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Por: Estefanía Lozano
Bogotá, D.C 16 de septiembre de 2020-(Prensa Senado).- En el marco del estudio del Presupuesto General de la Nación para el año 2021, Senadores que integran las Comisiones Económicas Conjuntas, escucharon al Ministerio de Educación, el Departamento de Prosperidad Social-DPS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,ICBF, y el SENA quienes dieron a conocer la inversión de las entidades que representan y el dinero que necesitan para ejecutar sus actividades durante el próximo año.
María Victoria Angulo, ministra de Educación, fue la primera invitada en realizar su intervención, y respondió las inquietudes de los legisladores quienes debido a la crisis económica que ha generado el Covid-19 han pedido al gobierno haga realidad la petición de matrícula cero para cientos de estudiantes de universidades a lo que respondió que para apoyar el sector educativo "se creó el Fondo Solidario para la Educación con líneas de crédito en donde $974 mil millones, los cuales se giraron para apoyar matrículas en educación superior pública, $798.200 millones asignados por el Ministerio de Educación y Prosperidad Social en el programa Generación I y $97.500 millones del Fondo Solidario de la educación dirigido a 63 Instituciones de Educación Superior Públicas, $78 mil millones fueron auxilios brindados por las entidades territoriales de los cuales $58.171 millones de las gobernaciones y $20.111 millones de las alcaldías"
"En promedio se llegó a una rebaja del 73% de valor para todos los estudiantes, y con la ayuda de algunas entidades territoriales gobernaciones y alcaldías se pudo llegar al 100 % de descuento para muchos estudiantes, más allá de la coyuntura, se creó el programa de gratuidad Generación en la cual tuvo la meta para 334 mil estudiantes del sistema público de los 600 mil llegando a más del 50 %, no solo apoyando las matrículas sino también la manutención", añadió Ángulo.
A su turno, Susana Correa Borrero, directora del Departamento de Prosperidad Social- DPS, en su intervención afirmó que los recursos presupuestales para el 2021 no serán suficientes para atender todos los programas, "tendremos un déficit de $1.849.663 millones de pesos, divididos así: En funcionamiento $51.122 millones de pesos y en inversión de $1.179.541 billones de pesos, incluyendo un déficit de $367.751 millones de pesos en el programa Adulto Mayor así como también déficit en el Fondo de Solidaridad, programas para ayudar a los colombianos el próximo año no estarían asegurados".
Por su parte, la directora del Bienestar Familiar, Lina María Árbelaez, aseguró que en cuanto a la atención de necesidad de recursos adicionales para proteger la población en la pandemia, "el ICBF logró inversiones gracias a la aprobación del Consejo de Ministros los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: En primera infancia $71.269 millones en kits pedagógicos y entrega de refrigerios, $2.451 millones en alimentación para niños en riesgo de desnutrición, y $600 millones aplicación de medidas de bioseguridad en los servicios de protección".
La directora del ICBF, afirmó que el para el próximo año el Gobierno Nacional ha destinado un presupuesto inferior a los entregados en años anteriores, "para el 2021 hemos recibido un detrimento del 6% del presupuesto, el presupuesto solicitado tiene 1.2 billones de pesos menos, en primera infancia dejarían de recibir $351.474 millones de pesos, en protección $480. 517 millones de pesos, y en familia $223.808 millones de pesos".
"Esta situación es muy difícil tendríamos que bajar 100 mil cupos en atención de la primera infancia a niños entre los 0-5 años, o reducir la atencion de octubre a noviembre es decir no atenderlos un mes, así mismo no se podría llevar a cabo la construcción de Centros de Desarrollo Infantil para la atención de los 20 lotes que ya tiene el ICBF garantizados, tenemos que hacer por ley el incremento del 3% al personal, de igual manera no podríamos realizar la reposición de dotación y adecuación respectiva que se debe hacer cada 36 meses" aseguró Árbelaez.
A su turno el director del SENA, Carlos Estrada, explicó que para el 2021 el presupuesto para esta entidad será insuficiente si se tiene en cuenta que se requiere una reactivación económica "entendemos la situación del Covid-19 pero el presupuesto destinado no sería suficiente y afectaría por lo menos 100 mil cupos en formación profesional integral, construcciones adecuadas a la normatividad de sismo resistencia, transformaciones digitales entre otras actividades"
Para finalizar las intervenciones habló el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, quien explicó la necesidad de obtener mayor presupuesto para la inversión en las comunidades que más lo necesitan para preservar las fuentes hídricas.
Hablan los Senadores
El legislador conservador, Efraín Cepeda, fue enfático en decir que es necesario recuperar los cientos de empleos perdidos debido a esta emergencia del Covid-19, "vamos a luchar para que el presupuesto se incremente la inversión en el DPS como en el ICBF en programas sensibles para ayudar a quienes más lo necesiten".
La senadora Aida Avella, del partido Decentes, hizo el llamado a ICBF para que el apoyo a la población más vulnerable sea mayor, "tengo quejas de familias del área rural de niños que está siendo reclutados , familias que les ha tocado salir de sus lugares para evitar que les quiten sus hijos".
