcel, privarla de la libertad, y dejar que sus hijos tomen caminos equivocados, que luego también podrían alimentar el tema de la delincuencia”.

Para las afectadas, esta es una nueva oportunidad de vida para ellas. De esta forma, se busca dar también solución al hacinamiento carcelario y beneficiar a su vez a más de 8 mil reclusas.

Más de 500 casos de feminicidio en lo que va de corrido de este año prenden las alarmas en el Congreso.

Por: María José Camargo Peraza

Bogotá - D, C. octubre29 de 2021 (Prensa Senado). – En Colombia, según cifras oficiales, entre 2015 y 2019, se registraron 5.013 feminicidios. Las estadísticas señalan que durante la pandemia, los abusos físicos y psicológicos a mujeres y niñas, al interior del hogar, aumentaron ostensiblemente.

La senadora Maritza Martínez (partido de la U) indicó que “cuando se presentan amenazas o intentos de feminicidios, se le permite al agresor retornar a su casa y tener una detención domiciliaria”. Es por esto que desde el senado se diseñó y aprobó la ley Rosa Elvira Celi; sin embargo, debido al alto número de feminicidios registrados, se proponen leyes para fortalecer las campañas y medidas de prevención.

Po su parte, para la senadora Daira Galvis (Cambio Radical), “se deben crear políticas de asistencia grupal en los hogares, para evitar esta serie de agresiones que llegan al extremo del feminicidio”.

Con esto, se busca un modelo psicosocial integral, con enfoque para las mujeres, en donde siga siendo vital la denuncia. En este sentido, el senador Guillermo García (partido liberal) fue enfático en afirmar que, “tiene que tomarse esto muy en serio, porque ya no es normal que alguien que amenace a una mujer, que ha sido su esposo o marido, termine en lesiones graves o en feminicidios”.

La violencia contra mujeres y niñas constituye una agresión a los derechos humanos, y es por esto que el senado se ha comprometido a diseñar políticas públicas, efectivas, que permitan la reducción de los casos y fortalezcan la prevención del feminicidio en el país.