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Senadores se oponen a que Gobierno transfiera responsabilidad del Covid-19 a alcaldes y gobernadores, desde el primero de junio

Los mandatarios locales y regionales manifestaron en la Comisión Primera del Senado que sus rentas e ingreso disminuyeron en un 80% y se encuentran endeudados con el sistema financiero, porque no han podido pagar sus compromisos económicos y por eso solicitan con urgencia diferir en un año el pago de interés y capital de sus deudas.  Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425, en tres meses. Anunció que Bogotá seguirá en aislamiento obligatorio hasta el 15 de junio. 

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2020 (Prensa Senado). Al término de una reunión informal de los integrantes de la Comisión Primera del Senado con alcaldes y gobernadores del país se hizo un llamado del Legislativo al Ejecutivo para que no transfiera responsabilidad del Covid-19 a los alcaldes y gobernadores, desde el próximo primero de junio.

Todos los mandatarios locales coincidieron en manifestar que la crisis económica en los territorios es grande, porque cayó el pago de tributos esenciales como renta, cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo, entre otros.

Los funcionarios además de pedir un salvavidas con dineros del Gobierno central solicitaron una medición con la banca para que se aplace hasta el año 2022, el pago de interés y capital de las deudas que tienen municipios y gobernaciones con el sistema financiero.

Los congresistas acordaron que se debe ampliar hasta el año 2022 el período que establece el artículo quinto del Decreto 678 de 2020 sobre los límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales.

Interviene Alcaldesa de Bogotá

Durante la sesión virtual, intervino la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien insistió en el Congreso para que se establezca un impuesto al patrimonio a bancos y a grandes contribuyentes: “Podemos tener diferencia con el Gobierno, pero no paramos nunca de coordinar. Difiero en el apalancamiento económico. Desde el 27 de abril se puso a trabajar, nosotros hubiéramos preferido que se cobrara un impuesto al patrimonio. Hay que capturar recurso de los bancos y más contribuyentes para combatir el coronavirus”.

Claudia López aseguró que por Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria en Casa, 474 mil familias recibieron ayudas. “La alcaldía no hacía trasferencia y no entregaba mercados juntos. Nos estamos preparando para reactivar el empleo, para tener por primera vez un ingreso mínimo garantizado para que los que están en pobreza no entren a pobreza externa”, destacó la invitada al Senado.

Confirmó en el Congreso que la capital del país tendrá aislamiento obligatorio hasta 15 de junio. “Esta semana evaluamos la curva y adoptamos cinco medidas para Bogotá:

1- Mantener aislamiento parcial en la misma condición.

2- Hacer plan de testeo.

3- Seguir controlando Corabastos.

4- Afinar protocolos. 

5- El 15 de junio se evaluará para ver qué sigue.

También anunció en la Comisión Primera que el Gobierno no le entregará mil ventiladores, sino 425 en tres meses. “El Ministerio de Salud me informó en una carta, que en junio me entregará 130 ventiladores. En julio 250 y después, (agosto), 45 ventiladores”.

“Hoy nos hacen críticas porque Corferias no está lleno. El éxito es que no está lleno, ya habríamos rebosado la capacidad hospitalaria. Toda la red pública y privada está operando. Corferias está recibiendo poco a poco para que no se rebose. De eso se trata. Corferias está pensado por modulo. El primer módulo es de 500 camas. Si necesitamos dos mil camas las ponemos en una semana. Esos es síntoma de éxito en la pandemia”, se defendió Claudia López.

Habla Alcalde de Cali

En la sesión también participó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien propuso postergar el pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio para que la ciudadanía se alivie económicamente.

“Se requiere apoyo del Gobierno Nacional para que conceda a los entes territoriales créditos blandos y suplir necesidades de la administración local”, precisó.

Ospina aprovecho para exponer en el Congreso las dificultades que se registran por el Covid-19: Contagios por no autocuidado de la ciudadanía, sistemas de bioseguridad con más conciencia de la comunidad para poder salir, pero con responsabilidad y evitar infectarse para garantizar libre movilidad. Propuso una campaña pedagógica con mayor vigor a nivel nacional y así volver a la normalidad y reponer la economía de todos. 

Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa del Rosario (Norte de Santander), dijo que como consecuencia de la pandemia solo recaudará en el año por industria y comercio y renta $5 mil millones, cuando se tenía presupuestado recibir $15 mil millones. “La inversión este año va a ser nula. Bueno que ayuden con recursos para trabajar y salir adelante”, destacó Rangel.

También denunció la falta de medidas más contundentes en materia de migración dado el alto número de venezolanos en su ciudad y pidió que se impongan medidas de fondo. “La inseguridad es constante y se han incrementado robos, lesiones, narcotráfico y homicidios”, indicó.

El alcalde Florencia, Caquetá, Luis Antonio Ruíz, manifestó su preocupación por las dificultades económicas para el pago de obligaciones por no ingreso de recursos por impuestos y propuso al Ministerio de Hacienda que intervenga ante los bancos para que otorguen dos años de período de gracia y congelen los intereses.

Aseguró el mandatario que la alcaldía de Florencia, Caquetá, tiene créditos por $25 mil millones y hay dificultades para pagar intereses y capital de esos préstamos.

Propuso al Gobierno incrementar del 3% al 20% los recursos que están ahorrado para los pensionados en el Fonpet

Por su lado, el gobernador de Córdoba, Óscar Cuello, en exposición en Comisión Primera reiteró su preocupación por la considerable baja de ingresos por impuestos que ha producido iliquidez en su administración y dificultades para el pago de compromisos y solicitó la congelación de créditos en los bancos, especialmente.

“Se bajaron los ingresos en mayo un 86%. Tenemos una reducción notable del 86%. Cayeron nuestros tributos en cervezas, licores, cigarrillo, registro, vehículo y el pago de estampillas. Eso ha puesto en dificultad nuestro funcionamiento y ha afectado la inversión en nuestra región”, destacó el gobernador Cuello. 

Mientras tanto, un balance complejo en el aspecto económico y de salud, reportó el alcalde del municipio de Mosquera y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gian Carlo Gerometta.

Solicitó al Gobierno Nacional que ayude ante los bancos por la caída en los recaudos impuestos. “42% de impuesto predial, solo el 10% de industria y comercio y menos el 60% de sobretasa a la gasolina. Situación económica muy difícil por recaudos”, destacó el invitado.

La alcaldesa de Tumaco, María Angulo, reclamó apoyo al Gobierno para estabilizar las finanzas con créditos blandos o congelados.

“Tenemos un déficit de $4 mil millones de las regalías. La administración pasada gasto $9 mil millones. Se han invertido mil millones para dos hospitales y todos los dineros se fueron para ese sector. No alcanzan los recursos para el programa de alimentación de los niños. Seguiremos en cuarentena hasta julio hasta no tener fortalecido el sistema de salud”, dijo la funcionaria.

Responde el Gobierno

El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, dijo que las reformas constitucionales que se deben hacer después de la pandemia tendrán que pasar por la Comisión Primera del Senado.

“Debe haber reorientación en inversión pública y salud. Como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, la alcaldesa Claudia López propuso imponer un impuesto al patrimonio y el Gobierno debe priorizar, porque no podemos parar el metro de Bogotá. Estamos hablando de billones de pesos, que pueden caer de un momento a otro. El debate es valioso, porque un asunto como este de las finanzas territoriales no solamente se debe debatir en las comisiones económicas, sino en el seno de la Comisión Primera, porque muchos de los temas después de la pandemia, que hay que ajustar son de rango constitucional”, señaló.

El alto funcionario dijo que en este momento sería una decisión irresponsable que se autorizaran nuevos retiros de los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). “Eso pone en riesgo las pensiones de los empleados territoriales. Eso nos puede llevar a que en dos o tres años no tengan recursos para pagar las pensiones de los empleados territoriales”, destacó.

