Al ser aprobado este Acuerdo, se empoderará a la ciudadanía en la protección de sus derechos, lo que facilita el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la hoja de ruta internacional, lo que permite establecer una visión compartida para el Desarrollo Sostenible del planeta, bajo las dimensiones económica, social y ambiental. 

Por: Samia Abisambra Vesga 

Bogotá D.C., noviembre 5 de 2021 (Prensa Senado). – El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley, “por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en estos temas. De igual manera, busca crear y fortalecer tanto las capacidades como la cooperación, para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Para el Gobierno Nacional, la ratificación de este acuerdo genera la posibilidad de acceder al apoyo internacional, introduciendo elementos para la creación y fortalecimiento de capacidades de Colombia y de asistencia para la movilización de recursos y Cooperación Sur-Sur (CSS), con los países latinoamericanos y del Caribe.

Ante esta iniciativa, el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, comentó que la amenaza al medio ambiente es extremadamente grave, “documentado está, la necesidad de implementar más mecanismos como este para protegerlo urgentemente”, precisó.

De igual manera, hubo críticas sobre el momento en que fue radicado por parte del Gobierno la ratificación del acuerdo, como lo expresó el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, “si la vez pasada se presentó desde el 20 de julio con mensaje de urgencia y fue hundido, ¿qué va a pasar esta vez?”. Por su parte, el senador Guillermo García Realpe, del partido Liberal, comentó que ya ve voces de los partidos de derecha, “que le están haciendo conejo a Colombia, al medio ambiente y a la vida en el país y en el mundo”.

Voces en contra

Por su parte, los oponentes del acuerdo afirman que éste sería inconveniente, ya que, según ellos, “atenta contra la soberanía del país”, como lo expresó la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático: “Creemos, según lo demostrado en un estudio del Centro de Estudios Políticos de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, de cómo este acuerdo no es conveniente y es contrario a la legislación; a nuestro juicio creo que el Gobierno se equivoca al insistir en el proyecto”.

Por último, para el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, “el artículo séptimo prácticamente pone en entredicho la vigencia de absolutamente todos los planes de trabajo de la minería y de aquellos de intervención de la naturaleza que estén en vigencia”.

Cabe resaltar que el artículo séptimo, hace referencia a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, permite que las partes consoliden las estrategias para garantizar la participación efectiva, oportuna, abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, a través de mecanismos apropiados.

Entidades como el DANE, DNP, La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Mintrabajo, entre otras, presentaron de manera detallada las medidas, reglamentación, implementación y seguimiento de las leyes en materia de autonomía económica, propiedad y acceso a activos para la mujer y la ruralidad.

Por: María José Camargo Peraza/ Laura Velásquez

Bogotá  D.C., noviembre 4 de 2021 (Prensa Senado).- La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la mujer, Representante Jezmi Barraza, indicó que algunos de los retos que las mujeres colombianas afrontan, y en los que se deben realizar esfuerzos significativos por parte del Gobierno Nacional son: Emprendimiento, empleo, inclusión financiera y acceso a activos, pues, según lo destacó la congresista, por cada dos hombres que acceden a un crédito para iniciar un negocio, solo una mujer tiene esa oportunidad.

La senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical) señaló, “esas leyes para la mujer son letra muerta, qué hacemos con las leyes si no hay presupuesto, el tema es económico… Necesitamos compromiso”, e hizo un llamado a las entidades, a trabajar de la mano y lograr la autonomía económica de las mujeres en todo el territorio nacional.

Gheidy Gallo Santos, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer expuso: “Las mujeres nunca habíamos sido protagonistas de la agenda de políticas públicas de este país; esto es un trabajo de equipo en sociedad, donde todos tenemos que cooperar, este es el gran aporte a las mujeres del gobierno Duque”, precisó.

Po su parte, el Director del DANE, Juan Daniel Oviedo, indicó, “se trata de permitirle a la mujer que trabaje, este es un derecho fundamental, en las mismas condiciones de acceso que lo hacen los hombres; esto significa que hay que solucionar temas culturales y agresiones basadas en el machismo”.

La Directora de Desarrollo Social del DNP, Laura Milena Pabón, habló sobre los retos actuales frente a la autonomía económica, y el acceso a activos de la mujer, poniendo énfasis en tres temas cruciales:  La mayor participación de mujeres en áreas no tradicionales, educación, investigación, brechas en el mercado laboral y desarrollo empresarial, y el acceso de activos e inclusión financiera.

El debate, finalizó con un llamado de la presidenta de la comisión de la mujer, a seguir avanzando en temas cruciales para el ejercicio de los derechos de las mujeres, que dignifiquen y construyan un proyecto de vida sólido, “hoy sabemos que progresamos, pero esta información no llega a los territorios, en especial a las mujeres rurales”, remató la congresista.