De acuerdo con el orden del día, se procedió a la discusión Proyecto de Ley número 210 de 2019 Senado: «Por medio del cual se aprueba la “convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición, suscritos entre los estados parte del acuerdo marco de la alianza del pacífico”, inscrita en Washington, Estados Unidos, el 14 de octubre de 2017». La senadora Ana Paola Agudelo García (MIRA) ponente para segundo debate del proyecto de ley en su exposición dijo que, “Con la votación de este proyecto, mejoramos la parte técnica y buscamos que los fondos de pensión se reconozcan como persona, para que queden en el marco de la doble tributación. Algo que nos está afectando en Colombia, es que se restringen las oportunidades de inversión de los extranjeros en nuestro país, esto nos ayudaría a dinamizar las inversiones extranjeras”. Por su parte, el senador Berner León Zambrano (Partido de la U) segundo ponente de la iniciativa manifestó, “A través de este proyecto, se está haciendo la respectiva corrección Para que haya una mayor competitividad con estos recursos y que tengan esa posibilidad de no estar tributando doblemente”.
El Proyecto de Ley 142 de 2019 Senado: «Por medio de la cual se aprueba el ´Convenio sobre importación temporal”, hecho en Estambul, República de Turquía, el 26 de junio de 1990´ fue presentado bajo la ponencia del senador José Luis Pérez Oyuela (Partido Cambio Radical), quien dio a conocer que la iniciativa se fundamenta “en la necesidad de ratificar e incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano dicho convenio, cuyo objetivo es que a través del convenio ACA, se introduzca un procedimiento simple, flexible y seguro para admitir la importación y exportación temporal de mercancías a nivel internacional”. Con una votación de 56 votos a favor y 13 en contra fue aprobado en segundo debate por lo que el senador Pérez agradeció el apoyo a este proyecto “a nombre de la mano de obra colombiana que a través de un carné temporal, pueden llevar muestras comerciales y mercancías, a ferias, exposiciones comerciales, eventos en diferentes partes del mundo, a través de un documento que lo único que busca es agilizar el traslado de esas mercancías sin necesidad de pagar derechos aduaneros, como lo están haciendo hoy”.
Este debate de control político, citado por la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático), contó con la participación de estamentos del Gobierno nacional, gremios del sector y entes de control.
Por: Carlos Eduardo Luna Silva
Bogotá, 13 de abril de 2021 (Prensa Senado). Con el fin de revisar el impacto de la ley 1816 de 2016, denominada Ley de Licores, en este sector económico y en los territorios, la senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) citó a un debate de control político en la Comisión Tercera.
Allí, la citante solicitó analizar los efectos positivos y negativos de esta Ley en la industria licorera nacional, así como en los departamentos que son los receptores de la carga impositiva del sector, luego de 4 años de haberse promulgado.
Tras hacer un recuento histórico del impuesto al consumo de la base gravable y la tarifa de los licores, la Senadora enfatizó que “a 2019, los departamentos aumentaron el recaudo a 2.1 billones de pesos, gracias a la ley 1816 de 2016”, destacando las bondades de la norma, al tiempo que recalcó que “el consumo de licores es la fuente, casualmente, para prevenir el consumo de alcohol, razón por la cual era importante recisar el comportamiento del recaudo y en qué medida está apoyando la salud y la educación, y cómo se está combatiendo el contrabanndo”.
Con este panorama, la congresista insistió en que el impacto de la ley de Licores, al año 2019, ha sido positivo, aunque puso en la lupa que el 53% de las bebidas alcholólicas en Colombia son ilegales, según Euromonitor International 2020, mientras que el decomiso de contrabando en el país había venido disminuyendo.
Hablan los gremios
En contraste, Juan Alberto Castro Flórez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (Acil), se mostró crítico frente a los efectos de la modificación legal que vino con la ley 1816 de 2016.
“Desde 2016, hay un incremento de las importaciones de licores, porque las grandes multinacionales han castigado sus precios para ser competitivos. También se ha incrementado la ilegalidad”, explicó el líder gremial, quien agregó que “el DANE no debería intervenir en los precios” y destacó que “los impuestos altos incrementan a la ilegaldiad, mientras que las prohibiciones estimulan la clandestinidad”.