En su intervención, Luis Fernando Villota, subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de Apoyo Fiscal de Ministerio de Hacienda le explicó a los alcaldes y gobernadores que pueden diferir el pago del impuesto predial hasta junio 2021. Indicó el funcionario que, también pueden dar alivio a contribuyentes que paguen antes del 31 diciembre de 2020.

“Pueden diferir pago de esta vigencia alcaldes y gobernador. Predial pueden diferirlo y puede ser hasta junio 2021. Si lo hacen hasta el 31 junio, el descuento será del 20%, si lo hacen antes del 31 diciembre, el descuento será del 10% y si se paga el próximo año no tendrán descuentos”, precisó.

“En el Decreto 678 se permite que las entidades territoriales incumplan los indicadores de la Ley. Es un levantamiento temporal de los efectos negativos que se puedan dar durante la vigencia 2020 y 2121, si se incumplen con los indicadores”, dijo Villota.

Hablan los senadores

El senador Iván Name, organizador del encuentro con los mandatarios territoriales, dijo que el único que faltó fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que la gran conclusión es ampliar la vigencia del Decreto 678, en el artículo quinto, para que la aplicación del mismo vaya hasta el 2022.

Artículo 5. Límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021. Las entidades territoriales que como consecuencia de la crisis generada por los efectos de la pandemia del Covid-19 presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación, y producto de ello superen los límites de gasto de funcionamiento definidos en la Ley 617 de 2000, no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 de 2003

Artículo 6. Facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021.

El senador Roy Barreras dijo que alcaldes han dicho que no tienen recursos y que estos han sido centralizados por el gobierno nacional. “Es una necesidad descentralizarlos^, porque estallará esta crisis en manos de los entes regionales. La cuarentena inicial fue buena y oportuna, pero el mundo no se puede cerrar eternamente. Ahora lo que hay que hacer es aislar a quienes estén enfermos y abrir sectores para reactivar la economía”.

“El sector está atravesando por dos pandemias, la de salud y la económica”: Presidente de Federación Nacional de Cafeteros

La exposición la hizo el dirigente en sesión virtual de la Comisión Quinta, donde se debatió situación de los caficultores. Senadora Sandra Ortiz reconoció la importancia que tiene dicho sector, pues aporta el 26% del empleo agrícola al país.

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2020 (Prensa Senado). En debate de control político de la Comisión Quinta se expuso la situación que vive el sector caficultor del país, por cuenta de la pandemia generada por el Covid-19. También se resaltaron las medidas que debe tomar el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad del sector agrícola. 

En la sesión virtual participaron Rodolfo Zea, ministro de Agricultura; Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; Eliécer Sierra, representante de Antioquia en el Comité Nacional de Cafeteros; Marcelo Salazar, dirigente cafetero del departamento de Caldas; Sebastián Muñoz, miembro de la Compañía Cafetera La Meseta; Eugenio Vélez, representante de los cafeteros del departamento de Caldas; Luis Ramírez, miembro del Comité Nacional de Cafeteros; César Echeverry, director de Supercafé; Gildardo Monroy, director ejecutivo del comité de cafeteros del departamento del Tolima; Ruber Bustos, delegado del Comité de Cafeteros del Huila y Víctor Cajiao, campesino caficultor. 

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, manifestó que a pesar de que el primer trimestre del año tuvo un crecimiento del 1.1%, el sector agropecuario creció un 6.8%. Es el segundo crecimiento más alto de un primer trimestre del año en los últimos 25 años. 

Destacó que la economía cafetera tiene una incidencia relevante para el país, pues en total son 854 mil hectáreas del café, llega a 547 mil familias, a 22 departamentos y a 606 municipios. En los últimos 10 años, reconoció, ha habido una disminución de 60 mil hectáreas, pero se la producción aumentó un 65%. De acuerdo con lo anterior, afirmó que se debe propender por la renovación de cafetales. 

