La Comisión primera del Senado de la República citó a la Superintendencia de Vigilancia y a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Comunicaciones para un debate de control político por el incumplimiento del Gobierno Nacional en leyes como la 1403 de 2010, “Ley Fanny Mikey”, ley de derecho de autor que establece una remuneración por comunicación pública de los artistas, que no se pudo abordar por la inasistencia de los Ministros del Interior y de Comunicaciones.

Por Marcela Balcázar Martínez

Bogotá D.C., agosto 10 de 2021 (Prensa Senado).- El senador Liberal Luis Fernando Velasco en sesión mixta dela Comisión Primera, pidió al Gobierno Nacional el cumplimiento de las leyes expedidas en el Congreso, refiriéndose al incumplimiento de metas con la Ley de amnistía, que busca resolver la situación militar a más de 1,150.000 jóvenes y adultos mayores que requieren el trámite de libreta y definir su situación militar en el país.

Escenario que según el congresista no ha avanzado en primera instancia por la falla de interpretación jurídica del Ministerio del Interior, que dejo por fuera a los remisos en el proceso de amnistía y en segundo plano por las fallas presentadas en la plataforma Fénix, “exija usted Ministro que esta plataforma que contrato el Ministerio funcione y que la gente no tenga que ir a un Distrito en época de pandemia y en épocas de virtualidad a hacer sus vueltas, cuando deberían hacerlo virtualmente”.

De igual manera el senador Velasco manifestó su preocupación por el incumplimiento de varios decretos de la Ley del Vigilante, debido a que no se reconoce como una profesión de riesgo, función a la que se exponen y donde se evidencia una alta tasa de homicidios del 2% correspondiente a los vigilantes en función de su deber, por lo cual el congresista solicitó el apoyo del Ministerio de Hacienda y del DNP para la creación de un seguro de vida, a fin de garantizar la tranquilidad de los vigilantes y su entorno familiar.

Por su parte el senador del Mira, Carlos Eduardo Guevara expresó su apoyo al senador Velasco y manifestó que el incumplimiento de los decretos en la ley de amnistía tiene a más de 71. 523 jóvenes entre 18 – 23 años sin resolver su situación, “las fallas en la plataforma están generando graves problemas en los jóvenes que acceden a ella, debido al mal proceso de liquidación, a la realización del registro en la página que se cae, al proceso de clasificación, estancando los procesos”.

El senador Guevara solicitó al ministro de Defensa, Diego Molano, se priorice la Ley de Amnistía de los remisos para dar respuesta oportuna a los jóvenes y adultos con el fin de garantizar sus derechos y contribuir a mejorar sus condiciones sociales y laborales.

Entre tanto el Ministro de Defensa reconoció las dificultades presentadas para el cumplimiento de los decretos de la Ley de amnistía, expresando que el software sumado a la crisis por la pandemia fueron los factores que afectaron el cumplimiento de metas, por lo cual dio a conocer las medidas tomadas desde su cartera para mejorar el servicio y la atención a los usuarios “ la decisión que se tomó desde el Ministerio de Defensa es que el sistema funcione dentro del sistema de información de talento humano propio, en servidores propios, con desarrollo propio del Ministerio de Defensa Nacional dentro del comando general para no depender de terceros”.

De igual manera el Ministro de Defensa resalto la creación de la resolución 1528 del 20 de mayo de 2021 por medio del cual se ordena al Comando de Reserva del Ejército convocar las jornadas para los infractores de la ley de amnistía, resolución que no fue bien recibida por el senador Luis Fernando Velasco por no cumplir con la filosofía de la Ley de Amnistía, ya que el 60% representa el costo de la libreta, el congresista invitó al jefe de cartera ministerial impulsar el proyecto de ley que presentó y que se encuentra en la Comisión Segunda.

Entre tanto el ministro Molano reiteró su compromiso con las comunidades más vulnerables y manifestó que continuará su apoyo a las empresas y vigilantes para seguir garantizando los beneficios de ley como el incentivo de contratación pública, y el seguro de vida que ya pasó por tres filtros jurídicos, generando un acto administrativo viable y atractivo para el mercado asegurador colombiano.

Ante los hechos expuestos por los intervinientes surgió la preocupación por parte del Ministro de Defensa, y es “en el proceso de surtir un trámite al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque en los tramites se debe desarrollar en su última fase, el concepto de la abogacía de competencia, porque necesitamos sacar de allí el concepto que esto no afectara la libre competencia, sobre todo para los procesos licitatorios de las empresas de vigilancia”.

Finalmente el Ministro se comprometió a que en noviembre ya se habrá expedido los decretos de la Ley del Vigilante y estará puesta en marcha.

En cuanto a la Ley de Amnistía el Ministro dio a conocer las nuevas fechas de jornadas a desarrollarse en los Distritos Militares en lo posible de manera virtual para avanzar en el proceso de incorporación y expedición de libretas militares y definir su situación y cumplirles a los jóvenes del país.

• Septiembre del 6 al 11
• Septiembre los días 20 al 25
• Octubre los días del 4 al 9
• Octubre del 19 al 23
• Noviembre del 22 al 27 y
• Diciembre los días 1 al 3

La senadora citante  Maritza Martinez propuso  un incremento en la participación del departamento y  negociar un nuevo paquete de acciones.

Bogotá D.C., agosto 10 de 2021 (Prensa Senado).- Con un no rotundo a la venta de la Electrificadora del Meta por parte de los integrantes de la Comisión Quinta, se llevó a cabo el debate de control político promovido por las senadoras Maritza Martínez y Daira Galvis, sobre la enajenación de este activo del Estado.