En ese mismo sentido, Beatriz Elena Jaramillo de Llano, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), insistió en que “la alta carga impositiva nos deja en un nivel de desventaja frente a los licores importados. Así los productores privados difícilmente podrían competir”.
Con respecto a la intervención del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Luz María González de Bedout, presidente de Asovinos, coincidió con Castro Flórez en que “consideramos que el DANE no debería participar de la medición del Precio de Venta al Público (PVP) porque se calcula año a año con base en el año anterior y no tiene contemplaciones con coyunturas como la de la pandemia”.
Al referirse específicamente a la ley de licores, González de Bedout aseguró que “el vino no es un producto para emborachar, no es de consumo masivo, sino para que la gente lo disfrute. Por eso hay detalles que en la ley deben ser corregidos”.
Sector público hizo su balance
El viceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Alberto Londoño Martínez, sugirió analizar la situación desde el punto de vista del recaudo y los entes territoriales. “En 2019 el recaudo de los Departamentos llegó a más de 2 billones de pesos y aumentó 350 mil millones, frente al 2018”, detalló el funcionario.
Y, contrario a lo que sugirieron algunos líderes gremiales, recomendó que “este no es el momento de cambiar el esquema que tenemos porque involucra una cantidad de acuerdos nacionales. No podemos devolvernos a la ley anterior porque estaríamos violando tratados internacionales. Debemos ver posibilidades distintas”, entre las que sugirió que “las productortas nacionales deben unirse y consilidar una capacidad exportadora muy grande, y convertirse en una sola gran productora nacional, intentando transformar nuestras empresas colombianas para penetrar el mercado internacional”.
En otro sentido, desde los entes territoriales, Michelle Figueroa Pachón, subdirectora de Acuerdos y Convenios de la Federación Nacional de Departamentos (FND), lamentó que los ingresos a los territorios, por concepto de licores, disminuyeran en 105 mil millones de pesos de 2019 a 2020, situación que se agravó con la pandemia. “Las medidas afectaron sobre todo a la legalidad debido al poco consumo y al uso del comercio electrónico, que se ha convertido en una competencia desleal, sumado a que la informalidad no paró”, concluyó la Figueroa Pachón.
Frente a las apreciaciones sobre la participación del DANE, su director, Juan Daniel Oviedo Arango, explicó que “nosotros más allá de resolver un descontento, quisimos garantizar que el Gobierno nacional estuviera actuando en total apego a la ley, muy en línea con el contexto internacional. Y en ese sentido nosotros reconocemos algunas dificultades. Por ejemplo, es una legislación que, al mismo tiempo, no previó el incremento de la participación de licores extranjeros”.
Respecto a la vigilancia, el contralor delegado para Economía y Finanzas Públicas, Carlos David Castillo Arbeláez, admitió que, si bien “las contralorías distritales o departamentales son las encargadas de ejercer el control, esto no significa que la Contraloría General de la Nación eventualmente no pueda ejercer vigilancia sobre estos recursos públicos”.
Una vez realizado el análisis integral de la Ley 1816 de 2016, la senadora María del Rosario Guerra recordó, a manera de conclusión, que uno de los propósitos de la Ley de Licores es precisamente desestimular el consumo, razón por la cual destacó que mientras el consumo de bebidas alcohólicas en 2013 registró un 35,8%, para 2019 disminuyó a 30,1%, logrando su objetivo.
Reviva la sesión de la Comisión Tercera a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=vV2l4gbkn8s
(Imagen de referencia tomada de Gobernación de Risalralda)
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Al respecto el senador citante, Alejandro Corrales Escobar (Centro Democrático) explicó que “de los 60 millones de hectáreas industriales que tenía la ley 2 hoy hay cerca de 48 millones de hectáreas, esas están catalogadas como reservas forestales, ese ha sido el cambio desde el 59 hasta hoy”, quien además sostuvo que el desarrollo debe ser sostenible y que “la sostenibilidad tiene factores sociales, económicos y ambientales que tienen que ser compatibles”.
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