Resaltó que la caficultura colombiana tiene un futuro muy promisorio, pero es necesario trabajar con los precios que se tienen actualmente. Admitió que es más importante competir con calidad y no con volumen. “Desde el Ministerio de Agricultura estamos dispuestos a apoyar los proyectos de infraestructura y de mejoramiento que se tengan”, concluyó. 

Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, manifestó con orgullo que en conjunto con los ministerios de Agricultura y de Salud y en compañía de médicos, epidemiólogos y sociólogos, han construido un protocolo frente a la pandemia
por el Coronavirus enfocado en el sector cafetero, siendo así el único sector con su propio documento, avalado por el Gobierno Nacional. Ese protocolo, que ha sido requerido como referente por varios países productores, ha demostrado que, de las 16 mil veredas cafeteras, hasta la semana pasada, solamente 40 han presentado casos del Covid-19, es decir y como lo asegura “todavía estamos a salvo”. 

Adicionalmente, afirmó que el sector está atravesando por dos pandemias, la de salud y la económica, asegurando que lo único que puede rescatar al país es el sector rural y cafetero. Es por esta razón que se deben crear las condiciones “no solo nosotros como Federación, sino los alcaldes tienen que crear las condiciones para dar tránsito al productor para que pueda vender su café”, refiriéndose a los pico y cédula, entre otras medidas que impiden el libre ingreso de los productos cafeteros en las zonas de venta y comercialización de su producto. 

Por su parte, el representante de Antioquia en el Comité Nacional de Cafeteros, Eliécer Sierra, manifestó que en la provincia sienten un alto grado de frustración e insatisfacción puesto que los recursos que el Gobierno Nacional ha destinado a la atención de los caficultores no han llegado. Debido a esto, hizo una petición al Gobierno Nacional para que vigile qué está pasando con esos recursos para que lleguen efectivamente a las provincias y a quienes están generando empleos en esas zonas. 

Masificar señal de Internet

Marcelo Salazar, dirigente cafetero del departamento de Caldas, insistió en la importancia para que el Ministerio de las TICS fortalezca su presencia en diferentes localidades y municipios del país. Resaltó que es necesario masificar la señal de Internet en todos los rincones del país, motivo por cual es necesario acelerar el proceso y buscar el apoyo del sector privada para buscar una conectividad de todo el sector rural y del sector cafetero en especial. 

Entre tanto, Sebastián Muñoz, miembro de la Compañía Cafetera La Meseta, manifestó que el café está fluyendo con normalidad debido a las excepciones generadas con los primeros decretos de aislamiento al poder seguir funcionando. Sin embargo, ha habido casos aislados de bloqueos por dirigentes de algunos municipios. No obstante, resaltó que es importante estar pendientes frente a la posibilidad de escasez de contenedores en los diferentes puertos de exportación, por la normal disminución del flujo de importaciones en el país para el segundo semestre del año. 

Por otro lado, Eugenio Vélez, representante de los cafeteros del departamento de Caldas, destacó que es urgente la reglamentación del artículo 193 de la Ley 1955 para que los trabajadores que perciben ingresos por debajo del salario mínimo tengan la posibilidad de tener un régimen subsidiado de salud, derecho a servicios sociales complementarios y un seguro inclusivo para cubrir los riesgos laborales.

Luis Ramírez, miembro del Comité Nacional de Cafeteros, hizo un pedido de ayuda al Gobierno Nacional para apoyar el proyecto de ley que le permitiría tener más recursos a los caficultores y que la renovación de los cafetales dependan de ellos y no de terceros. Manifestó que existe una necesidad de los caficultores para poder acceder a créditos, pero criticó que es muy costoso pagar intereses del 12% al 14% por créditos asociativos. 

César Echeverry, director de Supercafé, hizo hincapié en la amenaza de los caficultores, pues la edad promedio es superior a los 56 años. Además de pedir la renovación de los cafetales, que es muy necesaria, se requiere el complemento generacional para la caficultura. Enfatizó en que la situación se debe a la falta de la rentabilidad de la actividad y a la alta migración de los jóvenes, que han salido de la actividad productiva. “Necesitamos una revolución educativa en la que se den las herramientas e instrumentos para empoderarnos hacia este mundo y poder asumir la estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros de transformación de producto”, concluyó. 