Desde la presencialidad, el congresista Liberal, Rodrigo Villalba, hizo un llamado para que se invierta en educación superior y se entregue matrícula cero para estudiantes de universidades públicas. "la voluntad del Gobierno se manifiesta con presupuesto".
La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, afirmó que "hemos radicado propuestas para asegurar los recursos para el programa Colombia Adulto Mayor, así mismo estamos buscando soluciones para que el Ministerio de Hacienda apoye el proyecto en materia de vivienda y mejoramiento de la misma para los más vulnerables".
El 50% de las trabajadoras domésticas no tienen seguridad social ni un salario mínimo, según la senadora Victoria Sandino.
Bogotá D.C. septiembre 16 de 2020 (Prensa Senado).- Por iniciativa de la senadora Victoria Sandino (FARC), se efectuó el desate de control político, al Ministerio de trabajo, para que informara, sobre las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19, con el personal médico y las trabajadoras de servicio doméstico remuneradas.
En su intervención, la senadora Sandino expresó que las trabajadoras domésticas son discriminadas y explotadas en su labor. “la mayoría son cabezas de hogar, campesinas y afrodescendientes, a quienes les fue negada la educación, son cuidadoras de muchos hogares, pero ni el Estado cuida de ellas. Necesitamos saber cuál es el compromiso del gobierno con estas mujeres”.
La congresista agregó “esta situación no es nueva, aquí hay una desprotección permanente y sistemática por parte del Estado hacia estas trabajadoras, muchas de ellas, en terribles condiciones de trabajo sin acceso a la seguridad social, con contratos precarios”.
La senadora Sandino sostuvo que, en el marco de la pandemia, el 50% de las trabajadoras domésticas, no contaron con los elementos de bioseguridad y muchas quedaron sin ingresos "El gobierno debe garantizar los derechos laborales" afirmó la congresista, quien agregó que en Colombia, de cada nueve trabajadoras domésticas, sólo dos, tienen seguridad social.
Finalmente dijo, "no existe política pública diferencial, para la protección de estas mujeres. Tampoco hay un régimen sancionatorio claro. El Estado debe diseñar los mecanismos de prevención, para atender a esta población vulnerable. La Corte Constitucional las declaró sujetas de especial protección " indicó la senadora.
El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que el panorama de las mujeres domésticas en el país es de mucho cuidado, ya que 647 mil de ellas, se dedican a esta labor. El 41% gana menos del salario mínimo y solo el 37% tiene acceso a la seguridad social.
El ministro Cabrera afirmó que uno de los grandes inconvenientes que tenían las trabajadoras domésticas, es que sólo podían afiliarse al Sistema de Seguridad Social, las que devengaban un salario mínimo.
Sostuvo que ahora, con el decreto 1174, podrán tener una posibilidad de ingresar al sistema de cotización, con sus ahorros. "Tenemos compromiso con estas mujeres, continuaremos con las mesas de trabajo. El subsidio solidario aplicará para todas ellas". Afirmó el ministro Cabrera.
A su turno, la viceministra de Salud y Protección Social, María Andrea Godoy expresó que, durante el período de la pandemia, esa cartera ha garantizado todos los elementos de bioseguridad para el trabajo doméstico. Con relación a los aportes al personal de la salud, como reconocimiento por su trabajo en la emergencia sanitaria, señaló que ya se tienen dispuestos 226 mil millones de pesos.
Senadores en el debate:
El senador, Gabriel Velasco (Centro Democrático). anotó "el decreto 1174, abre el primer paso, para formalizar a los colombianos, que están fuera del sistema pensional".
Entre tanto, la senadora Aydeé Lizarazo, (MIRA) solicitó que se haga pedagogía sobre el decreto 1174, para que las personas tengan conocimiento sobre sus beneficios, especialmente para aquellas que no tienen opción de cotizar y pensionarse. "Con relación a las mujeres trabajadoras domésticas, se deben abrir canales de comunicación virtual, para el cuidado y autocuidado y generar más protección a esa población".
De la misma manera, la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), hizo un llamado para que se giren los recursos ofrecidos al sector de la salud, "especialmente a las mujeres, quienes no deben ser víctimas de tanta tramitología y han arriesgado su vida en atender la pandemia".
Igualmente, el senador Alberto Castilla (Polo Democrático), dijo que, según la OIT, 55 millones de personas en el mundo, dedicadas a la labor doméstica, perderán su trabajo por causa de la pandemia, de las cuales el 37% son mujeres y sólo el 18% de ellas, están afiliadas a la seguridad social.
Por su parte, la senadora Sandino, al finalizar el debate, pidió medidas específicas de protección para las trabajadoras domésticas y solicitó una renta básica para atender sus necesidades y mejorar su condición de vida. Dijo que dentro del plan de reactivación económica del país, no se les tuvo en cuenta. También requirió que se concrete en la mesa de trabajo, un plan de choque y un diseño sobre la pensión, para que se les garanticen los derechos laborales.
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