En sesión mixta, la senadora citante Maritza Martínez del Partido de la U, recordó que “la Electrificadora del Meta opera en 23 municipios, en el año 2020 tuvo más de 355 mil usuarios, de los cuales 87.3 por ciento son residenciales, genera 600 mil empleos y a mayo de 2021 reportó utilidades del 13 por ciento”.

Asimismo puntualizó la senadora metense que la Electrificadora del Meta no es una empresa que genere carga al Estado, al contrario, tiene una evolución creciente, “Entendemos las necesidades fiscales del Gobierno, pero siempre deben estar regidas por la planeación, el bien común y la transparencia. La privatización de las electrificadoras del país es inconveniente y anti estratégica con los intereses de los territorios”.

Finalmente, la senadora Martínez precisó que “los privados son muy importantes en el país, pero no queremos que nos manejen el servicio de energía en el departamento. No es fácil que un privado realice inversiones en municipios de difícil acceso, sin generarle utilidades”.

Intervención del gobierno

A su turno el ministro de Minas, Diego Mesa Puyo, manifestó que “la empresa ya ha ejecutado cerca de $11 mil millones del Fondo de Apoyo a la Electrificadora Rural, con lo que 330 familias se han conectado, no sólo en el Meta sino en otros departamentos, se ha hecho una contratación de 70 mil millones de pesos, que han beneficiado a unas 3.600, las cuales dependen de estos contratos”.

Precisó el jefe de la cartera de Minas lo que se está haciendo no es una enajenación sino una optimización, “seguimos participando activamente en las juntas directivas para procurar en el avance de la interconexión eléctrica de todo el territorio nacional”.

Por su parte el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo recordó la estrategia del Gobierno sobre la administración de activos, “un asunto que viene de tiempo atrás, y por cuanto se abren caminos de optimización frente a los desafíos sociales que atraviesa el país. En planes de enajenación nos precisa generar acciones para mejorar los beneficios de esos activos, y generar el mayor retorno, sin que a la fecha se haya tomado decisión alguna con relación a la enajenación de la Electrificadora del Meta”.

Respaldo a la Electrificadora del Meta

En sesión informal intervino Arnulfo Mendoza León, presidente del sindicato de la Empresa Electrificadora del Meta, quien afirmo que “al privatizarse la empresa se dejarían de recibir importantes recursos provenientes de utilidades, las cueles se dejarán de invertir en la región y serían asumidas por el inversionista para trasladarla a su casa matriz u otros proyectos. EMSA es una empresa sólida, que ha logrado garantizar el servicio de manera eficiente en los diferentes sectores, con importantes inversiones en mejorar del servicio”.

El senador nariñense Guillermo García Realpe del Partido Liberal, expresó que “al igual que la senadora Maritza Martínez, en las regiones nosotros valoramos mucho nuestro patrimonio de las electrificadoras, por su tema accionario, no debemos olvidar las inversiones en fortalecimiento de re potencialización, modernización, desarrollo de infraestructura que también obedece a inversiones de nuestros municipios y departamentos. Por supuesto hay muchas deudas, no vendamos la gallinitas de los huevos de oro de las regiones, que es de lo poco que nos queda”, puntualizó.

Así mismo el senador Jorge Eduardo Londoño de la Alianza Verde recordó su paso por la gobernación de Boyacá y sostuvo que esta situación se ha repetido como cuando se vendió la Electrificadora de Boyacá, “se nos decía que la decisión no estaba tomada cuando ya lo estaba. Debemos tener mucho cuidado porque la decisión prácticamente está tomada. Son los privados los que se embolsillan ese dinero y son los ciudadanos los que debemos pagar esos emolumentos. Los privados no siempre son los más eficientes. Algo que es rentable lo vamos a vender y casi a pérdida, no es cierto que este servicio en manos de los privados va a mejorar”.

A su turno el senador José David Name del Partido de la U manifestó que vender las empresas de servicios públicos del Estado no resuelve los problemas. “A nosotros nos dijeron en el gobierno del Ernesto Samper que la prestación del servicio de energía en la costa iba a mejorar y han pasado 9 prestadores y no se ha solucionado. Si están mandando a hacer un avalúo es porque quieren vender”, advirtió el legislador barranquillero.

En el mismo sentido se pronunció el senador Alejandro Corrales del Centro Democrático  “no es momento de enajenar ni vender estos activos estratégicos sino de fortalecer la empresa, capitalizarla, no pedirle las utilidades sino reinvertirlas, volverla competitiva frente a las demás empresas generadoras de energía”.

La presidente de la Comisión Quinta, senador Daira Galvis Méndez, reconoció las dificultades que tiene el país para mantener los programas sociales, “pero vender la Electrificadora del Meta no es una respuesta del Estado a los Llanos Orientales, que es una región productora de hidrocarburos, y que le ha aportado mucho como región a este país”.

Finalmente, la senadora citante Maritza Martínez fue enfática en afirmar que las respuestas de los funcionarios del gobierno no satisfacen sus inquietudes, “el Ministro de Hacienda no nos dio calidad, insistió en la optimización para encontrar mejores caminos para la administración de estos activos, pero no nos contestó si tienen intención de enajenar la electrificadora, el peligro sigue. “Esperamos que no se convierta en un Electricaribe para el Meta" y propuso como posibles soluciones un incremento en la participación del departamento, negociar otro paquete de acciones que permitan asumir el manejo serio y responsable de una empresa que tanto necesitan los metenses”.

Reviva la sesión de la Comisión Quinta a través del siguiente enlace  https://www.youtube.com/watch?v=77jBf0DhOT4