Por otra parte, el director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del departamento del Tolima, Gildardo Monroy, reconoció el apoyo recibido por parte de las autoridades locales, especialmente de los alcaldes, frente al manejo del Covid-19, al ayudar en el trabajo coordinado que se ha llevado a cabo. Además, las gerencias comerciales de Almacafé y de las cooperativas han hecho posible el aporte de los cafeteros para la recolección de las cosechas y el de la cadena de comercialización para comprarlas. Precisó que es necesario renovar por lo menos 100 mil hectáreas de café en el país. El año pasado, el departamento del Tolima recibió 6 mil millones de pesos para efectuar dichas renovaciones, pero faltaron otros cuatro mil millones para poder completarlas. 

Entre tanto, Ruber Bustos, delegado del Comité de Cafeteros del Huila, destacó que la conectividad es de suma importancia para los caficultores y para que los jóvenes se queden en las fincas. Expresó que en el departamento del Huila han tenido problemas en materia de seguridad, razón por la que hizo una petición a la Comisión para que hagan un acompañamiento frente a esa situación. Además, recalcó que se necesita tener una buena infraestructura vial para poder ser competitivos. 

Víctor Cajiao, campesino caficultor del municipio de Piendamó, Cauca, propuso la construcción de una política pública para los cafeteros. Afirmó que después de varios estudios, es la única solución para abordar estructuralmente la problemática de los caficultores en el país. Reconoció que en el municipio se producen 715 mil arrobas de café al año, equivalentes a 17 millones de libras. Resaltó que les cobran dos impuestos por cada libra de café, lo que deriva en 7 mil millones de pesos para el funcionamiento de la institucionalidad.

Hablan los senadores

 El senador citante, Alejandro Corrales, afirmó que ha habido un gran impacto en las exportaciones como consecuencia de las restricciones y limitaciones que establece el confinamiento debido a la coyuntura sanitaria que se vive en el país. Por esto, las exportaciones de café se resintieron y tuvieron una disminución del 32% en abril, llegando a los 592 mil sacos exportados, comparados con los 872 mil exportados en el año 2019. 

Hizo hincapié en los riesgos de contagio que tienen los caficultores por cuenta de la crisis de la pandemia del Covid-19. Frente a esto, reconoció que los factores más importantes son:
• Una mano de obra itinerante
• El tipo de transporte rural
• La baja capacidad económica de los productores para cumplir con los protocolos
• Los altos índices de informalidad
• Las condiciones climáticas
• El microtráfico

 De acuerdo con lo anterior, hizo énfasis en algunas propuestas para mitigar el impacto del virus en los caficultores colombianos:

• Hacer un acompañamiento a los productores para la implementación de las medidas de bioseguridad.
• Destinar recursos por parte del Comité Nacional de Cafeteros para implementar el programa de renovación de cafetales.
• Apoyar las ventas de café a futuro, aprovechando los altos precios que se tienen hoy, a través del Fondo de Estabilización de Precios del Café.
• Respaldar a las cooperativas cafeteras a través de créditos globales de FINAGRO.
• Innovar en sistemas de recolección de café.

Entre tanto, el congresista Jorge Robledo reconoció que principalmente por la devaluación y el diferencial que está obteniendo el café nacional, no se han tenido precios tan malos como en otros tiempos. Sin embargo, recalcó que eso no significa que se esté pasando por una bonanza cafetera. 

Afirmó que, en medio de la situación que se vive, no ha escuchado la voz de los poderes nacionales y globales que estén anunciando algún cambio importante en la manera como está organizada la globalización. “Si queremos vivir en una Colombia mejor, tenemos que luchar por cambiar el mundo en el que estamos y la forma en la que nos relacionamos con él”, afirmó. 

Por otra parte, la legisladora Sandra Ortiz resaltó que el sector caficultor aporta el 26% del empleo agrícola al país, un porcentaje de suma importancia. No obstante, en el sector agropecuario son, más o menos, 785 mil empleos los que aportan a la economía del país. Manifestó que se debe buscar la forma de fortalecer el resto del sector agropecuario, buscando las estrategias financieras, recursos y elementos de conectividad digital para que las personas puedan acceder a las ofertas institucionales dispuestas para las zonas rurales. 

El congresista Miguel Barreto reconoció la gestión y esfuerzo realizados por el ministro de Agricultura desde su llegada al ministerio. Sin embargo, hizo una petición de recursos para la renovación de los cafetales, pues es un tema de suma relevancia. Destacó que en el 2019 hubo un presupuesto de 40 mil millones de pesos y al departamento del Tolima le correspondieron 6 mil millones, razón por la que pidió más recursos del presupuesto nacional destinados a los caficultores nacionales. 

El senador Jorge Londoño afirmó que siente envidia del funcionamiento del sector cafetero, puesto que muchos otros sectores pertenecientes al agro se encuentran en condiciones desfavorables. Aseguró que una cosecha de papa cuesta alrededor de 2.7 billones de pesos, valor nada despreciable para la economía del país. Sin embargo, es un sector que ha sido muy golpeado. 

El congresista Guillermo García Realpe reiteró la insistencia al ministro de Agricultura para analizar las alternativas de agroindustria, manufactura, el sector agropecuario y el turismo en Colombia, como alternativas sólidas para recuperar el aparato productivo, el empleo y la economía nacional. Así mismo, resaltó la iniciativa de “colombiano compra colombiano”, asegurando que debe ser una consigna no sólo estratégica, sino también ética, económica y social para incrementar la demanda agregada del consumo nacional, apoyando a los pequeños, medianos y grandes productores y campesinos del país. 

Por su parte, el congresista Didier Lobo destacó los buenos resultados que ha tenido el sector cafetero hasta el día de hoy, sin dejar de lado que se debe seguir trabajando en la tecnificación de la recolección del café; motivo por el que solicitó que los proyectos de infraestructura planteados por el Gobierno Nacional se lleven a cabo para el beneficio de todo el agro.

Subcomisión estudiará viabilidad o no de votar de manera virtual proyectos de ley

El grupo de estudio fue conformado en la Comisión Séptima ante incertidumbre legal que existe sobre el debate y aprobación de iniciativas.

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2020 (Prensa Senado) Tras el anuncio sobre la discusión de algunos proyectos de ley para debatir hoy en la sesión virtual de la Comisión Séptima del Senado, los congresistas de esa célula legislativa analizaron la pertinencia de realizar debates y votaciones de iniciativas, teniendo en cuenta que existen vacíos en el marco jurídico sobre la validez de las votaciones virtuales al no estar contempladas en la Ley Quinta del Congreso de la República.

Ante las diversas posiciones dividas, el senador y presidente de esa Comisión, Fabián Castillo, señaló: “Lo correcto es crear una subcomisión en la que se encuentre un representante de cada partido, para que hagan las consultas jurídicas y constitucionales de las votaciones de proyectos de ley”, ese grupo de trabajo estaría al mismo tiempo a tono con la Mesa Directiva del Senado.

La subcomisión quedó conformada por los senadores José Ritter, del partido de la U; Nadia Blel, del conservatismo; Aydeé Lizarazo, de MIRA; Laura Fortich, del liberalismo; Victoria Sandino, de la FARC; Fernando Motoa, Cambio Radical; Manuel Bitervo, de AICO; José Aulo Polo, de Alianza Verde, y Gabriel Velasco, del Centro Democrático.

Aunque no se fijó fecha y hora de la subcomisión, sí quedó establecido que para el próximo martes 2 de junio se presentaría el informe, que de resultar válidas las votaciones en reuniones virtuales, continuarían con las sesiones para debatir y votar los proyectos de ley que cursan en la Comisión.